27 junio 2010

Salvador Zotano, COncejal de Urbanismo de Manilva y Juan Herrera, ex-gerente de Urbanismo, a declarar por presunta corrupción urbanística

TRIBUNALES | Este lunes
El edil de Urbanismo de Manilva declara por irregularidades en un complejo turístico
      El concejal de Urbanismo de Manilva (Málaga), Salvador Zotano (PSOE), ha sido citado a declarar como imputado el lunes en relación a una serie de presuntas irregularidades en la construcción del complejo de apartamentos turísticos Manilva Green.
Los hechos se produjeron durante el periodo en el que Zotano era alcalde de la localidad en el anterior mandato, según ha informado a Efe el denunciante, el empresario José Jiménez.
En la denuncia, que fue presentada en el juzgado de Instrucción número 2 de Estepona, el querellante señala que tanto Zotano como el ex gerente de Urbanismo, Juan Herrera, que también ha sido citado a declarar como imputado, podrían haber cometido los presuntos delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio, tráfico de influencias y falsedad documental durante el pasado mandato.
La comparecencia de ambos se realiza tras solicitarlo el Ministerio Público.
Los hechos se remontan a diciembre de 2006, cuando el Ayuntamiento concedió la licencia de primera ocupación "irregularmente al promotor", ya que una parte del complejo invade zona de dominio público y otra parte de las instalaciones "está levantada sobre una superficie de unos 4.000 metros calificada como zona de especial protección de viñedos".
A pesar de las reiteradas denuncias presentadas en el Ayuntamiento, Zotano le concedió la licencia de apertura a los apartamentos, según Jiménez.
"Lo hicieron deprisa y corriendo, a través de la Gerencia de Urbanismo, antes de la celebración de las elecciones municipales de 2007", ha señalado el empresario.
Por su parte, Zotano ha afirmado a Efe que la querella se la interpuso el promotor porque le denegó la licencia de primera ocupación al invadir su obra suelo público, y ha añadido que no se la concederá "hasta que no se restituya el interés público".
Según Zotano, el juez archivó la causa pero la Fiscalía ha pedido que declare "para que no haya vicio en la instrucción", aunque esta querella ha derivado "en un enfrentamiento entre los dos socios de la promoción".
Tanto Zotano como Herrera han presentado un escrito en el juzgado de Instrucción número 2 de Estepona en el que piden "el sobreseimiento de la causa"./

ATC.
     Salvador Zotano sustituyó en la alcaldía a Pedro Tirado cuando éste ingresó en prisión por el caso de la Parrala que se convirtió en una pieza separada del caso Ballena Blanca.

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26 junio 2010

La explotación laboral se implanta en la Costa del Sol con empresas de inmigrantes

Empresas creadas por inmigrantes explotan a trabajadores inmigrantes y españoles en regímenes cercanos a la esclavitud.

ATC.

    Según hemos podido comprobar personalmente, acudiendo a varias ofertas de trabajo que resultaron ser de empresas creadas por personas inmigrantes residentes en la Costa del Sol, sobre todo de ciudadanos de Europa del Este y sudamericanos, estas empresas están explotando, por no decir esclavizando, a sus trabajadores.
Aprovechando la necesidad de trabajar para tantos parados como existen en la Costa (sólo en Estepona la cifra se eleva a casi 10.000 desempleados) estos advenedizos "empresarios" publican ofertas de trabajo, sobre todo en la prensa inglesa de la Costa (especialmentve en SurInEnglish y Euroweekly News), ofertando puestos que no se ajustan a lo publicado y, por tanto, fraudulentos o engañosos. Generalmente suelen ser empresas de servicios en general y mantenimiento de jardines que adquieren la concesión por parte de la administración de algunas urbanizaciones de lujo, para lo cual contratan a personal, generalmente inmigrante, por tiempo parcial (cuatro horas diarias) pero que se ven obligados a trabajar durante ocho horas con sólo media hora al día para comer (incluído almuerzo y desayuno en un único descanso). A estos trabajadores, que realizan su labor al aire libre, se les prohíbe fumar y sentarse, aunque sea tras un duro esfuerzo, durante la jornada laboral. Estas jornadas laborales son especialmente duras porque, entre otras cosas, se les obliga a realizar labores peligrosas, sin los medios necesarios, para las que no están preparados y que, hasta la llegada de la crisis, realizaban empresas especializadas con los medios adecuados. Entre estas labores destaca la poda de palmeras o el desmoche y poda de especies arbóreas, especialmente pinar. Así, mientras sus jefes explotan a estos trabajadores, ellos residen en urbanizaciones de lujo situadas en campos de golf de Marbella, Estepona o Benahavís. De esta situación son responsables también los propios administradores de las urbanizaciones así como sus presidentes, normalmente extranjeros. Esta situación es especialmente grave en el municipio de Marbella, donde muchos de estos inmigrantes trabajan, además de sin contrato, con la promesa de que tal día serán contratados después de un período de pruebas en régimen de explotación. En la mayoría de los casos los españoles, los cuales tienen vetados el trabajo en estas empresas, se ven obligados a trabajar en las mismas condiciones si quieren acceder al puesto o, directamente, se les niega, ante la posibilidad de que acaben denunciándoles; mientras ven como trabajadores inmigrantes les quitan el puesto de trabajo ilegalmente sin que nadie, ni sindicatos ni administraciones públicas hagan nada para evitarlo.
Esta situación viene derivada de que, en muchos casos, las urbanizaciones, con la llegada de la crisis y la necesidad de reducir gastos, despiden a sus antiguos trabajadores y acceden a la contratación de estas empresas advenedizas con costos muy inferiores a los establecidos por sus servicios, debido a la explotación a la que someten a sus trabajadores, que además deben realizar labores que no son las propias de su cualificación profesional. Mientras los trabajadores que antes realizaban dichas funciones, generalmente españoles en condiciones dignas, han ido a engrosar las listas de paro.
Así es fácil ver como personas contratadas de jardineros, por su cualificación que han debido avalar por C.V., se ven obligados un día entero a la semana, si no quieren perder el trabajo, a limpiar las calles de la urbanización, como si hubieran sido contratados de barrenderos. Al margen de la propia y lógica limpieza del lugar que los jardineros realizan diariamente, dentro de sus funciones, tras ejecutar los trabajos de jardinería para los que, en teoría, han sido contratados.
Así, contratan a estos trabajadores por media jornada pero con el conocimiento de que habrán de echar jornada completa con sólo media hora para almuerzo o desayuno en un sólo descanso, tras las primeras cuatro horas de la jornada, por el sueldo de 1.000 euros, la mitad en negro, obligándoles a realizar trabajos de poda de palmeras o pinos y limpiezas de calles, incluídas en el sueldo a pesar de que el anuncio de la oferta iba dirigida a jardineros para mantenimiento de jardines; donde se omitían las verdaderas funciones que habrán de realizar, cuando, por ejemplo, las empresas especializadas en podas de palmeras cobran 300 euros por unidad en cada una de las podas que realizan.
De esta forma se ahorran y defraudan miles de euros que les sirven a ellos para enviar ingentes cantidades de dinero a sus países de origen, además de para vivir como verdaderos magnates en la Costa del Sol a base de la explotación laboral de sus empleados. Los directivos de estas empresas, suelen ser personas acostumbradas a vivir en un régimen ex-comunista como Polonia, Rumanía o Rusia; sin descartar también empresas creadas por sudamericanos quienes, acostumbrados a la anarquía y precariedad del mercado laboral en sus países de origen, están importando esos modelos a la España de la UE, ante la pasividad de gobiernos y sindicatos que deberían defender, ante todo en España, los derechos de los españoles.

La explotación del "filipino" en casas de alto standing de la Costa del Sol.

Echando la vista atrás, la explotación laboral no es nueva en la Costa del Sol. Desde mediados de la década de los 80 se han venido formando mafias de contratación de personal, generalmente filipino (así son conocidos genéricamente en la Costa, especialmetne en la zona conocida como "Milla de Oro", desde Puerto Banús hasta el Marbella Club y Puente Romano) en trabajos vetados para personal español, en el ámbito de los servicios domésticos para familias residentes de muy alto poder adquisitivo. Hasta esa fecha, estas labores habían sido también realizadas por personas españolas, sobre todo mujeres, en dignas condiciones de trabajo.
El régimen de trabajo de este colectivo en la Costa es casi de esclavitud, debiendo convivir con las familias donde ofrecen sus servicios, sin régimen laboral alguno establecido, en algunos casos sin contratos, y encargados de todas las tareas de la casa, generalmente enormes chalets, por sueldos de miseria durante las 24 horas del día. Realizando tareas de chófer, lava coches, jardineros, fontaneros, amas de casa, electricistas y "chico o chica para todo". Todo en uno, con el consiguiente ahorro y fraude económico-laboral y, por supuesto, con el consiguiente perjuicio para el mercado de trabajo local de los españoles en nuestro propio país.
El problema ahora es que tal concepto está instalándose, o se ha instalado ya, en casi todos los sectores laborales de esta privilegiada zona costera malagueña.

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03 junio 2010

Los abogados creen que los arrestos en la Costa del Sol son un ´espectáculo´

Llaman a la sensibilidad, defienden la presunción de inocencia y piden que se proteja la imagen.

PRINCESA SÁNCHEZ. Unas esposas encadenan mucho más que las manos. Sus portadores, tras lucirlas públicamente, suelen mantener después una imagen encadenada a la sospecha. Los abogados malagueños y, muy en especial los de la Costa del Sol, quieren evitar este estigma.
Ayer, en Marbella, criticaron el modo de arrestar practicado en grandes operaciones policiales relativamente recientes. «En los años pasados, hemos asistido a detenciones que se han realizado con una espectacularidad impropia de las obligaciones que imponen nuestras leyes procesales», señaló el decano del colegio de abogados en Málaga, Manuel Camas.
El decano recordó que la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que las detenciones deben ser discretas. Todo lo contrario de lo que ha sucedido en casos como la operación contra el blanqueo de capitales «Ballena Blanca».
«Tenemos que revisar urgentemente nuestra instrucción penal. Está antigua, desfasada, obsoleta», reflexionó. En su opinión todas las instituciones está obligadas a proteger la presunción de inocencia, la honra y la imagen de las personas.

Mayor disimulo

El representante de los abogados malagueños cree que es una sensibilidad compartida por jueces, magistrados, fiscales y fuerzas y cuerpos de seguridad. «Estamos mejorando y recuperando esa sensibilidad», advirtió. Eso sí, no sabe indicar a preguntas de los periodistas, en qué momento y quiénes perdieron esta cualidad.
De cara al futuro, no tiene dudas y cree que todos deben colaborar para que las actuaciones necesarias se hagan con «la mayor discreción y disimulo», añadió.
Camas presidió ayer la renovación de los representantes de la delegación marbellí del Colegio de Abogados. El hasta ahora delegado, Rafael Lima, le pasó el relevo al tesorero, José González Merelo.
El nuevo delegado comparte punto de vista sobre este asunto con Camas y lo expresó en su toma de posesión. Su principal reto: la mejora de la imagen de los abogados del oeste del litoral malagueño.
«¿Por qué un letrado, electricista o fontanero tiene que pasar tres noches en el calabozo para pasar a disposición judicial si se presentó cuando fue requerido sin problemas?», se planteó.
González Merelo sabe que debe centrarse más en quien ordena las cadenas que en quien hace la fotografía de las mismas. Pero no señala con el dedo a ningún estamento.
«El problema no es que un medio de comunicación saque una noticia sino que se entere del sitio donde se produce y llegue el primero, mientras que al Colegio de Abogados no se lo permite estar porque la actuación está bajo secreto de sumario», se quejó.
La discusión tiene muchas ramificaciones y puede llegar a convertirse en interminable. Lo cierto es que los letrados no ocultan su disconformidad con este asunto y plantean la disyuntiva de determinar a qué acusados hay que esposar y a cuáles no.

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