Vecinos de Manilva y Casares irán al Distrito Sanitario en Mijas para pedir más personal médico en los ambulatorios

Manilva
Los sanitarios alaban la propuesta ciudadana

Por tercera semana consecutiva el sector médico de Manilva ha vuelto a secundar un nuevo paro de diez minutos a media mañana para mostrar su disconformidad con la política de contrataciones del Servicio Andaluz de Salud. Critican el recorte contractual que han sufrido dos médicos de la comarca, uno de ellos del consultorio de Manilva, y el otro de Casares. Alegan que el pacto sindical que se firmó hace tres años entre los profesionales médicos y la Administración se ha incumplido sistemáticamente, lo que se traduce en una mayor carga de trabajo.

Pero el sector médico no se encuentra solo en esta guerra. De hecho el próximo viernes vecinos tanto de Manilva como de Casares fletarán un autobús para dirigirse al Distrito Sanitario de la Costa del Sol, situado en Mijas, para realizar su protesta formal ante la reducción de la jornada laboral del médico que hasta ahora trabajaba en el consultorio de Manilva. Los vecinos consideran una falta de responsabilidad el hecho de sufrir un recorte de la cobertura sanitaria.

Una iniciativa ciudadana que ha sido bien vista desde el centro de Salud de Sabinillas: "En los últimos veinte años, y concretamente en los últimos ocho que son los que llevo ejerciendo de médico en Manilva, nunca he visto una movilización ciudadana a favor de una mejora en la sanidad. En alguna ocasión se han recogido firmas, pero jamás se han llegado a manifestar como lo harán el próximo viernes", explica Ramón Carballada, uno de los médicos del centro de salud de Sabinillas...

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La empresa concesionaria del servicio de gestión del depósito municipal vuelve a reclamar el pago de la deuda

Estepona
Los trabajadores temen que el Ayuntamiento, al pasar a gestionar directamente el servicio, demore aún más los pagos

La empresa encargada del servicio de gestión, explotación y vigilancia del depósito municipal de vehículos, Rimasa 2003, ha presentado un escrito por registro de entrada en el Ayuntamiento en respuesta a la notificación que recibía el pasado 9 de octubre por parte del Consistorio en la que se le daba aviso de que el próximo 21 de octubre deberá hacer entrega del citado servicio al Ayuntamiento. En el citado escrito presentado por la empresa se han incluido una serie de alegaciones y reclamaciones que insta al Ayuntamiento a que sean tenidas en cuenta en el momento de recuperar el servicio del depósito municipal, principalmente, referidas a la deuda que arrastra esta empresa desde que, de forma verbal, se le comunicó por parte del Consistorio que continuara con sus servicios a pesar de que la concesión había caducado a principios de año.

Así, la emrpesa critica el que nadie quiera dar una respuesta al respecto, ni el alcalde, ni el concejal de Hacienda, ni el concejal de Seguridad Ciudadana, a pesar de haber solicitado cita con ellos en reiteradas ocasiones. "Lo único que pretendemos es que nos paguen los gastos del personal que ha estado allí trabajando, nada más, durante los nueve meses que llevamos casi", explicaba el propietario de la empresa, Jaime Rico. "La situación ahora mismo es que el alcalde hace declaraciones a los medios diciendo que ya está todo solucionado", continuaba, "pero lo cierto es que a nosotros no nos quiere recibir nadie, no nos paga nadie y la situación pasa ya de extrema a lo máximo que puede ser".

Según explica la empresa, desde que en enero de este año asumiera en precario la gestión del depósito, no ha percibido por sus servicios ninguna contraprestación económica, alcanzando el saldo pendiente de cobro los 73.319 euros, sin contar con el presente mes de octubre.

Así, ante la falta de información sobre qué sucederá con esta deuda, la empresa se plantea qué persigue el Consistorio. "Yo pienso que es una forma de hacerse con el depósito y de que nos tengamos que ir a un contencioso, que es lo que van buscando", indicaba Rico, quien teme que esto alargue la situación seis o siete años y que no cobren hasta entonces.

Situación insostenible

Mientras, la situación de los trabajadores de Rimasa 2003 se torna insostenible. Ellos mismos acudían al Consistorio para presentar el escrito y relataban hasta qué punto tienen la soga al cuello después de casi tres meses sin cobrar su sueldo. "Ya me ha llamado el banco desde Madrid, y me ha dicho que tengo hasta el día 23, máximo, para pagar los dos recibos de la hipoteca que tengo atrasados", explicaba uno de los empleados; "si no, no lo hacen judicialmente, sino de forma directa: me voy a la calle con dos niños y con mi mujer". "Yo sé que mi jefe me tiene que pagar a mí, pero a mi jefe le tienen que pagar para poder pagarnos a nosotros"...//

ATC

Por su parte la mujer de Valadez hacía público hoy, con declaraciones a gritos (que ni Queipo de LLano) de su esposo, el alcalde golpista de Estepona, en la SER, según las cuales el Ayuntamiento, o sea él mismo, pagará lo que debe a la empresa y rescinde el contrato con la misma. Previo informe de los técnicos, claro.

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Chaves conocía desde el 2000 lo que ocurría en Estepona

Publicado en lunes, julio 14, 2008

La Cámara de Cuentas de Andalucía denunció en el año 2000 "el entramado de operaciones mercantiles"

ATC

Uno de los grandes proyectos de Gil y Gil en Marbella, fue el Gran Centro Costa-Marbella (no les suena a Gran Centro Comercial y de Ocio de la Lobilla). Pues bien, a su inauguración, mientras otros nos desgañitábamos criticando la política gilista, acudió y dirigió unas palabras de apoyo a “proyectos como éstos”, amén de hacerse la foto con Gil y Gil y alabar su gestión, el veterano ex-jugador del Atletic, Gaspar Zarrías, pero no en calidad personal, no. En calidad de Consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía. A todo esto, García Marcos, por aquella época, luchando sin el apoyo de su partido sola contra el GIL, cinco años antes de la moción de censura de la Operción Malaya. Aquella situación, a los pocos que criticabamos al GIL, nos resultaba chocante, incomprensible.//

Manolo Chaves, presidente de la Junta de Andalucía, y Gaspar Zarrias, su sombra, el todopoderoso, lo sabían. Al menos así se desprende de la documentación a la que ha tenido acceso extraconfidencial.com según la cual, ya en octubre de 2000, un organismo público, la Cámara de Cuentas de Andalucía, denunciaba un entramado de operaciones mercantiles llevado a cabo por representantes del Ayuntamiento de Estepona. Gobernaba José María Aznar, del Partido Popular. La Junta de Andalucía, como en los últimos cinco lustros, la encabezaba el mencionado Chaves. La Fiscalía, pese al demoledor informe del que informaremos en próximas ediciones, oídos sordos…

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Los socialistas, agarrados al "clavo ardiendo" de la corrupción, impiden el debate parlamentario sobre la disolución del Ayuntamiento de Estepona.

Publicado en jueves, julio 10, 2008

UN PASO MÁS PARA EVITAR LAS ELECCIONES LIBRES

El PSOE votó en contra de la proposición del PP para instar al Gobierno a tramitar la disolución del Ayuntamiento de Estepona, durante el pleno celebrado el miércoles en el Parlamento andaluz. Los socialistas ni siquiera contemplan convocar elecciones libres y democráticas ante la gravedad de la situación, porque temen que el PP gane por mayoría absoluta, al igual que ocurrió en Marbella.

• El PSOE prepara su estrategia para seguir al frente de la alcaldía de Estepona
• Al descubierto el gran engaño de Chaves como máximo responsable de la degeneración urbanística
• Nombran como nuevo concejal en Estepona a un socialista amigo de Barrientos

L D (Pedro de Tena) El miércoles en el Parlamento andaluz, el PP pidió en la Diputación Permanente que se debatiera en un pleno extraordinario una proposición no de ley que aprobase instar al gobierno de la Nación a tramitar el expediente de disolución del Ayuntamiento de Estepona, minado, como ya se sabe, por la corrupción.

El PSOE votó en contra e Izquierda Unida se abstuvo. Es un paso más en las maniobras del PSOE para favorecer que sea elegido un nuevo alcalde socialista en dicha localidad. que aprovechó la reunión para acusar de corrupción al PP a pesar de que es el alcalde y los concejales socialistas los que están imputados en Estepona.

Hace unos días el PSOE había impedido asimismo que Manuel Chaves compareciera en una sesión extraordinaria del Parlamento para analizar la situación de crisis económica y crecimiento del desempleo en Andalucía.

Como es habitual, el PSOE usó en su propio beneficio las normas parlamentarias. Tanto PP como IU mostraron a la presidenta de la Cámara, Fuensanta Coves, su malestar por no poder contar con un segundo turno para replicar las tesis de los socialistas para desestimar la celebración de este debate. Coves lo justificó en el reglamento.

Centrados en el caso de Estepona, el portavoz socialista, Manuel Gracia, señaló las diferencias que existen entre los casos de corrupción de Marbella y esta ciudad, y señaló que la Ley de Régimen Local, que regula la disolución, no recoge los supuestos que se dan en este municipio.

El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, justificó la disolución por el número de concejales imputados en el caso “Astapa” y acusó al PSOE de no querer adoptar esta iniciativa por tener un «pacto oculto» con estos ediles, algo que fue considerado insidioso por el PSOE.

Gracia dijo reconocer una contradicción en la que incurre, en su opinión, el presidente del PP-A, Javier Arenas, que se negó a disolver el Ayuntamiento de Marbella cuando era ministro de Administraciones Públicas para después reclamarla y acusar a la Junta de no controlar el urbanismo de la ciudad. Arenas reclamó a Coves intervenir por “alusiones personales”, a lo que accedió la presidenta tras un tira y afloja verbal, lo que motivó que también pidiera la palabra el coordinador de IUCA, Diego Valderas.

El líder del PP-A reconoció que estuvo de acuerdo con la Junta en no disolver en Marbella porque los informes de su ministerio coincidían con los de esta administración. Lo que no fue óbice para que Arenas afirmara que “nunca he alabado los controles urbanísticos de la Junta”, mientras acusó al PSOE de “alargar” la situación en Marbella para, a través de una gestora, tratar de ganar las elecciones.

Gracia declinó intervenir porque “tienen muy poca vergüenza” en referencia al PP, mientras que Arenas lo conminó a retirar el “insulto”. La situación provocó que Coves la calificara de “escándalo impropio”.

Al final, el portavoz socialista retiró sus palabras.

Hay que recordar que, ante la investigación policial y judicial que ha descubierto parte de la tostá en la que el PSOE está metido hasta el tuétano, como pasaba en Marbella, la obsesión del aparato socialista es ahora no perder el control institucional del Ayuntamiento para tener, al menos, un elemento de poder bajo su mando. Para ello, el PSOE está recurriendo a todo, incluso prometer no se sabe qué a los concejales expulsados para conservar su voto. La pregunta es por qué el PSOE, en lugar de promover la disolución del Ayuntamiento y la convocatoria de elecciones libres, se aferra a este tenebroso y oscuro proceso del que no podrá salir bien parado en ningún caso.

Decía ayer El Mundo que la actitud del PSOE se resume en que sus ediles y cargos locales están tratando de alcanzar un acuerdo verbal con los que hasta hace semanas eran sus compañeros de partido, y hoy imputados, para consensuar un nuevo alcalde socialista, que sustituirá al encarcelado Antonio Barrientos el próximo 15 de julio, fecha de celebración del pleno. Un pleno que va a suponer, ya estamos seguros, un escándalo político con pocos precedentes…

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Bustinduy impide la investigación parlamentaria de Estepona

martes, julio 22, 2008 at 23:59

La ex líder del PSOE de Málaga impide la investigación parlamentaria de Estepona. Todo un esperpento que una diputada que, según los delatores de Astapa, conocía los hechos sea en quien recaiga la decisión de investigar.

¿ORDEN DE CHAVES?

Esperanza Oña, portavoz parlamentaria del PP en el Parlamento andaluz, ha denunciado que la ex secretaria general del PSOE de Málaga, Marisa Bustinduy, amiga y amparadora del ex alcalde socialista Antonio Barrientos, imputado en el caso Estepona, utiliza su cargo de miembro de la Mesa del Parlamento andaluz para impedir sistemáticamente cualquier iniciativa dirigida a que se investigue el caso de corrupción detectado en Estepona. No se sabe si Marisa Bustinduy hace tal cosa por iniciativa propia y al margen del PSOE o si, por el contrario, actúa según las órdenes emanadas del propio Manuel Chaves...

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La Policía no descarta interrogar a altos cargos del PSOE sobre la trama de Estepona. Una hija de Bono para concejal

Publicado en sábado, julio 5, 2008

J.M.CAMACHO. MÁLAGA

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, cuyo partido celebra este fin de semana su congreso federal, tiene serios motivos para estar preocupado por la situación de Estepona. Los investigadores del caso «Astapa», que están revisando los expedientes aludidos en las grabaciones, no descartan interrogar a nuevos concejales y altos cargos del PSOE sobre la financiación irregular de la trama de Estepona, según señalaron a ABC fuentes de toda solvencia.

Las fuentes consultadas coinciden en que el escándalo de Estepona va a deparar aún mas sorpresas. La semana que viene puede ser clave para concluir esta primera fase de la trama de corrupción urbanística e institucional, ya que la juez que investiga el caso tomará declaraciones a políticos, técnicos y empresarios de la zona. Al parecer, algunos de los detenidos han colaborado con la Policía y el juez y han aportado datos claves.

La Policía tuvo conocimiento, a través de varias denuncias, en concreto de dos concejales socialistas en el Ayuntamiento esteponero, de que la dirección provincial, que preside Marisa Bustinduy, fue informada antes de las pasadas elecciones de las irregularidades destapadas ahora por el Juzgado.

Bustinduy, quien siempre ha sido muy fiel al presidente de la Diputación, Salvador Pendón, y al presidente andaluz, Manuel Chaves, ha intentado, sin éxito, tapar la crisis de Estepona, junto a miembros de su Ejecutiva y otros cargos orgánicos e institucionales del partido. Además, según militantes del PSOE, la dirección malagueña no es la primera vez que mira hacia otro lado y hace oídos sordos a denuncias sobre irregularidades urbanísticas en otros municipios de la provincia.

Este sentido, recordaron que el secretario de Organización, Francisco Fernández España, los militantes y ex concejales de Nerja Miguel Galvez y María Valera y el gerente del Patronato de la Cueva de Nerja, Angel Ramírez, se han visto salpicados por irregularidades urbanísticas. «A los que denunciamos la corruptela nos amenazan con abrirnos expedientes o expulsarnos del partido», apuntaron algunos militantes socialistas, quienes pidieron permanecer en el anonimato.

Las mismas fuentes solicitaron a Zapatero que «depure responsabilidades políticas y no admita ningún comportamiento irregular en el partido, cuyo lema desde hace mas de cien años es la honradez». También denunciaron que el PSOE de Málaga está siendo sectario con algunos medios de comunicación que están destapando el escándalo y poniendo en aprietos a miembros de la Ejecutiva Provincial.

Según la juez, detrás de este caso existe una financiación irregular de partidos, cuyo alcance ahora es difícil de prever. No obstante, se sabe que la juez ha bloqueado numerosas cuentas a los implicados en la red de Estepona, que oculta una fortuna de centenares de millones en mas de medio centenar de empresas.

Socialistas preocupados

Algunos militantes exigieron al secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, y al presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, que afronten la crisis de Málaga «de manera inmediata». «Estamos muy preocupados por las consecuencias que puede tener la operación policial de Estepona», subrayaron…

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La dirección del PSOE conocía las supuestas irregularidades del ex-alcalde

Publicado en 19.06.2008

Dos ediles socialistas en Estepona presentaron a la plana mayor de la Ejecutiva documentación sobre presuntas anomalías en la gestión municipal · En los encuentros estuvo presente Marisa Bustinduy.

Diario MálagaHoy

Algunas de las presuntas irregularidades que podrían haber justificado la intervención policial y judicial en el municipio de Estepona, en el marco de la operación Astapa, que implican al alcalde del municipio, el socialista Antonio Barrientos, eran conocidas por la Ejecutiva provincial del PSOE. Así lo certificaron a este periódico fuentes de la dirección provincial de esta formación, que informaron de la celebración de varios encuentros durante el pasado mandato en los que dos de los concejales de este partido en el Consistorio presentaron ante Bustinduy y otros miembros de la Ejecutiva diversa documentación en la que se ponía de relieve las supuestas anomalías cometidas por el regidor. Ante estos hechos, la reacción fue nula.

Las fuentes consultadas explicaron que los dos ediles que dieron el paso adelante para poner en conocimiento de los responsables de la organización todo lo que estaba ocurriendo en el equipo de gobierno fueron David Valadez, entonces portavoz socialista, y Cristina Alarcón. Ambos acudieron a esos encuentros con numerosos datos relativos a la firma de convenios urbanísticos, personal, contratos de las empresas municipales y la presunta contratación irregular de obras, entre otros asuntos.

¿Qué medidas adoptó la cúpula directiva del PSOE? Ninguna. Las fuentes consultadas fueron claras en este sentido: "La respuesta fue de mutismo". "Lo que se dijo, más o menos, es que no cabía la posibilidad de levantar la liebre porque las expectativas eran muy buenas en Estepona. Esa ha sido la posición de la Ejecutiva durante estos cuatro años", sentenciaron. Y todo ello en la víspera de unos comicios en los que los socialistas lograron once ediles y se mantuvieron al frente de la Alcaldía.

Toda la documentación antes mencionada fue expuesta tanto por Valadez como por Alarcón ante la plana mayor del PSOE malagueño, con Bustinduy al frente. Ella, según apuntaron las fuentes, estuvo acompañada en alguna de estas citas por el presidente de la formación, Juan Paniagua; el secretario de Organización, Francisco Fernández España, y el máximo responsable de Política Municipal, Luis Reina, entre otros. Incluso, se da la circunstancia de que en una de estas reuniones también participaron el alcalde y varios de los ediles ahora detenidos, así como numerosos miembros de la dirección local.

Este periódico trató de conocer la opinión de Bustinduy respecto a esta información, aunque no fue posible. No obstante, en algunas conversaciones privadas mantenidas por la secretaria general del PSOE y relacionadas con la labor de Barrientos, ésta habría aludido a la inexistencia de pruebas que permitiesen actuar en su contra. Una afirmación que, a tenor por los datos conocidos ahora, queda invalidada.

A pesar de las numerosas polémicas urbanísticas en las que ha estado implicado el regidor socialista, quien en numerosas ocasiones se ha enfrentado a la Junta de Andalucía, la dirección provincial siempre ha salido en su defensa. La propia Bustinduy calificó de "magnífica" su gestión en noviembre de 2006 y llegó a manifestar: "Lo que ocurre es que cualquier movimiento en materia de urbanismo, fundamentalmente en Estepona, provoca mucha expectación". Nunca más ajustado a la realidad tras lo sucedido el pasado lunes.

Tampoco fue posible contactar con Fernández España. Por el contrario, quien sí dio su punto de vista acerca de esta información fue el presidente de los socialistas malagueños, Juan Paniagua, quien negó haber tenido conocimiento de las denuncias presentadas por los dos ediles de Estepona y de que se presentasen los documentos antes mencionados en alguna reunión a la que él hubiese asistido. "Pero el criterio es que si alguien ve algo anómalo de algún compañero, pruebas en lo alto de la mesa y al juzgado", dijo. Paniagua sí admitió la celebración de encuentros a nivel interno con el fin de aclarar la situación que se vivía en el partido de Estepona, debido al enfrentamiento abierto entre Barrientos y Valadez...

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Comisión por omisión. El conocimiento de estos hechos por altos cargos socialistas, les podría convertir en cómplices de comisión por omisión

Publicado en jueves, julio 3, 2008

DOCTRINA DEL TRIBUNAL SUPREMO EN TORNO A LOS DELITOS DE COMISIÓN POR OMISIÓN.

Artículo 10.
Son delitos o faltas las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la Ley.
Artículo 11.
Los delitos o faltas que consistan en la producción de un resultado sólo se entenderán cometidos por omisión cuando la no evitación del mismo, al infringir un especial deber jurídico del autor, equivalga, según el sentido del texto de la Ley, a su causación. A tal efecto se equiparará la omisión a la acción:

1. Cuando exista una específica obligación legal o contractual de actuar.
2. Cuando el omitente haya creado una ocasión de riesgo para el bien jurídicamente protegido mediante una acción u omisión precedente.”

ATC

Los indicios del juez Torres, primer instructor de la Operación Malaya, apuntando, como mínimo, responsabilidad civil a la Junta de Andalucía, al ostentar todas las competencias en Urbanismo y negándole la posibilidad de personarse en el caso como perjudicado, hubiesen estado avalados en pruebas si, por aquel entonces, la Policía hubiese dispuesto de grabaciones y declaraciones de los confidentes, que se filtraron, durante los primeros días de la operación Astapa, asegurando y dejando de manifiesto que altos cargos de la Ejecutiva Regional del PSOE de Sevilla, estaban al tanto de las denuncias de estos denunciantes sobre la presunta corrupción en el Ayuntamiento. Al igual que, como ella misma ha reconocido, Marisa Bustinduy, alto cargo provincial del PSOE, también tuvo conocimientos de las denuncias pero le restó importancia a las mismas al no ver delito en ellas. Recordemos que este cargo socialista siempre avaló públicamente la gestión de Barrientos.
El Código Penal del año 95, incorpora por primera vez de una forma nítida el delito de comisión por omisión, en sus artículos: 10 y 11. Hasta entonces muchas de estas imputaciones habían desembocado en problemas en relación al principio de legalidad. Pero desde ese año, existen muchas sentencias del Supremo sobre estos delitos, basados en el nuevo código, si bien casi ninguna, al menos en el vínculo posterior que hemos adjuntado, están referidas al ámbito público.
En el caso que nos ocupa, en el cual se habla de la comisión de varios delitos por parte de los imputados, 4 ó 5 en la mayoría de los casos; la omisión, a la espera de hacerse público todo el sumario y el desarrollo por fechas de los delitos que se imputan así como el grado de participación de los mismos, podría suponer la complicidad de quienes pudieron tener conocimiento y no tomaron las medidas para evitarlo. Aunque esta complicidad sería rebajada en caso de que el resultado del delito ya se hubiera cometido antes de tener ellos conocimiento.
Mientras esperamos todos esos datos que seguramente aparecerán en semanas sucesivas, para resumir podemos decir que, efectivamente, el hecho de conocer la posible perpetración de un delito no nos hace cómplices. Para ser cómplices por omisión el sujeto debe tener la potestad, por su cargo, etc; de haber podido evitarlo o de poder haber puesto los medios para que no se consumara el delito.

Por tanto si la Policía estuviere ahora investigando delitos cometidos tras haber tenido conocimiento de las irregularidades altos cargos del PSOE, podríamos hablar de la lógica aplicación de estos artículos del Código Penal. Suponemos, pues, que al no existir ningún alto cargo provincial o regional citado a declarar, en principio, la Policía habría descartado su complicidad. En fin, estaremos a la espera de acontecimientos…

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