Noticia publicada en viernes, junio 27, 2008
ATC
El convenio para el derribo, según manifestaciones de Brrientos por aquellas fechas, se estaba acordando con la Junta de Andalucía. Por cierto cuando se licitó la obra el prinicipal apoderado de la empresa era un ex-alto cargo socialista, que fue presidente de la Diputación de Sevilla/
El Ayuntamiento dio más edificabilidad a la empresa a cambio del derribo. Los gastos 1.200.000 euros han corrido a cargo del erario público porque así lo decidió la Justicia. ¿Eso cómo se explica?
Barrientos en la última fase de este capítulo urbanístico dijo que el Ayuntamiento ya había “hecho sus deberes” “Ahora todo está en manos de la Junta”. Por cierto cuando se licitó la obra el prinicipal apoderado de la empresa era un ex-alto cargo socialista, que fue presidente de la Diputación de Sevilla. Ahora bien si este convenio esta o ha sido investigado porqué no hay nadie de la Junta y/o de la demarcación de Costas imputado y sí el gerente de la empresa cuyo apoderado en esa fecha era un, recién salido de lo público, alto cargo socialista. Si los delitos hubiesen prescrito, al menos que se diga quienes lo cometieron. Tenemos derecho a conocer.
No es normal que el pueblo corra con los gastos de un derribo de una obra “ilegal”, según Antonio Barrientos, a no ser que al final la obra no fuese ilegal y la ilegalidad estuviera en el propio convenio y en la aprobación del mismo por parte de la Junta./
El Ayuntamiento dio más edificabilidad a la empresa a cambio del derribo. Los gastos 1.200.000 euros han corrido a cargo del erario público porque así lo decidió la Justicia. ¿Eso cómo se explica?
Barrientos en la última fase de este capítulo urbanístico dijo que el Ayuntamiento ya había “hecho sus deberes” “Ahora todo está en manos de la Junta”. Por cierto cuando se licitó la obra el prinicipal apoderado de la empresa era un ex-alto cargo socialista, que fue presidente de la Diputación de Sevilla. Ahora bien si este convenio esta o ha sido investigado porqué no hay nadie de la Junta y/o de la demarcación de Costas imputado y sí el gerente de la empresa cuyo apoderado en esa fecha era un, recién salido de lo público, alto cargo socialista. Si los delitos hubiesen prescrito, al menos que se diga quienes lo cometieron. Tenemos derecho a conocer.
No es normal que el pueblo corra con los gastos de un derribo de una obra “ilegal”, según Antonio Barrientos, a no ser que al final la obra no fuese ilegal y la ilegalidad estuviera en el propio convenio y en la aprobación del mismo por parte de la Junta./
JUANA VIÚDEZ / F. J. PÉREZ - Estepona - 27/06/2008
Uno de los convenios urbanísticos sobre los que más se han interesado los policías que investigan la trama de corrupción en Estepona (Málaga) es, al mismo tiempo, uno de los más recientes y polémicos. Se trata del acuerdo que permitió la demolición del hotel Estepona Playa, una mole de siete plantas que la promotora cordobesa Prasa levantó algo más que en primera línea de playa: el inmueble invadía directamente el dominio público marítimo terrestre.
El convenio con Prasa, firmado en noviembre de 2007, y el derribo inmediato de la estructura ilegal fue publicitado por el equipo de gobierno de Antonio Barrientos -actualmente en prisión- como un ejemplo de rigor urbanístico. Sin embargo, el convenio hacía aguas, a pesar de la gruesa capa de tecnicismos jurídico-arquitectónicos que sus redactores emplearon para dar al expediente un aspecto impecable. El arquitecto jefe del Servicio Técnico de Urbanismo, Ignacio de la Hoz, ahora en libertad bajo fianza de 50.000 euros, no incluyó en el convenio una tasación para valorar los terrenos que iban a ser objeto del acuerdo entre Prasa y el Ayuntamiento. Este detalle, que puede parecer menor, se traduce en que en realidad se ignora el beneficio económico concreto que ha obtenido la empresa con el acuerdo.
El hotel Estepona Playa recibió la licencia de obras en junio de 1999. A los pocos meses se iniciaron los trabajos frente a la barriada de pescadores de la playa de La Rada. El 11 de julio de 2003, cuando el edificio era ya un esqueleto de hormigón de siete alturas sobre un solar de 3.569 metros cuadrados, la Demarcación de Costas, del Ministerio de Medio Ambiente paralizó las obras porque parte de la estructura invadía el dominio marítimo terrestre, entre otros incumplimientos. Prasa obtuvo en los tribunales que el coste del derribo, 1,2 millones de euros, no saliera de su bolsillo. El convenio de noviembre estipulaba que sería la propia Dirección General de Costas la que correrá con el coste de la demolición.
Además, para compensar el lucro perdido por Prasa por no poder explotar el hotel ilegal, el Ayuntamiento acordó aumentar en 10.859 metros cuadrados de techo edificable el aprovechamiento de una parcela que Prasa posee en la playa de El Valerín. Esta modificación se incorporará al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Estepona, actualmente en redacción. En el informe que elaboró para dar validez al convenio, Ignacio De la Hoz escribe lo siguiente: “Las inversiones realizadas por Prasa en la construcción existente en el solar [el hotel] resultar equivalentes respecto del incremento de aprovechamiento a realizar en el futuro PGOU de Estepona”. Para emitir este dictamen, el arquitecto jefe municipal no se apoya en ninguna tasación, peritaje o valoración, según el expediente del convenio…
ATC Journal. ¡Llevamos la información!
El convenio con Prasa, firmado en noviembre de 2007, y el derribo inmediato de la estructura ilegal fue publicitado por el equipo de gobierno de Antonio Barrientos -actualmente en prisión- como un ejemplo de rigor urbanístico. Sin embargo, el convenio hacía aguas, a pesar de la gruesa capa de tecnicismos jurídico-arquitectónicos que sus redactores emplearon para dar al expediente un aspecto impecable. El arquitecto jefe del Servicio Técnico de Urbanismo, Ignacio de la Hoz, ahora en libertad bajo fianza de 50.000 euros, no incluyó en el convenio una tasación para valorar los terrenos que iban a ser objeto del acuerdo entre Prasa y el Ayuntamiento. Este detalle, que puede parecer menor, se traduce en que en realidad se ignora el beneficio económico concreto que ha obtenido la empresa con el acuerdo.
El hotel Estepona Playa recibió la licencia de obras en junio de 1999. A los pocos meses se iniciaron los trabajos frente a la barriada de pescadores de la playa de La Rada. El 11 de julio de 2003, cuando el edificio era ya un esqueleto de hormigón de siete alturas sobre un solar de 3.569 metros cuadrados, la Demarcación de Costas, del Ministerio de Medio Ambiente paralizó las obras porque parte de la estructura invadía el dominio marítimo terrestre, entre otros incumplimientos. Prasa obtuvo en los tribunales que el coste del derribo, 1,2 millones de euros, no saliera de su bolsillo. El convenio de noviembre estipulaba que sería la propia Dirección General de Costas la que correrá con el coste de la demolición.
Además, para compensar el lucro perdido por Prasa por no poder explotar el hotel ilegal, el Ayuntamiento acordó aumentar en 10.859 metros cuadrados de techo edificable el aprovechamiento de una parcela que Prasa posee en la playa de El Valerín. Esta modificación se incorporará al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Estepona, actualmente en redacción. En el informe que elaboró para dar validez al convenio, Ignacio De la Hoz escribe lo siguiente: “Las inversiones realizadas por Prasa en la construcción existente en el solar [el hotel] resultar equivalentes respecto del incremento de aprovechamiento a realizar en el futuro PGOU de Estepona”. Para emitir este dictamen, el arquitecto jefe municipal no se apoya en ninguna tasación, peritaje o valoración, según el expediente del convenio…
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