A Toda Costa. Costa del Sol

Publicado por A Toda Costa

martes, julio 22, 2008 at 23:59

La ex líder del PSOE de Málaga impide la investigación parlamentaria de Estepona. Todo un esperpento que una diputada que, según los delatores de Astapa, conocía los hechos sea en quien recaiga la decisión de investigar.

¿ORDEN DE CHAVES?

Esperanza Oña, portavoz parlamentaria del PP en el Parlamento andaluz, ha denunciado que la ex secretaria general del PSOE de Málaga, Marisa Bustinduy, amiga y amparadora del ex alcalde socialista Antonio Barrientos, imputado en el caso Estepona, utiliza su cargo de miembro de la Mesa del Parlamento andaluz para impedir sistemáticamente cualquier iniciativa dirigida a que se investigue el caso de corrupción detectado en Estepona. No se sabe si Marisa Bustinduy hace tal cosa por iniciativa propia y al margen del PSOE o si, por el contrario, actúa según las órdenes emanadas del propio Manuel Chaves...

La Policía no descarta interrogar a altos cargos del PSOE sobre la trama de Estepona. Una hija de Bono para concejal

Publicado por A Toda Costa

Publicado en sábado, julio 5, 2008

J.M.CAMACHO. MÁLAGA

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, cuyo partido celebra este fin de semana su congreso federal, tiene serios motivos para estar preocupado por la situación de Estepona. Los investigadores del caso «Astapa», que están revisando los expedientes aludidos en las grabaciones, no descartan interrogar a nuevos concejales y altos cargos del PSOE sobre la financiación irregular de la trama de Estepona, según señalaron a ABC fuentes de toda solvencia.

Las fuentes consultadas coinciden en que el escándalo de Estepona va a deparar aún mas sorpresas. La semana que viene puede ser clave para concluir esta primera fase de la trama de corrupción urbanística e institucional, ya que la juez que investiga el caso tomará declaraciones a políticos, técnicos y empresarios de la zona. Al parecer, algunos de los detenidos han colaborado con la Policía y el juez y han aportado datos claves.

La Policía tuvo conocimiento, a través de varias denuncias, en concreto de dos concejales socialistas en el Ayuntamiento esteponero, de que la dirección provincial, que preside Marisa Bustinduy, fue informada antes de las pasadas elecciones de las irregularidades destapadas ahora por el Juzgado.

Bustinduy, quien siempre ha sido muy fiel al presidente de la Diputación, Salvador Pendón, y al presidente andaluz, Manuel Chaves, ha intentado, sin éxito, tapar la crisis de Estepona, junto a miembros de su Ejecutiva y otros cargos orgánicos e institucionales del partido. Además, según militantes del PSOE, la dirección malagueña no es la primera vez que mira hacia otro lado y hace oídos sordos a denuncias sobre irregularidades urbanísticas en otros municipios de la provincia.

Este sentido, recordaron que el secretario de Organización, Francisco Fernández España, los militantes y ex concejales de Nerja Miguel Galvez y María Valera y el gerente del Patronato de la Cueva de Nerja, Angel Ramírez, se han visto salpicados por irregularidades urbanísticas. «A los que denunciamos la corruptela nos amenazan con abrirnos expedientes o expulsarnos del partido», apuntaron algunos militantes socialistas, quienes pidieron permanecer en el anonimato.

Las mismas fuentes solicitaron a Zapatero que «depure responsabilidades políticas y no admita ningún comportamiento irregular en el partido, cuyo lema desde hace mas de cien años es la honradez». También denunciaron que el PSOE de Málaga está siendo sectario con algunos medios de comunicación que están destapando el escándalo y poniendo en aprietos a miembros de la Ejecutiva Provincial.

Según la juez, detrás de este caso existe una financiación irregular de partidos, cuyo alcance ahora es difícil de prever. No obstante, se sabe que la juez ha bloqueado numerosas cuentas a los implicados en la red de Estepona, que oculta una fortuna de centenares de millones en mas de medio centenar de empresas.

Socialistas preocupados

Algunos militantes exigieron al secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, y al presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, que afronten la crisis de Málaga «de manera inmediata». «Estamos muy preocupados por las consecuencias que puede tener la operación policial de Estepona», subrayaron…

La dirección del PSOE conocía las supuestas irregularidades del ex-alcalde

Publicado por A Toda Costa

Publicado en 19.06.2008

Dos ediles socialistas en Estepona presentaron a la plana mayor de la Ejecutiva documentación sobre presuntas anomalías en la gestión municipal · En los encuentros estuvo presente Marisa Bustinduy.

Diario MálagaHoy

Algunas de las presuntas irregularidades que podrían haber justificado la intervención policial y judicial en el municipio de Estepona, en el marco de la operación Astapa, que implican al alcalde del municipio, el socialista Antonio Barrientos, eran conocidas por la Ejecutiva provincial del PSOE. Así lo certificaron a este periódico fuentes de la dirección provincial de esta formación, que informaron de la celebración de varios encuentros durante el pasado mandato en los que dos de los concejales de este partido en el Consistorio presentaron ante Bustinduy y otros miembros de la Ejecutiva diversa documentación en la que se ponía de relieve las supuestas anomalías cometidas por el regidor. Ante estos hechos, la reacción fue nula.

Las fuentes consultadas explicaron que los dos ediles que dieron el paso adelante para poner en conocimiento de los responsables de la organización todo lo que estaba ocurriendo en el equipo de gobierno fueron David Valadez, entonces portavoz socialista, y Cristina Alarcón. Ambos acudieron a esos encuentros con numerosos datos relativos a la firma de convenios urbanísticos, personal, contratos de las empresas municipales y la presunta contratación irregular de obras, entre otros asuntos.

¿Qué medidas adoptó la cúpula directiva del PSOE? Ninguna. Las fuentes consultadas fueron claras en este sentido: "La respuesta fue de mutismo". "Lo que se dijo, más o menos, es que no cabía la posibilidad de levantar la liebre porque las expectativas eran muy buenas en Estepona. Esa ha sido la posición de la Ejecutiva durante estos cuatro años", sentenciaron. Y todo ello en la víspera de unos comicios en los que los socialistas lograron once ediles y se mantuvieron al frente de la Alcaldía.

Toda la documentación antes mencionada fue expuesta tanto por Valadez como por Alarcón ante la plana mayor del PSOE malagueño, con Bustinduy al frente. Ella, según apuntaron las fuentes, estuvo acompañada en alguna de estas citas por el presidente de la formación, Juan Paniagua; el secretario de Organización, Francisco Fernández España, y el máximo responsable de Política Municipal, Luis Reina, entre otros. Incluso, se da la circunstancia de que en una de estas reuniones también participaron el alcalde y varios de los ediles ahora detenidos, así como numerosos miembros de la dirección local.

Este periódico trató de conocer la opinión de Bustinduy respecto a esta información, aunque no fue posible. No obstante, en algunas conversaciones privadas mantenidas por la secretaria general del PSOE y relacionadas con la labor de Barrientos, ésta habría aludido a la inexistencia de pruebas que permitiesen actuar en su contra. Una afirmación que, a tenor por los datos conocidos ahora, queda invalidada.

A pesar de las numerosas polémicas urbanísticas en las que ha estado implicado el regidor socialista, quien en numerosas ocasiones se ha enfrentado a la Junta de Andalucía, la dirección provincial siempre ha salido en su defensa. La propia Bustinduy calificó de "magnífica" su gestión en noviembre de 2006 y llegó a manifestar: "Lo que ocurre es que cualquier movimiento en materia de urbanismo, fundamentalmente en Estepona, provoca mucha expectación". Nunca más ajustado a la realidad tras lo sucedido el pasado lunes.

Tampoco fue posible contactar con Fernández España. Por el contrario, quien sí dio su punto de vista acerca de esta información fue el presidente de los socialistas malagueños, Juan Paniagua, quien negó haber tenido conocimiento de las denuncias presentadas por los dos ediles de Estepona y de que se presentasen los documentos antes mencionados en alguna reunión a la que él hubiese asistido. "Pero el criterio es que si alguien ve algo anómalo de algún compañero, pruebas en lo alto de la mesa y al juzgado", dijo. Paniagua sí admitió la celebración de encuentros a nivel interno con el fin de aclarar la situación que se vivía en el partido de Estepona, debido al enfrentamiento abierto entre Barrientos y Valadez...

Comisión por omisión. El conocimiento de estos hechos por altos cargos socialistas, les podría convertir en cómplices de comisión por omisión

DOCTRINA DEL TRIBUNAL SUPREMO EN TORNO A LOS DELITOS DE COMISIÓN POR OMISIÓN.

Publicado por A Toda Costa

Publicado en jueves, julio 3, 2008

Artículo 10.
Son delitos o faltas las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la Ley.
Artículo 11.
Los delitos o faltas que consistan en la producción de un resultado sólo se entenderán cometidos por omisión cuando la no evitación del mismo, al infringir un especial deber jurídico del autor, equivalga, según el sentido del texto de la Ley, a su causación. A tal efecto se equiparará la omisión a la acción:

Cuando exista una específica obligación legal o contractual de actuar.
Cuando el omitente haya creado una ocasión de riesgo para el bien jurídicamente protegido mediante una acción u omisión precedente.”

ATC

Los indicios del juez Torres, primer instructor de la Operación Malaya, apuntando, como mínimo, responsabilidad civil a la Junta de Andalucía, al ostentar todas las competencias en Urbanismo y negándole la posibilidad de personarse en el caso como perjudicado, hubiesen estado avalados en pruebas si, por aquel entonces, la Policía hubiese dispuesto de grabaciones y declaraciones de los confidentes, que se filtraron, durante los primeros días de la operación Astapa, asegurando y dejando de manifiesto que altos cargos de la Ejecutiva Regional del PSOE de Sevilla, estaban al tanto de las denuncias de estos denunciantes sobre la presunta corrupción en el Ayuntamiento. Al igual que, como ella misma ha reconocido, Marisa Bustinduy, alto cargo provincial del PSOE, también tuvo conocimientos de las denuncias pero le restó importancia a las mismas al no ver delito en ellas. Recordemos que este cargo socialista siempre avaló públicamente la gestión de Barrientos.
El Código Penal del año 95, incorpora por primera vez de una forma nítida el delito de comisión por omisión, en sus artículos: 10 y 11. Hasta entonces muchas de estas imputaciones habían desembocado en problemas en relación al principio de legalidad. Pero desde ese año, existen muchas sentencias del Supremo sobre estos delitos, basados en el nuevo código, si bien casi ninguna, al menos en el vínculo posterior que hemos adjuntado, están referidas al ámbito público.
En el caso que nos ocupa, en el cual se habla de la comisión de varios delitos por parte de los imputados, 4 ó 5 en la mayoría de los casos; la omisión, a la espera de hacerse público todo el sumario y el desarrollo por fechas de los delitos que se imputan así como el grado de participación de los mismos, podría suponer la complicidad de quienes pudieron tener conocimiento y no tomaron las medidas para evitarlo. Aunque esta complicidad sería rebajada en caso de que el resultado del delito ya se hubiera cometido antes de tener ellos conocimiento.
Mientras esperamos todos esos datos que seguramente aparecerán en semanas sucesivas, para resumir podemos decir que, efectivamente, el hecho de conocer la posible perpetración de un delito no nos hace cómplices. Para ser cómplices por omisión el sujeto debe tener la potestad, por su cargo, etc; de haber podido evitarlo o de poder haber puesto los medios para que no se consumara el delito.

Por tanto si la Policía estuviere ahora investigando delitos cometidos tras haber tenido conocimiento de las irregularidades altos cargos del PSOE, podríamos hablar de la lógica aplicación de estos artículos del Código Penal. Suponemos, pues, que al no existir ningún alto cargo provincial o regional citado a declarar, en principio, la Policía habría descartado su complicidad. En fin, estaremos a la espera de acontecimientos…

Galeote acusa a David Valadez de presuntas irregularidades en la gestión de Personal

el martes, octubre 14, 2008

Publicado por A Toda Costa

El edil del PP asegura que el mantuvo a trabajadores sin contrato ni alta en Seguridad Social en Bienestar Social

El concejal del Partido Popular, Ricardo Galeote, hizo unas duras declaraciones en el trascurso del programa "El Debate", que se emite en Estival Televisión, aludiendo a presuntas irregularidades cometidas por el actual alcalde, David Valadez, durante su gestión como concejal delegado de Personal y Bienestar Social.

Galeote denunció que una sentencia del TSJA, referida a un recurso presentado por la Subdelegación del Gobierno relativa a las productividades que percibían algunos trabajadores del Ayuntamiento de Estepona, llegó al Ayuntamiento en el año 2004, fue notificada a Valadez y ésta permaneció "enterrada" suponiendo unas pérdidas para el Ayuntamiento de Estepona de 1,8 millones de euros.

Pero Ricardo Galeote llevaba más documentación y habló de contrataciones, incluso de personas que habían estado trabajando en el Ayuntamiento, en la delegación de Bienestar Social en el tiempo que Valadez era concejal delegado, sin contrato y sin estar dados de alta en Seguridad Social.

Mientras que Galeote aseguraba que pondrá toda la documentación en manos de la asesoría jurídica del PP por si hubiese indicios de delito, el alcalde declinaba hacer ningún tipo de comentario al respecto...//

ATC

En otro orden de cosas hoy comienzan las declaraciones ante la jueza de las 17 personas delatadas por Valadez un mes después de la toma judicial de la alcaldía de Estepona con el nombramiento del delator de Astapa como alcalde.

El Ayuntamiento de Casares y su media memoria histórica

Publicado por A Toda Costa

ATC
En un pleno presidido por el alcalde casareño Juan Sánchez de IU, que antes era cargo a dedo en una dependencia de Diputación por sus pactos con el PSOE, se rindió homenaje, en un acto de "reconcialiación", el 15 de Enero de 2005 a través de "un pleno especial para dar un reconocimiento moral a sus 44 vecinos fusilados en 1937 y que aún permanecen enterrados en fosas comunes ubicadas en la localidad"; según recogía la prensa, suponemos que reflejando fielmente el objeto de tal acto.

Como era natural depués se pronunciarían las palabras cargadas de ira, en el fondo, de siempre:
Así, según se hizo eco la prensa del régimen: " el pleno municipal aprobó por unanimidad «hacer un reconocimiento ético, político y social a todas aquellas personas que lucharon contra el franquismo y que fueron víctimas de la represión de una u otra manera». También se dio luz verde a la colocación de dos monumentos en las dos fosas comunes que hay en el municipio en el que recen los nombres de todos los que allí yacen enterrados. En la moción aprobada, también se recoge la intención municipal de apoyar todos los estudios historiográficos sobre la recuperación de la memoria histórica casareña y todas las iniciativas de las familias de los afectados «evitando en todo caso, que sirva para reavivar viejas heridas o remover el rescoldo de la confrontación civil», explicó el alcalde."

Se hacía eco así el Ayuntamiento y mostraba su apoyo al estudio llevado a cabo por un particular, Benito Trujillano, Inspector de Sanidad de la Junta sobre los inicios del conflicto en Casares porque su abuelo había sido ejecutado por los nacionalistas, se supone en los inicios de la Guerra Civil. En su estudio destaca que: "En Casares murieron fusiladas 44 personas en 1937, 13 mujeres y 21 hombres." Pero en el homenaje se ignora la cifra de 36 casareños que, antes de la conquista de la localidad por las tropas nacionalistas, a mediados de octubre de 1936, los republicanos los ejecutaron y repartieron por la carretera de camino hacia Málaga y que menciona, pero a modo de anécdota no como hecho doloso y el mismo pleno lo ignora intencionadamente, el autor de dicho estudio. Sólo la propia redactora de la noticia hacía una pequeña reseña de pasada, al final de la misma, a dicho dato irrelevante. Ahora eso sí se trataba de un pleno para la "reconciliación". Pero ¿qué reconciliación...?

Por supuesto nada se dijo en el acto de los santos e iglesias quemados y despeñados muy cerca, precisamente, de donde están las fosas con esos 44 fusilados, así como de la persecución de los curas, durante los cinco años que duró la II República y cuyos acontecimientos también ocurrieron en Casares. Tampoco dice, por supuesto, que el abandono de la República a la provincia de Málaga y el bolcheviquismo del Frente Popular anarco-comunista que gobernaba en la provincia, propiciaron gran parte de los sucesos ocurridos en toda la provincia malagueña. Valga un dato en este sentido: desde el 6 de Agosto del 36 se iniciaron los combates en Guadiaro cuyo objetivo, por parte de los nacionalistas, era el de cercar a la provincia. Casares, Estepona y Manilva formaban parte de un sector del frente malagueño que pronto, en octubre del 36 -ya conquistadas Casares y Manilva, se extendió como un abanico desde el oeste hasta el este de la provincia por el norte de la misma. Mientras tanto, la República no declaró el estado de guerra en todo el territorio malagueño hasta el 11 de enero de 1937.

Pero es que además, si nos atenemos a los datos recabados por el autor de dicha investigación veremos, pués, que los 36 asesinados por los republicanos, lo fueron durante los tres meses que transcurrieron desde el inicio del conflicto (18 de Julio, 1936) hasta la propia toma de la localidad (principios de Octubre, 1936). Sin embargo, en proporción, los asesinados por el golpe militar en el pueblo durante la guerra y la represión fue de 44, o sea ocho más, pero mucho menor que las que provocaron los "rojos", casi la misma cifra sólo en tres meses, proporcionalmente hablando...

Continuará

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Julián Muñoz obtiene el tercer grado penitenciario

Publicado por A Toda Costa

SU SALIDA DE PRISIÓN NO SERÁ INMEDIATA
Julián Muñoz. Archivo.

Tal y como llevaba exigiendo desde hace meses, el ex alcalde de Marbella, Julián Muñoz, ha obtenido el tercer grado penitenciario. Su salida, no obstante, no será inmediata. La medida fue acordada el pasado viernes. Muñoz está en prisión desde julio de 2006 por el "caso Malaya" y ahora cumplía pena por causas urbanísticas por las que fue condenado posteriormente.

L D (EFE) La Dirección General de Instituciones Penitenciarias ha aprobado la concesión del tercer grado al ex alcalde de Marbella Julián Muñoz, aunque su salida de la prisión de Alhaurín de la Torre (Málaga) no será inmediata, han señalado a Efe fuentes del entorno del ex regidor.

La medida fue acordada por Instituciones Penitenciarias el pasado viernes, dos meses después de que la Junta de Tratamiento de la prisión malagueña aprobara elevar la propuesta para la nueva clasificación de Muñoz, pero la notificación formal deberá recibirse por correo ordinario, han apuntado a Efe fuentes penitenciarias.

De esta forma, el ex alcalde, que está en la cárcel desde julio de 2006, deberá permanecer en el centro penitenciario como mínimo hasta mediados de la próxima semana, informa este domingo "La Opinión de Málaga".

La nueva clasificación permitiría al ex alcalde dormir todos los fines de semana en su domicilio y únicamente debería pernoctar en la sección abierta ubicada en la antigua prisión de Málaga de domingo a jueves.

Muñoz ingresó en prisión preventiva en julio de 2006 por el "caso Malaya" contra la corrupción municipal e inmobiliaria, aunque en la actualidad cumple pena por tres causas urbanísticas por las que fue condenado posteriormente...

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COSAS DE LA EDAD

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Pubicado en Estepona Información

Hay varias clases de políticos. Los buenos, los malos, los mediopensionistas, los anodinos, los asustadizos, los eficaces, los ineficaces, los preparados, los átonos, los buenos gestores, los valientes y, entre otros muchos más, los cobardes. Esos son los que, de momento y me temo que para tres años más, nos han tocado. Un político cobarde no tiene porqué ser un ciudadano cobarde. En su vida privada puede ser un “echao palante” pero a la hora de gestionar lo público se echa en manos de los técnicos, que no se presentan a las elecciones y por tanto carecen de legitimidad popular, y se amparan en el dictamen de estos para paralizar una ciudad. Lamentablemente, ese es nuestro caso. Llevamos varios años en que políticos que no ocupan un puesto de salida en las listas, se ven obligados a dar el paso adelante como consecuencia de diversos sucesos, sin tener capacidad ni valentía para hacerlo. Ayer, esta casa convocaba un debate de vital importancia para el futuro de la plantilla municipal. No porque fuera en esta casa, no hay otra que se atreva, sino porque los trabajadores y el resto de los ciudadanos de Estepona probablemente estuvieran interesados en saber la opinión de quienes tienen en sus manos el destino de nuestra ciudad. Una vez más, la callada por respuesta.

Y no será porque lo que se debatió no tuviera importancia. Desde las acusaciones del Concejal del Partido Popular, Ricardo Galeote, quién parece haberse dado cuenta de la inexistencia de oposición hasta el momento, hasta la constatación de que la aparición de grupos independientes de medio pelo, no es sino la búsqueda de un espacio a la sombra del PSOE para coger un sueldo para sí y sus acólitos, excepción hecha, todo hay que decirlo, del habitual compañero de página. Galeote tomó una decisión compleja. Utilizar documentación que llevaba tiempo en los mentideros para dar un salto adelante. El tiempo dirá si ha sido consciente del alcance de su decisión. A partir de ayer, de su denuncia, solo queda el juzgado y, consiguientemente, la posible demostración de sus acusaciones tendrá un elevado coste político en quienes, a fecha de hoy, tienen todavía la responsabilidad del gobierno.

Les hablaba semanas atrás de la falta de liderazgo. De un gobierno, antes lo he repetido, incapaz de tomar decisiones. Anteayer, jueves, la misma tarde del debate, se celebraba la comisión paritaria que debía aprobar la modificación de las bases para la convocatoria de tres plazas en las Delegaciones de Urbanismo e Infraestructuras. Los sindicatos se opusieron, es su papel acostumbrado, con el argumento de que, o los quinientos, o ninguno. Poco importaba que fueran plazas de técnicos imprescindibles para el normal funcionamiento de esas Delegaciones...

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Un inocente entre rejas

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La fiscalía pedía séis años de cárcel

La policía lo detuvo en Tarifa al descubrir un inmigrante en su remolque. Después de permanecer 25 días en un penal de alta seguridad, David Sobredo ha sido absuelto. Ahora pide justicia

M. J. CRUZADO

EN LIBERTAD. David estudia reclamar los días que estuvo en prisión provisional. / JOSELE-LANZA

A las 16.20 horas del 17 de marzo David Sobredo dejó de ser un empleado modelo, un hijo ejemplar y un joven entregado a las causas humanitarias para convertirse en carne de presidio. Concretamente del penal de alta seguridad de Botafuegos (Cádiz). De allí salió 25 días más tarde pagando una fianza de 4.000 euros y acusado de traficar ilegalmente con personas. Siete meses de pesadilla después la Audiencia Provincial de Cádiz lo ha absuelto de un delito por el que la Fiscalía pidió, hasta el último momento, una pena de seis años de prisión. Ahora es libre, pero ¿cómo olvidar tres semanas en una de las peores cárceles de España?

Ese 17 de marzo el marroquí Mourad C. se coló en su remolque en un momento de descuido cuando David viajaba por Tánger como guía turístico para una empresa de San Pedro, 'Discovery Moto Tours'. No es la primera vez que lo hacía. En ocasiones anteriores Mourad había intentado cruzar la frontera, pero ese día tuvo más suerte. David y el resto de los miembros de la excursión organizada pararon en una gasolinera de Kenitra (Marruecos) para tomar café.

Según el fallo judicial, Mourad pudo aprovechar ese momento para introducirse en el remolque donde David transportaba el equipaje de los pasajeros. Ya de camino a España unos motoristas le hicieron señales para que cerrara la puerta del remolque. Se bajó, echó la llave y no volvió a abrirla hasta el puerto de Tarifa por orden de la Policía Nacional. Fue entonces cuando los agentes descubrieron al ciudadano marroquí oculto en el fondo del vehículo.

A pesar de la declaración de los numerosos clientes y compañeros de profesión que lo acompañaban y de la propia confesión exculpatoria de Mourad, David fue detenido y tres días más tarde encarcelado hasta que su abogado consiguió que la jueza decretara una fianza.

Durante estos meses ha pesado sobre él como una espada de Damocles los seis años de prisión que pedía el fiscal. Solicitaba además que fuera inhabilitado para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo que durara la condena y que asumiera las costas del juicio. Una jueza decidió que había suficientes pruebas para considerar su peligrosidad y el riesgo de fuga así que dictó su ingreso en una cárcel de alta seguridad: Botafuegos.

La vida en prisión

«No hay justicia. Lo que me ha pasado a mí le puede pasar a cualquiera», asegura David. «Lo peor de todo -dice- es la impotencia y la rabia que te queda. La cárcel te humilla y te anula como persona. No hay vuelta atrás. Los primeros días fueron los peores. Fue un infierno», recuerda.

La sentencia ya es firme. Así que David sopesa ahora reclamar por el tiempo que estuvo en prisión. «No lo hago por dinero. No hay dinero que compense estar en prisión. Me gustaría que los que me ingresaron allí, sin tener antecedentes penales y sin pruebas, reconozcan que metieron la pata, pero eso será casi imposible. Para recuperar ahora 3.000 euros de indemnización tendré que gastarme 18.000 en abogados. Así es el sistema»...

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Debatir no es crispar