El propio juez de primera instancia sería uno de los administradores, según la testadora, esta circunstancia fue modificada en 2006. Manuel Toharia se embolsaría, según se dijo en 2007, 400.000 mil euros por la redacción del anteproyecto. El proyecto fue adjudicado a una empresa de Granada, el estudio de arquitectos Jiménez Brasa, de forma directa, no por concurso, como se afirma en la página del estudio granadino; según informó el Periódico de Estepona en 2007. En dicha información se hablaba de que las obras comenzarían en 2009.
ATC
Según se indica en la propia web de la Fundación, por parte de “La Consejería de Educación Ciencia de la Junta de Andalucía de fecha 10 de Octubre de 1.997, se reconoció el interés público de los objetivos de la “Fundación Antonia Guerrero Díaz” y se acordó su inscripción en el Registro de Fundaciones Docentes Privadas.” Se trata por tanto de una Fundación privada, que, según sus estatutos y la propia Ley, está bajo el protectorado de dicha consejería.
Esta circunstancia no deja de sorprendernos puesto que el alcalde del pueblo es su Presidente y, como verán, se produce pues, una serie de intereses encontrados que pudieran desvirtuar su carácter privado y que de hecho desvirtúan, como intetaremos explicar aquí.
¿Cómo es posible darle carácter privado a una Fundación cuyo presidente es el propio alcalde de la localidad y sobre el que, además, recaen las principales responsabilidades de la misma? ¿Cuyos principales miembros son tres, entre ellos el alcalde y un funcionario que además tendrá que ser femenino (una maestra pública) no puede ser un maestro y además una señora, no puede ser un señor (discrimnación de género)?, según sus propios estatutos.
Artículo 14. Reglas para la designación y sustitución de sus miembros.
"La designación de los miembros integrantes se hará en cumplimiento de la voluntad testamentaria de la fundadora y serán: El Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Estepona. La Sra. Maestra Nacional en activo más antigua de Estepona, si está en pleno goce de sus derechos civiles. Una señora designada por la anterior que esté en pleno goce de sus derechos civiles."
La clave está en que la propia ley lo permite, permite que un cargo publico sea, curiosamente el presidente de una Fundación privada. Y, claro, cuando los objetivos de una Fundación pasan, como es el caso´, por el urbanismo para conseguirlos, algo no encaja.
Por ejemplo, Barrientos llevó a cabo, siendo alcalde y, por tanto Presidente de la Fundación, un mínimo de tres operaciones con una clara finalidad urbanística, al amparo del interés público que, en teoría tiene dicho organismo. Sin embargo no olvidemos que la Fundación tiene carácter privado. Su patrimonio en estos momentos, según su propia web, consta de 17 viviendas y 14 plazas de aparcamiento resultantes de una permuta con PRASA de los terrenos de El Ángel que supusieron más de séis millones de euros para la Fundación, otros 8.021.345 euros, más IVA, resultantes de la "futura" reparcelación y subasta de dos parcelas de los Sectores SUP-R7.3 “Camino de la Cala” y SUP-R7.4 “Vereda de los Frailes” de Estepona, además y por último es propietaria de dos parcelas de terreno sitas en el Sector SUP-R1 "Saladavieja", cuya superficie apróximada es de unos 312.000 metros cuadrados, lo que representa el 75,29 % de la superficie total del Sector. Cómo se puede apreciar todas las operaciones estaban sujetas a "futuros" convenios urbanísticos; enfocados, segun la Fundación, a la consecución de la construcción de la Ciudad del Conocimiento que se anunció su inicio para comienzos de 2009 y ahora se anuncia el retraso de un año, hasta principios de 2010.
Tras la operación político-judicial indecente Valadez es el nuevo alcalde y, por tanto, el nuevo Presidente de la Fundación. Para entonces, tras el arresto de Barrientos, una de sus patronas había dimitido de su cargo ¿asustada?. Pero Valadez se encargó, en su blog, de escribirle una elegía, alabando las virtudes de la dimisionaria sobre la gestión del patrimono de la Fundación; en la cual omite referirse a Barrientos. Esto no deja de ser llamativo, pues fue curiosamente durante los cinco años de presidencia de éste, cuando se llevaron a cabo las principales medidas económicas que Valadez atribuye a la dimisionaria. Concretamente el proyecto de Ciudad del Conocimiento, en el cual se han focalizado al final los deseos de la testamentaria y los objetivos de la Fundación, fue gestado desde el principio por Barrientos. Tal es el odio manifiesto de Valadez hacia su antiguo compañero de partido.
Tenemos pues una disyuntiva. Una Fundación privada, con un proyecto supuestamente de interés público y que, para llevarlo a cabo, se está planificando urbanísticamente desde el Ayuntamiento la recalificación de sus terrenos. No se llama a esto trato de favor.
Pero llama aún más la atención que, de esos 312.000 metros de Saladavieja, sólo unos 13.000 se utilizarán para la construcción de la Ciudad del Conocimiento. Esto significa que dichos terrenos, que antes eran rústicos pasan a ser urbanizables, y financiarán con la urbanización de 299.000 metros la construcción de dicho centro sobre sólo 13.000 metros de toda la zona y que costará cuarenta millones de euros, aunque el año pasado se habló de 50 millones. Si tenemos en cuenta que la Fundación , de la cual el Presidente actual es Valadez, dispone de 8 millones por un lado y otros 6 en inmuebles del acuerdo con PRASA, por otro, resulta que la Fundación necesita 26 millones de euros para alcanzar los fondos necesarios para su construcción, que oscilaría, según las fuentes, entre los 40 ó 50 millones de euros.
ContinuaráEsta circunstancia no deja de sorprendernos puesto que el alcalde del pueblo es su Presidente y, como verán, se produce pues, una serie de intereses encontrados que pudieran desvirtuar su carácter privado y que de hecho desvirtúan, como intetaremos explicar aquí.
¿Cómo es posible darle carácter privado a una Fundación cuyo presidente es el propio alcalde de la localidad y sobre el que, además, recaen las principales responsabilidades de la misma? ¿Cuyos principales miembros son tres, entre ellos el alcalde y un funcionario que además tendrá que ser femenino (una maestra pública) no puede ser un maestro y además una señora, no puede ser un señor (discrimnación de género)?, según sus propios estatutos.
Artículo 14. Reglas para la designación y sustitución de sus miembros.
"La designación de los miembros integrantes se hará en cumplimiento de la voluntad testamentaria de la fundadora y serán: El Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Estepona. La Sra. Maestra Nacional en activo más antigua de Estepona, si está en pleno goce de sus derechos civiles. Una señora designada por la anterior que esté en pleno goce de sus derechos civiles."
La clave está en que la propia ley lo permite, permite que un cargo publico sea, curiosamente el presidente de una Fundación privada. Y, claro, cuando los objetivos de una Fundación pasan, como es el caso´, por el urbanismo para conseguirlos, algo no encaja.
Por ejemplo, Barrientos llevó a cabo, siendo alcalde y, por tanto Presidente de la Fundación, un mínimo de tres operaciones con una clara finalidad urbanística, al amparo del interés público que, en teoría tiene dicho organismo. Sin embargo no olvidemos que la Fundación tiene carácter privado. Su patrimonio en estos momentos, según su propia web, consta de 17 viviendas y 14 plazas de aparcamiento resultantes de una permuta con PRASA de los terrenos de El Ángel que supusieron más de séis millones de euros para la Fundación, otros 8.021.345 euros, más IVA, resultantes de la "futura" reparcelación y subasta de dos parcelas de los Sectores SUP-R7.3 “Camino de la Cala” y SUP-R7.4 “Vereda de los Frailes” de Estepona, además y por último es propietaria de dos parcelas de terreno sitas en el Sector SUP-R1 "Saladavieja", cuya superficie apróximada es de unos 312.000 metros cuadrados, lo que representa el 75,29 % de la superficie total del Sector. Cómo se puede apreciar todas las operaciones estaban sujetas a "futuros" convenios urbanísticos; enfocados, segun la Fundación, a la consecución de la construcción de la Ciudad del Conocimiento que se anunció su inicio para comienzos de 2009 y ahora se anuncia el retraso de un año, hasta principios de 2010.
Tras la operación político-judicial indecente Valadez es el nuevo alcalde y, por tanto, el nuevo Presidente de la Fundación. Para entonces, tras el arresto de Barrientos, una de sus patronas había dimitido de su cargo ¿asustada?. Pero Valadez se encargó, en su blog, de escribirle una elegía, alabando las virtudes de la dimisionaria sobre la gestión del patrimono de la Fundación; en la cual omite referirse a Barrientos. Esto no deja de ser llamativo, pues fue curiosamente durante los cinco años de presidencia de éste, cuando se llevaron a cabo las principales medidas económicas que Valadez atribuye a la dimisionaria. Concretamente el proyecto de Ciudad del Conocimiento, en el cual se han focalizado al final los deseos de la testamentaria y los objetivos de la Fundación, fue gestado desde el principio por Barrientos. Tal es el odio manifiesto de Valadez hacia su antiguo compañero de partido.
Tenemos pues una disyuntiva. Una Fundación privada, con un proyecto supuestamente de interés público y que, para llevarlo a cabo, se está planificando urbanísticamente desde el Ayuntamiento la recalificación de sus terrenos. No se llama a esto trato de favor.
Pero llama aún más la atención que, de esos 312.000 metros de Saladavieja, sólo unos 13.000 se utilizarán para la construcción de la Ciudad del Conocimiento. Esto significa que dichos terrenos, que antes eran rústicos pasan a ser urbanizables, y financiarán con la urbanización de 299.000 metros la construcción de dicho centro sobre sólo 13.000 metros de toda la zona y que costará cuarenta millones de euros, aunque el año pasado se habló de 50 millones. Si tenemos en cuenta que la Fundación , de la cual el Presidente actual es Valadez, dispone de 8 millones por un lado y otros 6 en inmuebles del acuerdo con PRASA, por otro, resulta que la Fundación necesita 26 millones de euros para alcanzar los fondos necesarios para su construcción, que oscilaría, según las fuentes, entre los 40 ó 50 millones de euros.
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