Publicada en sábado, agosto 30, 2008 at 11:16 ATC
Las “complejidades” advertidas por la jueza del caso Astapa, cuyo primer destino ha sido Estepona, por las cuales se vió obligada a levantar las medidas cautelares económicas que adoptó contra los imputados en dicha operación, podrían estar relacionadas con presuntas irregularidades llevadas a cabo durante el período de instrucción de la misma, estas pudieran ser sólo algunas de las “complejidades” del caso Astapa:
Primero, el artículo del Código Penal que permite las escuchas policiales puede ser ilegal según el constitucional al no establecerse un límite de tiempo a dichas llamadas, por lo que deja a la arbietraridad del juez la duración de las mismas que según dicho artículo no pone reparos a que pueda ser de por vida; con lo cual se vulnera el artículo 20 de la Constitución y algún otro más. El Tribunal Constitucional recomendó al Gobierno que modificara dicho artículo en 2004 a raíz del caso Ollero donde varios altos cargos de la Junta fueron objeto de escuchas; y el alto Tribunal las anuló. Por su parte el Gobierno aún no ha modificado dicho artículo.
Segundo, el fiscal digital (general) del estado dijo en 2006 que ya no habría más detenciones de Malayos y aledaños, es una forma de decirlo, hasta pasada las elecciones. Por tanto ¿que pasaría si se descubriera en Astapa que posteriormente a esa fecha; o sea entre 2006 y las elecciones del 2008, se han cometido delitos y no se ha actuado por orden del fiscal digital (general) del estado (a cuya batuta está el fiscal anticorrupción) por intereses electorales del PSOE?. Pues que sería un escándalo mayúsculo que haría tambalear los cimientos de la democracia y que un Gobierno que dice ser democrático no puede permitírselo. Ya que, como sabrán, los cuerpos de seguridad del Estado no pueden inhibirse de la persecución y detección de un delito cuando saben que éste se está cometiendo porque lo diga un fiscal, por muy General (digital) que sea. Estaríamos ante un caso parecido, e incluso peor, por la presunta complicidad de la Justicia, que el caso GAL, protagonizado también, qué casualidad, por el PSOE.
Tercero, la imputación de altos cargos del Partido socialista, a los cuales nunca se imputará, como denunció Torres, hace más compleja aún la investigación.
Cuarto, la ley de de fnaciación de partidos de 1987, fue derogada en julio de 2007. Desde esa fecha rige la nueva ley de financiación de partidos. La ley anterior permitía la financiación a través de personas anónimas. El PSOE en 2005 tenía casi 3 millones de euros en ese concepto, con lo cual hoy sería ilegal, pero con la nueva ley se salvan.
La nueva ley de Julio de 2007 difiere poco de la anterior, con la excepción de que ya no permite la financiación de los partidos a través de donaciones anónimas. Sin embargo el PES salió oficialmente del Gobierno municipal tras el resultado electoral de Mayo de 2007, es decir dos meses antes de la entrada en vigor de la nueva ley. Por tanto si las detenciones se produjeron en Junio de 2008, dicha presunta financiación ilegal, al menos con dineros públicos, que es lo que indirectamente la jueza quiso dar a entender tras las detenciones, no le afectaría al PES puesto que ya no estaba en el Equipo de Gobierno, y la Ley anterior está derogada por lo que tampoco le afectaría. Por tanto sería el PSOE el que quedara bajo sospecha. La complejidad deriva de que “¿cómo van a imputar al PSOE, que durante 20 años, con la nueva Ley en la mano, se hubiera financiado ilegalmente; si altos cargos del Gobierno y Fiscalía del Estado son los artífices de la operación presuntamente ilegal?
Quinto, a pesar de la manipulación mediatíca fomentada por la gresca valadesca, ésta hizo un favor a la defensa de los imputados durante los primeros días de las detenciones. En esos días la propia policía advirtió de que altos cargos del PSOE andaluz conocían lo que estaba pasando, pues se informó de que el alcalde golpista esteponero se había reunido con ellos en Sevilla. Este detalle no puede pasar inadvertido, pues podría convertir a dichos cargos en cómplices por omisión. Lo que nos retrotrae al final del apartado anterior.
He ahí las verdaderas “complejidades de la investigación” del caso Astapa, entre otras que aportaremos, si nos obligan. Así las cosas el caso se encuentra ahora en una encrucijada legal y lo mínimo que puede hacer la jueza es decretar la libertad para los presos políticos de la operación que aún permanecen en la cárcel, sin perjuicio de que siga manteniendo contra ellos sus imputaciones. De lo contrario el caso debe ser objeto de una investigación interna por parte del Consejo General del Poder Judicial.
Por cierto hoy ha publicado un periódico del régimen esteponero la información que se ha intentado omitir en los medios controlados por Valadez, sobre las razones “oficiales” del levantamiento de dichas medidas. Por eso, para su información, lo hemos incluído en esta entrada a última hora por si no estaban al tanto. Ya que dicha información se hizo pública como decimos el día 18 de agosto y algunos medios la tergiversaron informando sólo que la “jueza no prevee a corto plazo” poder establecer las responsabilidades de los imputados, y casi dos semanas después del auto (caso también de dicha información del vínculo). Omitiendo que por dicha razón ha ordenado levantar dichas medidas caultelares. Qué clase de sinv…………….. eres Valadez. Por cierto, la semana que viene acudiremos al Ayuntamiento a pedir explicaciones al Secretario sobre qué tipo de relación contractual mantienen los periodistas esteponeros (por decir algo) con el Ayuntamiento y su ilegítimo regidor Valadez. Espero que se nos dé esa información, visto el talante tan “democrático” del regidor cataplinero esteponero. De lo contrario aquí lo criticaremos hasta la saciedad, mientras nos dejen, claro. Y también de dónde salió la orden para mandar toda la artillería mediática valadesca a las dependencias donde se estaban produciendo las detenciones y registros; como parte del espectáculo denigrante que supusieron aquellos días.
Las “complejidades” advertidas por la jueza del caso Astapa, cuyo primer destino ha sido Estepona, por las cuales se vió obligada a levantar las medidas cautelares económicas que adoptó contra los imputados en dicha operación, podrían estar relacionadas con presuntas irregularidades llevadas a cabo durante el período de instrucción de la misma, estas pudieran ser sólo algunas de las “complejidades” del caso Astapa:
Primero, el artículo del Código Penal que permite las escuchas policiales puede ser ilegal según el constitucional al no establecerse un límite de tiempo a dichas llamadas, por lo que deja a la arbietraridad del juez la duración de las mismas que según dicho artículo no pone reparos a que pueda ser de por vida; con lo cual se vulnera el artículo 20 de la Constitución y algún otro más. El Tribunal Constitucional recomendó al Gobierno que modificara dicho artículo en 2004 a raíz del caso Ollero donde varios altos cargos de la Junta fueron objeto de escuchas; y el alto Tribunal las anuló. Por su parte el Gobierno aún no ha modificado dicho artículo.
Segundo, el fiscal digital (general) del estado dijo en 2006 que ya no habría más detenciones de Malayos y aledaños, es una forma de decirlo, hasta pasada las elecciones. Por tanto ¿que pasaría si se descubriera en Astapa que posteriormente a esa fecha; o sea entre 2006 y las elecciones del 2008, se han cometido delitos y no se ha actuado por orden del fiscal digital (general) del estado (a cuya batuta está el fiscal anticorrupción) por intereses electorales del PSOE?. Pues que sería un escándalo mayúsculo que haría tambalear los cimientos de la democracia y que un Gobierno que dice ser democrático no puede permitírselo. Ya que, como sabrán, los cuerpos de seguridad del Estado no pueden inhibirse de la persecución y detección de un delito cuando saben que éste se está cometiendo porque lo diga un fiscal, por muy General (digital) que sea. Estaríamos ante un caso parecido, e incluso peor, por la presunta complicidad de la Justicia, que el caso GAL, protagonizado también, qué casualidad, por el PSOE.
Tercero, la imputación de altos cargos del Partido socialista, a los cuales nunca se imputará, como denunció Torres, hace más compleja aún la investigación.
Cuarto, la ley de de fnaciación de partidos de 1987, fue derogada en julio de 2007. Desde esa fecha rige la nueva ley de financiación de partidos. La ley anterior permitía la financiación a través de personas anónimas. El PSOE en 2005 tenía casi 3 millones de euros en ese concepto, con lo cual hoy sería ilegal, pero con la nueva ley se salvan.
La nueva ley de Julio de 2007 difiere poco de la anterior, con la excepción de que ya no permite la financiación de los partidos a través de donaciones anónimas. Sin embargo el PES salió oficialmente del Gobierno municipal tras el resultado electoral de Mayo de 2007, es decir dos meses antes de la entrada en vigor de la nueva ley. Por tanto si las detenciones se produjeron en Junio de 2008, dicha presunta financiación ilegal, al menos con dineros públicos, que es lo que indirectamente la jueza quiso dar a entender tras las detenciones, no le afectaría al PES puesto que ya no estaba en el Equipo de Gobierno, y la Ley anterior está derogada por lo que tampoco le afectaría. Por tanto sería el PSOE el que quedara bajo sospecha. La complejidad deriva de que “¿cómo van a imputar al PSOE, que durante 20 años, con la nueva Ley en la mano, se hubiera financiado ilegalmente; si altos cargos del Gobierno y Fiscalía del Estado son los artífices de la operación presuntamente ilegal?
Quinto, a pesar de la manipulación mediatíca fomentada por la gresca valadesca, ésta hizo un favor a la defensa de los imputados durante los primeros días de las detenciones. En esos días la propia policía advirtió de que altos cargos del PSOE andaluz conocían lo que estaba pasando, pues se informó de que el alcalde golpista esteponero se había reunido con ellos en Sevilla. Este detalle no puede pasar inadvertido, pues podría convertir a dichos cargos en cómplices por omisión. Lo que nos retrotrae al final del apartado anterior.
He ahí las verdaderas “complejidades de la investigación” del caso Astapa, entre otras que aportaremos, si nos obligan. Así las cosas el caso se encuentra ahora en una encrucijada legal y lo mínimo que puede hacer la jueza es decretar la libertad para los presos políticos de la operación que aún permanecen en la cárcel, sin perjuicio de que siga manteniendo contra ellos sus imputaciones. De lo contrario el caso debe ser objeto de una investigación interna por parte del Consejo General del Poder Judicial.
Por cierto hoy ha publicado un periódico del régimen esteponero la información que se ha intentado omitir en los medios controlados por Valadez, sobre las razones “oficiales” del levantamiento de dichas medidas. Por eso, para su información, lo hemos incluído en esta entrada a última hora por si no estaban al tanto. Ya que dicha información se hizo pública como decimos el día 18 de agosto y algunos medios la tergiversaron informando sólo que la “jueza no prevee a corto plazo” poder establecer las responsabilidades de los imputados, y casi dos semanas después del auto (caso también de dicha información del vínculo). Omitiendo que por dicha razón ha ordenado levantar dichas medidas caultelares. Qué clase de sinv…………….. eres Valadez. Por cierto, la semana que viene acudiremos al Ayuntamiento a pedir explicaciones al Secretario sobre qué tipo de relación contractual mantienen los periodistas esteponeros (por decir algo) con el Ayuntamiento y su ilegítimo regidor Valadez. Espero que se nos dé esa información, visto el talante tan “democrático” del regidor cataplinero esteponero. De lo contrario aquí lo criticaremos hasta la saciedad, mientras nos dejen, claro. Y también de dónde salió la orden para mandar toda la artillería mediática valadesca a las dependencias donde se estaban produciendo las detenciones y registros; como parte del espectáculo denigrante que supusieron aquellos días.
ATC Journal. ¡Llevamos la información!
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