CSI-CSIF urge el informe para fijar la plantilla mínima de bomberos

Estepona
Esperan que no sea una operación dilatoria para evitar las movilizaciones que tienen previstas.

Sur Digital

El sindicato mayoritario de funcionarios CSI-CSIF sigue esperando a que se les facilite el informe técnico prometido por el edil de Seguridad, Sergio López, sobre las necesidades de personal del servicio de prevención y extinción de incendios y salvamento de Estepona. Así, desde el sindicato expresaron que esperan que este retraso no se esté utilizando como una estrategia para interrumpir las movilizaciones y protestas previstas por los bomberos.

La central sindical recordó los riesgos que por parte de la Corporación se están asumiendo al consentir que las guardias del parque de Bomberos se realicen con tres funcionarios operativos para actuar en la calle. CSI-CSIF señaló además que esta situación compromete gravemente el patrimonio y la integridad de las personas que puedan verse afectadas por las inundaciones o los incendios.

Limpieza

Asimismo, lamentó que no se haya cumplido el compromiso de limpiar la parcela contigua al parque de Bomberos para evitar la presencia de ratas y cucarachas en el recinto.

El sindicato reclamó además información sobre las negociaciones del Consistorio para integrarse en el consorcio de bomberos de la Diputación de Málaga. «Este oscurantismo y esta falta de diálogo no son el mejor método para alcanzar acuerdos», manifestaron desde el sindicato.//

En Diariosol.com inciden también en que:

"Desde el sindicato han informado de los riesgos que por parte de la Corporación se están asumiendo al consentir que las guardias se vengan realizando con sólo tres funcionarios operativos para actuar en la calle, y señalan que esta situación compromete gravemente el patrimonio y la integridad de las personas que puedan verse afectadas por cualquier tipo de incidente. Además, advierten que en caso de producirse alguna desgracia serán los responsables políticos los que deberán dar explicaciones y asumir responsabilidades.

Igualmente lamentan que el anuncio hecho por parte del Alcalde relativo a la limpieza de la parcela contigua al parque de bomberos, y que es la causante de la epidemia de ratas y cucarachas, se haya quedado en una declaración de intenciones incumplida.

Desde el CSI CSIF hablan de oscurantismo y falta de diálogo por parte del Ayuntamiento, y piden que las soluciones lleguen antes de la próxima reunión que mantendrá el Consistorio con los responsables del Consorcio...

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Vecinos de Manilva y Casares irán al Distrito Sanitario en Mijas para pedir más personal médico en los ambulatorios

Manilva
Los sanitarios alaban la propuesta ciudadana

Por tercera semana consecutiva el sector médico de Manilva ha vuelto a secundar un nuevo paro de diez minutos a media mañana para mostrar su disconformidad con la política de contrataciones del Servicio Andaluz de Salud. Critican el recorte contractual que han sufrido dos médicos de la comarca, uno de ellos del consultorio de Manilva, y el otro de Casares. Alegan que el pacto sindical que se firmó hace tres años entre los profesionales médicos y la Administración se ha incumplido sistemáticamente, lo que se traduce en una mayor carga de trabajo.

Pero el sector médico no se encuentra solo en esta guerra. De hecho el próximo viernes vecinos tanto de Manilva como de Casares fletarán un autobús para dirigirse al Distrito Sanitario de la Costa del Sol, situado en Mijas, para realizar su protesta formal ante la reducción de la jornada laboral del médico que hasta ahora trabajaba en el consultorio de Manilva. Los vecinos consideran una falta de responsabilidad el hecho de sufrir un recorte de la cobertura sanitaria.

Una iniciativa ciudadana que ha sido bien vista desde el centro de Salud de Sabinillas: "En los últimos veinte años, y concretamente en los últimos ocho que son los que llevo ejerciendo de médico en Manilva, nunca he visto una movilización ciudadana a favor de una mejora en la sanidad. En alguna ocasión se han recogido firmas, pero jamás se han llegado a manifestar como lo harán el próximo viernes", explica Ramón Carballada, uno de los médicos del centro de salud de Sabinillas...

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La empresa concesionaria del servicio de gestión del depósito municipal vuelve a reclamar el pago de la deuda

Estepona
Los trabajadores temen que el Ayuntamiento, al pasar a gestionar directamente el servicio, demore aún más los pagos

La empresa encargada del servicio de gestión, explotación y vigilancia del depósito municipal de vehículos, Rimasa 2003, ha presentado un escrito por registro de entrada en el Ayuntamiento en respuesta a la notificación que recibía el pasado 9 de octubre por parte del Consistorio en la que se le daba aviso de que el próximo 21 de octubre deberá hacer entrega del citado servicio al Ayuntamiento. En el citado escrito presentado por la empresa se han incluido una serie de alegaciones y reclamaciones que insta al Ayuntamiento a que sean tenidas en cuenta en el momento de recuperar el servicio del depósito municipal, principalmente, referidas a la deuda que arrastra esta empresa desde que, de forma verbal, se le comunicó por parte del Consistorio que continuara con sus servicios a pesar de que la concesión había caducado a principios de año.

Así, la emrpesa critica el que nadie quiera dar una respuesta al respecto, ni el alcalde, ni el concejal de Hacienda, ni el concejal de Seguridad Ciudadana, a pesar de haber solicitado cita con ellos en reiteradas ocasiones. "Lo único que pretendemos es que nos paguen los gastos del personal que ha estado allí trabajando, nada más, durante los nueve meses que llevamos casi", explicaba el propietario de la empresa, Jaime Rico. "La situación ahora mismo es que el alcalde hace declaraciones a los medios diciendo que ya está todo solucionado", continuaba, "pero lo cierto es que a nosotros no nos quiere recibir nadie, no nos paga nadie y la situación pasa ya de extrema a lo máximo que puede ser".

Según explica la empresa, desde que en enero de este año asumiera en precario la gestión del depósito, no ha percibido por sus servicios ninguna contraprestación económica, alcanzando el saldo pendiente de cobro los 73.319 euros, sin contar con el presente mes de octubre.

Así, ante la falta de información sobre qué sucederá con esta deuda, la empresa se plantea qué persigue el Consistorio. "Yo pienso que es una forma de hacerse con el depósito y de que nos tengamos que ir a un contencioso, que es lo que van buscando", indicaba Rico, quien teme que esto alargue la situación seis o siete años y que no cobren hasta entonces.

Situación insostenible

Mientras, la situación de los trabajadores de Rimasa 2003 se torna insostenible. Ellos mismos acudían al Consistorio para presentar el escrito y relataban hasta qué punto tienen la soga al cuello después de casi tres meses sin cobrar su sueldo. "Ya me ha llamado el banco desde Madrid, y me ha dicho que tengo hasta el día 23, máximo, para pagar los dos recibos de la hipoteca que tengo atrasados", explicaba uno de los empleados; "si no, no lo hacen judicialmente, sino de forma directa: me voy a la calle con dos niños y con mi mujer". "Yo sé que mi jefe me tiene que pagar a mí, pero a mi jefe le tienen que pagar para poder pagarnos a nosotros"...//

ATC

Por su parte la mujer de Valadez hacía público hoy, con declaraciones a gritos (que ni Queipo de LLano) de su esposo, el alcalde golpista de Estepona, en la SER, según las cuales el Ayuntamiento, o sea él mismo, pagará lo que debe a la empresa y rescinde el contrato con la misma. Previo informe de los técnicos, claro.

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Chaves conocía desde el 2000 lo que ocurría en Estepona

Publicado en lunes, julio 14, 2008

La Cámara de Cuentas de Andalucía denunció en el año 2000 "el entramado de operaciones mercantiles"

ATC

Uno de los grandes proyectos de Gil y Gil en Marbella, fue el Gran Centro Costa-Marbella (no les suena a Gran Centro Comercial y de Ocio de la Lobilla). Pues bien, a su inauguración, mientras otros nos desgañitábamos criticando la política gilista, acudió y dirigió unas palabras de apoyo a “proyectos como éstos”, amén de hacerse la foto con Gil y Gil y alabar su gestión, el veterano ex-jugador del Atletic, Gaspar Zarrías, pero no en calidad personal, no. En calidad de Consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía. A todo esto, García Marcos, por aquella época, luchando sin el apoyo de su partido sola contra el GIL, cinco años antes de la moción de censura de la Operción Malaya. Aquella situación, a los pocos que criticabamos al GIL, nos resultaba chocante, incomprensible.//

Manolo Chaves, presidente de la Junta de Andalucía, y Gaspar Zarrias, su sombra, el todopoderoso, lo sabían. Al menos así se desprende de la documentación a la que ha tenido acceso extraconfidencial.com según la cual, ya en octubre de 2000, un organismo público, la Cámara de Cuentas de Andalucía, denunciaba un entramado de operaciones mercantiles llevado a cabo por representantes del Ayuntamiento de Estepona. Gobernaba José María Aznar, del Partido Popular. La Junta de Andalucía, como en los últimos cinco lustros, la encabezaba el mencionado Chaves. La Fiscalía, pese al demoledor informe del que informaremos en próximas ediciones, oídos sordos…

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Los socialistas, agarrados al "clavo ardiendo" de la corrupción, impiden el debate parlamentario sobre la disolución del Ayuntamiento de Estepona.

Publicado en jueves, julio 10, 2008

UN PASO MÁS PARA EVITAR LAS ELECCIONES LIBRES

El PSOE votó en contra de la proposición del PP para instar al Gobierno a tramitar la disolución del Ayuntamiento de Estepona, durante el pleno celebrado el miércoles en el Parlamento andaluz. Los socialistas ni siquiera contemplan convocar elecciones libres y democráticas ante la gravedad de la situación, porque temen que el PP gane por mayoría absoluta, al igual que ocurrió en Marbella.

• El PSOE prepara su estrategia para seguir al frente de la alcaldía de Estepona
• Al descubierto el gran engaño de Chaves como máximo responsable de la degeneración urbanística
• Nombran como nuevo concejal en Estepona a un socialista amigo de Barrientos

L D (Pedro de Tena) El miércoles en el Parlamento andaluz, el PP pidió en la Diputación Permanente que se debatiera en un pleno extraordinario una proposición no de ley que aprobase instar al gobierno de la Nación a tramitar el expediente de disolución del Ayuntamiento de Estepona, minado, como ya se sabe, por la corrupción.

El PSOE votó en contra e Izquierda Unida se abstuvo. Es un paso más en las maniobras del PSOE para favorecer que sea elegido un nuevo alcalde socialista en dicha localidad. que aprovechó la reunión para acusar de corrupción al PP a pesar de que es el alcalde y los concejales socialistas los que están imputados en Estepona.

Hace unos días el PSOE había impedido asimismo que Manuel Chaves compareciera en una sesión extraordinaria del Parlamento para analizar la situación de crisis económica y crecimiento del desempleo en Andalucía.

Como es habitual, el PSOE usó en su propio beneficio las normas parlamentarias. Tanto PP como IU mostraron a la presidenta de la Cámara, Fuensanta Coves, su malestar por no poder contar con un segundo turno para replicar las tesis de los socialistas para desestimar la celebración de este debate. Coves lo justificó en el reglamento.

Centrados en el caso de Estepona, el portavoz socialista, Manuel Gracia, señaló las diferencias que existen entre los casos de corrupción de Marbella y esta ciudad, y señaló que la Ley de Régimen Local, que regula la disolución, no recoge los supuestos que se dan en este municipio.

El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, justificó la disolución por el número de concejales imputados en el caso “Astapa” y acusó al PSOE de no querer adoptar esta iniciativa por tener un «pacto oculto» con estos ediles, algo que fue considerado insidioso por el PSOE.

Gracia dijo reconocer una contradicción en la que incurre, en su opinión, el presidente del PP-A, Javier Arenas, que se negó a disolver el Ayuntamiento de Marbella cuando era ministro de Administraciones Públicas para después reclamarla y acusar a la Junta de no controlar el urbanismo de la ciudad. Arenas reclamó a Coves intervenir por “alusiones personales”, a lo que accedió la presidenta tras un tira y afloja verbal, lo que motivó que también pidiera la palabra el coordinador de IUCA, Diego Valderas.

El líder del PP-A reconoció que estuvo de acuerdo con la Junta en no disolver en Marbella porque los informes de su ministerio coincidían con los de esta administración. Lo que no fue óbice para que Arenas afirmara que “nunca he alabado los controles urbanísticos de la Junta”, mientras acusó al PSOE de “alargar” la situación en Marbella para, a través de una gestora, tratar de ganar las elecciones.

Gracia declinó intervenir porque “tienen muy poca vergüenza” en referencia al PP, mientras que Arenas lo conminó a retirar el “insulto”. La situación provocó que Coves la calificara de “escándalo impropio”.

Al final, el portavoz socialista retiró sus palabras.

Hay que recordar que, ante la investigación policial y judicial que ha descubierto parte de la tostá en la que el PSOE está metido hasta el tuétano, como pasaba en Marbella, la obsesión del aparato socialista es ahora no perder el control institucional del Ayuntamiento para tener, al menos, un elemento de poder bajo su mando. Para ello, el PSOE está recurriendo a todo, incluso prometer no se sabe qué a los concejales expulsados para conservar su voto. La pregunta es por qué el PSOE, en lugar de promover la disolución del Ayuntamiento y la convocatoria de elecciones libres, se aferra a este tenebroso y oscuro proceso del que no podrá salir bien parado en ningún caso.

Decía ayer El Mundo que la actitud del PSOE se resume en que sus ediles y cargos locales están tratando de alcanzar un acuerdo verbal con los que hasta hace semanas eran sus compañeros de partido, y hoy imputados, para consensuar un nuevo alcalde socialista, que sustituirá al encarcelado Antonio Barrientos el próximo 15 de julio, fecha de celebración del pleno. Un pleno que va a suponer, ya estamos seguros, un escándalo político con pocos precedentes…

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Bustinduy impide la investigación parlamentaria de Estepona

martes, julio 22, 2008 at 23:59

La ex líder del PSOE de Málaga impide la investigación parlamentaria de Estepona. Todo un esperpento que una diputada que, según los delatores de Astapa, conocía los hechos sea en quien recaiga la decisión de investigar.

¿ORDEN DE CHAVES?

Esperanza Oña, portavoz parlamentaria del PP en el Parlamento andaluz, ha denunciado que la ex secretaria general del PSOE de Málaga, Marisa Bustinduy, amiga y amparadora del ex alcalde socialista Antonio Barrientos, imputado en el caso Estepona, utiliza su cargo de miembro de la Mesa del Parlamento andaluz para impedir sistemáticamente cualquier iniciativa dirigida a que se investigue el caso de corrupción detectado en Estepona. No se sabe si Marisa Bustinduy hace tal cosa por iniciativa propia y al margen del PSOE o si, por el contrario, actúa según las órdenes emanadas del propio Manuel Chaves...

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La Policía no descarta interrogar a altos cargos del PSOE sobre la trama de Estepona. Una hija de Bono para concejal

Publicado en sábado, julio 5, 2008

J.M.CAMACHO. MÁLAGA

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, cuyo partido celebra este fin de semana su congreso federal, tiene serios motivos para estar preocupado por la situación de Estepona. Los investigadores del caso «Astapa», que están revisando los expedientes aludidos en las grabaciones, no descartan interrogar a nuevos concejales y altos cargos del PSOE sobre la financiación irregular de la trama de Estepona, según señalaron a ABC fuentes de toda solvencia.

Las fuentes consultadas coinciden en que el escándalo de Estepona va a deparar aún mas sorpresas. La semana que viene puede ser clave para concluir esta primera fase de la trama de corrupción urbanística e institucional, ya que la juez que investiga el caso tomará declaraciones a políticos, técnicos y empresarios de la zona. Al parecer, algunos de los detenidos han colaborado con la Policía y el juez y han aportado datos claves.

La Policía tuvo conocimiento, a través de varias denuncias, en concreto de dos concejales socialistas en el Ayuntamiento esteponero, de que la dirección provincial, que preside Marisa Bustinduy, fue informada antes de las pasadas elecciones de las irregularidades destapadas ahora por el Juzgado.

Bustinduy, quien siempre ha sido muy fiel al presidente de la Diputación, Salvador Pendón, y al presidente andaluz, Manuel Chaves, ha intentado, sin éxito, tapar la crisis de Estepona, junto a miembros de su Ejecutiva y otros cargos orgánicos e institucionales del partido. Además, según militantes del PSOE, la dirección malagueña no es la primera vez que mira hacia otro lado y hace oídos sordos a denuncias sobre irregularidades urbanísticas en otros municipios de la provincia.

Este sentido, recordaron que el secretario de Organización, Francisco Fernández España, los militantes y ex concejales de Nerja Miguel Galvez y María Valera y el gerente del Patronato de la Cueva de Nerja, Angel Ramírez, se han visto salpicados por irregularidades urbanísticas. «A los que denunciamos la corruptela nos amenazan con abrirnos expedientes o expulsarnos del partido», apuntaron algunos militantes socialistas, quienes pidieron permanecer en el anonimato.

Las mismas fuentes solicitaron a Zapatero que «depure responsabilidades políticas y no admita ningún comportamiento irregular en el partido, cuyo lema desde hace mas de cien años es la honradez». También denunciaron que el PSOE de Málaga está siendo sectario con algunos medios de comunicación que están destapando el escándalo y poniendo en aprietos a miembros de la Ejecutiva Provincial.

Según la juez, detrás de este caso existe una financiación irregular de partidos, cuyo alcance ahora es difícil de prever. No obstante, se sabe que la juez ha bloqueado numerosas cuentas a los implicados en la red de Estepona, que oculta una fortuna de centenares de millones en mas de medio centenar de empresas.

Socialistas preocupados

Algunos militantes exigieron al secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, y al presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, que afronten la crisis de Málaga «de manera inmediata». «Estamos muy preocupados por las consecuencias que puede tener la operación policial de Estepona», subrayaron…

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La dirección del PSOE conocía las supuestas irregularidades del ex-alcalde

Publicado en 19.06.2008

Dos ediles socialistas en Estepona presentaron a la plana mayor de la Ejecutiva documentación sobre presuntas anomalías en la gestión municipal · En los encuentros estuvo presente Marisa Bustinduy.

Diario MálagaHoy

Algunas de las presuntas irregularidades que podrían haber justificado la intervención policial y judicial en el municipio de Estepona, en el marco de la operación Astapa, que implican al alcalde del municipio, el socialista Antonio Barrientos, eran conocidas por la Ejecutiva provincial del PSOE. Así lo certificaron a este periódico fuentes de la dirección provincial de esta formación, que informaron de la celebración de varios encuentros durante el pasado mandato en los que dos de los concejales de este partido en el Consistorio presentaron ante Bustinduy y otros miembros de la Ejecutiva diversa documentación en la que se ponía de relieve las supuestas anomalías cometidas por el regidor. Ante estos hechos, la reacción fue nula.

Las fuentes consultadas explicaron que los dos ediles que dieron el paso adelante para poner en conocimiento de los responsables de la organización todo lo que estaba ocurriendo en el equipo de gobierno fueron David Valadez, entonces portavoz socialista, y Cristina Alarcón. Ambos acudieron a esos encuentros con numerosos datos relativos a la firma de convenios urbanísticos, personal, contratos de las empresas municipales y la presunta contratación irregular de obras, entre otros asuntos.

¿Qué medidas adoptó la cúpula directiva del PSOE? Ninguna. Las fuentes consultadas fueron claras en este sentido: "La respuesta fue de mutismo". "Lo que se dijo, más o menos, es que no cabía la posibilidad de levantar la liebre porque las expectativas eran muy buenas en Estepona. Esa ha sido la posición de la Ejecutiva durante estos cuatro años", sentenciaron. Y todo ello en la víspera de unos comicios en los que los socialistas lograron once ediles y se mantuvieron al frente de la Alcaldía.

Toda la documentación antes mencionada fue expuesta tanto por Valadez como por Alarcón ante la plana mayor del PSOE malagueño, con Bustinduy al frente. Ella, según apuntaron las fuentes, estuvo acompañada en alguna de estas citas por el presidente de la formación, Juan Paniagua; el secretario de Organización, Francisco Fernández España, y el máximo responsable de Política Municipal, Luis Reina, entre otros. Incluso, se da la circunstancia de que en una de estas reuniones también participaron el alcalde y varios de los ediles ahora detenidos, así como numerosos miembros de la dirección local.

Este periódico trató de conocer la opinión de Bustinduy respecto a esta información, aunque no fue posible. No obstante, en algunas conversaciones privadas mantenidas por la secretaria general del PSOE y relacionadas con la labor de Barrientos, ésta habría aludido a la inexistencia de pruebas que permitiesen actuar en su contra. Una afirmación que, a tenor por los datos conocidos ahora, queda invalidada.

A pesar de las numerosas polémicas urbanísticas en las que ha estado implicado el regidor socialista, quien en numerosas ocasiones se ha enfrentado a la Junta de Andalucía, la dirección provincial siempre ha salido en su defensa. La propia Bustinduy calificó de "magnífica" su gestión en noviembre de 2006 y llegó a manifestar: "Lo que ocurre es que cualquier movimiento en materia de urbanismo, fundamentalmente en Estepona, provoca mucha expectación". Nunca más ajustado a la realidad tras lo sucedido el pasado lunes.

Tampoco fue posible contactar con Fernández España. Por el contrario, quien sí dio su punto de vista acerca de esta información fue el presidente de los socialistas malagueños, Juan Paniagua, quien negó haber tenido conocimiento de las denuncias presentadas por los dos ediles de Estepona y de que se presentasen los documentos antes mencionados en alguna reunión a la que él hubiese asistido. "Pero el criterio es que si alguien ve algo anómalo de algún compañero, pruebas en lo alto de la mesa y al juzgado", dijo. Paniagua sí admitió la celebración de encuentros a nivel interno con el fin de aclarar la situación que se vivía en el partido de Estepona, debido al enfrentamiento abierto entre Barrientos y Valadez...

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Comisión por omisión. El conocimiento de estos hechos por altos cargos socialistas, les podría convertir en cómplices de comisión por omisión

Publicado en jueves, julio 3, 2008

DOCTRINA DEL TRIBUNAL SUPREMO EN TORNO A LOS DELITOS DE COMISIÓN POR OMISIÓN.

Artículo 10.
Son delitos o faltas las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la Ley.
Artículo 11.
Los delitos o faltas que consistan en la producción de un resultado sólo se entenderán cometidos por omisión cuando la no evitación del mismo, al infringir un especial deber jurídico del autor, equivalga, según el sentido del texto de la Ley, a su causación. A tal efecto se equiparará la omisión a la acción:

1. Cuando exista una específica obligación legal o contractual de actuar.
2. Cuando el omitente haya creado una ocasión de riesgo para el bien jurídicamente protegido mediante una acción u omisión precedente.”

ATC

Los indicios del juez Torres, primer instructor de la Operación Malaya, apuntando, como mínimo, responsabilidad civil a la Junta de Andalucía, al ostentar todas las competencias en Urbanismo y negándole la posibilidad de personarse en el caso como perjudicado, hubiesen estado avalados en pruebas si, por aquel entonces, la Policía hubiese dispuesto de grabaciones y declaraciones de los confidentes, que se filtraron, durante los primeros días de la operación Astapa, asegurando y dejando de manifiesto que altos cargos de la Ejecutiva Regional del PSOE de Sevilla, estaban al tanto de las denuncias de estos denunciantes sobre la presunta corrupción en el Ayuntamiento. Al igual que, como ella misma ha reconocido, Marisa Bustinduy, alto cargo provincial del PSOE, también tuvo conocimientos de las denuncias pero le restó importancia a las mismas al no ver delito en ellas. Recordemos que este cargo socialista siempre avaló públicamente la gestión de Barrientos.
El Código Penal del año 95, incorpora por primera vez de una forma nítida el delito de comisión por omisión, en sus artículos: 10 y 11. Hasta entonces muchas de estas imputaciones habían desembocado en problemas en relación al principio de legalidad. Pero desde ese año, existen muchas sentencias del Supremo sobre estos delitos, basados en el nuevo código, si bien casi ninguna, al menos en el vínculo posterior que hemos adjuntado, están referidas al ámbito público.
En el caso que nos ocupa, en el cual se habla de la comisión de varios delitos por parte de los imputados, 4 ó 5 en la mayoría de los casos; la omisión, a la espera de hacerse público todo el sumario y el desarrollo por fechas de los delitos que se imputan así como el grado de participación de los mismos, podría suponer la complicidad de quienes pudieron tener conocimiento y no tomaron las medidas para evitarlo. Aunque esta complicidad sería rebajada en caso de que el resultado del delito ya se hubiera cometido antes de tener ellos conocimiento.
Mientras esperamos todos esos datos que seguramente aparecerán en semanas sucesivas, para resumir podemos decir que, efectivamente, el hecho de conocer la posible perpetración de un delito no nos hace cómplices. Para ser cómplices por omisión el sujeto debe tener la potestad, por su cargo, etc; de haber podido evitarlo o de poder haber puesto los medios para que no se consumara el delito.

Por tanto si la Policía estuviere ahora investigando delitos cometidos tras haber tenido conocimiento de las irregularidades altos cargos del PSOE, podríamos hablar de la lógica aplicación de estos artículos del Código Penal. Suponemos, pues, que al no existir ningún alto cargo provincial o regional citado a declarar, en principio, la Policía habría descartado su complicidad. En fin, estaremos a la espera de acontecimientos…

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Galeote acusa a David Valadez de presuntas irregularidades en la gestión de Personal

El edil del PP asegura que el mantuvo a trabajadores sin contrato ni alta en Seguridad Social en Bienestar Social

El concejal del Partido Popular, Ricardo Galeote, hizo unas duras declaraciones en el trascurso del programa "El Debate", que se emite en Estival Televisión, aludiendo a presuntas irregularidades cometidas por el actual alcalde, David Valadez, durante su gestión como concejal delegado de Personal y Bienestar Social.

Galeote denunció que una sentencia del TSJA, referida a un recurso presentado por la Subdelegación del Gobierno relativa a las productividades que percibían algunos trabajadores del Ayuntamiento de Estepona, llegó al Ayuntamiento en el año 2004, fue notificada a Valadez y ésta permaneció "enterrada" suponiendo unas pérdidas para el Ayuntamiento de Estepona de 1,8 millones de euros.

Pero Ricardo Galeote llevaba más documentación y habló de contrataciones, incluso de personas que habían estado trabajando en el Ayuntamiento, en la delegación de Bienestar Social en el tiempo que Valadez era concejal delegado, sin contrato y sin estar dados de alta en Seguridad Social.

Mientras que Galeote aseguraba que pondrá toda la documentación en manos de la asesoría jurídica del PP por si hubiese indicios de delito, el alcalde declinaba hacer ningún tipo de comentario al respecto...//

ATC

En otro orden de cosas hoy comienzan las declaraciones ante la jueza de las 17 personas delatadas por Valadez un mes después de la toma judicial de la alcaldía de Estepona con el nombramiento del delator de Astapa como alcalde.

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El Ayuntamiento de Casares y su media memoria histórica

ATC
En un pleno presidido por el alcalde casareño Juan Sánchez de IU, que antes era cargo a dedo en una dependencia de Diputación por sus pactos con el PSOE, se rindió homenaje, en un acto de "reconcialiación", el 15 de Enero de 2005 a través de "un pleno especial para dar un reconocimiento moral a sus 44 vecinos fusilados en 1937 y que aún permanecen enterrados en fosas comunes ubicadas en la localidad"; según recogía la prensa, suponemos que reflejando fielmente el objeto de tal acto.

Como era natural depués se pronunciarían las palabras cargadas de ira, en el fondo, de siempre:
Así, según se hizo eco la prensa del régimen: " el pleno municipal aprobó por unanimidad «hacer un reconocimiento ético, político y social a todas aquellas personas que lucharon contra el franquismo y que fueron víctimas de la represión de una u otra manera». También se dio luz verde a la colocación de dos monumentos en las dos fosas comunes que hay en el municipio en el que recen los nombres de todos los que allí yacen enterrados. En la moción aprobada, también se recoge la intención municipal de apoyar todos los estudios historiográficos sobre la recuperación de la memoria histórica casareña y todas las iniciativas de las familias de los afectados «evitando en todo caso, que sirva para reavivar viejas heridas o remover el rescoldo de la confrontación civil», explicó el alcalde."

Se hacía eco así el Ayuntamiento y mostraba su apoyo al estudio llevado a cabo por un particular, Benito Trujillano, Inspector de Sanidad de la Junta sobre los inicios del conflicto en Casares porque su abuelo había sido ejecutado por los nacionalistas, se supone en los inicios de la Guerra Civil. En su estudio destaca que: "En Casares murieron fusiladas 44 personas en 1937, 13 mujeres y 21 hombres." Pero en el homenaje se ignora la cifra de 36 casareños que, antes de la conquista de la localidad por las tropas nacionalistas, a mediados de octubre de 1936, los republicanos los ejecutaron y repartieron por la carretera de camino hacia Málaga y que menciona, pero a modo de anécdota no como hecho doloso y el mismo pleno lo ignora intencionadamente, el autor de dicho estudio. Sólo la propia redactora de la noticia hacía una pequeña reseña de pasada, al final de la misma, a dicho dato irrelevante. Ahora eso sí se trataba de un pleno para la "reconciliación". Pero ¿qué reconciliación...?

Por supuesto nada se dijo en el acto de los santos e iglesias quemados y despeñados muy cerca, precisamente, de donde están las fosas con esos 44 fusilados, así como de la persecución de los curas, durante los cinco años que duró la II República y cuyos acontecimientos también ocurrieron en Casares. Tampoco dice, por supuesto, que el abandono de la República a la provincia de Málaga y el bolcheviquismo del Frente Popular anarco-comunista que gobernaba en la provincia, propiciaron gran parte de los sucesos ocurridos en toda la provincia malagueña. Valga un dato en este sentido: desde el 6 de Agosto del 36 se iniciaron los combates en Guadiaro cuyo objetivo, por parte de los nacionalistas, era el de cercar a la provincia. Casares, Estepona y Manilva formaban parte de un sector del frente malagueño que pronto, en octubre del 36 -ya conquistadas Casares y Manilva, se extendió como un abanico desde el oeste hasta el este de la provincia por el norte de la misma. Mientras tanto, la República no declaró el estado de guerra en todo el territorio malagueño hasta el 11 de enero de 1937.

Pero es que además, si nos atenemos a los datos recabados por el autor de dicha investigación veremos, pués, que los 36 asesinados por los republicanos, lo fueron durante los tres meses que transcurrieron desde el inicio del conflicto (18 de Julio, 1936) hasta la propia toma de la localidad (principios de Octubre, 1936). Sin embargo, en proporción, los asesinados por el golpe militar en el pueblo durante la guerra y la represión fue de 44, o sea ocho más, pero mucho menor que las que provocaron los "rojos", casi la misma cifra sólo en tres meses, proporcionalmente hablando...

Continuará

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Julián Muñoz obtiene el tercer grado penitenciario

SU SALIDA DE PRISIÓN NO SERÁ INMEDIATA

Tal y como llevaba exigiendo desde hace meses, el ex alcalde de Marbella, Julián Muñoz, ha obtenido el tercer grado penitenciario. Su salida, no obstante, no será inmediata. La medida fue acordada el pasado viernes. Muñoz está en prisión desde julio de 2006 por el "caso Malaya" y ahora cumplía pena por causas urbanísticas por las que fue condenado posteriormente.

• La ex alcaldesa de Marbella paga 940.000 euros para evitar la subasta de su casa

• El juez Javier de Urquía condenado a dos años por aceptar un soborno de Roca

• El "arrepentido" Roca cambia con la Fiscalía nombres y cifras por años de condena

L D (EFE) La Dirección General de Instituciones Penitenciarias ha aprobado la concesión del tercer grado al ex alcalde de Marbella Julián Muñoz, aunque su salida de la prisión de Alhaurín de la Torre (Málaga) no será inmediata, han señalado a Efe fuentes del entorno del ex regidor.

La medida fue acordada por Instituciones Penitenciarias el pasado viernes, dos meses después de que la Junta de Tratamiento de la prisión malagueña aprobara elevar la propuesta para la nueva clasificación de Muñoz, pero la notificación formal deberá recibirse por correo ordinario, han apuntado a Efe fuentes penitenciarias.

De esta forma, el ex alcalde, que está en la cárcel desde julio de 2006, deberá permanecer en el centro penitenciario como mínimo hasta mediados de la próxima semana, informa este domingo "La Opinión de Málaga".

La nueva clasificación permitiría al ex alcalde dormir todos los fines de semana en su domicilio y únicamente debería pernoctar en la sección abierta ubicada en la antigua prisión de Málaga de domingo a jueves.

Muñoz ingresó en prisión preventiva en julio de 2006 por el "caso Malaya" contra la corrupción municipal e inmobiliaria, aunque en la actualidad cumple pena por tres causas urbanísticas por las que fue condenado posteriormente...


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COSAS DE LA EDAD

Pubicado en Estepona Información

Hay varias clases de políticos. Los buenos, los malos, los mediopensionistas, los anodinos, los asustadizos, los eficaces, los ineficaces, los preparados, los átonos, los buenos gestores, los valientes y, entre otros muchos más, los cobardes. Esos son los que, de momento y me temo que para tres años más, nos han tocado. Un político cobarde no tiene porqué ser un ciudadano cobarde. En su vida privada puede ser un “echao palante” pero a la hora de gestionar lo público se echa en manos de los técnicos, que no se presentan a las elecciones y por tanto carecen de legitimidad popular, y se amparan en el dictamen de estos para paralizar una ciudad. Lamentablemente, ese es nuestro caso. Llevamos varios años en que políticos que no ocupan un puesto de salida en las listas, se ven obligados a dar el paso adelante como consecuencia de diversos sucesos, sin tener capacidad ni valentía para hacerlo. Ayer, esta casa convocaba un debate de vital importancia para el futuro de la plantilla municipal. No porque fuera en esta casa, no hay otra que se atreva, sino porque los trabajadores y el resto de los ciudadanos de Estepona probablemente estuvieran interesados en saber la opinión de quienes tienen en sus manos el destino de nuestra ciudad. Una vez más, la callada por respuesta.

Y no será porque lo que se debatió no tuviera importancia. Desde las acusaciones del Concejal del Partido Popular, Ricardo Galeote, quién parece haberse dado cuenta de la inexistencia de oposición hasta el momento, hasta la constatación de que la aparición de grupos independientes de medio pelo, no es sino la búsqueda de un espacio a la sombra del PSOE para coger un sueldo para sí y sus acólitos, excepción hecha, todo hay que decirlo, del habitual compañero de página. Galeote tomó una decisión compleja. Utilizar documentación que llevaba tiempo en los mentideros para dar un salto adelante. El tiempo dirá si ha sido consciente del alcance de su decisión. A partir de ayer, de su denuncia, solo queda el juzgado y, consiguientemente, la posible demostración de sus acusaciones tendrá un elevado coste político en quienes, a fecha de hoy, tienen todavía la responsabilidad del gobierno.

Les hablaba semanas atrás de la falta de liderazgo. De un gobierno, antes lo he repetido, incapaz de tomar decisiones. Anteayer, jueves, la misma tarde del debate, se celebraba la comisión paritaria que debía aprobar la modificación de las bases para la convocatoria de tres plazas en las Delegaciones de Urbanismo e Infraestructuras. Los sindicatos se opusieron, es su papel acostumbrado, con el argumento de que, o los quinientos, o ninguno. Poco importaba que fueran plazas de técnicos imprescindibles para el normal funcionamiento de esas Delegaciones...


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Un inocente entre rejas

La fiscalía pedía séis años de cárcel

La policía lo detuvo en Tarifa al descubrir un inmigrante en su remolque. Después de permanecer 25 días en un penal de alta seguridad, David Sobredo ha sido absuelto. Ahora pide justicia

M. J. CRUZADO

EN LIBERTAD. David estudia reclamar los días que estuvo en prisión provisional. / JOSELE-LANZA

A las 16.20 horas del 17 de marzo David Sobredo dejó de ser un empleado modelo, un hijo ejemplar y un joven entregado a las causas humanitarias para convertirse en carne de presidio. Concretamente del penal de alta seguridad de Botafuegos (Cádiz). De allí salió 25 días más tarde pagando una fianza de 4.000 euros y acusado de traficar ilegalmente con personas. Siete meses de pesadilla después la Audiencia Provincial de Cádiz lo ha absuelto de un delito por el que la Fiscalía pidió, hasta el último momento, una pena de seis años de prisión. Ahora es libre, pero ¿cómo olvidar tres semanas en una de las peores cárceles de España?

Ese 17 de marzo el marroquí Mourad C. se coló en su remolque en un momento de descuido cuando David viajaba por Tánger como guía turístico para una empresa de San Pedro, 'Discovery Moto Tours'. No es la primera vez que lo hacía. En ocasiones anteriores Mourad había intentado cruzar la frontera, pero ese día tuvo más suerte. David y el resto de los miembros de la excursión organizada pararon en una gasolinera de Kenitra (Marruecos) para tomar café.

Según el fallo judicial, Mourad pudo aprovechar ese momento para introducirse en el remolque donde David transportaba el equipaje de los pasajeros. Ya de camino a España unos motoristas le hicieron señales para que cerrara la puerta del remolque. Se bajó, echó la llave y no volvió a abrirla hasta el puerto de Tarifa por orden de la Policía Nacional. Fue entonces cuando los agentes descubrieron al ciudadano marroquí oculto en el fondo del vehículo.

A pesar de la declaración de los numerosos clientes y compañeros de profesión que lo acompañaban y de la propia confesión exculpatoria de Mourad, David fue detenido y tres días más tarde encarcelado hasta que su abogado consiguió que la jueza decretara una fianza.

Durante estos meses ha pesado sobre él como una espada de Damocles los seis años de prisión que pedía el fiscal. Solicitaba además que fuera inhabilitado para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo que durara la condena y que asumiera las costas del juicio. Una jueza decidió que había suficientes pruebas para considerar su peligrosidad y el riesgo de fuga así que dictó su ingreso en una cárcel de alta seguridad: Botafuegos.

La vida en prisión

«No hay justicia. Lo que me ha pasado a mí le puede pasar a cualquiera», asegura David. «Lo peor de todo -dice- es la impotencia y la rabia que te queda. La cárcel te humilla y te anula como persona. No hay vuelta atrás. Los primeros días fueron los peores. Fue un infierno», recuerda.

La sentencia ya es firme. Así que David sopesa ahora reclamar por el tiempo que estuvo en prisión. «No lo hago por dinero. No hay dinero que compense estar en prisión. Me gustaría que los que me ingresaron allí, sin tener antecedentes penales y sin pruebas, reconozcan que metieron la pata, pero eso será casi imposible. Para recuperar ahora 3.000 euros de indemnización tendré que gastarme 18.000 en abogados. Así es el sistema»...


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Debatir no es crispar

Editorial Estepona Información

Es la historia de siempre, cambian los protagonistas pero el resultado, pasadas unas semanas, suele ser el mismo. Desde la segunda fila, o desde la Oposición, las cosas se ven de manera distinta a cuando se toca poder. Es en el momento del cambio de situación cuando se suele producir una metamorfosis, difícilmente explicable, por la que todo molesta, no se quiere ningún ruido, nada de contrastar ideas de las manera más civilizada, con la palabra y el contraste de opiniones, mediante el debate.
Al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Estepona ya le ha entrado el síndrome del silencio, ese por el cual cualquier voz disonante con sus maneras o actuaciones se califica, automáticamente, como crispante y donde lo único a lo que se aspira es a la mesura mal entendida, la gubernamental, la del silencio o, en su defecto, la fanfarria para mayor gloria del que gobierna.
Y ese es el plan, el primero, que se han trazado las altas instancias del gobierno local. Nada de enfrentamientos verbales, nada de debatir, sólo opiniones unipersonales sin posibilidad de réplica, una táctica tan vieja como, muestras hay de ello, poco productiva si se habla en términos de de rentabilidad política. El silencio, dar la espalda al debate, puede tener muchas lecturas, entre ellas la que quiere trasmitir el ejecutivo local, la de la calma, pero también se puede interpretar como un rehusar por no saber qué decir, tener miedo a que alguien pueda sacar los colores, incapacidad, ... y todas ellas podrían ser igualmente válidas.
Que asuntos como los impuestos o las posibles medidas a adoptar en materia de Personal, merecen que alguien salga a la palestra y pueda dar explicaciones y, sin miedo a las palabras o a las ideas, debatir. Flaco favor se está haciendo el equipo de Gobierno con esa táctica del avestruz mal entendida porque se corre el riesgo de que los ciudadanos lleguen a creer que, como apuntan algunos analistas, no tienen ningún plan y sólo el dejar pasar el tiempo es la estrategia.
Cierto que, por desgracia para unos y fortuna para ellos, los debates sin apriorismos a los que se han acostumbrado los ciudadanos de Estepona están llamados a desaparecer, cosas de la Junta, y puede que lleguen otros, seguramente más aterciopelados, sin tanta ‘crispación’, donde el que mande sea siempre el que controle...


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El proyecto de la Ciudad del Conocimiento se adjudicó de forma directa sin concurso "restringido"

El propio juez de primera instancia sería uno de los administradores, según la testadora, esta circunstancia fue modificada en 2006. Manuel Toharia se embolsaría, según se dijo en 2007, 400.000 mil euros por la redacción del anteproyecto. El proyecto fue adjudicado a una empresa de Granada, el estudio de arquitectos Jiménez Brasa, de forma directa, no por concurso, como se afirma en la página del estudio granadino; según informó el Periódico de Estepona en 2007. En dicha información se hablaba de que las obras comenzarían en 2009.

ATC

Según se indica en la propia web de la Fundación, por parte de “La Consejería de Educación Ciencia de la Junta de Andalucía de fecha 10 de Octubre de 1.997, se reconoció el interés público de los objetivos de la “Fundación Antonia Guerrero Díaz” y se acordó su inscripción en el Registro de Fundaciones Docentes Privadas.” Se trata por tanto de una Fundación privada, que, según sus estatutos y la propia Ley, está bajo el protectorado de dicha consejería.
Esta circunstancia no deja de sorprendernos puesto que el alcalde del pueblo es su Presidente y, como verán, se produce pues, una serie de intereses encontrados que pudieran desvirtuar su carácter privado y que de hecho desvirtúan, como intetaremos explicar aquí.

¿Cómo es posible darle carácter privado a una Fundación cuyo presidente es el propio alcalde de la localidad y sobre el que, además, recaen las principales responsabilidades de la misma? ¿Cuyos principales miembros son tres, entre ellos el alcalde y un funcionario que además tendrá que ser femenino (una maestra pública) no puede ser un maestro y además una señora, no puede ser un señor (discrimnación de género)?, según sus propios estatutos.

Artículo 14. Reglas para la designación y sustitución de sus miembros.
"La designación de los miembros integrantes se hará en cumplimiento de la voluntad testamentaria de la fundadora y serán: El Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Estepona. La Sra. Maestra Nacional en activo más antigua de Estepona, si está en pleno goce de sus derechos civiles. Una señora designada por la anterior que esté en pleno goce de sus derechos civiles."

La clave está en que la propia ley lo permite, permite que un cargo publico sea, curiosamente el presidente de una Fundación privada. Y, claro, cuando los objetivos de una Fundación pasan, como es el caso´, por el urbanismo para conseguirlos, algo no encaja.

Por ejemplo, Barrientos llevó a cabo, siendo alcalde y, por tanto Presidente de la Fundación, un mínimo de tres operaciones con una clara finalidad urbanística, al amparo del interés público que, en teoría tiene dicho organismo. Sin embargo no olvidemos que la Fundación tiene carácter privado. Su patrimonio en estos momentos, según su propia web, consta de 17 viviendas y 14 plazas de aparcamiento resultantes de una permuta con PRASA de los terrenos de El Ángel que supusieron más de séis millones de euros para la Fundación, otros 8.021.345 euros, más IVA, resultantes de la "futura" reparcelación y subasta de dos parcelas de los Sectores SUP-R7.3 “Camino de la Cala” y SUP-R7.4 “Vereda de los Frailes” de Estepona, además y por último es propietaria de dos parcelas de terreno sitas en el Sector SUP-R1 "Saladavieja", cuya superficie apróximada es de unos 312.000 metros cuadrados, lo que representa el 75,29 % de la superficie total del Sector. Cómo se puede apreciar todas las operaciones estaban sujetas a "futuros" convenios urbanísticos; enfocados, segun la Fundación, a la consecución de la construcción de la Ciudad del Conocimiento que se anunció su inicio para comienzos de 2009 y ahora se anuncia el retraso de un año, hasta principios de 2010.

Tras la operación político-judicial indecente Valadez es el nuevo alcalde y, por tanto, el nuevo Presidente de la Fundación. Para entonces, tras el arresto de Barrientos, una de sus patronas había dimitido de su cargo ¿asustada?. Pero Valadez se encargó, en su blog, de escribirle una elegía, alabando las virtudes de la dimisionaria sobre la gestión del patrimono de la Fundación; en la cual omite referirse a Barrientos. Esto no deja de ser llamativo, pues fue curiosamente durante los cinco años de presidencia de éste, cuando se llevaron a cabo las principales medidas económicas que Valadez atribuye a la dimisionaria. Concretamente el proyecto de Ciudad del Conocimiento, en el cual se han focalizado al final los deseos de la testamentaria y los objetivos de la Fundación, fue gestado desde el principio por Barrientos. Tal es el odio manifiesto de Valadez hacia su antiguo compañero de partido.

Tenemos pues una disyuntiva. Una Fundación privada, con un proyecto supuestamente de interés público y que, para llevarlo a cabo, se está planificando urbanísticamente desde el Ayuntamiento la recalificación de sus terrenos. No se llama a esto trato de favor.

Pero llama aún más la atención que, de esos 312.000 metros de Saladavieja, sólo unos 13.000 se utilizarán para la construcción de la Ciudad del Conocimiento. Esto significa que dichos terrenos, que antes eran rústicos pasan a ser urbanizables, y financiarán con la urbanización de 299.000 metros la construcción de dicho centro sobre sólo 13.000 metros de toda la zona y que costará cuarenta millones de euros, aunque el año pasado se habló de 50 millones. Si tenemos en cuenta que la Fundación , de la cual el Presidente actual es Valadez, dispone de 8 millones por un lado y otros 6 en inmuebles del acuerdo con PRASA, por otro, resulta que la Fundación necesita 26 millones de euros para alcanzar los fondos necesarios para su construcción, que oscilaría, según las fuentes, entre los 40 ó 50 millones de euros.

Continuará


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La Consejería, como Protectorado de la Fundación Antonia Guerrero, autorizó un negocio de permuta de suelo con PRASA séis meses después

Publicado en Viernes, septiembre 5, 2008

Se permutaron los terrenos de la Herencia de “El Angel” por un total de 17 viviendas y 14 plazas de aparcamiento.

ATC

Según publica la propia página web de la Fundación Antonia Guerrero, la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía aprobó séis meses después de firmarse el acuerdo de permuta con PRASA. Desconocemos si previamente se había realizado algún concurso. Incluso tal vez pueda ser legal un acuerdo directo con una empresa particular sin mediar ningún tipo de requerimiento exigido a empresas púbicas, pero el hecho de que el propio alcalde, una persona pública, sea su Presidente, levanta muchas dudas sobre sus actuaciones. Así se refiere a este convenio la propia fundación:

"El 16 de abril de 2.003, La Fundación Antonia Guerrero y la entidad Grupo P.R.A. S.A. suscribieron un contrato de permuta de suelo por obra futura sobre una parcela sita en la UEN-R31 El Ángel de Estepona propiedad de la Fundación.

En virtud del referido contrato, la Fundación recibirá un conjunto de apartamentos-viviendas con plazas de aparcamiento en primera línea de playa, con una superficie total construida de 1664,83 metros cuadrados de techo, lo que supone el 45 por ciento del provechamiento urbanístico susceptible de apropiación que correspondería la parcela permutada.

Mediante Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía de fecha 25 de septiembre de 2.003, organismo que actúa como Protectorado de la Fundación Antonia Guerrero, se autorizó el negocio de permuta de suelo por obra futura celebrado.

El 21 de abril de 2.004 y ante el Notario de Estepona Don Ignacio Bayón Pedraza, La Fundación Antonia Guerrero y la entidad Grupo P.R.A. S.A. procedieron al otorgamiento de la escritura pública de permuta de suelo por obra futura sobre la parcela sita en la UEN-R31 “El Angel” de Estepona.

En virtud del negocio jurídico celebrado, la Fundación recibirá en el futuro, totalmente equipados y en condiciones de habitabilidad, un total de 17 viviendas y 14 plazas de aparcamiento.

Según la valoración efectuada por técnico independiente, el valor total de los referidos inmuebles ascendería a unos 6.492.837 euros."...

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Roca puede acabar en manos de abogados de oficio al no poder pagarles

Roca, ayer en la Audiencia Nacional por el caso «Saqueo». EFE

El juzgado volverá a tasar los cuadros de Roca al creer que Cultura no les ha dado el valor del mercado. Los cuadros son falsos o meras copias de no más de 3000 euros

J. M. C. MÁLAGA

Actualizado Sábado, 11-10-08 a las 08:18

El ex asesor de Urbanismo en el Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Roca, se sentó ayer en el banquillo por el caso «Saqueo» en la Audiencia Nacional defendido por un abogado de oficio y puede ser que también ocurra lo mismo en el caso “Malaya” y en otros 37 procedimientos judiciales que tiene abiertos en los tribunales por no pagar a sus letrados, ni a otros profesionales.

El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, Óscar Pérez, que instruye el caso «Malaya», rechazó ayer conceder una provisión de fondo de 800.000 euros para pagar los honorarios de la defensa del «cerebro» de la trama de corrupción municipal, Juan Antonio Roca, cuyo patrimonio está intervenido por esta causa judicial.

El magistrado considera que la renuncia de los profesionales que le asisten jurídicamente y que fueron designados una vez adoptadas las medidas cautelares, no le causan «ninguna indefensión por cuanto el Estado garantiza la debida asistencia de oficio a quienes carezcan de recursos».

El magistrado asegura que de accederse a la pretensión de que los honorarios sean abonados por las sociedades «supondría dar paso de nuevo a una confusión entre personalidades, la física del señor Roca y la jurídica de las sociedades de las que es partícipe a través de testaferros».

El patrimonio societario se está haciendo cargo de los honorarios del administrador judicial e interventores, «pero es que no podía ser de otra forma», señala el instructor, al precisar que se trata de personas «designadas para la gestión y administración diaria de las sociedades»...


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“El consejero Zarrías estuvo siempre informado de lo que ocurría en Marbella”

Entrevista a José Cosín: abogado y autor del libro “Mafia y Corrupción: El gilismo que no muere”. Publicado en El Mundo (sábado 16 de agosto de 2008).

Pulse sobre la foto para agrandarla y leer la entrevista











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Un funcionario pide al juzgado que investigue la concesión de una licencia por parte de Comercio, cuya titular era Cristina Rodríguez

Publicado en lunes, agosto 25, 2008 at 10:29

E.P.E.

Según relata en la denuncia presentada el pasado siete de agosto en el juzgado de guardia de Estepona el funcionario de la Policía Local, Lorenzo J. Ramet del Pino, a la que ha tenido acceso este periódico, los hechos se remontan a 2005, cuando el propietario deun bar, sito en la “Urbanización Lar” de Estepona, comenzó a construir una terraza sobre zona ajardinada común perteneciente a la comunidad de propietarios, sin licencia municipal, y sin permiso de la comunidad.

El funcionario afirma que demandó por estos hechos al propietario del citado bar, obteniendo sentencia, en julio de 2006, del Juzgado de Primera Instancia Número Uno de Estepona, que ordenaba al demandado a retirar la obra ejecutada y a la reposición a su estado primitivo de la zona ajardinada ocupada, para lo que el Juzgado le otorgaba el plazo de un mes.

Ordenes a los operarios

Pese a todo ello, el denunciante afirma que siete meses después de la sentencia judicial el que entonces fuera concejal delegado de Infraestructuras, Rafael Montesinos, cabeza de lista del Partido Andalucista, actualmente fuera del equipo de gobierno por su implicación en el “Caso Astapa” ordenó “a los operarios que estaban realizando la remodelación de las calles públicas de Estepona, para que terminasen la terraza”.

También refiere en su denuncia que “ese mismo día se personó la Policía Local para paralizar las obras, contestándole los operarios que se estaba terminando por orden del concejal Montesinos, por lo que los agentes en esta situación se vieron impotentes, abandonando el lugar”.

Además, asegura Lorenzo J.Ramet que Montesinos reconoció estos hechos en una televisión local argumentando que lo hizo porque entendía “que era un peligro para los niños”. Ramet asevera que no existía peligro alguno por estar la terraza acotada, en todo su perímetro, por una valla.

El denunciante acusa igualmente en su escrito de denuncia a la concejala socialista, Cristina Rodríguez, en su anterior etapa como concejala delegada de Comercio, de otorgar “licencia de ocupación para cinco mesas con sus respectivas sillas…cuando en ese margen de calle no existe acera pública, lo único que hay es la terraza ilegal y unos metros de jardín comunitario que sobró después de la obra”, dice en su escrito ante el Juzgado
Afirma también que desde marzo de 2001 hasta el 17 de julio de 2002 “estuvo abierto este bar sin licencia de apertura”, refiere que ello lo comunicó en repetidas ocasiones a la responsable de la Delegación de Comercio y a la Alcaldía “sin que estos actuaran en ningún momento”
Explica que posteriormente Cristina Rodríguez otorgó la licencia de apertura al propietario del del bar, “sin reunir los requisitos imprescindibles”, citando como argumentos, “la realización de valoración de los niveles de afección acústica, permiso de los vecinos colindantes, extracción de humos”.

Favoritismo

Estos hechos los refiere el denunciante dentro de lo que denomina el favoritismo del Ayuntamiento con el propietario del bar, a quien también denuncia en el mismo escrito, considerándolo, al igual que a Montesinos, autor de un presunto delito de tráfico de influencias.

El funcionario policial también relata en su denuncia que ya puso en conocimiento del Juzgado el tiempo en el que el bar “Los Molinos” estuvo abierto sin licencia de apertura, más de un año, y el hecho de que ésta licencia, supuestamente, se otorgara sin reunir el comercio los requisitos imprescindibles, hechos que fueron investigados por el juzgado de instrucción número dos de Estepona, declarando varios políticos en las diligencias abiertas al respecto por el Juzgado, y de las que tuvo que apartarse en su momento, según expresa literalmente: ” por la impotencia y dificultades que se me ponía a lo largo de la investigación”…

ATC
En la foto, Valadez y Cristina Rodríguez, dos de los tres chivatos medradores astaperos

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Podrian haberse producido rregularidades en el decreto de Valadez de cese a Zapallito

Publicado en viernes, agosto 29, 2008

Ricardo galeote señala que Valadez no informó a los propietarios del posible precinto del parking

El parking de Zapallito sigue dando que hablar en el municipio. Según el concejal popular, Ricardo Galeote, el alcalde habría cometido varias irregularidades a la hora de firmar el decreto por el que instaba a la propiedad a cesar en su actividad. “La primera es que antes de firmar un decreto, hay que escuchar a la otra parte; algo que no se hizo en su momento”, explica el edil, que añade: “En segundo lugar, hay otros afectados: Zapallito no es el propietario de todas las instalaciones, hay contratos con más de cien usuarios y también habría que comunicarles a ellos que se van a precintar las instalaciones”.

Así, Galeote entiende que el alcalde obró mal en este caso, adelantándose a los acontecimientos en lugar de esperar a aclarar la situación. Una actuación que según el edil ha generado también una importante alarma social y que, según indica el concejal del PP, “puede acarrear serias consecuencias jurídicas en un futuro inmediato”…//

ATC
Curiosamente tras esta noticia publicada hará dos meses y tras las denuncias que posteriormente interpuso la empresa contra el Ayuntamiento, Valadez le concedió la licencia

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Galeote siembra dudas sobre la gestión de David Valadez. Ocultó una sentencia del TSJA

Galeote siembra dudas sobre la gestión de David Valadez
El concejal del PP reprocha a Valadez que quiera evitar lo que él hizo con anterioridad. Valadez no contesta

Lino Ramos/Estepona

Ricardo Galeote, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Estepona, ha acusado al alcalde, David Valadez, de haber cometido presuntas irregularidades durante su gestión como delegado de Personal (entre junio de 2003 y junio de 2007) y al frente de la delegación de Bienestar Social en materia de contratación.
Las acusaciones se vertieron en el programa "El Debate" de Estival Televisión que, esta semana, trató sobre las políticas en materia de Personal del ayuntamiento esteponero. Galeote, a modo de introducción, recordó y criticó el método por el cual el actual alcalde accedió a un puesto de trabajo en las empresas municipales, su cambio de categoría a los quince días, la conversión de su contrato en indefinido a los cuatro meses, y la indemnización de dos millones de las antiguas pesetas que el Ayuntamiento tuvo que abonarle al despedirle después de un año en ese puesto. Pero las críticas del edil popular fueron a más cuando habló de contrataciones irregulares y de trabajadores que han estado prestando servicio en la delegación de Bienestar Social, sin contrato y sin estar dados de alta en Seguridad Social. Ricardo Galeote aportaba una carta de Valadez en la que éste comentaba la situación de una trabajadora que "por diversos motivos de índole presupuestaria", señala el escrito, "ha estado prestando servicios a nuestro Ayuntamiento sin el correspondiente contrato de trabajo ni alta en la Seguridad Social". En la carta, Valadez señala que con la entrada en vigor del presupuesto y una vez regulariza la situación de la trabajadora, se había llegado a un acuerdo para el abono de las cantidades dejadas de percibir "por el que se zanjaría cualquier reclamación judicial de la misma". El documento, que obra en poder de esta redacción, confirma la irregularidad denunciada por Galeote como es que haya habido trabajadores prestando sus servicios al Consistorio sin contrato y sin estar dados de alta en la Seguridad Social.

1,8 millones

Ricardo Galeote, además, puso sobre la mesa un asunto muy conflictivo, las productividades, y recordaba como en la época del gobierno de Jesús Gil, se estableció un sistema de productividad que, en ese momento, fue recurrido por la Subdelegación del Gobierno y del que se produjo una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el año 2004. Según Galeote, "ese fallo, la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Estepona lo traslada a la delegación de Personal -gestionada en ese momento por David Valadez- que, al mismo tiempo, lo plantea en una comisión paritaria". El problema se plantea cuando, continuaba el edil popular, "durante un año, eso se enterró, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y durante ese año generó unos desembolsos injustificados, o presuntamente injustificados, que supuso unas pérdidas para el Ayuntamiento de uno punto ocho millones de euros".

Para terminar, Ricardo Galeote aseguraba que después de haberlo hecho público, dará traslado a la Asesoría Jurídica de su partido de todas estas denuncias por si entendieran que pudieran ser constitutivas de delito.

Valadez no contesta

Conocidas las acusaciones directas del concejal del PP contra el alcalde de Estepona, esta redacción ha intentado ponerse en contacto con David Valadez para conocer su versión de estos hechos denunciados. Desde la secretaría de Alcaldía se ha contestado que el alcalde no piensa hacer ningún tipo de declaración sobre este polémico asunto que deja en mal lugar a la primera autoridad municipal cuando ostentaba el cargo de concejal de Personal (2003-2007) y también durante su gestión al frente de la concejalía de Bienestar Social.//


ATC
Esta noticia no la ha publicado hoy su esposa en la SER, como es natural. En la foto Valadez enharbolando el bastón de mando que cedió Jesús Gil Marín al Ayuntamiento de Estepona.

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Se destapa de "Astapa" el convenio con la Casa Real Saudí que fue objeto de especulaciones al inicio de la operación

ESTEPONA

ATC

Según informa la prensa local, se retoma (lo que tampoco es cierto porque el convenio se firmó el 16 de junio, un día antes de la mal llamada operación Astapa; por tanto estaba en pleno vigor, pero suspendido por esas profundas investigaciones astaperas) el convenio con la familia Real Saudí. Este convenio, que la ordinariez de la operación impidió ser presentado el día que tuvo inicio la misma, fue enunciado en algunos medios tanto locales como nacionales, como objeto de la investigación; sin embargo el tiempo ha desmontado tales hipótesis. Lo que sí llama la atención es que medios como el ABC hablaban de 4.000 viviendas (en la información de hoy no aparece cifra de las mismas), y en la prensa local se habló de 1000, 1500 y 2000 viviendas.

Este proyecto iba a ser presentado en rueda de prensa el mismo día 17 de junio por la mañana, pero la operación policial lo abortó y comenzaron las especulaciones sobre su legalidad. Hoy queda desmontado cualquier implicación o irregularidad urbanística en el mismo, aunque, como siempre, la diversidad de cifras de viviendas que ofrecían las diferentes fuentes es hoy por hoy una incógnita. Veremos que nos depara el futuro, pero por lo pronto queda desmontado otro más de los objetos que en un principio tenía las investigaciones astaperas y valadescas, cuya conducta es más que sospechosa, si recordamos el caso de los 85.000 de Asunción y las denuncias judiciales de Zapallito, entre otros...

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Roca pide a la Audiencia que el caso "Saqueo" lo juzgue el Tribunal de Cuentas

LA FICALÍA SE OPONE

El abogado del ex asesor urbanístico del Ayuntamiento de Marbella Juan Antonio Roca ha pedido a la Audiencia Nacional que remita el "caso Saqueo" al Tribunal de Cuentas y se abstenga del enjuiciamiento de estos hechos, a lo que se ha opuesto la Fiscalía. La fiscal ha rechazado estos argumentos ya que ha considerado que las acciones ejercidas son completamente diferentes: ante el Tribunal de Cuentas se ven las responsabilidades contables y ante la Audiencia Nacional la penal, de la que deriva una responsabilidad civil.

• El juez Javier de Urquía condenado a dos años por aceptar un soborno de Roca

• El "arrepentido" Roca cambia con la Fiscalía nombres y cifras por años de condena

• Roca admite que pagó 73.800 euros al juez Urquía a cambio de favores judiciales

LD (EFE) El abogado del ex asesor urbanístico del Ayuntamiento de Marbella Juan Antonio Roca ha pedido este viernes a la Audiencia Nacional que remita el "caso Saqueo" al Tribunal de Cuentas y se abstenga del enjuiciamiento de estos hechos, a lo que se ha opuesto la Fiscalía. La sección cuarta de la Sala de lo Penal ha comenzado esta mañana, con las cuestiones previas planteadas por las partes, el juicio a Roca y a otros cinco acusados del presunto desvío de más de 36 millones de euros del Consistorio marbellí entre 1991 y 1995.

El letrado de oficio del ex asesor urbanístico, Emilio Fernández Hermosa, que asumió su defensa el pasado 18 de septiembre, una semana antes de la fecha inicialmente fijada para el juicio, ha planteado al tribunal la indefensión que, en su opinión, ha causado para Roca el escaso tiempo que ha tenido para estudiar el caso.

Fernández Hermosa, al igual que los abogados de otros acusados, ha alegado la falta de competencia del tribunal para enjuiciar estos hechos al considerar que debe ser el Tribunal de Cuentas el que fije primero la responsabilidad por estos hechos. En este sentido se han pronunciado también los letrados de "Promociones Futbolísticas S.A.", "Rancho Valdeolivas" y Herederos de Gregorio Jesús Gil", a los que se les considera responsables civiles.

Así, Horacio Oliva, abogado de "Herederos de Gregorio Jesús Gil" ha recordado que el Ministerio Fiscal ha iniciado en el Tribunal de Cuentas un procedimiento por responsabilidad contable por lo que la Sala debería declinar su jurisdicción.

La Fiscalía pide diez años para Gonzálvez, Roca, Sierra y Castel

La fiscal Belén Suárez ha rechazado estos argumentos y ha considerado que las acciones ejercidas son completamente diferentes: ante el Tribunal de Cuentas se ven las responsabilidades contables y ante la Audiencia Nacional la penal, de la que deriva una responsabilidad civil, con lo que se ha mostrado de acuerdo la acusación particular. "Ni existe identidad en acción ni conflicto de jurisdicción", ha recalcado la fiscal, que ha indicado que en este juicio debe determinarse el montante de caudales públicos que han sido malversados y que están "en poder de los acusados en esta sala".

El abogado de otro de los acusados, Eduardo Gonzálvez Montalbán, empleado de la sociedad municipal de Marbella "Contratas 2000", ha defendido la prescripción de la falsedad documental, también esgrimida por Pablo Jiménez de Parga, abogado del considerado contable del entramado financiero, Manuel Jorge Castel.

Por su parte, la defensa de Purificación Notario, mujer del fallecido gerente de "Contratas 2000", José Luis Jiménez, y de "Herederos de JL Jiménez", responsable civil, ha sostenido que no deben estar en este juicio porque no heredaron. José Luis Sierra, ex asesor jurídico del ex alcalde Jesús Gil, se ha defendido como letrado a sí mismo y ha denunciado violaciones de la tutela judicial efectiva ya que, ha afirmado, la Fiscalía cambió la acusación contra él...

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