El "podría" de Bahía de Estepona

Noticia publicada en viernes, agosto 22, 2008

ATC

Reconozco que, aunque soy de Estepona, no tengo ni idea de dónde, exactamente, se hallan situados los terrenos de la dichosa zona, conocida en el ámbito judicial astapero, como Bahía Estepona. Buscando en Google aparece el Hotel Bahía de Estepona Kempinsky; y en otros servidores me da en una zona alrededor o cercana a Valle Romano. Incluso existe una página dedicada a la Urbanización Bahía de Estepona, donde te enteras, incluso, de quién es el fontanero de “averías” pero tampoco te habla de su ubicación. En fin para el caso es lo mismo.

Resulta que, al parecer, la investigación del caso “Astapa” derivaba del caso “Malaya”, a raíz de un convenio que la policía dice que puede esconder “intereses ocultos” y que se firmó en noviembre de 2005 entre Óscar jiménez y el Ayuntamiento de Estepona, cuyo responsable de Urbanismo era Barrientos. Podríamos contrastar también las fechas en las que se fueron filtrando dichos datos que, en un principio, no se dirigieron a Barrientos, sino a uno de sus colaboradores en la Delegación. No fue hasta pasadas las elecciones municipales, a mediados de julio de 2007, cuando se hizo público que Barrientos pudo estar al tanto de aquel interés “oculto” que la policía intuyó. Lo cual no deja de ser curioso y ya he comenzado el análisis de estos datos en entradas anteriores; que posiblemente continuemos una vez se declare la apertura del sumario. Así es que dejaremos para otro día nuestra opinión sobre tal “curiosidad”.

Las noticias que se fueron filtrando durante los primeros días de las detenciones hablaban que, en dicho convenio, entre la empresa ERIDANO y el Ayuntamiento; éste cedía el 90% de los aprovechamientos urbanísticos de una parcela en la susodicha zona a 757,1 euros el metro cuadrado y el 10% restante a 831,3 euros. Pero, a pesar de ser uno de los más altos precios establecidos por un Gobierno municipal esteponero (se han firmado convenios a 50, 70 y 120 euros en épocas recientes), levantó las sospechas de la Policía. Aclarar antes que, si como dicen algunos medios, la jueza tomó posesión de su cargo en Junio de 2007, no estaba a cargo de la investigación en aquella fecha. Y ya habalremos también de lo curioso que resulta que Miguel Angel Torres no le diera importancia, al parecer, a este fleco de la Malaya.

En estos medios y filtraciones que se fueron sucediendo, al menos yo, no he encontrado uno que diera la superficie exacta de terreno cuyos aprovechamientos urbanísticos se cedieron , aunque creo que está en estas páginas de “Astapa”. En cualquier caso, no importa, por el momento. Lo que sí sabe la Policía es, que “esta inmobiliaria cedió unos 2.300 metros cuadrados de la parcela a Atriz Gestión inmobiliaria por 2.085 euros el metro cuadrado edificable, lo que suponía “un desfase” del que la Policía dedujo “la existencia de intereses ocultos”, ya que la segunda empresa podría haber negociado directamente con el ayuntamiento.”

Mientras estos sean los únicos datos que se ofrezcan, no nos queda más remedio que hacernos una reflexión, o varias. Por ejemplo:

¿Cuando se produjo esa cesión a la empresa Atriz Gestión inmobiliaria por 2.085 euros el metro cuadrado edificable; estaba el Ayuntamiento en condiciones legales, una vez en posesión de los derechos urbanísticos una empresa privada, de intervenir en el precio que estableció para la venta de 2.300 metros cuadrados?. Desconocemos que superficie representan esos 2300 metros en proporción al tamaño de la parcela que como hemos dicho. Ahora bien es un delito tal actuación; la prensa no es tajante en esto, tampoco. Sólo hablan de que “podría” constituirlo. Dando a entender, claro, que “podría” constituirlo si las sospechas policiales se verifican. O sea sé, si descubren que alguien ha recibido dinero por ello. Aunque aquí nos asalta una duda porque tenemos entendido (corríjanme si me equivoco) que en ninguno de los autos, en la relación de delitos, aparece el de “enriquecimiento ilícito.” Si bien creo recordar que en algún caso se habla de que también “podría”.

O sea, la empresa pagó 2.085 euros, algo más del doble de lo que le costó a la empresa que recibió los aprovechamientos, unos beneficios que le supusieron algo más del 100% de beneficio, es decir el doble de lo que pagó, según entendemos. Pues bien, sólo el convenio de La Parrala en la Operación Ballena Blanca; habla de calificaciones de terrenos con unos beneficios del 1000%. El precio de origen multiplicado por 10 ó 100 según qué fuentes.

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