Tras la denuncia de Zapallito en los tribunales, el Ayuntamiento le da la licencia de apretura

ATC

Después de que Zapallito hiciese pública la denuncia contra el Ayuntamiento por la negativa de este, y la desaparición de documentos que propiciaron la imposibibilidad de obtener la licencia de primera actividad de los aparcamientos durante tres años, el pasado jueves según informa la prensa local, le fue concedida dicha licencia por parte del caudillo Valadez; quien previamente un mes antes había decretado su cese al no tener licencia.

En dichas informaciones y en la nota de prensa del Ayuntamiento, se habla de que el parking llevaba tres años funcionando sin licencia, pero no se alude en ningún momento a dicha denuncia por parte de la empresa; quien, tras el decreto de cierre de Valadez del mes pasado, explicó en un comunicado que existía algun tipo de interés en la administración local para denegar la licencia durante dicho período. La empresa mantuvo que los documentos exigidos se transpapelaban y se demoraba sin justificación la legalización del parking que fue subsanando uno a uno los requisitos exigidos por el Ayuntamiento durante los tres años que le fue negada la licencia. Sin embargo señalaban que la administración local seguía exigiendo otros. La empresa culpó de tales hechos a un técnico municipal que estuvo trabajando para la empresa y que fue despedido por irregularidades detectadas en su gestión.

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Las peticiones de compatibilidad ponen en pie de guerra a muchos técnicos municipales

Estepona

Algunos de los peticionarios realizan consultas a profesionales del Derecho tras conocer las conclusiones de un informe que se realiza por el área de Personal

Por A. García

Técnicos municipales de distintas áreas del Ayuntamiento de Estepona están en pie de guerra ante las primeras actuaciones que se están llevando desde instancias municipales cuando han presentado las correspondientes solicitudes para que se les permita la compatibilidad con los puestos de trabajo que ocupan en la institución municipal con el libre ejercicio de su profesión en el ámbito privado.

Tanto es así, que algunos de los afectados han puesto en manos de profesionales de la abogacía el asunto para pedir asesoramiento legal y llevar, si se diese el caso, las actuaciones municipales ante los tribunales de justicia, según ha podido conocer este periódico.

El momento de mayor tensión con respecto a este asunto se ha producido cuando algunos trabajadores municipales han tenido conocimiento de la existencia de un informe, de cuyo contenido, en el apartado de conclusiones, se “desprende incompatibilidad entre las actividades dada la relación directa entre las actividades privadas y públicas”.

Junta de Gobierno
Pero quizá lo más importante es que el citado informe tampoco ha satisfecho las expectativas de los políticos componentes de la junta local de gobierno, que en la sesión celebrada el pasado miércoles decidieron dejar el punto sobre la mesa.

Este periódico ha obtenido documentación relativa a una de las peticiones realizadas por un trabajador municipal, en la que solicita la compatibilidad. En la misma se manifiesta que en base a los “reflejado en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatilbidades del personal al servicio de las administraciones públicas, se solicita... Que en base a lo recogido en las artículos 12 a 15 de la mencionada ley” y ciñéndose férreamente a la “aplicación de los mismos y a la disposición primera del convenio colectivo vigente” en la empresa municipal en la que se presta servicio, sea reconocida la compatibilidad para el desempeño “de mi actvidad profesional..., sin interferencia ni menoscabo alguno del desempeño de mi labor como empleado municipal.

Ante lo expuesto en la petición, es entendible que el solicitante alega tener conocimiento de los fundamentos que se proclaman en los apartados mencionado de la ley y del convenio colectivo, y que, adermás, está dispuesto a someterse a las normas legales.

El informe de Personal
En el informe, que se confecciona desde el área de Personal, sección Recursos Humanos, en los fundamentos de derecho se hace alusión, entre otras normas consultadas, a los artículos citados por el peticionario en su solicitud para la obtención del permiso necesario para compatibilizar actividades públicas y privadas de carácter profesional.

Para ilustrar la inconcordancia entre la solicitud y el contenido del informe, baste decir que en el apartado e del mismo se manifiesta “que en el escrito de solicitud no se explica el horario de prestación de las actividades privadas, descnociéndose si, en su caso, supera los límites horarios establecidos en el artículo 12,2 de la Ley de Incompatiblidades”.

Este requisito legal, citado como ejemplo de lo sucedido, se refleja cumplimentado por el solicitante, toda vez que en su escrito dirigido al alcalde se compromete a cenirse “férreamente” a este normativa legal...

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Ricardo Galeote asegura que el alcalde conocía el procedimiento habitual para gestionar los ingresos y gastos de la feria

Noticia publicada en viernes, agosto 29, 2008

Críticas a las declaraciones de Valadez sobre los cerca de 90 mil euros incautados en Cultura

Los cerca de 90 mil euros incautados por la Policía en el marco de la Operación Astapa y que no fueron reclamados por el Ayuntamiento siguen dando que hablar. Ahora ha sido el concejal popular, Ricardo Galeote, quien ha salido a la palestra para criticar la actitud del regidor municipal, David Valadez. Y es que con las copias de varias juntas de gobierno en la mano correspondientes a los años 2005, 2006 y 2007, Galeote ha asegurado que Valadez tenía conocimiento de la metodología propia del Ayuntamiento a la hora de gestionar los gastos e ingresos de la feria, que tal y como explicó Antonio Sánchez se venía realizando mediante una encomienda de gestión a una sociedad municipal. “Esta metodología se lleva aplicando mucho tiempo y, además, con pleno conocimiento de Valadez”, indicó Galeote, mostrando a la vez las copias de las juntas de gobierno en las que se incluía este punto en el orden del día.

Así las cosas, el edil popular entiende que Valadez tenía que haber puesto en conocimiento de la autoridad judicial esta situación, ayudando así a la que fuera su compañera de partido. “Me sorprende que sabiendo esto no lo haya puesto en conocimiento de las autoridades judiciales porque hubiese ayudado mucho a su compañera de partido para clarificar la procedencia de esos 90 mil euros”, explicó Galeote, que añadió que “aquí ha primado la vendetta entre concejales del mismo partido político más que decir la auténtica verdad”.

Además, para el PP este gesto supone un “desprecio absoluto” por parte del regidor municipal a ese dinero, teniendo en cuenta la crisis económica en la que nos encontramos…

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Siete de cada diez contratos de la Junta de Andalucía no salen a concurso público

Noticia publicada en domingo, agosto 31, 2008 at 10:05

. MORILLO. SEVILLA

Siete de cada diez contratos que realiza la Junta de Andalucía no salen a concurso público, bien abierto o restringido, sino que se adjudican mediante el denominado procedimiento negociado, que permite a la Administración autonómica elegir directamente al beneficiario de la contrata. Según el informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía «Fiscalización de la Cuenta general, contratación administrativa y Fondos de Compensación Interterritorial» correspondiente a 2006, el 67,31% de los contratos administrativos de ese ejercicio, 6.267, se adjudicaron por procedimiento negociado, por un valor de 468,13 millones de euros, lo que supone el 20,29% de la contratación de la Junta aquel año.

Este informe se debatirá el próximo martes en la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento andaluz.

Esta cifra muestra, según ha denunciado reiteradas veces el PP, que la Junta abusa de un procedimiento que denota falta de transparencia, al tiempo que favorece el clientelismo y el amiguismo, ya que en el procedimiento negociado es la Administración quien elije, en teoría de manera justificada, la persona que se benefia del contrato. «El abuso desproporcionado de este sistema lo que hace es alargar la sombra de la duda sobre un gobierno que está bajo sospecha», comentó a ABC el portavoz de Presupuestos del PP, Salvador Fuentes.

Esta modalidad resulta más opaca que el concurso público, al igual que los contratos menores, que sólo necesitan de la aprobación del gasto y la incorporación de la factura correspondiente, siempre que no superen los 30.000 euros en contratos de obras y los 12.000 en el caso de los de servicios, consultoría técnica y suministro.

Precisamente, el número y las cantidades destinadas a los contratos menores han ido creciendo de 2004 a 2006, los tres últimos fiscalizados por la Cámara de Cuentas. Así, en 2004, se adjudicaron 68.383 contratos, por un valor de 436,78 millones de euros; mientras que en 2005, se realizaron 73.000 contrataciones y la cifra ascendió a 514,73 millones de euros.

Esas contrataciones aumentaron también en 2006 hasta los 92.254 contratos, que generaron 657,66 millones de euros. Estas cantidades suponen, de un lado, el 90,44% del número de contratas realizadas aquel año, que ascendió a 101.996, y el 21,70% de la inversión global realizada en ese ejercicio.

El SAS, a la cabeza

El organismo que más contratos menores adjudicó en 2006 fue el Servicio Andaluz de Salud (SAS), con 5.556 y coste de 39,43 millones de euros. Las consejerías que más se valieron de este procedimiento fueron Obras Públicas, con una inversión de 22,28 millones de euros; Cultura, con 11,86 millones; e Innovación, Ciencia y Empresa, con 10,37 millones…

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Valadez y "medios afines" insisten en la ilegalidad de la procedencia de los 85.000 euros.

Noticia publicada en jueves, septiembre 4, 2008

Valadez puede crear en un futuro un conflicto sin precedentes en la Justicia española

ATC
Medios “afines y sentimentales” de Valadez, han insistido esta mañana en sus informativos, en que, según los informes que constan en el Ayuntamiento de dos funcionarios, tesorero y secretario, no es aconsejable solicitar la devolución de los algo más de 85.000 incautados en la Delegación de Cultura. Desconocemos si son los mismos que fueron rebatidos posteriormente por Antonio Sánchez. Lo cierto es que Asunción López, en un escrito dirigido al Ayuntamiento, con fecha de principios o mediadios de agosto, mantuvo que dicho dinero, que consideró “insólito” que el Ayuntamiento no lo hubiera reclamado, era el correspondiente al pago de los feriantes y solicitaba que fuera reclamado teniendo en cuenta la situación de crisis.

Según la concejal, un “habilitado”, según se citó en su día, lo había estado contando el día 16 de junio, un día antes de la intervención policial; terminó de contarlo sobre las tres de la tarde y no dió tiempo a ingresarlo; por lo que se tomó nota y se decidió dejarlo allí hasta el día siguiente; después de dirigir un escrito a Oficilialía Mayor, lo que justificaría la procedencia del dinero, como según consta con la misma fecha de 16 de Junio. Por lo que fué imposible llevar a cabo el registro del dinero ya que la operación dió comienzo en la madrugada del 17 de junio.

El actual Concejal de Hacienda, Antonio Sánchez salió en defensa de su ex-compañera de Gobierno, dando por sentado que los técnicos en los que se basaba Valadez se equivocaban ya no tenían conocimiento del escrito dirigido al Ayuntamiento advirtiendo de la existencia del dinero, y que su departamento emprendería las actuaciones necesarias para solicitar su devolución.

Después de estos hechos ocurridos la semana pasada, Valadez no se disculpó, si bien en un principio tampoco llegó a negar las palabras de Asunción. El tema parecía haber quedado zanjado; sin embargo hoy de nuevo la Cadena Ser , cuyo informativo, además, dirige la propia esposa de Valadez, ponía de manifiesto el interés de su marido en que dicho dinero no sea reclamado, con la escusa, nuevamente, de que unos informes así lo desaconsejan. La duda está en saber si son los mismos informes realizados anteriormente al conocimiento de ese dato, o si por el contrario, son posteriores.

Como muchos datos relevantes están siendo omitidos por los informantes mediáticos de Valadez, desconocemos este en concreto. No obstante si sólo se tratara de los mismos informes que vuelven a salir para confundir a la opinión pública, estaríamos ante un caso claro de “posible revelación de secretos” por parte de Valadez, una vez fuéramos conociendo los entresijos del secreto sumarial, que por cierto alguien está modificando y cambiando a su antojo; lo que tal vez explicaría la testadurez soberbia con la que se expresa sobre este tema y con todos últimamente. Ya hemos dicho aquí que Valadez no puede ser alcalde y que quienes lo permiten son unos irresponsables sociales. Pues posiblemente algún día pueda ser acusado por alguien y, en ese caso, se produciría incluso un conflicto judicial, al haber estado él al tanto de todas las investigaciones y del propio sumario (que, en teoría, es secreto) sin precedentes también en toda España y la responsable será la propia Justicia. Por cierto; ¿todavía tiene alguien dudas de que no existe en España separación de poderes?

Si, por el contrario, se tratase de otros informes y Valadez tuviera la certeza plena, pues sólo él, de las partes, conoce el secreto sumarial, no desprecien el párrafo anterior, apréndalo, les será útil en otra ocasión.

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"Porque el secreto de las actuaciones no garantiza el "éxito" de la investigación"

miércoles, septiembre 3, 2008 at 01:35

ATC

Gracias a que el abogado de Antonio Barrientos ha presentado hoy un recurso contra la decisión de la jueza, Isabel Conejo, de negar de nuevo la libertad de Barrientos, hemos podido disipar las dudas que teníamos sobre la fecha de dicho auto, sobre el que dudábamos de su temporalidad, al no ser publicado el dato fehaciente de la fecha de su publicacion. Teniendo en cuenta la manipulación mediática que se viene produciendo en Estepona desde hace varios años, nuestras dudas estaban fundadas.

Sin embargo, tras conocer parte del auto de la jueza, lo que se ha publicado, nos asaltan nuevas dudas. Se dice en el mismo que se deniega la libertad a Barrientos porque, entre otros motivos queda: “pendiente de practicarse en breve una serie de diligencias de gran importancia”. Lo que contradice, en cierta manera, la decisión de ese mismo juzgado de día 18 de agosto, de levantar las medidas cautelares económicas de todos los imputados, suponemos que a Barrientos también. Lo que nos llama poderosamente la atención al tratarse de presuntos delitos económicos. Decía dicho auto que “en breve” no se iban a poder establecer las responsabilidades que la Audiencia exigía en respuestas a los recursos de tres de los imputados.

Por otro lado dice en este nuevo auto también que para: “evitar el riesgo de manipulación de pruebas relevantes para la instrucción”, al considerar que “no resulta suficiente el secreto de las actuaciones para garantizar el éxito de la investigación”. Cuando, en realidad, que se sepa, al único, por el momento, que podía imputársele tal actitud o tal presunta actitud es a Valadez; como ha podido ocurrir con el caso de Asunción López y lo que de de sí la denuncia de Zapallito, que inculpa a la prensa local, incluso de divulgar sus decretos antes de redactarse y séis dias antes de recibirlo la empresa. Así mismo, ¿están sujetas las investigaciones al “éxito” a toda costa, cuando se alude a que el secreto no es suficiente?

La situación en Estepona es muy singular y no existen precedentes en España. Un Ayuntamiento judicializado pero que “ejerce” como si fuera un Ayuntamiento democrático. Sumado a las dudas que existen, sobre el interés personal de Valadez y el caso de Asunción López; nos hace pensar que han puesto al lobo al cuidaddo de las gallinas. Esta situación no se puede mantener por mucho más tiempo. Ya sé que de nada vale decir que se están vulnerando derechos, pues la investigación tiene los suyos; pero aún los autos de prisión están infundamentados y da la impresión que están en la cárcel los imputados antes de que existieran pruebas concluyentes, contra ellos, no sólo indicios.

Urge que, mientras permanezca el Ayuntamiento en esta rocambnolesca situación, se determine lo que tenga que determinarse rápido, pues el Ayuntamiento así no es democrático ni se recoge en ningún fundamento legal español la circunstancia que se vive en Estepona. No existe ningún texto legal que de legitimidad, si no es a través de una gestora, a los hechos que han ocurrido con la elección de Valadez, tras la operación Astapa. Pues siendo legal la elección, aunque a nuestro entender no legítima, la legalidad la tiene en cuanto al procedimiento, pero en ningún lado se recoge, que la institución municipal tenga que estar intervenida judicialmente, como de hecho así ocurre, tras la elección de un alcalde. Y que el alcalde elegido sea parte interesada, como se ha demostrado, en la investigación y en la propia denuncia. Un verdadero esperpento inédito.

De prolongarse por mucho tiempo esta situación, se hace conveniente la disolución del Ayuntamiento y la creación de una gestora como en Marbella. Pues lo que, de hecho, no es legal o moralmente democrático es, que mientras se alude al carácter democrático de la elección, en realidad esté intervenido judicialmente; hecho por el cual se tendría que haber creado dicha gestora desde el principio del caso, si tan complejas y prolongadas en el tiempo, iban a ser las investigaciones.

Algo que parece quedar claro también es que la “urgencia” del principio, que normalmente se aplica en casos “in fraganti” ha resultado ser una falsa alarma, pues exceptuando los 85.000 euros de Cultura que no dió tiempo a registrar, atestiguado por sus propios compañeros excepto Valadez, a ninguno de los imputados se les ha sorprendido en la comisión en un delito flagrante. Prueba de ello, el levantamiento de las medidas cautelares.

En cualquier caso, si las medidas se toman porque tres de los encarcelados ostentan aún su acta de concejal y en el Ayuntamiento, que fue registrado durante tres días y tres noches, puedieran tener acceso a las pruebas ¿qué se pretende, que no puedan hacer valer su calidad de concejal, teniendo actualmente la misma legitimidad que pueda tener Valadez?

¿Piensa la jueza, pues, tenerlos en la cárcel durante el tiempo que sea, incluídos los tres años de legislatura hasta que no quede “garantizado el éxito de la operación”?. Impiéndoles ejercer su derecho constitucionalmente reconocido y obligado a hacer uso de sus caros electorales. ¿Teniendo en cuenta que se ha creado una situación anómala y alegal desde el punto de vista democrático y jurídico en Estepona?. Creemos, y así confiamos, que no.

Decimos alegal porque para tales casos lo que prevee la Ley es la creación de una gestora. En ningún lado, como decimos, vemos un fundamento legal o precedente que legitime, si no es a través de dicha gestora, la situación creada en Estepona.

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Memoria política. La delegada de Justicia de la Junta en Málaga vive en una casa construida en suelo público

jueves, septiembre 4, 2008 at 21:37

La vivienda en la que reside Aurora Santos invade y ocupa una vía pecuaria

26/09/05 MÁLAGA. La delegada de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía en Málaga, Aurora Santos (PSOE), tiene su actual vivienda construida encima de suelo público en la zona de Pinares de San Antón. La casa en la que reside, en la calle Bouganvilleas, ocupa por completo una vía pecuaria, en concreto ‘la Vereda de Cárdenas, Alto de Letrina al arroyo Jaboneros’, según consta en documentos que lo demuestran y que posee el EL OBSERVADOR tras llevar a cabo durante semanas un trabajo propio de investigación. Las vías pecuarias tienen “la consideración de suelo no urbanizable de especial protección” según recoge el decreto 155/1998, de 21 de julio, aprobado por la propia Junta de Andalucía.

EL hecho reviste además un importante agravante puesto que la casa es de reciente construcción, estando ya Aurora Santos desempeñando su función de delegada de Justicia en la administración pública (desde el año 2000). Hay un escrito fechado el 29 de marzo de 2001 en el que se alude al “edificio que actualmente se está construyendo sobre la vía pecuaria en la esquina de las calles Bouganvilleas y Halepensis de la urbanización Pinares de San Antón”. En ese momento la vivienda se encontraba en fase de estructura.

LA Junta de Andalucía sacó sólo tres años antes un decreto (el 155/1998, de 21 de julio) por el que aprobaba el ‘Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía’. En alguno de los primeros puntos del decreto puede leerse que dichas vías “son bienes de dominio público de la Comunidad Autónoma de Andalucía y, en consecuencia, inalienables, imprescriptibles e inembargables”. Más adelante se añade que tienen “la consideración de suelo no urbanizable de especial protección”.

LA vía pecuaria en la que se produce la apropiación de suelo público (que según el decreto no prescribe ni se puede consolidar con el uso privado a lo largo de los años) se encuentra perfectamente reconocida por la orden ministerial de 27/05/64 (BOE de fecha 6/06/64). En los trabajos de clasificación de las vías pecuarias que hizo en la provincia de Málaga el Ministerio de Agricultura, en el año 1963, le asigna una anchura de 20 metros y 89 centímetros, y una longitud de unos 16,5 kilómetros, lo que hace a la Vereda de Cárdenas la más extensa de las cuatro que existen en la provincia (con 16,5 de los 36 kilómetros totales de vías pecuarias en Málaga).

EL trazado de la Vereda de Cárdenas a su paso por la zona de conflicto puede verse perfectamente en el plano que acompaña a esta información, facilitado en su día por la Consejería de Medio Ambiente. En la zona señalada como la casa en la que reside Aurora Santos puede observarse que se ocupa por completo la vía pecuaria y, por tanto, el suelo público.

MAGISTRADA titular del Juzgado nº 4 de Málaga desde 1990, Aurora Santos está en estos momentos en excedencia por su cargo público de delegada de Justicia, para el que fue nombrada en junio de 2000. Tras cubrir la legislatura anterior en ese puesto, en 2004 fue incluso propuesta como subdelegada del Gobierno en Málaga (cargo ocupado actualmente por López Luna) pero por cuestiones de incompatibilidad (con la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración del Estado) tuvo que renunciar al puesto y volver a ocupar la Delegación de Justicia…
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¿Cómo y cuándo se "adjudicó" a Teconma el contrato para las obras de acondicionamiento de la perrera municipal?

Noticia publicada en sábado, septiembre 6, 2008 at 19:00

ATC

Resulta de lo más curioso la “adjudicación” anunciada ahora, que, según la prensa de Valadez se ha formalizado con la empresa Teconma, perteneciente a la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales). Según dichos medios publicaban ayer, la empresa “adjudicataria” habría rebajado el precio de licitación de de 249.980 euros a los “232.619 euros, incluidas una serie de mejoras propuestas por la propia empresa, como el camino de acceso, la ampliación de la explanada del aparcamiento y la dotación de una auto-depuradora de recogida de excrementos de los animales.
Teconma viene realizando desde un tiempo la construcción de muros ecológicos de contención de taludes con un resultado bastante exitoso. Aprovechando esta especialización, el Ayuntamiento ha propuesto la construcción de un muro ecológico aguas abajo de la explanada de aparcamiento que contenga la superficie. Esta explanada se construirá con material procedente de la excavación de otras obras.
La empresa adjudicataria, además, implantará un Plan de Seguridad y Salud e iniciará las actividades de formación del personal que intervendrá en los trabajos, y dotará de prendas de seguridad y vestuario adecuado a los empleados.”

¿Cabe suponer que el acuerdo ha sido suscrito recientemente? Pues da la impresión que no ya que, en julio de 2007, también informó la misma prensa sobre este tema, publicó con este titular:

“El Ayuntamiento invertirá más de 240 mil euros en el refugio de animales ADANA, en Los Pedregales”. Paradógicamente no se habla nada en dicha información sobre la cantidad enunciada en el mismo y más paradógico resulta aún que se haga alusión a: “Se invertirán 230 mil euros y las obras podrán comenzar en el mes de septiembre” (2007).
O sea la misma cantidad que, según nos dicen ahora en un titular que hace referencia a 249 mil euros, se ha aprobado un año después, que ha sido de 232 mil euros. ¿No les parece extraño que se aprobara en julio del año pasado para comenzar en septiembre de ese mismo año, por la misma cantidad más o menos, que la que se ha aprobado ahora, un año después, vendiéndonos que la “adjudicación” se ha producido recientemente?. ¿A qué viene la grandilocuencia en ambos titulares para después ni mentarlos? Por cierto tampoco es cierto que sea la perrera municipal, pues la gestión es de ADANA, a la cual se le cedieron dichos terrenos que sí eran municipales.

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Memoria política. Las empresas públicas andaluzas pierden casi 1000 millones de euros según la Cámara de Cuentas

ATC

Noticia publicada. Martes, mayo 6, 2008

Son refinanciadas con dinero público sin dar cuenta a la Cámara de Cuentas.Una administración paralela muy costosa

LD (Pedro de Tena) Según los datos de la Cámara de Cuentas, datos que aún no están colgados en la página web de la institución, el déficit de 963 millones de estas empresas en 2006 supone un incremento respecto al de 2005 del 34 por ciento, o sea de 244 millones más de euros. Asimismo, destacó que desde 2001 ese déficit se ha duplicado prácticamente ya que en esa fecha era de 519 millones frente a los 963 de este año.

En paralelo, las subvenciones de explotación que ha asignado la Junta a estas empresas se han más que duplicado desde 2001 a 2006 ya que se ha pasado de subvencionarlas con 444 millones de pesetas a los mil millones en 2006. Según Sanz estas cifras demuestran que la estrategia de la Junta para ocultar el déficit real de las empresas es aportar cada año más fondos, de manera que entre 2005 y 2006 el incremento de las subvenciones fue del 37 por ciento, o sea 273 millones más.

El último informe de la Cámara de Cuentas y sus conclusiones fueron un monumento a la cara dura y a la impunidad de la Junta de Andalucía en la gestión de las empresas públicas. Cuatro años después, al parecer, no sólo todo sigue igual, sino que empeora. El problema que suponen las empresas públicas andaluzas para los ciudadanos andaluces son, además del crecimiento del déficit, los siguientes:

a) Duplican los gastos públicos porque hacen las funciones que deberían hacer las consejerías de la Junta sin que por ello se adelgace el gasto de la Administración general, lo que en opinión de Antonio Sanz, secretario general del PP de Andalucía, es tremendo sobre todo en «estos momentos de crisis».

b) Las empresas públicas no están controladas por los presupuestos andaluces por lo que se han convertido en «un gran monstruo burocrático paralelo a la administración e incontrolado que cada día devora más recursos», según el PP.

c) Ni siquiera la Cámara de Cuentas sabe cómo se contrata al personal de estas empresas y los datos disponibles permiten augurar que estas empresas son un “coladero” irregular de personas afines al Partido Socialista. Sanz también llamó la atención sobre el aumento del personal que trabaja en estas empresas que tienen ya 2.358 trabajadores, de los que 4.400 se han incorporado entre 2003 y 2006 a las 55 empresas en que la Junta es mayoritaria. Además, según Sanz hay que sumar a esto las 2.000 personas que trabajan en fundaciones creadas por la Junta. «Y mientras tanto -dijo- muchos funcionarios están de brazos cruzados por que su trabajo ha sido adjudicado a estas empresas»

d) El poder que confieren estas empresas a la Junta de Andalucía y al Partido Socialista para mediatizar el desarrollo de la sociedad civil y las empresas privadas es enorme. Lo que se controla, se financie o se subvenciona y lo que no, no. Actualmente las empresas públicas participadas por la Junta de una forma u otra son 117, de las cuales 55 están participadas mayoritariamente por la Administración andaluza y otras 62 de forma no mayoritaria.

e) Desde el punto de vista administrativo, la confusión es tal que hay empresas subcontratadas por estas empresas públicas o por las propias Consejerías que tienen incluso despachos propios en la Junta de Andalucía en la que atienden incluso al público personal de estas empresas.

Las empresas públicas, incontroladas, oscuras, despilfarradoras, poderosas e impunes son un elemento esencial del régimen socialista instalado por Manuel Chaves…

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