22 septiembre 2008

Acusan a Cristina Rodríguez de contratar irregularmente

Valadez: "No le consiento ni una sola alusión de ese tipo más". A lo que Zamorano contestó: "Usted no es nadie para consentir o no; usted aguantará lo que yo considere que debo decir y si no le gusta, se irá a los tribunales, pero mi libertad de expresión no me la va a coaccionar ni usted ni nadie".

Según Zamorano, la edil hizo un proceso de selección “a medida” para Luciano Sánchez

B. Funes / R. Márquez/Estepona
Las acusaciones de Francisco Zamorano volvieron a marcar la última sesión plenaria celebrada por el Ayuntamiento de Estepona. Si la semana pasada, el edil no adscrito acusó a la edil del PSOE, Cristina Rodríguez, de haber solicitado la retirada de un expediente extrajudicial de crédito por supuestas "fobias y filias", ahora Zamorano hacía unas acusaciones aún más graves. Así, el ex edil del PSOE aseguraba que Rodríguez realizó una contratación "a medida" cuando era directora de Recursos Humanos en el año 2000.
El asunto salió a relucir en el transcurso de uno de los puntos del orden del día, el relativo a personal, por el que se daba cuenta del nombramiento de una serie de funcionarios, así como de unos complementos de libre designación. Zamorano tomó la palabra para manifestar su desacuerdo ante una de las personas que se proponía para recibir un complemento de libre designación, concretamente, el jefe del gabinete de Alcaldía, Luciano Sánchez. Según explicó el edil, este trabajador no "es la persona idónea ética y moralmente para ese cargo", dado que, según Zamorano, su contratación en el Ayuntamiento fue irregular.
Así, apuntaba el concejal no adscrito, fue Rodríguez quien le contrató en el año 2000, cuando desempeñaba el puesto de directora de área de Recursos Humanos dentro de la delegación de Personal que ostentaba Zamorano. Entonces, explica el edil, Luciano Sánchez era cargo de confianza y desempeñaba el puesto de director de Relaciones Laborales, pero Rodríguez, que tenía la firma delegada de Zamorano, insiste el edil, le contrató mediante un proceso de selección "a medida" para ese mismo puesto, a través de la oficina de empleo. "En esa época y cuando yo estaba de vacaciones, Rodríguez remitió una carta a la oficina de empleo diciendo que quería cubrir la plaza de director de Relaciones Laborales con un puesto de interinidad y tomando como requisitos que fuese una persona mayor de 40 años, de Estepona, con experiencia en relaciones laborales, diplomado en Trabajo Social, es decir, lo que se llama una petición a medida", indicó Zamorano, que añadió que de dicho proceso y "sin mediar prueba alguna", Rodríguez remitió a la oficina de empleo la selección de Sánchez.
Unas acusaciones que se apresuró a desmentir la edil de Personal, indicando que entonces ella "tenía la firma delegada en cuanto a temas internos, pero no en cuanto a la firma de contratos".
Ante estas acusaciones, el portavoz del Partido Popular, Ignacio Mena, advirtió de que, de ser cierto, los hechos "podían ser constitutivos de delito". Sin embargo, el asunto se sometió a votación, siendo aprobado por mayoría.
Pero ésta no fue la única acusación realizada por Zamorano. El edil aseguró que los cargos de confianza cesados por el alcalde estaban siendo recontratados como personal laboral del Ayuntamiento en puestos de administrativos. Unas declaraciones que provocaron la crispación, una vez más, de Valadez, que volvió a enfrentarse a su ex compañero: "No le consiento ni una sola alusión de ese tipo más". A lo que Zamorano contestó: "Usted no es nadie para consentir o no; usted aguantará lo que yo considere que debo decir y si no le gusta, se irá a los tribunales, pero mi libertad de expresión no me la va a coaccionar ni usted ni nadie".

Asuntos Urgentes

A pesar de que el pleno convocado para el pasado viernes contaba con diez puntos en el orden del día, una serie de errores detectados en la documentación relativa a varios asuntos a tratar, obligó a que se sacasen del orden del día, que se quedó con cuatro asuntos. Sin embargo, y a petición de Zamorano, la mayoría se presentaron en el capítulo de asuntos urgentes y pudieron ser debatidos. Sólo dos quedaron sobre la mesa: el relativo a dos expedientes extrajudiciales de crédito, por un montante total cercano a los 500 mil euros, y una propuesta para autorizar la solicitud de un crédito para las VPO de Cancelada, sobre los que no se había celebrado comisión informativa previa a la convocatoria de pleno y que, según indicó el alcalde, se llevarán a pleno la próxima semana.
Entre los asuntos que sí se debatieron cabe resaltar la propuesta para reducir el salario del alcalde y los concejales, que fue aprobada por mayoría, aunque no estuvo exenta de polémica, principalmente porque desde la oposición se realizaron otras propuestas alternativas, que consideraban más ventajosas. Es el caso del Partido Popular, que incluso facilitó una copia de su encomienda a todos los concejales y solicitó que se tomase un receso en la sesión para estudiarla. Según explicó el portavoz del PP, su propuesta supondría un ahorro de 35 mil euros anuales con respecto a la presentada por el equipo de gobierno y sería similar a la que se utiliza para los cargos públicos de otros organismos supramunicipales, como la Diputación provincial, el Congreso de los diputados o el Senado.
Por su parte, desde el PES, su portavoz, Juan Manuel Rodríguez, añadía que la propuesta presentada por el gobierno supone una discriminación entre los concejales con y sin delegaciones que, entiende, "va en contra de la ley de régimen local y vulnera el artículo 14 de la Constitución, así como el Estatuto de los Trabajadores".
Sin embargo, desde el equipo de gobierno se rehusó estudiar ninguna otra propuesta ni hacer un receso para ello, aludiendo a la urgencia de aprobar este asunto y a la falta de tiempo para estudiar otras medidas. Así, el concejal de Hacienda y portavoz del PSOE, Antonio Sánchez, indicó que la propuesta presentada por su equipo es "un modelo absolutamente transparente, ya que tiene un solo concepto de ingreso, que es el de retribuciones de órganos colegiados, de forma que todo el mundo sabe cuál es el salario bruto".
Pese a la contundencia del PSOE, el portavoz del PP volvió a exigir que desde Alcaldía se le contestase en relación a su propuesta. Sin embargo, Valadez le recordó que la podían haber presentado en la comisión informativa de Hacienda celebrada esta semana, donde se podría haber estudiado su viabilidad.

Valadez se niega a debatir la propuesta del Partido Popular

La última parte del pleno estuvo marcada por la negativa de la Corporación a debatir la propuesta del Partido Popular referente a la retribución que perciben los concejales del equipo de gobierno.
La moción, que contó con once votos a favor y once en contra, no salió adelante debido al voto de calidad del alcalde: “El alcalde ha demostrado una vez más que no le gusta la crítica de la oposición. Se ha negado a debatir un asunto con el que le podríamos ahorrar al Ayuntamiento esteponero unos 35.000 euros”.
En materia de ruegos y preguntas el Partido Popular trasladó cuestiones como el posible cierre de varios hoteles en invierno, los gastos en materia de Turismo, el restablecimiento de la línea 2 de Portillo o el peso que ostenta a día de hoy el Ayuntamiento esteponero en Mancomunidad.
Por su parte el concejal no adscrito Francisco Zamorano solicitó los informes de viabilidad tanto del teatro como de la segunda fase de la Ciudad Deportiva.
Por último, desde el PES se solicitó una Relación de Puestos de Trabajo así como conocer si el alcalde cobra honorarios por su asistencia a los plenos de Mancomunidad.

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20 septiembre 2008

Zamorano acusa a Cristina Rodríguez de crear un puesto de trabajo a medida de José Luciano Sánchez

19/Septiembre/2008 - Estepona Diariosol.com

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Según Zamorano, José Luciano Sánchez, a quien el equipo de gobierno propone para recibir un complemento de libre designación como jefe de gabinete de alcaldía no es ética ni moralmente la persona idónea para el puesto
El debate del punto comenzaba con una intervención de Francisco Zamorano aludiendo a que José Luciano Sánchez, a quien el equipo de gobierno propone para recibir un complemento de libre designación como jefe de gabinete de alcaldía no era ética y moralmente la persona idónea para este puesto. Una afirmación que Zamorano basaba en el hecho de que su contratación en el Ayuntamiento de Estepona ha sido irregular. Así acusaba directamente ala edil de Personal, Cristina Rodríguez, de haberle contratado cuando era directora de área en esta delegación.
Unas acusaciones que la edil de Personal se apresuró a desmentir.
Sin embargo, Zamorano volvió a reafirmarse en sus declaraciones.
A pesar de ello y de que el portavoz del PP advirtió de que dichas declaraciones eran preocupantes y podían ser constitutivas de delito, el asunto fue aprobado con los votos del equipo de gobierno y de las dos concejalas no adscritas, Carmen Ocaña y Francis Bernal.

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Cristina Rodríguez contribuyó a que el jefe de alcaldía pasase de cargo de confianza a interino

Estepona

La actual concejala de Personal tramitó una oferta de empleo ante el INEM que concluyó con la contratación de Luciano Sánchez como laboral interino del Ayuntamiento
Última actualización 19/09/2008
La actual concejala de Personal del Ayuntamiento de Estepona, Cristina Rodríguez, fue la persona que propició, gracias a la presentación de una oferta de empleo en el INEM, algo distinto al concurso público, que el actual jefe de gabinete de alcaldía, José Luciano Sánchez Sánchez, pasase de ser personal de confianza a ocupar una plaza de trabajador laboral interino en el Ayuntamiento en el 2000.
Según se desprende de la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, Sánchez es nombrado como cargo de confianza el uno de octubre de mil novecientos noventa y nueve con Antonio Caba Tena como alcalde, como se recoge en el acta de toma de posesión de la mencionada fecha.

En el documento firmado por el actual jefe de gabinete de alcaldía en su comparecencia ante el secretario general de la Corporación se reconoce que el objeto del mismo es la toma de posesión de la plaza de funcionario de empleo eventual, ocupando el cargo de director de relaciones laborales.

En este puesto, José Luciano Sánchez Sánchez permanecería hasta el 26 de octubre del año 2000, justo un día después que se terminara el proceso de selección que puso en marcha Cristina Rodríguez para que pasara a ocupar después una plaza de interino el citado.

Para ello, Cristina Rodríguez, como representante del Ayuntamiento de Estepona, presentó una oferta de trabajo ante el Instituto Nacional de Empleo para cubrir una puesto de trabajo que respondía a la descripción de “la de dirigir las relaciones laborales del Ayuntamiento con su personal, tramitar expedientes de inserción laboral y programas de colaboración social que incluye selección de personal beneficiario de los mismos”, según consta en el documento presentado en el INEM.

Curiosamente, las labores que venía desempeñando Sánchez como cargo de confianza eran la director de relaciones laborales.

También llama la atención que en esa oferta presentada por Cristina Rodríguez y en el apartado de otros requisitos específicos se solicitaba que fuese una “persona mayor de 40 años, residente en Estepona, con vehículo propio y amplio conocimiento de la población”. Unos requisitos que, es obvio, limitaba mucho la posibilidad de presentación de otros candidatos.

Otra cuestión coincidente en la oferta presentada por Cristina Rodríguez en el INEM es que en el perfil del candidato se exigía como conocimientos necesarios el de relaciones laborales, recursos humanos y relaciones con los agentes sociales, algo que se ajustaba mucho al las labores que José Luciano Sánchez realizaba como cargo de confianza en el gobierno de Antonio Caba.

Fue la propia Cristina Rodríguez la encargada de atender en las dependencias de Puertosol, en el Negociado de Personal, a los trabajadores seleccionados por el INEM.

Este organísmo estatal, en respuesta a la oferta de trabajo, propuso a cinco personas, cuatro mujeres y José Luciano Sánchez, siendo elegido éste último, ya que, según consta en el documento, el resto de la seleccionadas no reunían el perfil, experiencia y aptitudes requeridas para el puesto. Esto se produjo el 25 de octubre de 2000.

Al día siguiente, esto es, el día 26 de octubre de ese mismo año, José Luciano Sánchez envió un escrito en el que presentaba su renuncia al cargo de confianza que ostentaba, alegando, entre otras cuestiones, “haber conseguido en oferta pública de empleo una plaza de asistente social, de la cual debe tomar posesión con efecto inmediato”. Lo expuesto como se comprueba no era conicidente con el objeto de la oferta de trabajo, ya que en ésta se exigía claramente dirigir las relaciones laborales del Ayuntamiento con su personal.

La petición formulada por José Luciano Sánchez fue aceptada, como así se recoge en el contenido del decreto firmado por Antonio Caba Tena, que en ese momento era el alcalde de la ciudad y que contó con el visto bueno del secretario accidental, José Carlos Outón Soto.

En el mismo y a modo de resumen se decía “vengo a disponer el cese, con efectos del próximo día 31 de los corrientes, de José Sánchez Sánchez, como funcionario de empleo eventual en el cargo de director de relaciones laborales” del Ayuntamiento.

Vía libre
Con la aceptación de su cese como cargo de confianza, el actual jefe de gabinete de alcaldía tuvo vía libre para acceder a su nuevo puesto de trabajo, que quedó plasmado en un decreto emitido el 31 de octubre de 2000 y por el que Sánchez, convertido ya en laboral interino, pasó a formar parte como asistente social del servicio de promoción y reinserción social de la Delegación de Salud, algo distinto a lo especificado en la oferta laboral para el puesto de trabajo que solicitó al INEM Cristina Rodríguez, en su calidad de representante del Ayuntamiento.

En ese decreto también se detallaban las percepciones dinerarias asignadas al puesto que ocupó Sánchez, y que en cantidades brutas mensuales se acercaban a las 400.000 de las antiguas pesetas, siendo el trabajador que mayor cantidad percibía en concepto de complemento. Esto queda acreditado en el escrito que firma José Francisco Gerez del Valle como concejal de Hacienda del Ayuntamiento el 15 de noviembre de 2001, cuando el PP se hizo con la alcaldía, decidiendo suprimir dichos complementos a varios trabajadores, siendo el del actual jefe del gabinete de alcaldía el de mayor cuantía

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19 septiembre 2008

La Junta agradece con anuncios en prensa a imputados en la Operación Malaya con licencias ilegales por "ayudar a crear la Costa del Sol queremos"

Al investigado Grupo Peñarroya, al clausurado Hotel Senator y a NH Hoteles, que tiene dos edificios irregulares en Marbella

03/04/07 MÁLAGA. La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, ha comprado publicidad institucional en medios de comunicación malagueños para expresar su agradecimiento a empresas imputadas en la Operación Malaya contra la corrupción (Grupo Peñarroya), a otras sociedades que tienen sus instalaciones clausuradas por vulnerar la ley (Hoteles Playa Senator) y a compañías con establecimientos irregulares en Marbella (NH Hoteles). “Gracias por ayudarnos a crear la Costa del Sol que todos queremos” dice la extraña felicitación propagada por el Gobierno andaluz que resume el espíritu de reconocimiento y gratitud del ex consejero del ramo y candidato socialista en Marbella, Paulino Plata, con los que han sido algunos de sus colaboradores. “Seguimos contando con todos” y “Así te quiero ver” son otras dos consignas del peculiar agradecimiento público que han llamado la atención de EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com.

AL Grupo Peñarroya, fundado por Cristóbal Peñarroya, en libertad bajo fianza de 30.000 euros por la acusación de un delito de cohecho durante la Operación Malaya, la Junta de Andalucía le da las gracias “por ayudarnos a crear la Costa del Sol que todos queremos”.

A Hoteles Playa Senator, con un establecimiento en Marbella que nunca llegó a inaugurarse -edificio que pasó de ser un terreno cedido por el Ayuntamiento para equipamiento público a venderse por casi nueve millones y medio de euros y sobre el cual el TSJA ordenó una paralización de obras-, la Junta de Andalucía le da las gracias “por ayudarnos a crear la Costa del Sol que todos queremos”.

A la cadena NH Hoteles, cuyos dos establecimiento de Marbella tienen licencias de apertura “improcedentes” y están siendo investigados por la Gestora de Marbella ya que uno de ellos se levanta en parte en una zona calificada para uso escolar y zona verde, la Junta de Andalucía le da las gracias “por ayudarnos a crear la Costa del Sol que todos queremos”.

LA publicidad insertada la semana pasada en varios medios de comunicación malagueños corresponde a la Consejería de Turismo, dirigida hasta hace unas semanas por el candidato a la alcaldía de Marbella por el PSOE, Paulino Plata. En el anuncio también se incluyen consignas como “Seguimos contando con todos” y “Así te quiero ver”.

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El PP presenta en el Juzgado la justificación de los 85.000 euros

Según la prensa local, "Mena aporta documentación que acredita que el dinero procedía del pago de la feria y acusa al alcalde de no pedir la cuantía para no reconocer que estaba justificada".

MP


El PP reclama en el juzgado la devolución de los 90.000 euros incautados en Cultura
ESCRITO. Mena argumentó la solicitud de la cuantía incautada. / M. P.
Los casi 90.000 euros que la policía encontró en las dependencias de centro cultural Padre Manuel siguen suscitando debate político. El PP presentó ayer en el juzgado de Instrucción número 1 de Estepona, que instruye el 'caso Astapa', que se devuelva esta cantidad al Consistorio al entender que esta cifra procede del abono del canon de las atracciones de feria. Los populares lo argumentan con un informe del empresario promotor de las atracciones de feria, Vicente García, donde hace constar que hizo entrega del 80% del pago de este canon -unos 80.000 euros- al habilitado contable de la delegación de Fiestas, José Antonio Macías.

Este empleado manifestó haber recibido esta cantidad de dinero en un escrito firmado el 16 de junio, un día antes de que se pusiera en marcha la 'operación Astapa' y de que se detuviese a la concejala de este área, Asunción López.

En el escrito que los populares han presentado en el juzgado esgrimen además que esta fórmula de gestión de gastos e ingresos de la feria se empleaba desde hace años. Así, adjuntan una propuesta de la entonces edil del área donde se proponía la encomienda de gestión de los gastos e ingresos de la feria a la empresa municipal Promoción y Comunicación, S.L.

La solicitud de esta cuantía incautada por los investigadores de Astapa generó una crisis dentro del equipo de gobierno. El alcalde aseguró a finales de agosto que este dinero no se podía reclamar porque no estaba registrado en el Consistorio. Un día después, el edil de Hacienda, Antonio Sánchez, le contradijo y aseguró que se buscarían los mecanismos para pedir este montante económico.

Antiguos compañeros

Así las cosas, el portavoz del PP, Ignacio Mena, criticó las declaraciones del primer edil, David Valadez, y cuestionó las razones por las que el regidor decidió no reclamar el dinero. «Valadez no se entera de lo que tiene entre manos o su ánimo no es el de defender los intereses de los vecinos. Prefiere renunciar a cobrar 90.000 euros a reconocer que ese dinero estaba justificado; sólo con la intención de que no se demuestre la no culpabilidad de antiguos compañeros suyos», añadió el edil del PP.

Los populares reclamará además el reintegro de todo el dinero intervenido en el marco de esta operación una vez que se levante el secreto del sumario y se conozcan las actuaciones que se están investigando.

Lea el comentario de Alatriste

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18 septiembre 2008

Las obras de construcción del nuevo colegio Maria Espinosa en La Lobilla están paralizadas

18/Septiembre/2008 - Estepona

Así lo denuncia la Asociación de Padres y Madres de Alumnos, quien ha solicitado una reunión de urgencia con el primer edil y con el concejal de Educación

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Nuevo revés en la construcción del colegio María Espinosa, en La Lobilla. Y es que, al parecer, las obras están paralizadas. De hecho, esta mañana sólo se veía en la zona a un operario y toda la maquinaria estaba parada. Una situación que preocupa, y mucho, a los padres y madres de los alumnos matriculados en este centro, cuyos hijos reciben clase desde el pasado año, fecha en la que el colegio iba a entrar en funcionamiento, en el antiguo Víctor de la Serna. Tanto es así, que en la reunión de la Junta Directiva que ayer celebró la Asociación de Padres y Madres 'La cortinera' se decidió solicitar una reunión urgente con el primer edil, David Valadez, y con el concejal de Educación, Antonio Sánchez, para intentar obtener respuestas, a pesar de que reconocen que las competencias en esta materia son de la Junta de Andalucía.
Al parecer, habrían surgido problemas entre la dirección facultativa de la obra y la empresa constructora, aunque según indicaban fuentes municipales, se estarían produciendo reuniones entre las partes para solucionar el problema cuanto antes.
Mientras, desde la asociación de padres se indicaba que, según tenían entendido por comentarios de los propios obreros, la constructora no habría recibido ningún pago desde el inicio de los trabajos.
Sea como fuere, lo cierto es que el plazo de finalización de los trabajos está fijado en marzo de 2009, por lo que, en caso de incumplimiento por demora, la empresa tendría que afrontar una penalización.
Cabe recordar que la Junta de Andalucía adjudicó el pasado mes de abril las obras a la empresa Andobrás, S.A. por un importe de 3,3 millones de euros para la construcción de este colegio, que contará con seis aulas de infantil y doce de primaria.

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Del Valle asegura que no hay pruebas y que sólo se le acusa para justificar el proceso

HÉCTOR BARBOTTA

No existen pruebas en su contra y la acusación del fiscal sólo tiene por objetivo justificar todo lo actuado hasta ahora. Esa es la opinión del abogado Fernando Del Valle, principal acusado en el 'caso Ballena Blanca', tras conocer a través de la prensa el contenido del escrito de la acusación formulada por el fiscal, en el que pide para él una pena 15 años de cárcel. Según asegura Del Valle en un escrito enviado a este periódico, «el fiscal no tiene más remedio que acusar, como sea, luego del circo mediático que montaron».

Para el abogado, desde el principio la operación 'Ballena Blanca' se fraguó por parte de la policía y la Fiscalía «sin bases concretas, pero con muchas páginas de informes y literatura y con la protección» del juez Torres. En su opinión, ello dio lugar a un operativo «sin precedentes en la historia de este país contra un despacho de abogados equivalente a los que se utilizan en los asaltos a las sedes terroristas». En el escrito, Del Valle recuerda que durante la operación se detuvo y procesó a decenas de personas completamente ajenas a lo que se investigaba y que posteriormente fueron sobreseídas. «De cómo fueron afectadas estas personas, de su sufrimiento y el de sus familias, nadie se ha ocupado», lamenta.

Delitos y pruebas

Ahora, la intención del Ministerio Público, según el abogado, es que el principal acusado no quede impune «haya o no delitos, haya o no pruebas». No obstante, Del Valle se muestra optimista en cuanto a su suerte final: «Las condenas -asegura-requieren delitos y pruebas, y en esta investigación, pese a las miles de páginas y centenares de volúmenes, no los hay, pese al esfuerzo del fiscal para verme de nuevo en la cárcel». Según el abogado, el representante del Ministerio Público «olvida que en este país hay auténticos jueces y justicia».

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El Partido Popular ha reclamado por vía judicial que el dinero intervenido en la Delegación de Fiestas sean devueltos a las aras municipales

Ha incluido en la petición toda la documentación que acredita que este dinero estaba registrado y que correspondía al cobro del canon que cada año abonan los feriantes.

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El Partido Popular ha decidido tomar cartas en el asunto después de que en el mismo seno del equipo de gobierno surgieran contradicciones sobre la procedencia y posible reclamación de los cerca de 90.000 euros intervenidos en los registros de la Operación Astapa en la delegación de Fiestas. Así, ha presentado un escrito al Juzgado de Instrucción Número 1 de Estepona en el que solicita que ese dinero sea devuelto al Ayuntamiento y, para ello, aporta una serie de documentación que acredita que la cuantía estaba registrada y procedía del pago del canon de los feriantes. El portavoz de la agrupación, Ignacio Mena, critica las declaraciones del primer edil, David Valadez, de finales de agosto en las que indicaba que no se podía reclamar el dinero ya que no había pasado por Tesorería y difícilmente se podría acreditar su titularidad. El Partido Popular cuestiona los motivos por los que el regidor municipal no quiso reclamar la cantidad intervenida en Fiestas cuando en el momento de sus declaraciones ya obraba en poder del Ayuntamiento documentación que acreditaba la procedencia del dinero, como es un recibo de ingreso del dinero a fecha 16 de junio, un día antes de la Operación Astapa, que está firmado por el habilitado contable de la delegación. Por todo esto, la agrupación asegura no haber tenido más remedio que reclamar ellos mismos la cantidad por el bien de Estepona.

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