Alaya cree que la Junta "ideó un sistema" para evitar el control de la UE

Diez días para que publique las ayudas
La juez que investiga los ERE sigue poniendo en aprietos a la Junta. Apunta a fraude en la recepción de ayudas de la UE y exige más papeles a Griñán.

• El PP vencería al PSOE en su histórico bastión de Sevilla
• Alaya acusa a la Junta de alterar las actas del Consejo
• La Junta no justificó 20 millones de la Bahía de Cádiz

ld/agencias 2012-02-14

La juez que investiga los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos y otras ayudas de la Junta cree que el Gobierno andaluz pudo haber "ideado un sistema" para eludir los mecanismos de control de la UE, lo que podría generar en el futuro una "responsabilidad para España como Estado miembro".

La juez de instrucción 6, Mercedes Alaya, responde en un auto a las alegaciones del letrado de la Junta sobre las llamadas "ayudas de mínimis", que no requieren autorización por la Comisión Europea, y afirma que "resulta más que dudosa la aplicación de este régimen de exención de notificación a gran parte de las ayudas otorgadas".

El auto, al que ha tenido acceso Efe, señala que, según lo investigado hasta ahora, las ayudas concedidas por la Junta "podrían estar huérfanas de las más elementales normas procedimentales, al encubrir verdaderas subvenciones mediante las llamadas transferencias de financiación a fin de eludir el control previo al gasto, al pago y al cumplimiento de la finalidad de tales ayudas".

Pero además "podría ser un sistema ideado para eludir los mecanismos de control comunitarios, primero concediendo la mayoría de las ayudas por encima del umbral de mínimis y en segundo lugar incumpliendo las condiciones de publicidad e información para aquellas que, superando la cuantía mínima, podrían quedar exentas del requisito de comunicación".

Nuevo ultimátum a Griñán

Dicho incumplimiento "podría generar responsabilidad para España como Estado miembro", dice la juez, que por ello da a la Junta diez días para que aporte la publicación de sus ayudas directas a empresas en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas y pide al ministerio de Asuntos Exteriores que informe sobre las comunicaciones que haya podido recibir del Gobierno andaluz.

La juez entiende que el régimen de exención de notificación previa "sería de difícil aplicación a las ayudas directas a empresas que se analizan en la presente causa".

En otro auto notificado este martes a las partes, la magistrada reclama los informes anuales presentados por el presidente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y su sucesora, la agencia IDEA, entre 1999 y 2010, así como los informes sobre su control de eficacia que debieron ser confeccionados de acuerdo con la Ley General de Hacienda Pública de Andalucía.

Asimismo, reclama las operaciones de endeudamiento superiores a 1,2 millones de euros realizadas por IFA/IDEA desde 2007 hasta la actualidad, con "mención expresa" a si existe autorización previa del consejero de Economía -cargo que ocupó entre 2004 y 2009 el actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán- antes de su aprobación en el Consejo de Gobierno, tal como exige la ley de Hacienda Pública andaluza.

Además, pide las inversiones de estas entidades superiores a 1,2 millones de euros y "documentación acreditativa" de que fueron sometidas a la "ratificación expresa del Consejo de Gobierno de la Junta.

Por otra parte, solicita la filiación y cargo de la totalidad del personal que haya trabajado entre 2000 y 2010 en la dirección general de Trabajo de la Junta, departamento a través del cual se canalizaron las ayudas investigadas, así como la persona que ocupó el puesto de interventor delegado en la Consejería de Empleo.

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La jueza Conejo investigó como ilegal en Astapa lo que ahora considera legal con Valadez.

Convenios urbanísticos. En ambos casos se utilizó dinero de los convenios urbanísticos para realizar pagos corrientes.

CSIF/Estepona.
Para cualquier ciudadano de Estepona medianamente informado, resultaba cuando menos paradójico que fuese Valadez quien denunciase los convenios urbanísticos que firmaba el Ayuntamiento, cuando él, como portavoz del grupo municipal socialista en el municipio, durante el periodo 2003-2007, no solo los aprobaba sino que incluso los defendía con vehemencia en los plenos municipales.
     Pero más sorprendente fue aún que, cuando accedió a la alcaldía, no solo no anuló estos convenios que había denunciado, ni devolvió el dinero a los empresarios que los habían firmado, sino que además utilizó ese dinero para pagar gastos corrientes, cuando sabía que eso lo prohibía la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).Y todo ello, cuando para más INRI, tomó la decisión de paralizar el Plan General de Ordenación Urbana de Estepona (PGOU), lo que impedía seguir adelante con los trámites de esos convenios.
      Por esta cuestión, Valadez fue denunciado hace alrededor de un año, ante los juzgados de nuestro municipio, tanto por el sindicato CSIF como por el Partido Popular de Estepona.
      Pues bien, hace unos días el Juzgado nº 5 de Estepona, al frente del cual está casualmente la jueza Isabel Conejo, una de las primeras instructoras del caso Astapa, archivó provisionalmente esta denuncia, que ya ha sido recurrida ante la Audiencia Provincial de Málaga, por el Partido Popular de Estepona. También el CSIF, al que todavía no se le ha comunicado ese archivo provisional, ha anunciado que hay un 99% de posibilidades de que también recurra ese auto.

Pero lo que llama poderosamente la atención, es que la jueza Conejo, que ha llevado este caso y que también instruyó la primera parte del caso Astapa, tenía que conocer, por tener la obligación de habérselos leído, que hasta cuatro informes policiales de la UDEF-BLA, que forman parte del sumario de Astapa, decían que no se podían utilizar los fondos provenientes de los convenios urbanísticos para pagar gastos corrientes porque ello sería ilegal, ya que contravenía el articulo 75 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y el articulo 5 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Así se recoge en los informes de la policía UDEF-BLA del 17 de julio del 2007, del 8 de octubre del 2007, del 5 de noviembre del 2007 y en el macro informe del 3 de junio del 2008, que fue el que propuso, entre otras actuaciones, la intervención del Ayuntamiento de Estepona. En este último informe, que se encuentra en el Tomo VII del sumario, folio nº 2858, dice el autor del informe policial textualmente lo siguiente:

“Pero, ¿por qué estos pagos son definidos como irregularidades?:

El articulo 75 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre. Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, es clara en su redacción de los destinos únicos y exclusivos a los que se puede destinar los bienes integrantes del patrimonio público del suelo, diferenciando entre los terrenos y construcciones que integren los patrimonios público del suelo, y de otra parte los ingresos, así como los recursos derivados de la propia gestión de los patrimonios públicos del suelo. Estos últimos que se corresponderían con los ingresos monetarios procedentes de convenios urbanísticos, por esta prescripción legal se destinarán a:

Con carácter preferente, la adquisición de suelo destinado a viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública.
La conservación, mejora, ampliación, urbanización y en general, gestión urbanística de los propios bienes del correspondiente patrimonio público de suelo.
La promoción de viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública.
La ejecución de actuaciones públicas o el fomento de actuaciones públicas o el fomento de actuaciones privadas, previstas en el planeamiento, para la mejora, conservación y rehabilitación de zonas degradadas o de edificaciones en la ciudad consolidada

Afirmación que se ve reforzada por el ya conocido El Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales que en su art 5° da una limitación de Destino:" Los ingresos procedentes de la enajenación o gravamen de bienes y derechos que tengan la consideración de patrimoniales no podrán destinarse a la financiación de gastos corrientes.”.

También consta en el sumario de Astapa, Tomo XIV, pagina 321 del PDF, que uno de los fiscales que llevaba el caso, delante de la propia jueza Conejo, preguntó a un empresario que había firmado un convenio urbanístico de planeamiento con el Ayuntamiento de Estepona, que además que era abogado, si desconocía lo que decía la LOUA a este respecto, ya que su dinero se había destinado a pagar nominas. El fiscal le espetó al empresario cuando fue citado a declarar:

¿Usted no conoce como abogado que la ley andaluza del suelo en la época de celebración de este convenio establecía un destino específico para el dinero proveniente de los convenios?

Al parecer ambos desconocían, fiscal y jueza, -este hecho es muy grave en quienes tenían la responsabilidad de comprobar si existían o no irregularidades en el Ayuntamiento- es que ese dinero que se destinó a pagar nominas, en primer lugar, provenía de un convenio urbanístico de planeamiento. Y en segundo lugar, que la Ley que impedía la utilización del dinero de los convenios urbanísticos de planeamiento para gasto corriente, fue la Ley 13/2005 Medidas para la Vivienda Protegida y Suelo de Andalucía, que entró en vigor a finales del mes de diciembre del 2005, fecha posterior a la firma de ese convenio.

A sensu contrario, Valadez sí utilizó el dinero de esos convenios urbanísticos de planeamiento para gasto corriente mucho después de que entrase en vigor esa Ley.

Sin embargo, ahora, la jueza Isabel Conejo mantiene una tesis contraria a lo que decía la policía en sus informes y manifiesta en su auto que la utilización de ese dinero para pagar gastos corrientes no es ilegal. Parece evidente que o la justicia no es igual para todos y utiliza distintas varas de medir o en su momento se actuó sin el rigor investigatorio exigible y predominó el todo vale.

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El Ayuntamiento de Estepona concierta una operación de crédito en una caja de ahorros de la localidad para el pago a proveedores promovido por el Partido Estepona

27/Abril/2011 - Estepona

La propuesta, alegada por el PES en el presupuesto municipal, permitirá, a la publicación del edicto en el BOP, el pago a proveedores

Diariosol.es

El pasado 14 de abril la Corporación de Estepona aprobaba en un pleno extraordinario los presupuestos municipales de 2011. Una sesión que tuvo que ser pospuesta de la fecha inicial prevista debido a que los técnicos municipales se vieron desbordados para estudiar las más de medio centenar de alegaciones recibidas procedentes de colectivos, asociaciones, particulares y formaciones políticas, entre ellas el Partido Estepona, PES, cuyo voto fue crucial para que el texto saliera adelante. "Coherencia" fue el calificativo que la formación liderada por José Ignacio Crespo utilizó a la hora de justificar el sentido positivo de su voto, ya que se estimaron la totalidad de las alegaciones presentadas, entre las que destacan destinar el 1 por ciento del Impuesto sobre Bienes e Inmuebles, IBI, al deporte local y la petición de una operación de tesorería para el pago a los proveedores a los que el Consistorio adeuda cantidades millonarias.

Casi dos semanas después de que el alcalde de Estepona, el socialista David Valadez, consiguiera sacar adelante unos presupuestos no exentos de polémica, el PES ha informado de que en la jornada de hoy han presentado un escrito por registro de entrada en el que instan al Consistorio a que publique en el Boletín Oficial de la Provincia el edicto por el cual el presupuesto sería, de forma oficial, una realidad, al no requerirse periodo de exposición al público. "Es una puerta abierta al proyecto de presupuestos participativos que permitiría que los vecinos fueron los que eligieran a dónde va cada partida", explicó Manuel Reina, número dos de la agrupación. 

Otra de las peticiones del Partido Estepona, estimada de forma parcial, fue la petición de una operación de crédito con el objetivo de pagar a los proveedores locales. "Hay posibilidades técnicas y financieras para pedir un crédito de hasta 12 millones de euros, y ya conocemos que se ha concertado en una caja de ahorros andaluza de la localidad y que solo está pendiente del firma",explicó Reina. El PES propuso que, de los 10 millones de euros que se solicitarían a una entidad bancaria, 6 de ellos fueran destinados al pago a los empresarios esteponeros, que finalmente los técnicos municipales cifraban en cinco millones, pese a que según reconoce la formación, la propia Asociación de Comerciantes de Estepona cifra la deuda en siete millones. Así las cosas, la formación espera que el edicto se publique lo más pronto posible, para que entren en funcionamiento las medidas propuestas por el PES. 

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El CSIF se ratifica en su denuncia contra el alcalde de Estepona por el uso de los Fondos del Patrimonio

27/Abril/2011 - Estepona
El representante sindical ha aportado la documentación que demostraría que CCOO ha justificado las acciones del primer edil

Diariosol.es

Esta mañana, tal y como estaba previsto, el representante del sindicato CSIF, José María López Chacón, acudía al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Estepona para ratificar la denuncia interpuesta, junto con los concejales del Partido Popular de Estepona, contra el Alcalde del PSOE en Estepona David Valadez, entre otros, imputados por el uso de los Fondos del Patrimonio para el pago de nóminas y gastos corrientes.

"La denuncia interpuesta conjuntamente con cuatro concejales del Partido Popular de la localidad el pasado 3 de Septiembre de 2010 atribuye al Alcalde los presuntos delitos de Prevaricación, Apropiación Indebida y Malversación de Caudales Públicos habiendo sido llamado a declarar el alto mandatario municipal por estos hechos el pasado 1 de Abril", precisa la nota de prensa, en la que se añade que "como no podía ser de otro modo el representante de CSIF no solo se ha ratificado en la denuncia sino que además ha aportado diversa documentación en refuerzo de las irregularidades denunciadas. Entre esta documentación se encuentran varios escritos colgados en la página web de CCOO de Estepona, donde este sindicato justifica las presuntas ilegalidades y critica abiertamente a los denunciantes".

"Esta postura del sindicato otrora comunista ahora reconvertido en socialista, al igual que la mantenida en otros ámbitos denota la sumisión y la subordinación al PSOE aún en contra de los intereses de los trabajadores, avalando la política de tierra quemada practicada por los gobernantes del ayuntamiento de Estepona. CSIF no puede mirar para otro lado y obviar la realidad, no siempre el fin justifica los medios y para pagar las nóminas municipales el alcalde no puede atracar un banco ni puede transgredir la ley, si llegado el momento no pudo o no supo gestionar adecuadamente un ayuntamiento que demostradamente le ha venido grande, por honestidad y por el bien de la localidad debió dimitir", concluye el comunicado que finaliza asegurando que "el próximo 22 de Mayo los ciudadanos valorarán el trabajo realizado y haciendo uso del fundamental derecho al voto sabrán colocar a cada cual en el lugar que le corresponde y que se han ganado a pulso por su pésima gestión encabezados por un alcalde que sin rumbo ha llevado al municipio de Estepona a las más altas cotas de desempleo y al mayor endeudamiento de la historia".

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El Partido Liberal Estepona Habla presenta a los componentes de su candidatura para el 22 de mayo

27/Abril/2011 - Elecciones
La agrupación liderada por el policía local Lorenzo Ramet presenta una lista integrada por jóvenes de todos los sectores

Diariosol.es

El pasado lunes 25 de abril tuvo lugar la presentación oficial de la candidatura del Partido Liberal Estepona Habla, liderado por el policía local Lorenzo Ramet para los comicios municipales del próximo 22 de mayo. "Se trata de una candidatura compuesta en su mayoría por personas jóvenes, de Estepona, con ganas de trabajar por el pueblo y ninguna anteriormente ha estado en la política, uno de los requisitos que siempre ha exigido esta formación", aseguró en nota de prensa el presidente de la agrupación.

Acompañan en la lista a Lorenzo Ramet, José Gavira componente de la Banda de Música de Estepona; María del Carmen Ocaña Macías, diplomada en Ciencias Empresariales en el puesto número tres, Raúl de Mendizábal Vega, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos en el puesto número cuatro; Macarena Ortega Gil, Diplomada en Ciencias Empresariales en el puesto número cinco; Francisco Pérez Pérez, técnico en laboratorios en el sexto lugar; José Manuel Benítez Gutiérrez, empresario de Estepona en el séptimo; Angélica González Díaz, diplomada en Trabajo Social en el octavo lugar; Domingo López Osorio, administrativo en el noveno lugar, y en el décimo lugar María José Inmaculada Gómez Rodero, empresaria de Estepona.

Según Lorenzo Ramet los componentes del partido están muy ilusionados, ya que todos han querido ir en la lista para ayudar al pueblo de Estepona, "debido a que han vivido durante años cómo los políticos que nos han gobernados solamente han pensado en sus intereses personales y no en los del pueblo". Asimismo, el candidato a la Alcaldía de Estepona quiere advertir a sus rivales políticos "que no se duerman en los laureles, que las encuestas que valen son las del 22 de mayo a las 23:00 horas" y hace un llamamiento al pueblo "porque Estepona es de los esteponeros y no de unos cuantos señores que se presentan cada cuatro años".

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Un millón de euros tirados a la basura por Valadez en Estepona

25/Abril/2011 - Estepona
Dos años después, nada se sabe de las relaciones entre el Ayuntamiento y el arquitecto Enrique Bardají

Diariosol.es

El pasado día 18 de este mes, el portavoz de la agrupación socialista en Estepona, Fernando Centeno explicaba junto a la integrante de la candidatura Inmaculada Guerrero las propuestas del partido en materia de Urbanismo, Infraestructuras y Medio Ambiente, basadas en la creación de empleo, momento en el que se anunciaba que el PSOE de Estepona, cuya lista encabeza el hoy alcalde de Estepona David Valadez, tiene como objetivo prioritario elaborar un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) "armónico y sostenible, desde la claridad, transparencia y sin hipotecas. Nosotros los socialistas podemos decirlo así, no como otros grupos políticos que ofrecen dudas".
Una afirmación que ponía los pelos de punta a más de uno, especialmente a los que tienen memoria y recuerdan que en 2008 el Gobierno de Antonio Barrientos, del que Valadez no sólo formaba parte, sino que era portavoz, abonaba más de un millón de euros al equipo redactor del Plan, conminado a caer en el olvido, a tenor de las declaraciones de los socialistas, por un trabajo que ni siquiera se llegó a acabar. Muchas han sido las intervenciones por parte de miembros de la oposición en este sentido, sin que en ninguna de esas ocasiones el alcalde haya aclarado qué paso con aquella redacción y aún menos respecto del dinero que se abonó por adelantado.

Tirando de hemeroteca, lo último que encontramos a este respecto es una noticia fechada en noviembre de 2008, según la cual el pleno aprobaba iniciar la adaptación del planeamiento vigente, de 1994, a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. en aquella noticia se daba cuenta de que esos trabajos serían realizados por los técnicos adscritos a la delegación de Urbanismo y por técnicos de la propia Junta de Andalucía, y que debían estar concluidos en el primer semestre del 2010.
"Sin embargo, con ello, no se solucionan los problemas que, en materia urbanística, tiene pendientes el Consistorio. La intención del equipo de gobierno es continuar con los trabajos de revisión del nuevo Plan General, hasta ahora realizados por el estudio de arquitectos de Enrique ardají. Algo para lo que ahora se presenta un nuevo inconveniente. Y es que si bien el director del estudio ya ha cobrado casi un millón de euros por este concepto, los trabajos no han concluido y el plazo de ejecución fijado en el contrato ya está agotado".

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EVA presenta una lista en Estepona cuyo cabeza está imputado y su segundo se construyó una casa ilegal en terreno protegido

ATC

La lista de la partida EVA en Estepona está encabezada por Gerardo Galán, imputado judicialmente por calumnias cuyo juicio está pendiente de producirse. Por otra parte, asimismo, su segundo de la lista David Torralba tiene un expediente abierto desde 2007 por la construccion ilegal de una vivienda en zona protegida. La vivienda consta de 145 metros con porche, laboratorios y oficinas. Colindante con dicha propiedad se extienden los terrenos de la sierra que esta partida pretende que se califique de Parque Natural.

    Pero la cosa no queda ahí, según se comenta en un foro esteponero, posteriormente ubicó en su propiedad cinco cabañas destinadas al alquiler.

    Torralba dijo en su día, en su descargo, que había plantado alcornoques para poder explotarlos dentro de 30 años.

    Su líder Gerardo Galán se había caracterizado hasta ahora por la persecución "del delito" en el pueblo.

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Valadez adjudica a la Ser 48.000 euros entre 2011 y 2012, para asuntos de Servicio público que la empresa debe divulgar sin cobrar

25/Abril/2011 - Estepona 

¿Qué tendrán que decir a esto los cientos de empresarios a los que el Consistorio adeuda?

Diariosol.es

Si bien los cientos de empresarios y autónomos de nuestra ciudad tienen pocas esperanzas de cobrar su deuda en breve y los medios de comunicación menos aún de obtener el favor municipal en el reparto publicitario, hay quienes tienen garantizado el favor municipal más allá de lo recomendable, lo correcto y, en este caso, además, lo razonable. Ya saben, aquello de la mujer del César, que en Estepona nunca pareció tener viso alguno de cumplimiento.

David Valadez, alcalde de Estepona, acaba de firmar con la Cadena Ser, emisora en la que trabaja su esposa, un contrato para los próximos dos años que le garantizan a esta emisora 2.000 euros mensuales, IVA no incluido. El contrato, que lleva fecha 5 de abril fue iniciado por Decreto del alcalde esteponero el 26 de noviembre de 2010 y fue objeto de fiscalización previa el 22 del mismo mes. El contrato consiste en la emisión de seis cuñas diarias de lunes a viernes y un espacio semanal "el Ayuntamiento informa" con una duración de diez minutos.

Dejando de lado la conveniencia o no de esta contratación, lo que resulta ciertamente criticable es que se formalicen nuevos contratos sin que deudas más antiguas por similares conceptos se mantengan en el olvido, a lo mejor por que la línea editorial no le conviene al alcalde esteponero. Llueve sobre mojado en relación este asunto si recordamos que, ya en el año 2009, Valadez llevó a pleno más de 25.000 euros en un expediente extrajudicial con un informe personal a pesar de que la interventora "detecta un fraccionamiento del contrato con el objeto de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad, procedimiento o forma de adjudicación que corresponda" de las facturas presentadas por Antena 3 de Radio, bajo la que factura la Cadena Ser.

ATC

   Uno de los programas que son objeto de estos pagos es "El Ayuntamiento Informa", un miniespacio de dos minutos donde el Ayuntamiento explica alguna que otra actuación. Este tipo de información se encuadra dentro del Servicio Público y su divulgación no requiere ningún "contraprestación" económica. Se trata de un verdadero fraude cometido por el esposo de la redactora, David Valadez, el mismo alcalde.

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Explicando Ballena Blanca

 Miércoles, 06 de Abril de 2011 11:06 

Gonzalo Boye Tuset y Ricardo Álvarez-Ossorio Fernández, abogados defensores en el proceso “Ballena Blanca”

El juez Federico Morales - Foto EFE

Ante las reacciones que ha suscitado la reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga en el conocido como caso “Ballena Blanca”, creemos necesario realizar un análisis reposado y serio de dicha resolución, que permitirá comprender las bases en las cuales se sustenta y las razones de un abrumador número de absoluciones.

Desde la perspectiva que nos da el haber sido abogados defensores en dicho proceso, podemos afirmar que los contenidos más polémicos de la sentencia, en cuanto a absoluciones y criticas a la investigación, no son sino una respuesta madura, jurídicamente seria y acertada al auténtico problema que se planteaba en este caso, que no es otro que los límites de las actuaciones de un juez instructor, un grupo concreto de policías y un fiscal especial anticorrupción.

Existe gran perplejidad, incluso malestar, en un amplio espectro social por las absoluciones. Ello viene dado porque la opinión pública no tenía otro referente de lo que era realmente la Ballena Blanca que lo publicado en los medios de comunicación, especialmente en su fase inicial.

Anunciar como se hizo "la mayor operación contra el blanqueo en toda Europa" desterró de entrada toda posibilidad de cuestionar lo que en verdad estaba sucediendo. Pero lo que debería preocuparnos es todo lo que se hizo mal, rematadamente mal, para haber sometido a proceso a tantas personas y haberlas sentado en el banquillo, enlodando su reputación, arruinando sus vidas y lapidando sus patrimonios en pos de una “misión” que poco se compadece con lo que debe ser un auténtico Estado de Derecho.

Medio centenar de personas detenidas, encañonadas delante de su propia familia, mientras alguien se encargaba de avisar a periodistas en una causa judicial secreta, para que estuvieran cámara en mano pendientes de los registros y detenciones en una despreciable actitud que está muy lejos de lo aceptable en cualquier estado democrático.  La labor policial es  indiscutiblemente encomiable cuando se centra en el trabajo honesto y discreto en defensa de todos nosotros, pero especialmente indigna cuando se desempeña con exhibición pública de abuso de poder.

De ese medio centenar de personas, solo 19 fueron acusadas. Pero más de 30 durmieron sin justificación alguna en calabozos, hacinadas e insultadas (como relataron en el juicio). Con hijos, padres y cónyuges en un estado de lamentable sufrimiento, para luego no ser siquiera acusados. Nadie les ha pedido una disculpa: ni Policías, ni Jueces, ni Fiscales. Algunas detenidas y nunca acusadas relataban incluso como han tenido que someterse a tratamiento psiquiátrico  como consecuencia de aquel episodio.

Pues bien, de aquellas personas que si fueron acusadas, la inmensa mayoría han resultado absueltas. Pero no por defectos "formales" en la investigación, y mucho menos por la anulación de las llamadas telefónicas, como erróneamente viene siendo publicado en los últimos días.

Ballena Blanca ha visto anuladas sus escuchas telefónicas, y ello debió comportar la anulación del resto de las pruebas por su conexión antijurídica. Pero el Tribunal decidió salvar todas las pruebas restantes y si la investigación ha naufragado, ha sido por una serie de irregularidades cometidas en fase de instrucción tanto por la policía como por el Juez Instructor y, todo ello, a vista y paciencia de un Fiscal que según la propia sentencia “declinó el examen de la documentación” y cuya “inactividad” llevó a diversas situaciones que la Sección 2ª de la Audiencia de Málaga detalla con profusión.

Ese análisis más detallado de la resolución (publicada en formato digital en distintos medios) nos tiene que adentrar en determinados puntos que son fundamentales para comprenderla y trataremos de esbozar aquellos hitos esenciales de la misma que permitirá comprender que no se ha absuelto a una serie de delincuentes por tecnicismos jurídicos, sino que se ha restaurado en su dignidad y en la presunción de inocencia a un grupo amplio de personas que jamás debieron ser sometidas a proceso.

Partiendo por cómo llega la causa al Juez Torres, la sentencia reconoce que fue de forma irregular, que ni tan siquiera constan las diligencias propias del reparto judicial y que las defensas que en su día lo planteábamos como causa de nulidad teníamos “un serio apoyo” probatorio al respecto; la Sala llega a la conclusión que esta irregularidad (elección policial del Juez que  "dirija" la investigación) no afecta al juez predeterminado por ley -un derecho constitucional para todos los ciudadanos, precisamente para evitar que seamos investigados o juzgados por un juez distinto del que nos corresponda en Ley. Nosotros insistimos en que eso afecta al derecho a un Juez imparcial. Miguel Ángel Torres no lo era, y ha quedado patente a lo largo de más de ocho meses de juicio.

Luego se adentra la sentencia en el manejo que se realizó en fase de instrucción de la abundante prueba documental (decenas de miles de folios) acopiada en los salvajes registros practicados, bajo orden y seguimiento del Juez Torres, en diversos despachos y domicilios, concluyendo resumidamente que: el manejo de los documentos no se ajustó a lo que la Ley establece al respecto, de cara a la preparación del juicio oral, siendo supeditado su custodia y tratamiento a los intereses policiales, y siendo un error “patente” que fue ampliado porque el Fiscal, ya en juicio oral, “no citó … ningún otro documento”.

Se ha intentado criminalizar, desde la base de la más absoluta y agresiva ignorancia, la tenencia y existencia de empresas con domicilio social en el estado norteamericano de Delaware. Pero el Tribunal ha concluido que “es un hecho que ni USA ni Delaware tienen la consideración de paraísos fiscales ni han sido oficialmente considerados no cooperantes”.

También se hace un detallado análisis y crítica al concepto denominado “inteligencia policial”, de perfiles discutibles, y que en este caso se ha apartado, incluso, de las reglas de la lógica para alcanzar sus conclusiones. Conclusiones que, lamentablemente, fueron asumidas como tesis única por el Juez Instructor, siempre con el aval del Fiscal Anticorrupción. En este punto, es vital recordar que policías, fiscal y juez no pueden ni deben ser una misma cosa. La natural (y legitima) tendencia policial a la incriminación debe ser templada por un fiscal que pondere muy mucho las opiniones que se le presentan, y a su vez, la iniciativa del Ministerio Público  debe estar acotada y valorada por un un juez imparcial.

Podríamos analizar interminables detalles contenidos en la prolija sentencia, pero ahora lo relevante es explicar que la base de la absolución se gesta en la fase de instrucción, nefasta, poco rigurosa, tendenciosa, prospectiva y contraria a Derecho para, ya en fase de juicio oral -con luces y taquígrafos-, desvelarse que este proceso jamás se ajustó a unos mínimos legales, y que estuvo conducido estrictamente por la policía en lugar de por la autoridad judicial. Todo ello ante la más absoluta pasividad de un Fiscal cuyos errores han sido puestos de manifiesto por las defensas y reconocidos por la totalidad del Tribunal.

Mucho se ha dicho de que estábamos ante la mayor trama de blanqueo de capitales descubierta en España pero, en realidad, la ballena blanca no ha sido sino una descomunal dilapidación de recursos públicos sólo justificable desde la perspectiva radical de unos funcionarios públicos a quienes se les debería pedir explicaciones por los atropellos cometidos en pos de un fin de difícil justificación: no es de recibo en un Estado de Derecho que la maquinaria pública se ponga en funcionamiento  de forma tan desproporcionada más para satisfacer vanidades, generar titulares grandilocuentes y complacer intereses personales que para los fines propios de la búsqueda de la verdad y la aplicación de la Ley.

La preocupación de algunas instancias por exhibir y magnificar esta operación generó una enorme alarma, y ahora la alarma se produce por las absoluciones. Todo ello sin mas información que la que las autoridades intervinientes facilitaron en su día, creando una corriente de opinión que inevitablemente se ha asentado entre los ciudadanos, que ahora no comprenden cómo se puede dar tal situación.  Habría que huir de la temeraria publicidad de las investigaciones, de su magnificación y de los daños que ello comporta. Y las funciones propias de jueces y policía deberían desarrollarse en el marco de la prudencia y la discreción.

Ballena Blanca es un ejemplo de lo que no se debe hacer y, sobre todo, de una forma errónea de entender la lucha contra la criminalidad: “a boleo”, desde la ignorancia más absoluta del Derecho y con atropello de cualesquiera garantías legal y constitucionalmente reconocidas a toda persona.

La sentencia, guste o no, pasa por ser la respuesta del Estado de Derecho a los atropellos cometidos durante varios años de instrucción sobre un numeroso colectivo de personas inocentes, que deberían recibir una explicación al menos por parte de un grupo de funcionarios públicos cuyo exceso de ganas y falta de prudencia constituye la mayor critica del Tribunal junto a la actuación de un fiscal que, recordemos, al igual que jueces y policías, tienen el difícil pero riguroso deber de proteger los derechos de los ciudadanos.  De todos.

Gonzalo Boye Tuset y Ricardo Álvarez-Ossorio Fernández, abogados defensores en el proceso “Ballena Blanca”

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La Junta Electoral impide un acto de la alcaldesa de Manilva dirigido al colectivo rumano

MANILVA

09.04.11 - 01:41 -
M. PERIÁÑEZ | MANILVA.
   La Junta Electoral de zona de Marbella ha acordado requerir al Ayuntamiento de Manilva para que no celebre el acto y la comida previstos para el día 10 de abril, en las dependencias municipales, por vulnerar la Ley de Régimen Electoral. La ASM de Manilva presentó un escrito denunciando el reparto puerta a puerta por integrantes de IU de una invitación por parte de la alcaldesa de Manilva dirigida al colectivo rumano. La citada formación política denunció que se pretendía realizar un acto electoral.

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