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15 octubre 2008

Los socialistas, agarrados al "clavo ardiendo" de la corrupción, impiden el debate parlamentario sobre la disolución del Ayuntamiento de Estepona.

Publicado en jueves, julio 10, 2008

UN PASO MÁS PARA EVITAR LAS ELECCIONES LIBRES
El PSOE votó en contra de la proposición del PP para instar al Gobierno a tramitar la disolución del Ayuntamiento de Estepona, durante el pleno celebrado el miércoles en el Parlamento andaluz. Los socialistas ni siquiera contemplan convocar elecciones libres y democráticas ante la gravedad de la situación, porque temen que el PP gane por mayoría absoluta, al igual que ocurrió en Marbella.

L D (Pedro de Tena) El miércoles en el Parlamento andaluz, el PP pidió en la Diputación Permanente que se debatiera en un pleno extraordinario una proposición no de ley que aprobase instar al gobierno de la Nación a tramitar el expediente de disolución del Ayuntamiento de Estepona, minado, como ya se sabe, por la corrupción.
El PSOE votó en contra e Izquierda Unida se abstuvo. Es un paso más en las maniobras del PSOE para favorecer que sea elegido un nuevo alcalde socialista en dicha localidad. que aprovechó la reunión para acusar de corrupción al PP a pesar de que es el alcalde y los concejales socialistas los que están imputados en Estepona.

Hace unos días el PSOE había impedido asimismo que Manuel Chaves compareciera en una sesión extraordinaria del Parlamento para analizar la situación de crisis económica y crecimiento del desempleo en Andalucía.

Como es habitual, el PSOE usó en su propio beneficio las normas parlamentarias. Tanto PP como IU mostraron a la presidenta de la Cámara, Fuensanta Coves, su malestar por no poder contar con un segundo turno para replicar las tesis de los socialistas para desestimar la celebración de este debate. Coves lo justificó en el reglamento.

Centrados en el caso de Estepona, el portavoz socialista, Manuel Gracia, señaló las diferencias que existen entre los casos de corrupción de Marbella y esta ciudad, y señaló que la Ley de Régimen Local, que regula la disolución, no recoge los supuestos que se dan en este municipio.

El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, justificó la disolución por el número de concejales imputados en el caso “Astapa” y acusó al PSOE de no querer adoptar esta iniciativa por tener un «pacto oculto» con estos ediles, algo que fue considerado insidioso por el PSOE.

Gracia dijo reconocer una contradicción en la que incurre, en su opinión, el presidente del PP-A, Javier Arenas, que se negó a disolver el Ayuntamiento de Marbella cuando era ministro de Administraciones Públicas para después reclamarla y acusar a la Junta de no controlar el urbanismo de la ciudad. Arenas reclamó a Coves intervenir por “alusiones personales”, a lo que accedió la presidenta tras un tira y afloja verbal, lo que motivó que también pidiera la palabra el coordinador de IUCA, Diego Valderas.

El líder del PP-A reconoció que estuvo de acuerdo con la Junta en no disolver en Marbella porque los informes de su ministerio coincidían con los de esta administración. Lo que no fue óbice para que Arenas afirmara que “nunca he alabado los controles urbanísticos de la Junta”, mientras acusó al PSOE de “alargar” la situación en Marbella para, a través de una gestora, tratar de ganar las elecciones.

Gracia declinó intervenir porque “tienen muy poca vergüenza” en referencia al PP, mientras que Arenas lo conminó a retirar el “insulto”. La situación provocó que Coves la calificara de “escándalo impropio”.

Al final, el portavoz socialista retiró sus palabras.

Hay que recordar que, ante la investigación policial y judicial que ha descubierto parte de la tostá en la que el PSOE está metido hasta el tuétano, como pasaba en Marbella, la obsesión del aparato socialista es ahora no perder el control institucional del Ayuntamiento para tener, al menos, un elemento de poder bajo su mando. Para ello, el PSOE está recurriendo a todo, incluso prometer no se sabe qué a los concejales expulsados para conservar su voto. La pregunta es por qué el PSOE, en lugar de promover la disolución del Ayuntamiento y la convocatoria de elecciones libres, se aferra a este tenebroso y oscuro proceso del que no podrá salir bien parado en ningún caso.

Decía ayer El Mundo que la actitud del PSOE se resume en que sus ediles y cargos locales están tratando de alcanzar un acuerdo verbal con los que hasta hace semanas eran sus compañeros de partido, y hoy imputados, para consensuar un nuevo alcalde socialista, que sustituirá al encarcelado Antonio Barrientos el próximo 15 de julio, fecha de celebración del pleno. Un pleno que va a suponer, ya estamos seguros, un escándalo político con pocos precedentes…
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La dirección del PSOE conocía las supuestas irregularidades del ex-alcalde

Publicado en 19.06.2008

Dos ediles socialistas en Estepona presentaron a la plana mayor de la Ejecutiva documentación sobre presuntas anomalías en la gestión municipal · En los encuentros estuvo presente Marisa Bustinduy.

Diario MálagaHoy

Algunas de las presuntas irregularidades que podrían haber justificado la intervención policial y judicial en el municipio de Estepona, en el marco de la operación Astapa, que implican al alcalde del municipio, el socialista Antonio Barrientos, eran conocidas por la Ejecutiva provincial del PSOE. Así lo certificaron a este periódico fuentes de la dirección provincial de esta formación, que informaron de la celebración de varios encuentros durante el pasado mandato en los que dos de los concejales de este partido en el Consistorio presentaron ante Bustinduy y otros miembros de la Ejecutiva diversa documentación en la que se ponía de relieve las supuestas anomalías cometidas por el regidor. Ante estos hechos, la reacción fue nula.

Las fuentes consultadas explicaron que los dos ediles que dieron el paso adelante para poner en conocimiento de los responsables de la organización todo lo que estaba ocurriendo en el equipo de gobierno fueron David Valadez, entonces portavoz socialista, y Cristina Alarcón. Ambos acudieron a esos encuentros con numerosos datos relativos a la firma de convenios urbanísticos, personal, contratos de las empresas municipales y la presunta contratación irregular de obras, entre otros asuntos.

¿Qué medidas adoptó la cúpula directiva del PSOE? Ninguna. Las fuentes consultadas fueron claras en este sentido: "La respuesta fue de mutismo". "Lo que se dijo, más o menos, es que no cabía la posibilidad de levantar la liebre porque las expectativas eran muy buenas en Estepona. Esa ha sido la posición de la Ejecutiva durante estos cuatro años", sentenciaron. Y todo ello en la víspera de unos comicios en los que los socialistas lograron once ediles y se mantuvieron al frente de la Alcaldía.

Toda la documentación antes mencionada fue expuesta tanto por Valadez como por Alarcón ante la plana mayor del PSOE malagueño, con Bustinduy al frente. Ella, según apuntaron las fuentes, estuvo acompañada en alguna de estas citas por el presidente de la formación, Juan Paniagua; el secretario de Organización, Francisco Fernández España, y el máximo responsable de Política Municipal, Luis Reina, entre otros. Incluso, se da la circunstancia de que en una de estas reuniones también participaron el alcalde y varios de los ediles ahora detenidos, así como numerosos miembros de la dirección local.

Este periódico trató de conocer la opinión de Bustinduy respecto a esta información, aunque no fue posible. No obstante, en algunas conversaciones privadas mantenidas por la secretaria general del PSOE y relacionadas con la labor de Barrientos, ésta habría aludido a la inexistencia de pruebas que permitiesen actuar en su contra. Una afirmación que, a tenor por los datos conocidos ahora, queda invalidada.

A pesar de las numerosas polémicas urbanísticas en las que ha estado implicado el regidor socialista, quien en numerosas ocasiones se ha enfrentado a la Junta de Andalucía, la dirección provincial siempre ha salido en su defensa. La propia Bustinduy calificó de "magnífica" su gestión en noviembre de 2006 y llegó a manifestar: "Lo que ocurre es que cualquier movimiento en materia de urbanismo, fundamentalmente en Estepona, provoca mucha expectación". Nunca más ajustado a la realidad tras lo sucedido el pasado lunes.

Tampoco fue posible contactar con Fernández España. Por el contrario, quien sí dio su punto de vista acerca de esta información fue el presidente de los socialistas malagueños, Juan Paniagua, quien negó haber tenido conocimiento de las denuncias presentadas por los dos ediles de Estepona y de que se presentasen los documentos antes mencionados en alguna reunión a la que él hubiese asistido. "Pero el criterio es que si alguien ve algo anómalo de algún compañero, pruebas en lo alto de la mesa y al juzgado", dijo. Paniagua sí admitió la celebración de encuentros a nivel interno con el fin de aclarar la situación que se vivía en el partido de Estepona, debido al enfrentamiento abierto entre Barrientos y Valadez...


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Comisión por omisión. El conocimiento de estos hechos por altos cargos socialistas, les podría convertir en cómplices de comisión por omisión

Publicado en jueves, julio 3, 2008


Artículo 10.
Son delitos o faltas las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la Ley.
Artículo 11.
Los delitos o faltas que consistan en la producción de un resultado sólo se entenderán cometidos por omisión cuando la no evitación del mismo, al infringir un especial deber jurídico del autor, equivalga, según el sentido del texto de la Ley, a su causación. A tal efecto se equiparará la omisión a la acción:
  1. Cuando exista una específica obligación legal o contractual de actuar.
  2. Cuando el omitente haya creado una ocasión de riesgo para el bien jurídicamente protegido mediante una acción u omisión precedente.”
ATC
Los indicios del juez Torres, primer instructor de la Operación Malaya, apuntando, como mínimo, responsabilidad civil a la Junta de Andalucía, al ostentar todas las competencias en Urbanismo y negándole la posibilidad de personarse en el caso como perjudicado, hubiesen estado avalados en pruebas si, por aquel entonces, la Policía hubiese dispuesto de grabaciones y declaraciones de los confidentes, que se filtraron, durante los primeros días de la operación Astapa, asegurando y dejando de manifiesto que altos cargos de la Ejecutiva Regional del PSOE de Sevilla, estaban al tanto de las denuncias de estos denunciantes sobre la presunta corrupción en el Ayuntamiento. Al igual que, como ella misma ha reconocido, Marisa Bustinduy, alto cargo provincial del PSOE, también tuvo conocimientos de las denuncias pero le restó importancia a las mismas al no ver delito en ellas. Recordemos que este cargo socialista siempre avaló públicamente la gestión de Barrientos.
El Código Penal del año 95, incorpora por primera vez de una forma nítida el delito de comisión por omisión, en sus artículos: 10 y 11. Hasta entonces muchas de estas imputaciones habían desembocado en problemas en relación al principio de legalidad. Pero desde ese año, existen muchas sentencias del Supremo sobre estos delitos, basados en el nuevo código, si bien casi ninguna, al menos en el vínculo posterior que hemos adjuntado, están referidas al ámbito público.
En el caso que nos ocupa, en el cual se habla de la comisión de varios delitos por parte de los imputados, 4 ó 5 en la mayoría de los casos; la omisión, a la espera de hacerse público todo el sumario y el desarrollo por fechas de los delitos que se imputan así como el grado de participación de los mismos, podría suponer la complicidad de quienes pudieron tener conocimiento y no tomaron las medidas para evitarlo. Aunque esta complicidad sería rebajada en caso de que el resultado del delito ya se hubiera cometido antes de tener ellos conocimiento.
Mientras esperamos todos esos datos que seguramente aparecerán en semanas sucesivas, para resumir podemos decir que, efectivamente, el hecho de conocer la posible perpetración de un delito no nos hace cómplices. Para ser cómplices por omisión el sujeto debe tener la potestad, por su cargo, etc; de haber podido evitarlo o de poder haber puesto los medios para que no se consumara el delito.

Por tanto si la Policía estuviere ahora investigando delitos cometidos tras haber tenido conocimiento de las irregularidades altos cargos del PSOE, podríamos hablar de la lógica aplicación de estos artículos del Código Penal. Suponemos, pues, que al no existir ningún alto cargo provincial o regional citado a declarar, en principio, la Policía habría descartado su complicidad. En fin, estaremos a la espera de acontecimientos…

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