Publicado en lunes, agosto 25, 2008 at 10:29
Según relata en la denuncia presentada el pasado siete de agosto en el juzgado de guardia de Estepona el funcionario de la Policía Local, Lorenzo J. Ramet del Pino, a la que ha tenido acceso este periódico, los hechos se remontan a 2005, cuando el propietario deun bar, sito en la “Urbanización Lar” de Estepona, comenzó a construir una terraza sobre zona ajardinada común perteneciente a la comunidad de propietarios, sin licencia municipal, y sin permiso de la comunidad.
El funcionario afirma que demandó por estos hechos al propietario del citado bar, obteniendo sentencia, en julio de 2006, del Juzgado de Primera Instancia Número Uno de Estepona, que ordenaba al demandado a retirar la obra ejecutada y a la reposición a su estado primitivo de la zona ajardinada ocupada, para lo que el Juzgado le otorgaba el plazo de un mes.
Ordenes a los operarios
Pese a todo ello, el denunciante afirma que siete meses después de la sentencia judicial el que entonces fuera concejal delegado de Infraestructuras, Rafael Montesinos, cabeza de lista del Partido Andalucista, actualmente fuera del equipo de gobierno por su implicación en el “Caso Astapa” ordenó “a los operarios que estaban realizando la remodelación de las calles públicas de Estepona, para que terminasen la terraza”.
También refiere en su denuncia que “ese mismo día se personó la Policía Local para paralizar las obras, contestándole los operarios que se estaba terminando por orden del concejal Montesinos, por lo que los agentes en esta situación se vieron impotentes, abandonando el lugar”.
Además, asegura Lorenzo J.Ramet que Montesinos reconoció estos hechos en una televisión local argumentando que lo hizo porque entendía “que era un peligro para los niños”. Ramet asevera que no existía peligro alguno por estar la terraza acotada, en todo su perímetro, por una valla.
El denunciante acusa igualmente en su escrito de denuncia a la concejala socialista, Cristina Rodríguez, en su anterior etapa como concejala delegada de Comercio, de otorgar “licencia de ocupación para cinco mesas con sus respectivas sillas…cuando en ese margen de calle no existe acera pública, lo único que hay es la terraza ilegal y unos metros de jardín comunitario que sobró después de la obra”, dice en su escrito ante el Juzgado
Afirma también que desde marzo de 2001 hasta el 17 de julio de 2002 “estuvo abierto este bar sin licencia de apertura”, refiere que ello lo comunicó en repetidas ocasiones a la responsable de la Delegación de Comercio y a la Alcaldía “sin que estos actuaran en ningún momento”
Explica que posteriormente Cristina Rodríguez otorgó la licencia de apertura al propietario del del bar, “sin reunir los requisitos imprescindibles”, citando como argumentos, “la realización de valoración de los niveles de afección acústica, permiso de los vecinos colindantes, extracción de humos”.
Favoritismo
Estos hechos los refiere el denunciante dentro de lo que denomina el favoritismo del Ayuntamiento con el propietario del bar, a quien también denuncia en el mismo escrito, considerándolo, al igual que a Montesinos, autor de un presunto delito de tráfico de influencias.
El funcionario policial también relata en su denuncia que ya puso en conocimiento del Juzgado el tiempo en el que el bar “Los Molinos” estuvo abierto sin licencia de apertura, más de un año, y el hecho de que ésta licencia, supuestamente, se otorgara sin reunir el comercio los requisitos imprescindibles, hechos que fueron investigados por el juzgado de instrucción número dos de Estepona, declarando varios políticos en las diligencias abiertas al respecto por el Juzgado, y de las que tuvo que apartarse en su momento, según expresa literalmente: ” por la impotencia y dificultades que se me ponía a lo largo de la investigación”…
El funcionario afirma que demandó por estos hechos al propietario del citado bar, obteniendo sentencia, en julio de 2006, del Juzgado de Primera Instancia Número Uno de Estepona, que ordenaba al demandado a retirar la obra ejecutada y a la reposición a su estado primitivo de la zona ajardinada ocupada, para lo que el Juzgado le otorgaba el plazo de un mes.
Ordenes a los operarios
Pese a todo ello, el denunciante afirma que siete meses después de la sentencia judicial el que entonces fuera concejal delegado de Infraestructuras, Rafael Montesinos, cabeza de lista del Partido Andalucista, actualmente fuera del equipo de gobierno por su implicación en el “Caso Astapa” ordenó “a los operarios que estaban realizando la remodelación de las calles públicas de Estepona, para que terminasen la terraza”.
También refiere en su denuncia que “ese mismo día se personó la Policía Local para paralizar las obras, contestándole los operarios que se estaba terminando por orden del concejal Montesinos, por lo que los agentes en esta situación se vieron impotentes, abandonando el lugar”.
Además, asegura Lorenzo J.Ramet que Montesinos reconoció estos hechos en una televisión local argumentando que lo hizo porque entendía “que era un peligro para los niños”. Ramet asevera que no existía peligro alguno por estar la terraza acotada, en todo su perímetro, por una valla.
El denunciante acusa igualmente en su escrito de denuncia a la concejala socialista, Cristina Rodríguez, en su anterior etapa como concejala delegada de Comercio, de otorgar “licencia de ocupación para cinco mesas con sus respectivas sillas…cuando en ese margen de calle no existe acera pública, lo único que hay es la terraza ilegal y unos metros de jardín comunitario que sobró después de la obra”, dice en su escrito ante el Juzgado
Afirma también que desde marzo de 2001 hasta el 17 de julio de 2002 “estuvo abierto este bar sin licencia de apertura”, refiere que ello lo comunicó en repetidas ocasiones a la responsable de la Delegación de Comercio y a la Alcaldía “sin que estos actuaran en ningún momento”
Explica que posteriormente Cristina Rodríguez otorgó la licencia de apertura al propietario del del bar, “sin reunir los requisitos imprescindibles”, citando como argumentos, “la realización de valoración de los niveles de afección acústica, permiso de los vecinos colindantes, extracción de humos”.
Favoritismo
Estos hechos los refiere el denunciante dentro de lo que denomina el favoritismo del Ayuntamiento con el propietario del bar, a quien también denuncia en el mismo escrito, considerándolo, al igual que a Montesinos, autor de un presunto delito de tráfico de influencias.
El funcionario policial también relata en su denuncia que ya puso en conocimiento del Juzgado el tiempo en el que el bar “Los Molinos” estuvo abierto sin licencia de apertura, más de un año, y el hecho de que ésta licencia, supuestamente, se otorgara sin reunir el comercio los requisitos imprescindibles, hechos que fueron investigados por el juzgado de instrucción número dos de Estepona, declarando varios políticos en las diligencias abiertas al respecto por el Juzgado, y de las que tuvo que apartarse en su momento, según expresa literalmente: ” por la impotencia y dificultades que se me ponía a lo largo de la investigación”…
ATC
En la foto, Valadez y Cristina Rodríguez, dos de los tres chivatos medradores astaperos
En la foto, Valadez y Cristina Rodríguez, dos de los tres chivatos medradores astaperos
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