31 marzo 2011

Anulan las escuchas del mayor caso de blanqueo en España y absuelven a 14 acusados


Del Valle en la lectura de la sentencia en la Audiencia de Málaga. | J. DomínguezDel Valle en la lectura de la sentencia en la Audiencia de Málaga. | J. Domínguez
  • El narcotraficante Sophiam Hambli, condenado a 3 años, 3 meses y un día
  • Dolores León, condenada por blanqueo a 1 año de cárcel y multa de 30.000 euros
La Sala Segunda de la Audiencia de Málaga, presidida por el magistrado Federico Morales, ha declarado nulos los autos que autorizaron las intervenciones telefónicas de los acusados en el caso 'Ballena Blanca', y ha absuelto a 14 de los 19 acusados en el mayor proceso judicial por blanqueo de capitales de la historia judicial española.
El presidente del tribunal ha leído este jueves en una vistilla con las partes el fallo de la sentencia, en la que se desestiman el resto de las cuestiones previas planteadas por las defensas, y se condena al principal acusado, el abogado de origen chileno Fernando del Valle, a 3 años, 3 meses y un día de prisión por un delito continuado de blanqueo de capitales, por el que se le impone además una multa de 1.503.146,37 euros.
Del Valle ha sido condenado además por un delito contra la Hacienda Pública a otros 3 años de prisión, junto con el pago de otra multa de 1.096.912,70 euros. Por este segundo delito la Audiencia –que le ha absuelto del resto de las imputaciones- ha fijado para Del Valle el pago de una indemnización de 342.785,22 euros.
Para el narcotraficante Sophiane Hambli la Audiencia ha fijado la pena de 3 años, 3 meses y un día de prisión, y el pago de 1.503.146,37 euros de multa por otro delito continuado de blanqueo de capitales.
La Sala ha impuesto por otra parte para la acusada Dolores León por el delito de blanqueo de capitales 1 año de cárcel y multa de 30.000 euros, mientras que para el finlandés Aimo Veikko Voutilainen ha fijado 3 años, 3 meses y un día de cárcel y 1.378.339,65 euros de multa también por un delito de blanqueo. Para su mujer, María Leena Voutilainen, el tribunal ha fijado las mismas penas.

14 absueltos

La Audiencia sólo ha condenado a estos acusados, y ha absuelto al resto de todos los delitos que se les imputaban, además de declarar el comiso por blanqueo de diversas fincas y bienes de los cinco condenados, y del dinero hallado en su día en el domicilio de Fernando del Valle (3.710 euros), así como en la sede de DVA Abogados, su despacho profesional, donde la Policía encontró 66.410 euros.
El juicio comenzó el 15 de marzo de 2010, cinco años después de que culminara la operación policial con la detención de medio centenar de personas de varias nacionalidades. Los magistrados que componen el tribunal han necesitado algo más de tres meses para dictar sentencia debido a la complejidad de la causa, cuyo juicio se prolongó ocho meses.
En la última sesión del juicio, celebrada el pasado 21 de diciembre, el principal imputado, el abogado Fernando del Valle, afirmó que estaba seguro de que reconocerían su inocencia y consideró la acusación "fruto de un convenio" entre la Policía, el fiscal y el juez.
En sus conclusiones finales, el fiscal elevó de 15 a 17 años de cárcel la petición contra Del Valle y mantuvo la acusación contra los otros diecinueve encausados en este procedimiento.
Para el principal imputado, el fiscal también pedía más de 37 millones de euros de multa y una indemnización de 610.846 euros a la Hacienda Pública por cuotas defraudadas.
Del Valle diseñó un entramado internacional de sociedades para eludir a la Hacienda española con conexiones en Turquía, Argelia, Finlandia, Suecia, Irán, Francia y Marruecos, según el fiscal, quien cifra en doce millones de euros la cantidad blanqueada por éste.
El propio letrado tenía participación en 194 sociedades extranjeras, la mayoría de ellas constituidas en Delaware (EEUU) y el resto en paraísos fiscales como Gibraltar, Isla de Man, Panamá e Islas Vírgenes Británicas.
La defensa de Del Valle, así como las de otros imputados, planteó la nulidad del proceso por vulneración de derechos fundamentales y escuchas telefónicas ilegales, entre otras cuestiones.
El caso 'Ballena Blanca', abierto en 2005, supuso la detención de medio centenar de personas de distintas nacionalidades, entre ellos varios notarios y abogados, por su presunta implicación en una red que supuestamente blanqueó en Marbella 250 millones de euros y a la que se intervinieron recursos por 350 millones y más de 250 fincas.

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28 marzo 2011

Una juez investiga la contratación de cargos de IU y 57 familiares en Manilva

El Ayuntamiento ha pagado 69.800 euros a empresas del esposo de la alcaldesa 
EL PAIS. FERNANDO J. PÉREZ - Málaga
Una denuncia del comité de empresa del Ayuntamiento de Manilva (Málaga, 11.000 habitantes) ha revelado que los 17 miembros de la lista de Izquierda Unida, así como 57 familiares directos o políticos de estos, han sido contratados por el Consistorio, la mayoría de ellos en el último mandato municipal. El Ayuntamiento, la principal empresa del pueblo, también ha dado trabajo a miembros del comité local de IU, partido que gobierna en Manilva, con la alcaldesa Antonia Muñoz al frente, y a los integrantes de la candidatura de la coalición de izquierdas en el cercano municipio de Benahavís, formada casi íntegramente por militantes manilveños.

La denuncia, a la que ha tenido acceso este periódico, forma parte de las diligencias de investigación 80/2010, abiertas por la titular del Juzgado de Instrucción 5 de Estepona, Isabel Conejo. La juez, que fue la primera instructora del caso Astapa, contra la corrupción municipal en Estepona, investiga también una serie de facturas, que totalizan al menos 69.854 euros, pagadas por el Ayuntamiento a dos empresas del esposo de la regidora, en una de las cuales tiene el 50% de la propiedad.
Según la denuncia, Antonia Muñoz, imputada en esta causa por delitos contra la integridad de la Administración pública es, de lejos, la edil que tiene más familiares trabajando para el Ayuntamiento, un total de 13. La mayoría de ellos, afirma el escrito de UGT, son primos hermanos y familiares directos de estos.
Otra edil con numerosos familiares trabajando en el Ayuntamiento es Francisca López. Según la denuncia, la encargada de Bienestar Social tiene siete parientes. Francisco Medina, número ocho de la lista y contratado como director de área, tiene a seis familiares, entre ellos una hija y una prima, la cual ha pasado de estar contratada de forma temporal a indefinida. Otro director de área, Miguel García, número 11 de la lista, comparte empresa con un hijo y tres hermanos, afirma el escrito de UGT. A través de su gabinete de prensa, el Ayuntamiento ha rechazado la llamada de EL PAÍS para contrastar la información.
Aunque, según el comité de empresa, la mayoría de las contrataciones se han realizado en este mandato, algunos de los familiares que trabajan para el Ayuntamiento ya lo hacían antes de las elecciones de 2007. Según la denuncia, la cuñada del concejal de Obras, Mario Jiménez, y un hermano del edil de Recursos Humanos, Diego Díaz, contratados desde la legislatura anterior, han pasado de tener contratos temporales a indefinidos.
Uno de los problemas más acuciantes de la economía municipal es la extensa plantilla de empleados públicos, más de 500, que con el brusco descenso de los ingresos urbanísticos ha tenido dificultades para cobrar sus nóminas con puntualidad.
UGT presentó una denuncia inicial y la juez Conejo les exigió que detallaran los hechos. En una ampliación, relataron que las empresas Carpintería Valentín SL y Muebles Valentín SL, ambas pertenecientes al esposo de la regidora, Valentín Carayol, han facturado entre 2009 y 2010 no menos de 69.854 euros al Ayuntamiento. Esta cifra corresponde a las facturas a las que ha tenido acceso el comité de empresa. "Creemos que son muchos más trabajos y algunos de ellos realizados mediante subcontratas, pero el Ayuntamiento no nos ha facilitado las facturas".
Fuentes cercanas a la alcaldesa señalan que las supuestas irregularidades tienen más que ver con el ámbito administrativo que con el penal y aseguran que muchos de los familiares empleados en el Ayuntamiento trabajaban para el Consistorio mucho antes de que Antonia Muñoz llegara a la alcaldía. Los denunciantes señalan que muchos de los trabajadores entraron en el municipio sin pasar procesos de selección, algo que las mismas fuentes califican directamente como "una mentira".

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