18 septiembre 2008

Las obras de construcción del nuevo colegio Maria Espinosa en La Lobilla están paralizadas

18/Septiembre/2008 - Estepona

Así lo denuncia la Asociación de Padres y Madres de Alumnos, quien ha solicitado una reunión de urgencia con el primer edil y con el concejal de Educación

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Nuevo revés en la construcción del colegio María Espinosa, en La Lobilla. Y es que, al parecer, las obras están paralizadas. De hecho, esta mañana sólo se veía en la zona a un operario y toda la maquinaria estaba parada. Una situación que preocupa, y mucho, a los padres y madres de los alumnos matriculados en este centro, cuyos hijos reciben clase desde el pasado año, fecha en la que el colegio iba a entrar en funcionamiento, en el antiguo Víctor de la Serna. Tanto es así, que en la reunión de la Junta Directiva que ayer celebró la Asociación de Padres y Madres 'La cortinera' se decidió solicitar una reunión urgente con el primer edil, David Valadez, y con el concejal de Educación, Antonio Sánchez, para intentar obtener respuestas, a pesar de que reconocen que las competencias en esta materia son de la Junta de Andalucía.
Al parecer, habrían surgido problemas entre la dirección facultativa de la obra y la empresa constructora, aunque según indicaban fuentes municipales, se estarían produciendo reuniones entre las partes para solucionar el problema cuanto antes.
Mientras, desde la asociación de padres se indicaba que, según tenían entendido por comentarios de los propios obreros, la constructora no habría recibido ningún pago desde el inicio de los trabajos.
Sea como fuere, lo cierto es que el plazo de finalización de los trabajos está fijado en marzo de 2009, por lo que, en caso de incumplimiento por demora, la empresa tendría que afrontar una penalización.
Cabe recordar que la Junta de Andalucía adjudicó el pasado mes de abril las obras a la empresa Andobrás, S.A. por un importe de 3,3 millones de euros para la construcción de este colegio, que contará con seis aulas de infantil y doce de primaria.

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Del Valle asegura que no hay pruebas y que sólo se le acusa para justificar el proceso

HÉCTOR BARBOTTA

No existen pruebas en su contra y la acusación del fiscal sólo tiene por objetivo justificar todo lo actuado hasta ahora. Esa es la opinión del abogado Fernando Del Valle, principal acusado en el 'caso Ballena Blanca', tras conocer a través de la prensa el contenido del escrito de la acusación formulada por el fiscal, en el que pide para él una pena 15 años de cárcel. Según asegura Del Valle en un escrito enviado a este periódico, «el fiscal no tiene más remedio que acusar, como sea, luego del circo mediático que montaron».

Para el abogado, desde el principio la operación 'Ballena Blanca' se fraguó por parte de la policía y la Fiscalía «sin bases concretas, pero con muchas páginas de informes y literatura y con la protección» del juez Torres. En su opinión, ello dio lugar a un operativo «sin precedentes en la historia de este país contra un despacho de abogados equivalente a los que se utilizan en los asaltos a las sedes terroristas». En el escrito, Del Valle recuerda que durante la operación se detuvo y procesó a decenas de personas completamente ajenas a lo que se investigaba y que posteriormente fueron sobreseídas. «De cómo fueron afectadas estas personas, de su sufrimiento y el de sus familias, nadie se ha ocupado», lamenta.

Delitos y pruebas

Ahora, la intención del Ministerio Público, según el abogado, es que el principal acusado no quede impune «haya o no delitos, haya o no pruebas». No obstante, Del Valle se muestra optimista en cuanto a su suerte final: «Las condenas -asegura-requieren delitos y pruebas, y en esta investigación, pese a las miles de páginas y centenares de volúmenes, no los hay, pese al esfuerzo del fiscal para verme de nuevo en la cárcel». Según el abogado, el representante del Ministerio Público «olvida que en este país hay auténticos jueces y justicia».

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El Partido Popular ha reclamado por vía judicial que el dinero intervenido en la Delegación de Fiestas sean devueltos a las aras municipales

Ha incluido en la petición toda la documentación que acredita que este dinero estaba registrado y que correspondía al cobro del canon que cada año abonan los feriantes.

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El Partido Popular ha decidido tomar cartas en el asunto después de que en el mismo seno del equipo de gobierno surgieran contradicciones sobre la procedencia y posible reclamación de los cerca de 90.000 euros intervenidos en los registros de la Operación Astapa en la delegación de Fiestas. Así, ha presentado un escrito al Juzgado de Instrucción Número 1 de Estepona en el que solicita que ese dinero sea devuelto al Ayuntamiento y, para ello, aporta una serie de documentación que acredita que la cuantía estaba registrada y procedía del pago del canon de los feriantes. El portavoz de la agrupación, Ignacio Mena, critica las declaraciones del primer edil, David Valadez, de finales de agosto en las que indicaba que no se podía reclamar el dinero ya que no había pasado por Tesorería y difícilmente se podría acreditar su titularidad. El Partido Popular cuestiona los motivos por los que el regidor municipal no quiso reclamar la cantidad intervenida en Fiestas cuando en el momento de sus declaraciones ya obraba en poder del Ayuntamiento documentación que acreditaba la procedencia del dinero, como es un recibo de ingreso del dinero a fecha 16 de junio, un día antes de la Operación Astapa, que está firmado por el habilitado contable de la delegación. Por todo esto, la agrupación asegura no haber tenido más remedio que reclamar ellos mismos la cantidad por el bien de Estepona.

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