Valadez se "parapeta" en la jueza Conejo para negarse al debate propuesto por Zamorano

ATC

DICE QUE SI PERSISTE SE LAS TENDRÁ QUE VER CON LA JUEZA. QUÉ HOMBREEEE.

Valadez ha declinado la propuesta de Zamorano y ha explicado, a pesar de que también existen motivos para que él declare que: "Aún no solicitándolo, se va a ver obligado a someterse a otros cara a cara, no con el alcalde, sino con la jueza instructora del caso Astapa”. Astapa, un caso que es de hecho un fraude político judicial y del que no sólo tendrían que dar explicaciones los imputados, sino también el fiscal General del Estado, el propio fiscal, algunos cargos regionales y nacionales socialistas y, porqué no, quien sabe si la jueza también.

Estas palabras de Valadez las hacía público diariosol.com en estos términos basados en cuatro puntos que no se sostienen:

"El alcalde de Estepona, David Valadez, declina la propuesta de Francisco Zamorano para tener un ´cara a cara´ con él para hablar de las políticas en materia de Personal desarrolladas en el Ayuntamiento de Estepona en los últimos cinco años y argumenta su negativa en cuatro puntos. El primero de ellos, dice Valadez, es que si bien él representa al alcalde de Estepona y los intereses de los ciudadanos, "Francisco Zamorano no se representa ni a sí mismo, porque es concejal no adscrito y expulsado del PSOE".
El segundo de los motivos esgrimidos por Valadez es que en la propuesta realizada por Zamorano para asistir al programa de Estival TV, el edil no adscrito explica que este debate puede ser esclarecedor. Algo que no comparte el regidor municipal, que señala que en estos momentos no se necesita esclarecer nada, menos aún cuando mientras él está "limpio", Zamorano está imputado en el caso Astapa y tuvo que abonar 50 mil euros para evitar la prisión.
En tercer lugar, Valadez señala que "desde el Ayuntamiento se va a evitar al máximo cualquier tipo de confrontación". Sin embargo, añade, la intención de Zamorano es todo lo contrario, y dada la delicada situación vivida en Estepona en los últimos meses, el primer edil considera que no sería lo más acertado.
Por último, el alcalde considera que no asistiendo a El Debate, hace un favor al mismo Zamorano. "Porque en caso de que persista en este tipo de planteamientos, se va a producir un agotamiento físico y mental de Zamorano, que aún no solicitándolo, se va a ver obligado a someterse a otros cara a cara, no con el alcalde, sino con la jueza instructora del caso Astapa", afirma Valadez a este respecto.

RESPUESTA DE ZAMORANO

Conocida la decisión de David Valadez, el concejal FranciscoZamorano ha comentado que no entiende esa postura ya que, añadió, "por más que intente que no se conozcan las gravísimas irregularidades por él cometidas, éstas, al final, serán puestas de manifiesto en todos los foros, tanto políticos como judiciales".//

ATC

Demuestra Valadez que en realidad la vida política en Estepona no existe y él es un alcalde judicial, lo que es impensamble en España. Y debería dimitir porque esto y él es una vergüenza. El sabe que gracias a sus ansias de poder Estepona vive una sitación excepcional y sabe muy bien que no está legitimado para ser alcalde. Por otro lado la jueza tendrá que hacer su trabajo, si es que lo sabe y Valadez el suyo que entre otras cosas está el debatir no ya con un concejal adscrito o no, es un concejal; sino con cualquier ciudadano que se lo proponga. Como dijimos existe una ingerencia judicial en la política que no se puede permitir em España. Si el Ayuntamiento tiene que estar intervenido; tampoco él puede ser alcalde; pues se están claramente vulnerando los derechos constitucionales competentes al ámbito de Gobierno Municipal. Y lo quiera o no el señor Valadez, ser concejal miembro del PSOE no es superior a un concejal adscrito. Demuestra muy poca valía política y personal. Y el hecho de que la jueza consienta esto son las cosas de la generación del régimen. Cuatro niñatos menores de 30 años con responsabilidades profesionales que no saben de la misa la mitad pero ellos la dictan. En cuanto a juezas ya tuve el "honor" de conocer a una de esas calañas igual que a maestros y demás funcionariado. Me baso en la experiencia propia.

De la forma que ha llegado a ser alcalde, no es la mejor manera para defender la democracia, aunque, curiosamente, siempre se refiere a su partido, al de las chekas, cuando la menciona. Por último las declaraciones las tendrán que hacer en un juicio JUSTO, no ante una jueza que a saber lo que entiende por ello. Aunque ya sabemos que hablar de Justicia justa en España es hablar de una quimera. Que dé gracias a ello Valadez, porque si la hubiera él no sería alcalde ahora mismo. Por cierto en Estepona de qué tienen que hablar los concejales, ¿lo que la jueza quiera o lo que los ciudadanos quieran?. Esta es la prueba de lo que dijimos, este señor no está legitimado para ser alcalde. Si de lo que hay que hablar es de lo que quiera la jueza, que se cree una gestora, como en Marbella. Valadez entonces no pinta nada cobrando 6.000 euros al mes, ni nadie cobrando un sueldo ni en equipo de gobierno ni en la oposición. ¿Para qué?. Y, por lo pronto, Zamorano parace estar más tranquilo que él. Puede llevar razón Zamorano, pues cinco años en la vida de concejal de David Valadez tienen que dr para mucho.

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CUANDO LA PRISIÓN ES ILEGÍTIMA

LA TRIBUNA MALAGUEÑA

11.09.08 -

JOSÉ CARLOS AGUILERA ESCOBAR

EL artículo 17 de la Constitución Española dice que toda persona tiene derecho a la libertad y que, si es detenida, debe ser informada de forma inmediata y de modo que le sea comprensible de sus derechos y de las razones de su detención y añade que, por ley, se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional.

La prisión provisional es una medida cautelar de privación de libertad que el juez puede adoptar cuando, existiendo indicios racionales de la comisión de un delito grave, sea necesaria para conseguir alguno de estos fines: a) cuando exista riesgo de fuga; b) evitar la ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de prueba relevantes para la investigación, y c) que el imputado pueda actuar contra los bienes jurídicos de la víctima o que vuelva a delinquir.

La Constitución exige que la prisión provisional deba ser concebida, en su adopción y mantenimiento, como una medida estrictamente necesaria, de aplicación excepcional, subsidiaria, provisional y proporcionada a los fines que constitucionalmente la justifican y legitiman.

El Tribunal Constitucional ha proclamado que en virtud del derecho a la presunción de inocencia «el imputado tiene el derecho a recibir la consideración y el trato de no autor o no partícipe en hechos de carácter delictivo».

Y añade que «el hecho de que el imputado haya de ser considerado no culpable obliga a no castigarle por medio de la prisión preventiva. Y, con mayor razón, proscribe la utilización de la prisión con la finalidad de impulsar la investigación del delito, obtener pruebas o declaraciones, etc., ya que utilizar con tales fines la privación de libertad excede los límites constitucionales».

En la 'operación Astapa' cuatro de los imputados permanecen en prisión provisional desde el pasado 20 de junio, es decir, desde hace ya dos meses y medio; sin duda, toda una eternidad para ellos y para sus hijos, esposas, padres, hermanos, etc.

Y están en prisión sin saber por qué, lo que acrecienta su amargura y sufrimiento. Nunca han sido informados de las razones de su detención, ni de las de su prisión; sólo les han dicho que han violado un sinfín de artículos del Código Penal; pero ni una palabra de las supuestas conductas que pudieran ser constitutivas de esos delitos.

Ahora, el juzgado les ha denegado la petición de libertad; según se ha publicado, los motivos son que estando pendiente de practicarse en breve una serie de pruebas de gran importancia para la investigación, subsiste el riesgo de que sean manipuladas por los imputados. Es decir, la libertad se hace depender de la práctica de esas pruebas.

¿Son estos motivos bastantes para legitimar el mantenimiento de la prisión provisional o son contrarios a los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y provisionalidad por los que debe regirse esta medida?

Razonaré mi respuesta. En primer lugar, la excepcionalidad: la prisión provisional constituye una profunda injerencia en la libertad del imputado y en el núcleo más 'sagrado' de sus derechos fundamentales.

En segundo lugar, la proporcionalidad: ¿cómo van los imputados a manipularlas declaraciones de testigos o imputados si desconocen quiénes son? Al respecto, es elocuente la resolución de la Audiencia Provincial de Las Palmas en el caso de la 'trama eólica': «Esta Sala ha de tener en cuenta que las actuaciones han sido declaradas secretas, por lo que los imputados ven reducidas sus facultades de ocultación de pruebas, al desconocer la marcha de la investigación y de las diligencias que se están practicando».

Y tercero: la Constitución ampara los derechos a la tutela judicial efectiva y a un proceso sin dilaciones indebidas. Contundentes son las sentencias del TC que afirman que « si bien hay que desterrar las dilaciones indebidas en cualquier procedimiento, el celo de la autoridad judicial en obtener la rapidez del procedimiento todavía ha de ser mucho mayor en las causas con preso». Y no vale como causa de justificación de los retrasos la sobrecarga de trabajo del órgano jurisdiccional.

Por tanto, ¿ha habido tiempo suficiente, desde el pasado 20 de junio, para practicar esas pruebas que se dicen tan importantes para la investigación? El TC tiene declarado que en el proceso penal, en causas con preso, todas las horas del día, todos los días de la semana y todos los meses del año son hábiles. No hay vacaciones, ni días festivos. Por consiguiente, sólo se puede concluir que ha habido tiempo de sobra. De ahí que la tardanza inexplicable e inexplicada en la práctica de esas diligencias de prueba no pueda sustentar, ni un día más, la prisión de los imputados.

La Audiencia Provincial de Málaga ha proclamado que todo preso preventivo tiene el derecho fundamental a no permanecer en prisión provisional más allá de un «plazo razonable».

Pues bien, en base a estas consideraciones mi opinión profesional es que la prisión provisional de los cuatro imputados del 'caso Astapa' es, a estas alturas, una flagrante violación de su derecho fundamental a la libertad y, en consecuencia, ilegítima.

Elías Díaz afirmó lo siguiente: «Cuando faltan garantías procesales, cuando los detenidos y procesados no son respetados, cuando el poder político se inmiscuye bajo formas diferentes en la actuación de los tribunales etc., puede decirse que no existe en modo alguno Estado de Derecho». Pues de eso se trata: de respetar el Estado de Derecho...//

ATC
Efectivamente y cuando CUANDO LA PRISIÓN ES ILEGÍTIMA tenemos derecho de denunciar incluso a los jueces que la establecen.


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Conde Pumpido frenó investigar el mayor caso de corrupción de alcaldes del PSOE con comisiones de 40 millones de euros

Publicado viernes, septiembre 12, 2008 at 22:51

Conde Pumpido frena la investigación del caso de corrupción de Ciempozuelos que afecta a dos ex alcaldes del PSOE

A Pumpido, al igual que con Astapa, no le gusta que se investigue al PSOE en períodos electorales. ¿Porqué será?

@Julia Pérez

Miércoles, 21 de febrero de 2007

Conde-Pumpido conversa con José Blanco.

La Fiscalía Especial Anticorrupción ha frenado en seco la investigación sobre el caso Ciempozuelos (Madrid) que afecta a dos ex alcaldes socialistas por un escándalo urbanístico, según denuncian a este diario fuentes jurídicas solventes. Es más, las mismas fuentes sostienen que la fiscalía “tiene la instrucción de investigar el presunto delito de blanqueo de capital cometido por estos dirigentes, pero elude profundizar en la trama urbanística que originó el dinero fraudulento”, que podría ascender a 40 millones de euros.

Estas fuentes señalan al fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, como el responsable de la paralización que salpica a una trama de corrupción surgida en los aledaños de los socialistas de Madrid. Esta ralentización del trabajo del fiscal jefe de Anticorrupción, Antonio Salinas, “está afectando a las investigaciones del juez que lleva el caso”, el titular del juzgado número 2 de Valdemoro, Agustín Carretero.

Desde la fiscalía niegan que haya tal paralización y aseguran que este tipo de denuncias son recurrentes. Así, en noviembre pasado Conde Pumpido sacó un comunicado en el que desmentía haber ordenado parar el caso. Fuentes internas aseguran que está declarado secreto “y se aprovecha esta situación para presionar en medio de la campaña electoral” para los comicios del próximo mayo. También confiesan que allí se reciben quejas desde sectores socialistas al considerar éstos que no se investiga lo suficiente el escándalo de Andratx (Mallorca), que afecta a un ex alcalde del PP, y que, ahora, “podría ser que sectores populares, o de las defensas, estén presionando con estas acusaciones”.

Sin embargo, este diario ha contrastado las denuncias de tales retrasos de la fiscalía entre diversas fuentes jurídicas. Además, se asegura que la investigación no se centra en el presunto cobro de comisiones ilegales por recalificaciones urbanísticas por parte de los dos últimos alcaldes de Ciempozuelos, Pedro Torrejón y Joaquín Tejeiro, sino que la fiscalía “se centra sólo en el delito de blanqueo” de dinero supuestamente cometido por ambos en Andorra.

Fiscal bajo control

Otras fuentes sostienen, además, que Conde Pumpido habría forzado la situación para mantener el caso en la Fiscalía Especial Anticorrupción y evitar que cayera en manos de la fiscalía natural competente en este asunto, que es la de Medio Ambiente y Urbanismo de Madrid.

Esta decisión colisiona con las instrucciones que él mismo dio a los fiscales el pasado julio. En su instrucción 4/2006 sobre las atribuciones de la Fiscalía de Delitos Económicos relacionados con la corrupción, Conde Pumpido establece que los delitos relativos a la ordenación del territorio “imputados a funcionarios públicos municipales no incumbirá inicialmente a la Fiscalía Especial, sino a la Sección de Medio Ambiente de la Fiscalía del lugar donde el hecho hubiera sido cometido, que actuará bajo la coordinación del Fiscal de Sala Coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo”. A renglón seguido establece la excepción: “Sin embargo, la Fiscalía Especial será competente en dicho asunto cuando en él concurra cualquier otro criterio que, conforme a la presente Instrucción, determine la existencia de especial trascendencia”.

Y es en esa “especial trascendencia” donde Conde Pumpido basa su decisión de mantener este caso en manos del Fiscal Anticorrupción, que, precisamente, goza de su confianza. Porque las instrucciones del fiscal general circunscriben esa especial trascendencia en los casos donde hay un gran volumen de operaciones a investigar, que las actividades delictivas afecten a más de una provincia, que estén implicadas entidades financieras o que afecten al régimen de transparencia fiscal internacional. “Ninguna de las excepciones se dan en el escándalo de Ciempozuelos”, sentencian fuentes judiciales.

Comisiones multimillonarias

El escándalo de Ciempozuelos es el de mayor cuantía económica de la reciente historia de la corrupción española. Saltó a la opinión pública en octubre pasado, al conocerse que una promotora (Esprode) habría pagado una comisión de 40 millones de euros por la recalificación de unos terrenos rústicos y el desbloqueo del Plan General de Urbanismo del municipio. La Fiscalía Anticorrupción abrió las diligencias después de recibir una denuncia del Banco de España que señalaba a Torrejón y Tejeiro como las dos personas que habrían blanqueado parte del dinero cobrado de las comisiones.

El juez Carretero ha imputado además al comisario jefe del Servicio Especial de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) del Banco de España, Miguel García. Está acusado de haber ordenado la paralización de la investigación a un subordinado, ya que la primera denuncia sobre lo que ocurría se recibió desde Andorra en mayo pasado. Se trató de la copia de un fax, remitido desde un banco andorrano, donde se adjuntaba un contrato -firmado supuestamente por Tejeiro y la inmobiliaria Esprode- por el que se pactaba el pago de una comisión de 40 millones a cambio de unas recalificaciones. El fax había sido enviado inicialmente a la entidad bancaria por el propio Tejeiro.//

Por otro lado, también es responsable de que la operación Astapa se produjera tras las tres elecciones (en Andalucía) entre 2007 y 2008 con el objeto de proteger los intereses electorales del PSOE.

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José Antonio Gálvez elegido secretario local del Bloque Nacionalista Andaluz en Estepona

Estepona

"Nos enfrentaremos, cara a cara, a todo aquel que, de cualquiera de las maneras, vaya contra los intereses generales de la ciudadanía"

La Asamblea Local del Bloque Nacionalista Andaluz en Estepona ha elegido a José Antonio Gálvez como nuevo Secretario Local de la formación nacionalista andaluza en la localidad.

El acto, que se desarrolló con toda normalidad y con una gran presencia de afiliados y simpatizantes comenzaba con la composición reglamentaria de la Asamblea, con la presidencia de miembros de la Mesa Nacional del BNA, y después de una intervención inicial de los mismos, se procedió al debate del único punto del orden del día, la elección de los cargos ejecutivos de la Asamblea Local de Estepona.

Solo se presentó una candidatura, la encabezada por José Antonio Gálvez Sánchez como secretario local, y fue aprobada por unanimidad de todos los militantes con derecho a voto. Así, la nueva ejecutiva del Bloque Nacionalista Andaluz en Estepona, la Mesa Local del BNA, ha quedado compuesta por José Antonio Gálvez, como secretario local; Francisco Flores, como vicesecretario; José Luis Navarro como portavoz; Ángeles Fernández Mena, como secretaria de Políticas de Igualdad, Bienestar Social y Participación Ciudadana; Marcos Calle como secretario de Imagen, Comunicación y Protocolo y Mª. Ángeles Sánchez responsable de la secretaria de Organización. En la designación se incluyen también varios coordinadores de las distintas mesas sectoriales, como son José Gabriel García, Eduardo Gómez Rodríguez, Silvia Bonillo Aguilar y Redhuam Alid...

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Zamorano, genio y figura, pone en evidencia la prepotencia y doble moral de Valadez

Publicado en viernes, septiembre 12, 2008

ATC

Según la señora de Valadez contaba, a eso de las 12´30 horas del mediodía de hoy, desde sus "Titulares" en su cadena: la Ser, el pleno se había prolongado durante tres horas pero, nada que objetar excepto que algunos asuntos habían quedado postpuestos. Concretamente hablaba de uno que había solicitado Juan Manuel Rodríguez del (PES). Sin embargo hemos conocido que ha habido mucho más en ese pleno. Han habido reproches y acusaciones por parte de Zamorano, que deberían de escribirse mañana con grandes titulares, y que han puesto en evidencia la doble moral y lenguaje de Valadez.

Hemos conocido que Valadez, "Según denuncia Zamorano, fue el alcalde, David Valadez, cuando era edil de Bienestar Social, quien a través de un fracturación del contrato, adjudicó el servicio de transporte de autobuses para APRONA y ASPANDEM a la empresa Autocares Ricardo, saltándose el procedimiento establecido legalmente.".

Pero no quedaba ahí la cosa, Valadez nos quería colar un convenio de esos del timo de la estampita y además de forma irregular, sin pasar por la preceptiva "comisión informativa": "También hubo polémica en el último de los puntos de esta sesión plenaria, correspondiente a la aprobación del convenio de constitución del consorcio "Desarrollo y Turismo de la Costa del Sol". Diariosol.com
Se trata de un convenio por el cual el municipio pasará a formar parte de un nuevo ente supramunicipal que recibirá dos millones y medio de euros por parte del gobierno para relanzar la Costa del Sol. Eso sí, el Ayuntamiento tendrá que abonar 72 mil euros en cuatro años.". Por lo visto este asunto se aprobará el lunes, pero no deja de ser un engañabobos del régimen andaluz; pues dos millones de euros que el Estado da a la Junta, la cual esta luego los reparte entre sus "afectos", ¿a cuánto cambremos en Estepona?. A no ser que tenga truco y con esto se intente financiar cosas que ya están presupuestadas por otro lado e incluso alguna sobre cuya construcción ya se nos haya anunciado. Piensen, seguro que tras ese convenio existe algo raro...

Pero, claro, no hay dos sin tres, según Diariosol.com, que algunas veces se comporta mínimamente...: "Pero el debate no tardaba en llegar, y lo hacía durante el sometimiento a aprobación de los expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos. Y es que volvían a llevarse algunos de los expedientes que ya en dos ocasiones fueron retirados o dejados sobre la mesa en sesiones plenarias. En concreto, se trataba de ocho expedientes en los que se recogen pagos a empresas que, en su día, no fueron incluidos en los presupuestos.
En este punto, el ex concejal de Hacienda, Francisco Zamorano, acusaba al equipo de gobierno de aplicar una distinta vara de medir, ya que unos expedientes sí se estaban llevando a pleno mientras que otros no. Momento en el que citó las posibles filias y fobias que determinados concejales pudieran tener para tramitar unos expedientes con más agilidad que otros, ya que habrían solicitado la realización de nuevos informes para determinar si todo esta o no correcto.
Así, el edil Francisco Zamorano hablaba de un posible delito de prevaricación.
Finalmente, y dado que desde el Partido Estepona se advirtió de la posible ilegalidad de uno de estos expedientes extrajudiciales, se decidió realizar la votación de cada uno de ellos por separado, quedando este último sobre la mesa...

Y ahora qué. ¿Cömo le ponemos al niño?. Y esto es sólo el principio...

Nunca deja de sorprenderme. Si al final vamos a tener que aceptar que Zamorano es el mejor político que ha tenido Estepona. Es genio y figura. Es el Ave Fenix esteponero, ha sobrevivido a todas, y no parece que vaya a poder ahora Valadez con él. No sabemos lo que habrá hecho, si es que ha hecho algo (la operación Astapa es una trapa), pero sí sé que ahora está haciendo lo que tiene que hacer. Para los aficionados al "refranero español" , ahí va uno del árabe: "Ojo por ojo, diente por diente"

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Zamorano 'reta' a Valadez a un cara a cara, en Estival Televisión, sobre políticas de personal

El exconcejal socialista cree que el debate "sería muy clarificador de cara a la opinión pública" y que podría haber datos "muy comprometedores"

El concejal Francisco Zamorano, responsable de la concejalía de Hacienda y Personal entre junio de 2007 y julio de 2008, se ha ofrecido a Estival Televisión para tener un cara a cara, en el programa "El Debate", con el alcalde, David Valadez, al que reta para tratar sobre la política en material de personal desarrollada en el Ayuntamiento de Estepona en los últimos cinco años.

Hay que recordar que de ese periodo, los cuatro primeros años fueron gestionados por el actual alcalde y el último, el comprendido entre junio de 2007 y julio de 2008, por Zamorano. En ese tiempo de gestión el número de empleados del Ayuntamiento aumentó en 316 trabajadores.

Zamorano, considera que ese cara a cara "sería muy clarificador de cara a la opinión pública para que se conozcan las políticas desarrolladas por uno y otro en materia de personal" y, añadió el exconcejal socialista, "podría haber datos muy comprometedores sobre la mesa respecto a esta materia".

Fuentes de Estival Televisión han señalado que el ofrecimiento de Francisco Zamorano para debatir sobre esta materia concreta, que podría ampliarse a Hacienda en otro cara a cara, ha sido comunicado ya al alcalde por vía fax aunque, por el momento, no han recibido respuesta sobre el mismo...

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