A Toda Costa (Costa del Sol)

El Ayuntamiento de Estepona concierta una operación de crédito en una caja de ahorros de la localidad para el pago a proveedores promovido por el Partido Estepona

2011-04-27T16:10:00.000+02:00

27/Abril/2011 - Estepona

La propuesta, alegada por el PES en el presupuesto municipal, permitirá, a la publicación del edicto en el BOP, el pago a proveedores

Diariosol.es

El pasado 14 de abril la Corporación de Estepona aprobaba en un pleno extraordinario los presupuestos municipales de 2011. Una sesión que tuvo que ser pospuesta de la fecha inicial prevista debido a que los técnicos municipales se vieron desbordados para estudiar las más de medio centenar de alegaciones recibidas procedentes de colectivos, asociaciones, particulares y formaciones políticas, entre ellas el Partido Estepona, PES, cuyo voto fue crucial para que el texto saliera adelante. "Coherencia" fue el calificativo que la formación liderada por José Ignacio Crespo utilizó a la hora de justificar el sentido positivo de su voto, ya que se estimaron la totalidad de las alegaciones presentadas, entre las que destacan destinar el 1 por ciento del Impuesto sobre Bienes e Inmuebles, IBI, al deporte local y la petición de una operación de tesorería para el pago a los proveedores a los que el Consistorio adeuda cantidades millonarias.

Casi dos semanas después de que el alcalde de Estepona, el socialista David Valadez, consiguiera sacar adelante unos presupuestos no exentos de polémica, el PES ha informado de que en la jornada de hoy han presentado un escrito por registro de entrada en el que instan al Consistorio a que publique en el Boletín Oficial de la Provincia el edicto por el cual el presupuesto sería, de forma oficial, una realidad, al no requerirse periodo de exposición al público. "Es una puerta abierta al proyecto de presupuestos participativos que permitiría que los vecinos fueron los que eligieran a dónde va cada partida", explicó Manuel Reina, número dos de la agrupación.

Otra de las peticiones del Partido Estepona, estimada de forma parcial, fue la petición de una operación de crédito con el objetivo de pagar a los proveedores locales. "Hay posibilidades técnicas y financieras para pedir un crédito de hasta 12 millones de euros, y ya conocemos que se ha concertado en una caja de ahorros andaluza de la localidad y que solo está pendiente del firma",explicó Reina. El PES propuso que, de los 10 millones de euros que se solicitarían a una entidad bancaria, 6 de ellos fueran destinados al pago a los empresarios esteponeros, que finalmente los técnicos municipales cifraban en cinco millones, pese a que según reconoce la formación, la propia Asociación de Comerciantes de Estepona cifra la deuda en siete millones. Así las cosas, la formación espera que el edicto se publique lo más pronto posible, para que entren en funcionamiento las medidas propuestas por el PES.

El CSIF se ratifica en su denuncia contra el alcalde de Estepona por el uso de los Fondos del Patrimonio

2011-04-27T14:36:00.000+02:00

27/Abril/2011 - Estepona
El representante sindical ha aportado la documentación que demostraría que CCOO ha justificado las acciones del primer edil

Diariosol.es

Esta mañana, tal y como estaba previsto, el representante del sindicato CSIF, José María López Chacón, acudía al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Estepona para ratificar la denuncia interpuesta, junto con los concejales del Partido Popular de Estepona, contra el Alcalde del PSOE en Estepona David Valadez, entre otros, imputados por el uso de los Fondos del Patrimonio para el pago de nóminas y gastos corrientes.

"La denuncia interpuesta conjuntamente con cuatro concejales del Partido Popular de la localidad el pasado 3 de Septiembre de 2010 atribuye al Alcalde los presuntos delitos de Prevaricación, Apropiación Indebida y Malversación de Caudales Públicos habiendo sido llamado a declarar el alto mandatario municipal por estos hechos el pasado 1 de Abril", precisa la nota de prensa, en la que se añade que "como no podía ser de otro modo el representante de CSIF no solo se ha ratificado en la denuncia sino que además ha aportado diversa documentación en refuerzo de las irregularidades denunciadas. Entre esta documentación se encuentran varios escritos colgados en la página web de CCOO de Estepona, donde este sindicato justifica las presuntas ilegalidades y critica abiertamente a los denunciantes".

"Esta postura del sindicato otrora comunista ahora reconvertido en socialista, al igual que la mantenida en otros ámbitos denota la sumisión y la subordinación al PSOE aún en contra de los intereses de los trabajadores, avalando la política de tierra quemada practicada por los gobernantes del ayuntamiento de Estepona. CSIF no puede mirar para otro lado y obviar la realidad, no siempre el fin justifica los medios y para pagar las nóminas municipales el alcalde no puede atracar un banco ni puede transgredir la ley, si llegado el momento no pudo o no supo gestionar adecuadamente un ayuntamiento que demostradamente le ha venido grande, por honestidad y por el bien de la localidad debió dimitir", concluye el comunicado que finaliza asegurando que "el próximo 22 de Mayo los ciudadanos valorarán el trabajo realizado y haciendo uso del fundamental derecho al voto sabrán colocar a cada cual en el lugar que le corresponde y que se han ganado a pulso por su pésima gestión encabezados por un alcalde que sin rumbo ha llevado al municipio de Estepona a las más altas cotas de desempleo y al mayor endeudamiento de la historia".

El Partido Liberal Estepona Habla presenta a los componentes de su candidatura para el 22 de mayo

2011-04-27T14:33:00.000+02:00

27/Abril/2011 - Elecciones
La agrupación liderada por el policía local Lorenzo Ramet presenta una lista integrada por jóvenes de todos los sectores

Diariosol.es

El pasado lunes 25 de abril tuvo lugar la presentación oficial de la candidatura del Partido Liberal Estepona Habla, liderado por el policía local Lorenzo Ramet para los comicios municipales del próximo 22 de mayo. "Se trata de una candidatura compuesta en su mayoría por personas jóvenes, de Estepona, con ganas de trabajar por el pueblo y ninguna anteriormente ha estado en la política, uno de los requisitos que siempre ha exigido esta formación", aseguró en nota de prensa el presidente de la agrupación.

Acompañan en la lista a Lorenzo Ramet, José Gavira componente de la Banda de Música de Estepona; María del Carmen Ocaña Macías, diplomada en Ciencias Empresariales en el puesto número tres, Raúl de Mendizábal Vega, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos en el puesto número cuatro; Macarena Ortega Gil, Diplomada en Ciencias Empresariales en el puesto número cinco; Francisco Pérez Pérez, técnico en laboratorios en el sexto lugar; José Manuel Benítez Gutiérrez, empresario de Estepona en el séptimo; Angélica González Díaz, diplomada en Trabajo Social en el octavo lugar; Domingo López Osorio, administrativo en el noveno lugar, y en el décimo lugar María José Inmaculada Gómez Rodero, empresaria de Estepona.

Según Lorenzo Ramet los componentes del partido están muy ilusionados, ya que todos han querido ir en la lista para ayudar al pueblo de Estepona, "debido a que han vivido durante años cómo los políticos que nos han gobernados solamente han pensado en sus intereses personales y no en los del pueblo". Asimismo, el candidato a la Alcaldía de Estepona quiere advertir a sus rivales políticos "que no se duerman en los laureles, que las encuestas que valen son las del 22 de mayo a las 23:00 horas" y hace un llamamiento al pueblo "porque Estepona es de los esteponeros y no de unos cuantos señores que se presentan cada cuatro años".

Un millón de euros tirados a la basura por Valadez en Estepona

2011-04-26T13:51:00.000+02:00

25/Abril/2011 - Estepona
Dos años después, nada se sabe de las relaciones entre el Ayuntamiento y el arquitecto Enrique Bardají

Diariosol.es

El pasado día 18 de este mes, el portavoz de la agrupación socialista en Estepona, Fernando Centeno explicaba junto a la integrante de la candidatura Inmaculada Guerrero las propuestas del partido en materia de Urbanismo, Infraestructuras y Medio Ambiente, basadas en la creación de empleo, momento en el que se anunciaba que el PSOE de Estepona, cuya lista encabeza el hoy alcalde de Estepona David Valadez, tiene como objetivo prioritario elaborar un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) "armónico y sostenible, desde la claridad, transparencia y sin hipotecas. Nosotros los socialistas podemos decirlo así, no como otros grupos políticos que ofrecen dudas".
Una afirmación que ponía los pelos de punta a más de uno, especialmente a los que tienen memoria y recuerdan que en 2008 el Gobierno de Antonio Barrientos, del que Valadez no sólo formaba parte, sino que era portavoz, abonaba más de un millón de euros al equipo redactor del Plan, conminado a caer en el olvido, a tenor de las declaraciones de los socialistas, por un trabajo que ni siquiera se llegó a acabar. Muchas han sido las intervenciones por parte de miembros de la oposición en este sentido, sin que en ninguna de esas ocasiones el alcalde haya aclarado qué paso con aquella redacción y aún menos respecto del dinero que se abonó por adelantado.

Tirando de hemeroteca, lo último que encontramos a este respecto es una noticia fechada en noviembre de 2008, según la cual el pleno aprobaba iniciar la adaptación del planeamiento vigente, de 1994, a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. en aquella noticia se daba cuenta de que esos trabajos serían realizados por los técnicos adscritos a la delegación de Urbanismo y por técnicos de la propia Junta de Andalucía, y que debían estar concluidos en el primer semestre del 2010.
"Sin embargo, con ello, no se solucionan los problemas que, en materia urbanística, tiene pendientes el Consistorio. La intención del equipo de gobierno es continuar con los trabajos de revisión del nuevo Plan General, hasta ahora realizados por el estudio de arquitectos de Enrique ardají. Algo para lo que ahora se presenta un nuevo inconveniente. Y es que si bien el director del estudio ya ha cobrado casi un millón de euros por este concepto, los trabajos no han concluido y el plazo de ejecución fijado en el contrato ya está agotado".

EVA presenta una lista en Estepona cuyo cabeza está imputado y su segundo se construyó una casa ilegal en terreno protegido

2011-04-26T13:46:00.000+02:00

ATC

La lista de la partida EVA en Estepona está encabezada por Gerardo Galán, imputado judicialmente por calumnias cuyo juicio está pendiente de producirse. Por otra parte, asimismo, su segundo de la lista David Torralba tiene un expediente abierto desde 2007 por la construccion ilegal de una vivienda en zona protegida. La vivienda consta de 145 metros con porche, laboratorios y oficinas. Colindante con dicha propiedad se extienden los terrenos de la sierra que esta partida pretende que se califique de Parque Natural.

Pero la cosa no queda ahí, según se comenta en un foro esteponero, posteriormente ubicó en su propiedad cinco cabañas destinadas al alquiler.

Torralba dijo en su día, en su descargo, que había plantado alcornoques para poder explotarlos dentro de 30 años.

Su líder Gerardo Galán se había caracterizado hasta ahora por la persecución "del delito" en el pueblo.

Valadez adjudica a la Ser 48.000 euros entre 2011 y 2012, para asuntos de Servicio público que la empresa debe divulgar sin cobrar

2011-04-26T12:47:00.000+02:00

25/Abril/2011 - Estepona

¿Qué tendrán que decir a esto los cientos de empresarios a los que el Consistorio adeuda?

Diariosol.es

Si bien los cientos de empresarios y autónomos de nuestra ciudad tienen pocas esperanzas de cobrar su deuda en breve y los medios de comunicación menos aún de obtener el favor municipal en el reparto publicitario, hay quienes tienen garantizado el favor municipal más allá de lo recomendable, lo correcto y, en este caso, además, lo razonable. Ya saben, aquello de la mujer del César, que en Estepona nunca pareció tener viso alguno de cumplimiento.

David Valadez, alcalde de Estepona, acaba de firmar con la Cadena Ser, emisora en la que trabaja su esposa, un contrato para los próximos dos años que le garantizan a esta emisora 2.000 euros mensuales, IVA no incluido. El contrato, que lleva fecha 5 de abril fue iniciado por Decreto del alcalde esteponero el 26 de noviembre de 2010 y fue objeto de fiscalización previa el 22 del mismo mes. El contrato consiste en la emisión de seis cuñas diarias de lunes a viernes y un espacio semanal "el Ayuntamiento informa" con una duración de diez minutos.

Dejando de lado la conveniencia o no de esta contratación, lo que resulta ciertamente criticable es que se formalicen nuevos contratos sin que deudas más antiguas por similares conceptos se mantengan en el olvido, a lo mejor por que la línea editorial no le conviene al alcalde esteponero. Llueve sobre mojado en relación este asunto si recordamos que, ya en el año 2009, Valadez llevó a pleno más de 25.000 euros en un expediente extrajudicial con un informe personal a pesar de que la interventora "detecta un fraccionamiento del contrato con el objeto de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad, procedimiento o forma de adjudicación que corresponda" de las facturas presentadas por Antena 3 de Radio, bajo la que factura la Cadena Ser.

ATC

Uno de los programas que son objeto de estos pagos es "El Ayuntamiento Informa", un miniespacio de dos minutos donde el Ayuntamiento explica alguna que otra actuación. Este tipo de información se encuadra dentro del Servicio Público y su divulgación no requiere ningún "contraprestación" económica. Se trata de un verdadero fraude cometido por el esposo de la redactora, David Valadez, el mismo alcalde.

Explicando Ballena Blanca

2011-04-09T18:07:00.001+02:00

Miércoles, 06 de Abril de 2011 11:06

Gonzalo Boye Tuset y Ricardo Álvarez-Ossorio Fernández, abogados defensores en el proceso “Ballena Blanca”

El juez Federico Morales - Foto EFE

Ante las reacciones que ha suscitado la reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga en el conocido como caso “Ballena Blanca”, creemos necesario realizar un análisis reposado y serio de dicha resolución, que permitirá comprender las bases en las cuales se sustenta y las razones de un abrumador número de absoluciones.

Desde la perspectiva que nos da el haber sido abogados defensores en dicho proceso, podemos afirmar que los contenidos más polémicos de la sentencia, en cuanto a absoluciones y criticas a la investigación, no son sino una respuesta madura, jurídicamente seria y acertada al auténtico problema que se planteaba en este caso, que no es otro que los límites de las actuaciones de un juez instructor, un grupo concreto de policías y un fiscal especial anticorrupción.

Existe gran perplejidad, incluso malestar, en un amplio espectro social por las absoluciones. Ello viene dado porque la opinión pública no tenía otro referente de lo que era realmente la Ballena Blanca que lo publicado en los medios de comunicación, especialmente en su fase inicial.

Anunciar como se hizo "la mayor operación contra el blanqueo en toda Europa" desterró de entrada toda posibilidad de cuestionar lo que en verdad estaba sucediendo. Pero lo que debería preocuparnos es todo lo que se hizo mal, rematadamente mal, para haber sometido a proceso a tantas personas y haberlas sentado en el banquillo, enlodando su reputación, arruinando sus vidas y lapidando sus patrimonios en pos de una “misión” que poco se compadece con lo que debe ser un auténtico Estado de Derecho.

Medio centenar de personas detenidas, encañonadas delante de su propia familia, mientras alguien se encargaba de avisar a periodistas en una causa judicial secreta, para que estuvieran cámara en mano pendientes de los registros y detenciones en una despreciable actitud que está muy lejos de lo aceptable en cualquier estado democrático. La labor policial es indiscutiblemente encomiable cuando se centra en el trabajo honesto y discreto en defensa de todos nosotros, pero especialmente indigna cuando se desempeña con exhibición pública de abuso de poder.

De ese medio centenar de personas, solo 19 fueron acusadas. Pero más de 30 durmieron sin justificación alguna en calabozos, hacinadas e insultadas (como relataron en el juicio). Con hijos, padres y cónyuges en un estado de lamentable sufrimiento, para luego no ser siquiera acusados. Nadie les ha pedido una disculpa: ni Policías, ni Jueces, ni Fiscales. Algunas detenidas y nunca acusadas relataban incluso como han tenido que someterse a tratamiento psiquiátrico como consecuencia de aquel episodio.

Pues bien, de aquellas personas que si fueron acusadas, la inmensa mayoría han resultado absueltas. Pero no por defectos "formales" en la investigación, y mucho menos por la anulación de las llamadas telefónicas, como erróneamente viene siendo publicado en los últimos días.

Ballena Blanca ha visto anuladas sus escuchas telefónicas, y ello debió comportar la anulación del resto de las pruebas por su conexión antijurídica. Pero el Tribunal decidió salvar todas las pruebas restantes y si la investigación ha naufragado, ha sido por una serie de irregularidades cometidas en fase de instrucción tanto por la policía como por el Juez Instructor y, todo ello, a vista y paciencia de un Fiscal que según la propia sentencia “declinó el examen de la documentación” y cuya “inactividad” llevó a diversas situaciones que la Sección 2ª de la Audiencia de Málaga detalla con profusión.

Ese análisis más detallado de la resolución (publicada en formato digital en distintos medios) nos tiene que adentrar en determinados puntos que son fundamentales para comprenderla y trataremos de esbozar aquellos hitos esenciales de la misma que permitirá comprender que no se ha absuelto a una serie de delincuentes por tecnicismos jurídicos, sino que se ha restaurado en su dignidad y en la presunción de inocencia a un grupo amplio de personas que jamás debieron ser sometidas a proceso.

Partiendo por cómo llega la causa al Juez Torres, la sentencia reconoce que fue de forma irregular, que ni tan siquiera constan las diligencias propias del reparto judicial y que las defensas que en su día lo planteábamos como causa de nulidad teníamos “un serio apoyo” probatorio al respecto; la Sala llega a la conclusión que esta irregularidad (elección policial del Juez que "dirija" la investigación) no afecta al juez predeterminado por ley -un derecho constitucional para todos los ciudadanos, precisamente para evitar que seamos investigados o juzgados por un juez distinto del que nos corresponda en Ley. Nosotros insistimos en que eso afecta al derecho a un Juez imparcial. Miguel Ángel Torres no lo era, y ha quedado patente a lo largo de más de ocho meses de juicio.

Luego se adentra la sentencia en el manejo que se realizó en fase de instrucción de la abundante prueba documental (decenas de miles de folios) acopiada en los salvajes registros practicados, bajo orden y seguimiento del Juez Torres, en diversos despachos y domicilios, concluyendo resumidamente que: el manejo de los documentos no se ajustó a lo que la Ley establece al respecto, de cara a la preparación del juicio oral, siendo supeditado su custodia y tratamiento a los intereses policiales, y siendo un error “patente” que fue ampliado porque el Fiscal, ya en juicio oral, “no citó … ningún otro documento”.

Se ha intentado criminalizar, desde la base de la más absoluta y agresiva ignorancia, la tenencia y existencia de empresas con domicilio social en el estado norteamericano de Delaware. Pero el Tribunal ha concluido que “es un hecho que ni USA ni Delaware tienen la consideración de paraísos fiscales ni han sido oficialmente considerados no cooperantes”.

También se hace un detallado análisis y crítica al concepto denominado “inteligencia policial”, de perfiles discutibles, y que en este caso se ha apartado, incluso, de las reglas de la lógica para alcanzar sus conclusiones. Conclusiones que, lamentablemente, fueron asumidas como tesis única por el Juez Instructor, siempre con el aval del Fiscal Anticorrupción. En este punto, es vital recordar que policías, fiscal y juez no pueden ni deben ser una misma cosa. La natural (y legitima) tendencia policial a la incriminación debe ser templada por un fiscal que pondere muy mucho las opiniones que se le presentan, y a su vez, la iniciativa del Ministerio Público debe estar acotada y valorada por un un juez imparcial.

Podríamos analizar interminables detalles contenidos en la prolija sentencia, pero ahora lo relevante es explicar que la base de la absolución se gesta en la fase de instrucción, nefasta, poco rigurosa, tendenciosa, prospectiva y contraria a Derecho para, ya en fase de juicio oral -con luces y taquígrafos-, desvelarse que este proceso jamás se ajustó a unos mínimos legales, y que estuvo conducido estrictamente por la policía en lugar de por la autoridad judicial. Todo ello ante la más absoluta pasividad de un Fiscal cuyos errores han sido puestos de manifiesto por las defensas y reconocidos por la totalidad del Tribunal.

Mucho se ha dicho de que estábamos ante la mayor trama de blanqueo de capitales descubierta en España pero, en realidad, la ballena blanca no ha sido sino una descomunal dilapidación de recursos públicos sólo justificable desde la perspectiva radical de unos funcionarios públicos a quienes se les debería pedir explicaciones por los atropellos cometidos en pos de un fin de difícil justificación: no es de recibo en un Estado de Derecho que la maquinaria pública se ponga en funcionamiento de forma tan desproporcionada más para satisfacer vanidades, generar titulares grandilocuentes y complacer intereses personales que para los fines propios de la búsqueda de la verdad y la aplicación de la Ley.

La preocupación de algunas instancias por exhibir y magnificar esta operación generó una enorme alarma, y ahora la alarma se produce por las absoluciones. Todo ello sin mas información que la que las autoridades intervinientes facilitaron en su día, creando una corriente de opinión que inevitablemente se ha asentado entre los ciudadanos, que ahora no comprenden cómo se puede dar tal situación. Habría que huir de la temeraria publicidad de las investigaciones, de su magnificación y de los daños que ello comporta. Y las funciones propias de jueces y policía deberían desarrollarse en el marco de la prudencia y la discreción.

Ballena Blanca es un ejemplo de lo que no se debe hacer y, sobre todo, de una forma errónea de entender la lucha contra la criminalidad: “a boleo”, desde la ignorancia más absoluta del Derecho y con atropello de cualesquiera garantías legal y constitucionalmente reconocidas a toda persona.

La sentencia, guste o no, pasa por ser la respuesta del Estado de Derecho a los atropellos cometidos durante varios años de instrucción sobre un numeroso colectivo de personas inocentes, que deberían recibir una explicación al menos por parte de un grupo de funcionarios públicos cuyo exceso de ganas y falta de prudencia constituye la mayor critica del Tribunal junto a la actuación de un fiscal que, recordemos, al igual que jueces y policías, tienen el difícil pero riguroso deber de proteger los derechos de los ciudadanos. De todos.

Gonzalo Boye Tuset y Ricardo Álvarez-Ossorio Fernández, abogados defensores en el proceso “Ballena Blanca”

La Junta Electoral impide un acto de la alcaldesa de Manilva dirigido al colectivo rumano

2011-04-09T14:22:00.000+02:00

MANILVA

09.04.11 - 01:41 -
M. PERIÁÑEZ | MANILVA.
La Junta Electoral de zona de Marbella ha acordado requerir al Ayuntamiento de Manilva para que no celebre el acto y la comida previstos para el día 10 de abril, en las dependencias municipales, por vulnerar la Ley de Régimen Electoral. La ASM de Manilva presentó un escrito denunciando el reparto puerta a puerta por integrantes de IU de una invitación por parte de la alcaldesa de Manilva dirigida al colectivo rumano. La citada formación política denunció que se pretendía realizar un acto electoral.

Anulan las escuchas del mayor caso de blanqueo en España y absuelven a 14 acusados

2011-03-31T12:35:00.000+02:00

Del Valle en la lectura de la sentencia en la Audiencia de Málaga. | J. Domínguez

El narcotraficante Sophiam Hambli, condenado a 3 años, 3 meses y un día
Dolores León, condenada por blanqueo a 1 año de cárcel y multa de 30.000 euros

Marta Sánchez Esparza | Málaga

La Sala Segunda de la Audiencia de Málaga, presidida por el magistrado Federico Morales, ha declarado nulos los autos que autorizaron las intervenciones telefónicas de los acusados en el caso 'Ballena Blanca', y ha absuelto a 14 de los 19 acusados en el mayor proceso judicial por blanqueo de capitales de la historia judicial española.

El presidente del tribunal ha leído este jueves en una vistilla con las partes el fallo de la sentencia, en la que se desestiman el resto de las cuestiones previas planteadas por las defensas, y se condena al principal acusado, el abogado de origen chileno Fernando del Valle, a 3 años, 3 meses y un día de prisión por un delito continuado de blanqueo de capitales, por el que se le impone además una multa de 1.503.146,37 euros.

Del Valle ha sido condenado además por un delito contra la Hacienda Pública a otros 3 años de prisión, junto con el pago de otra multa de 1.096.912,70 euros. Por este segundo delito la Audiencia –que le ha absuelto del resto de las imputaciones- ha fijado para Del Valle el pago de una indemnización de 342.785,22 euros.

Para el narcotraficante Sophiane Hambli la Audiencia ha fijado la pena de 3 años, 3 meses y un día de prisión, y el pago de 1.503.146,37 euros de multa por otro delito continuado de blanqueo de capitales.

La Sala ha impuesto por otra parte para la acusada Dolores León por el delito de blanqueo de capitales 1 año de cárcel y multa de 30.000 euros, mientras que para el finlandés Aimo Veikko Voutilainen ha fijado 3 años, 3 meses y un día de cárcel y 1.378.339,65 euros de multa también por un delito de blanqueo. Para su mujer, María Leena Voutilainen, el tribunal ha fijado las mismas penas.

14 absueltos

La Audiencia sólo ha condenado a estos acusados, y ha absuelto al resto de todos los delitos que se les imputaban, además de declarar el comiso por blanqueo de diversas fincas y bienes de los cinco condenados, y del dinero hallado en su día en el domicilio de Fernando del Valle (3.710 euros), así como en la sede de DVA Abogados, su despacho profesional, donde la Policía encontró 66.410 euros.

El juicio comenzó el 15 de marzo de 2010, cinco años después de que culminara la operación policial con la detención de medio centenar de personas de varias nacionalidades. Los magistrados que componen el tribunal han necesitado algo más de tres meses para dictar sentencia debido a la complejidad de la causa, cuyo juicio se prolongó ocho meses.

En la última sesión del juicio, celebrada el pasado 21 de diciembre, el principal imputado, el abogado Fernando del Valle, afirmó que estaba seguro de que reconocerían su inocencia y consideró la acusación "fruto de un convenio" entre la Policía, el fiscal y el juez.

En sus conclusiones finales, el fiscal elevó de 15 a 17 años de cárcel la petición contra Del Valle y mantuvo la acusación contra los otros diecinueve encausados en este procedimiento.

Para el principal imputado, el fiscal también pedía más de 37 millones de euros de multa y una indemnización de 610.846 euros a la Hacienda Pública por cuotas defraudadas.

Del Valle diseñó un entramado internacional de sociedades para eludir a la Hacienda española con conexiones en Turquía, Argelia, Finlandia, Suecia, Irán, Francia y Marruecos, según el fiscal, quien cifra en doce millones de euros la cantidad blanqueada por éste.

El propio letrado tenía participación en 194 sociedades extranjeras, la mayoría de ellas constituidas en Delaware (EEUU) y el resto en paraísos fiscales como Gibraltar, Isla de Man, Panamá e Islas Vírgenes Británicas.

La defensa de Del Valle, así como las de otros imputados, planteó la nulidad del proceso por vulneración de derechos fundamentales y escuchas telefónicas ilegales, entre otras cuestiones.

El caso 'Ballena Blanca', abierto en 2005, supuso la detención de medio centenar de personas de distintas nacionalidades, entre ellos varios notarios y abogados, por su presunta implicación en una red que supuestamente blanqueó en Marbella 250 millones de euros y a la que se intervinieron recursos por 350 millones y más de 250 fincas.

Una juez investiga la contratación de cargos de IU y 57 familiares en Manilva

2011-03-28T15:51:00.000+02:00

El Ayuntamiento ha pagado 69.800 euros a empresas del esposo de la alcaldesa
EL PAIS. FERNANDO J. PÉREZ - Málaga

Una denuncia del comité de empresa del Ayuntamiento de Manilva (Málaga, 11.000 habitantes) ha revelado que los 17 miembros de la lista de Izquierda Unida, así como 57 familiares directos o políticos de estos, han sido contratados por el Consistorio, la mayoría de ellos en el último mandato municipal. El Ayuntamiento, la principal empresa del pueblo, también ha dado trabajo a miembros del comité local de IU, partido que gobierna en Manilva, con la alcaldesa Antonia Muñoz al frente, y a los integrantes de la candidatura de la coalición de izquierdas en el cercano municipio de Benahavís, formada casi íntegramente por militantes manilveños.

La denuncia, a la que ha tenido acceso este periódico, forma parte de las diligencias de investigación 80/2010, abiertas por la titular del Juzgado de Instrucción 5 de Estepona, Isabel Conejo. La juez, que fue la primera instructora del caso Astapa, contra la corrupción municipal en Estepona, investiga también una serie de facturas, que totalizan al menos 69.854 euros, pagadas por el Ayuntamiento a dos empresas del esposo de la regidora, en una de las cuales tiene el 50% de la propiedad.

Según la denuncia, Antonia Muñoz, imputada en esta causa por delitos contra la integridad de la Administración pública es, de lejos, la edil que tiene más familiares trabajando para el Ayuntamiento, un total de 13. La mayoría de ellos, afirma el escrito de UGT, son primos hermanos y familiares directos de estos.

Otra edil con numerosos familiares trabajando en el Ayuntamiento es Francisca López. Según la denuncia, la encargada de Bienestar Social tiene siete parientes. Francisco Medina, número ocho de la lista y contratado como director de área, tiene a seis familiares, entre ellos una hija y una prima, la cual ha pasado de estar contratada de forma temporal a indefinida. Otro director de área, Miguel García, número 11 de la lista, comparte empresa con un hijo y tres hermanos, afirma el escrito de UGT. A través de su gabinete de prensa, el Ayuntamiento ha rechazado la llamada de EL PAÍS para contrastar la información.

Aunque, según el comité de empresa, la mayoría de las contrataciones se han realizado en este mandato, algunos de los familiares que trabajan para el Ayuntamiento ya lo hacían antes de las elecciones de 2007. Según la denuncia, la cuñada del concejal de Obras, Mario Jiménez, y un hermano del edil de Recursos Humanos, Diego Díaz, contratados desde la legislatura anterior, han pasado de tener contratos temporales a indefinidos.

Uno de los problemas más acuciantes de la economía municipal es la extensa plantilla de empleados públicos, más de 500, que con el brusco descenso de los ingresos urbanísticos ha tenido dificultades para cobrar sus nóminas con puntualidad.

UGT presentó una denuncia inicial y la juez Conejo les exigió que detallaran los hechos. En una ampliación, relataron que las empresas Carpintería Valentín SL y Muebles Valentín SL, ambas pertenecientes al esposo de la regidora, Valentín Carayol, han facturado entre 2009 y 2010 no menos de 69.854 euros al Ayuntamiento. Esta cifra corresponde a las facturas a las que ha tenido acceso el comité de empresa. "Creemos que son muchos más trabajos y algunos de ellos realizados mediante subcontratas, pero el Ayuntamiento no nos ha facilitado las facturas".

Fuentes cercanas a la alcaldesa señalan que las supuestas irregularidades tienen más que ver con el ámbito administrativo que con el penal y aseguran que muchos de los familiares empleados en el Ayuntamiento trabajaban para el Consistorio mucho antes de que Antonia Muñoz llegara a la alcaldía. Los denunciantes señalan que muchos de los trabajadores entraron en el municipio sin pasar procesos de selección, algo que las mismas fuentes califican directamente como "una mentira".

Astapa, Valadez y la Ley del Embudo

2010-10-22T17:28:00.000+02:00

DiarioCosta

La Ley del Embudo es una expresión popular, que se emplea para denunciar una injusticia surgida de la diferencia de trato que nos da la legalidad vigente: “Para mí y mis amigos, el lado ancho. Para mis enemigos el lado estrecho”.

El próximo mes de noviembre se cumplen cuatro años de la denuncia que presentaron al alimón Valadez y Cristina Rodríguez dando lugar al llamado caso Astapa. En la misma, se enumeraban una serie de actuaciones supuestamente irregulares: pago de productividades, contrataciones de personal, patrocinios diversos, utilización del dinero de los convenios urbanísticos para fines no previstos en la ley, adjudicaciones irregulares, etc. Casualmente, esa operación llevó a la alcaldía a uno de los denunciantes, Valadez. Desde entonces, muchos ciudadanos hemos observado con perplejidad como los denunciantes hacen lo mismo que ellos reprochaban a los denunciados, utilizando un día si y el otro también la popular Ley del Embudo, es decir lo ancho para ellos; lo estrecho para los demás. A los hechos me remito.

En la denuncia que dio origen a la operación Astapa, Valadez y Cristina Rodríguez manifestaron que supuestamente se utilizaba el dinero de los convenios urbanísticos para fines no previstos en la LOUA. Pues bien, Valadez fue denunciado por el Tesorero Municipal ante la Fiscalía por utilizar irregularmente el dinero del Convenio con la Familia Real Saudita. Además, Valadez ha reconocido, sin sonrojo alguno, que ha utilizado y seguirá utilizando el dinero de los convenios para pagar las nóminas, siendo denunciado por ello tanto por el Partido Popular como por el sindicato CSIF.

Otro asunto denunciado por Valadez y Cristina Rodríguez fue el pago supuestamente irregular de productividades a funcionarios. Pues bien, los denunciantes no han tenido pudor alguno en seguir pagando mes a mes no sólo productividades millonarias a funcionarios, sino también al personal de confianza política e incluso se han pagado productividades por trabajos no realizados. Así lo han denunciado de manera reiterada los sindicatos CSIF, UGT y ATAE.

Otra de las cuestiones denunciadas por Valadez y Cristina Rodríguez fue la supuesta adjudicación de diversas obras o servicios sin respetar la Ley de Contratos. Pues bien, paradójicamente hace unos días que un Concejal denunció ante el Pleno de la Corporación la adjudicación a dedo del contrato de publicidad de los campos de fútbol de Estepona, apuntando la posibilidad de que Valadez hubiera incurrido en un presunto delito de prevaricación, ya que esta adjudicación se había realizado a dedo. El Concejal que denunció los hechos, criticó la “doble vara de medir de Valadez, que utiliza la ley del embudo a la hora de tomar una decisión. Lo ancho para él y la denuncia ante los mismos hechos para los demás”.

También Valadez y Cristina Rodríguez denunciaron que el Ayuntamiento utilizaba el patrocinio de empresas para realizar actividades culturales o deportivas. Paradójicamente, no sólo Valadez y su gobierno han acudido al patrocinio para realizar igualmente eventos culturales o deportivos, sino que en un acto público con motivo de la Semana de Cine, Valadez defendió la necesidad de los patrocinios, ya que con esa formula las actividades patrocinadas tenían un coste cero para el Ayuntamiento. Además, en una reunión con los representantes de la UD. Estepona, Valadez incluso se comprometió a buscarles patrocinadores privados.

Igualmente, Valadez y Cristina Rodríguez denunciaron que las contrataciones de personal se realizaban, supuestamente, de manera irregular. Paradójicamente, se ha publicado en diversos medios que Valadez fue contratado a dedo para la Radio y Televisión Estepona, cuando aún no tenía ni terminada su licenciatura, se le ascendió dos meses después a la subdirección, sin tener ninguna experiencia ni bagaje profesional que lo pudiera justificar y se le duplicó el sueldo. Igualmente, varias formaciones políticas han denunciado que Valadez realizó numerosas contrataciones a dedo en su etapa de Concejal de Personal e incluso se hicieron públicas varias cartas, remitidas por él, en las que indicaba a quién y como había que contratar. También un Concejal denunció ante el Pleno Municipal la contratación irregular, no ya en las empresas municipales, sino en el Ayuntamiento, del que ha sido jefe de gabinete de Valadez, Luciano Sánchez, por parte de la otra denunciante, Cristina Rodríguez.
Esa deleznable manera de actuar parece que también se ha trasladado a parte del partido socialista, ya que ha mantenido a Valadez como alcalde, a pesar de estar imputado por prevaricación urbanística, y para más INRI lo presenta como candidato a las próximas elecciones municipales, utilizando una diferente vara de medir con respecto a otros imputados.

Flaco favor se le hace al Estado de Derecho cuando la Ley se aplica a unos y otros con distintas varas de medir y cuando se permite que algunos utilicen la Ley del Embudo . Como decía Fernando de Rojas hace ya cinco siglos, “perversa es la ley que no es igual para todos”.

Bernal, candidato del PSOE de Marbella, acusado de desviar fondos de Acosol para su campaña política

2010-10-17T12:45:00.001+02:00

Diariosol.es

El escándalo político vuelve a salpicar al PSOE de Marbella. Su candidato a las elecciones municipales de 2011, José Bernal, ha sido denunciado por un grupo de Consejeros de la empresa Acosol, la empresa que gestiona el agua en la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol, de la que es Consejero Delegado, de desviar fondos de la misma para financiar su campaña electoral.
Según distintas informaciones, este grupo de consejeros -el consejo de Acosol está compuesto por los alcaldes de los once municipios que componen la Mancomunidad - habrían denunciado en un informe confidencial al cndidato socialista de malversación de fondos públicos, prevaricación y delitos societarios, mediante la inserción en medios de comunicación afines al PSOE de anuncios de la empresa que representaba para su propia campaña. Este informe, que se verá ratificado mediante la interposición de una querella criminal por los cargos antes citados, señala que Acosol «ha venido contratando directamente servicios de publicidad, propaganda, relaciones públicas, informes de contenido diverso, patrocinios y otros servicios afines con personas, sociedades, entidades y medios de comunicación afines al PSOE, con la única finalidad de financiar y acometer con los mismos y por medio de ellos, en unos casos, una campaña de descrédito de otras formaciones políticas en beneficio propio para la campaña electoral de las elecciones municipales del 2011; y, en otros, con el fin de financiar reuniones, mítines, actos y almuerzos del PSOE de Marbella».
En relación a Estepona, cabe recordar que desde hace meses se viene repartiendo mensualmente un periódico, Estepona 3.0, de claro contenido pro-gobierno municipal, cuya única publicidad e ingresos corresponden, precisamente, a la empresa pública que representa Bernal y en menor medida y con carácter extraordinario a publicidad del propio Ayuntamiento. Acosol ya realizó en el pasado importantes inserciones publicitarias en el extinto periódico El Avance, «que aparece inscrito en el Registro de Marcas a nombre del PSOE de Andalucía», también en la etapa como alcalde de David Valadez.

Militantes y simpatizantes socialistas de Ojén denuncian las malas artes de Heredia, Conejo y Pilar Serrana

2010-08-29T11:37:00.002+02:00

ATC. El PSOE de Ojén enfrentado a sus propias bases por la dictadura de Conejo, Heredia y compañía, al igual que en Estepona./

Militantes del PSOE de Ojén preparan denunciar a Heredia, Conejo y Pilar Serrano

ELMUNDO.es | Málaga

Sábado 28/08/2010
Las aguas, lejos de calmarse, continúan revueltas entre los socialistas de Ojén. Y es que tras conocerse el anuncio de integración del Grupo Socialista Independiente de Ojén(GSIO) -partido gobernante con seis ediles- en las filas del PSOE ojeneto, las reacciones de numerosos militantes y simpatizantes socialistas en la localidad no han dejado de sucederse.

Según han informado a través de un comunicado, estos militantes socialistas críticos han encargado, al equipo jurídico que les asiste, la interposición de una demanda judicial por "vulneración de los derechos fundamentales de la militancia de Ojén" contra el secretario general del partido a nivel provincial, Miguel Ángel Heredia, el secretario de organización del PSOE de Málaga, Francisco Conejo, y la delegada provincial de Economía, Innovación y Ciencia, Pilar Serrano.

Además de esta denuncia, que han dicho será presentada de inmediato en los juzgados, estos militantes también pedirán al juez la aplicación de medidas cuatelares para que las iniciativas tomadas por la ejecutiva provincial sobre la integración, a las que califican de "dicatatoriales", sean "levantadas inmediatamente".

Este colectivo, que dice representar a 51 afiliados y más de 300 simpatizantes del municipio de 3.000 habitantes, critica que hayan sido "entregadas las siglas del PSOE al GSIO", así como el nombramiento del alcalde del municipio, José Antonio Gómez, como presidente de una comisión gestora. Estos hechos, han afirmado estos militantes socialistas críticos, "se ha vendido por miembros de le ejecutiva provincial de una forma torpe y tendenciosa como una integración de los independientes en el PSOE de Ojén".

Este grupo de socialistas, que ya calificaron la integración como una "operación de transfuguismo, auspiciada y amparada por Miguel Ángel Heredia", ha señalado que pedirá a la Comisión Nacional contra el Transfuguismo que abra un procedimiento contra los concejales independientes que han pasado a formar parte del PSOE.

En este sentido, los militantes críticos con la ejecutiva provincial han negado que ningún miembro de los independientes haya solicitado el ingreso en el PSOE de la localidad.

El colectivo también ha informado de su intención de "recuperar el normal funcionamiento" de la Agrupación Socialista de Ojén, así como de su decisión de presentar lista de candidatos como PSOE ojeneto a las próximas elecciones municipales.

Finalmente, los componentes de este grupo han anunciado que convocarán una reunión "masiva" con militantes de la provincia para exponerles la situación de "ruina política" a la que, han dicho, les está llevando la dirección del PSOE.

Anuncio de la gran manifestación del día 6 en Estepona

2010-07-29T19:27:00.000+02:00

AVISO

5ª MANIFESTACIÓN CIUDADANA

VIERNES 6 DE AGOSTO 2010, 21 HORAS, EN LA PLAZA DEL HUEVO

¡BASTA YA!

LA NUEVA SUBIDA DEL

IBI Y LAS TASAS DE BASURA Y ALCANTARILLADO

SON UN ATRACO

· ¿CUÁNTO NOS ESTÁN COSTANDO LA INEFICACIA Y EL DESPILFARRO DE LOS POLÍTICOS?

· ¿HASTA CUANDO NOS VAN A CASTIGAR CON IMPUESTOS A VECINOS Y COMERCIANTES?

· ¿POR QUÉ SE PENALIZA A LOS NO-EMPADRONADOS?

· NO MÁS PIRÓMANOS: ESTEPONA NO PUEDE MAS

CONVOCA:

PLATAFORMA VECINAL DE ESTEPONA

APOYAN: UGT, CSIF, BANDA DE MÚSICA, AA.VV. HUERTA NUEVA, BARRIADA SOLIS, CALLES MÁLAGA Y REAL, URBANIZACIONES BEL-AIR, ESTEPONA GOLF, BUENAS NOCHES.

PARTIDO POPULAR, UPyD, BNA, P.A.

ASOC. PROGRESISTAS DE ESTEPONA,ASOCIACIÓN EMPRESARIOS ESTEPONA (AEE).

La Asociación Progresista de Estepona entrega a la dirección del PSOE 300 firmas contra la candidatura de Valadez

2010-07-29T19:24:00.000+02:00

29/Julio/2010 - Estepona
"Queremos ser honestos. Creemos honradamente que la gestión de Valadez es notablemente mejorable"

El documento que podría poner la nota más agria a la candidatura del actual alcalde de Estepona, David Valadez, a las municipales de 2011 bajo las siglas del PSOE podría ser el denominado "Manifiesto de los 300". Así es como se llama el escrito, que contiene cuatro puntos siendo el más relevante de todos el que concierne a la oposición de estos socialistas a la candidatura de Valadez a las municipales de 2011, rubricado por 302 militantes del PSOE y enviado a las direcciones provincial de Málaga y autonómica del partido.

Mientras se espera que el nombramiento de Valadez se produzca en los próximos días, estos socialistas agrupados en la mencionada asociación tras la disolución de la agrupación tras el caso 'Astapa', agotan los últimos cartuchos para evitar que el socialista encabece la lista teniendo en cuenta las decisiones unilaterales adoptadas por el hoy alcalde de Estepona, las subidas de impuestos abanderadas por Valadez o su falta de liderazgo no sólo en el partido, sino también en el propio equipo de Gobierno.

La Asociación Progresista de Estepona, que espera ser escuchada por los entes supramunicipales tras la entrega de estas firmas, tambien solicita la apertura de la agrupación para poder elegir un candidato de consenso, así como la disolución de la gestora actual, para dar paso a una que sea "abierta y democrática", según aseguraba José Luís Gaitán, portavoz de la agrupación en una rueda de prensa.

Así las cosas y pese a liderar un movimiento que genera la bifurcación clara de los socialistas en Estepona, el portavoz de la agrupación defendía la lealtad de los socialistas que forman parte de ella mientras defendía el contenido del manifiesto como la única vía para evitar precisamente el desmembranamiento del partido en la localidad.

El Ayuntamiento de Fuengirola tomará acciones legales contra Transparencia Internacional

2010-07-21T22:55:00.009+02:00

ATC
Transparencia Internacional (organización globalizadora contra la corrupción, pero que no denuncia a Monsanto, Rockefeller, y los principales corruptos del mundo, como la ONU, el CFR, Instituto Tavistock, la CT, la Reserva Federal, el flúor, etc, etc, etc, etc.), parece haber eliminado de su web española, el informe referente al 2010, año que por cierto aún no ha terminado (estamos a la mitad) ¡Qué listos son!. El que ahora aparece como el último en su web es el de Mijas (PSOE) con cinco puntos por debajo del de Fuengirola./

EUROPA PRESS

El Ayuntamiento de la localidad malagueña de Fuengirola anunció hoy que emprenderá acciones legales contra la empresa Transparencia Internacional (TI) en España si no explica, de forma "sincera", que el estudio, en el Consistorio fuengiroleño aparecía en el último puesto del ranking a nivel de transparencia, "no se refiere a los ayuntamientos como institución sino a la información que se ofrece a través de sus páginas web".

Así, tal y como informaron hoy la primera teniente de alcalde, Ana Mula, y la concejala de Régimen Interior, Justina Martín, que en caso no atender esta "justa petición", el Consistorio iniciará las acciones legales que sean oportunas en defensa de su imagen y por los daños y perjuicios que se hayan causado.

Con respecto al puesto ocupado en el índice, el último, Mula explicó que dicho estudio sólo hace referencia a los análisis de las informaciones publicadas en la web municipal a través de un cuestionario, lo cual "nunca puede hacerse extensible a la institución en su totalidad", apuntó que esto es lo que "se ha querido hacer ver interesadamente en la publicación de las conclusiones del estudio". Por lo tanto, esta empresa "podrá sólo pronunciarse sobre la funcionalidad operativa o informativa de dichas páginas web", según aseguró Mula.

Así, Mula mostró su rechazo a las "barbaridades" que se han dicho sobre el Ayuntamiento de Fuengirola, porque esta empresa "debería dar ejemplo de su nombre y dar la información completa". Añadió que se trata de una empresa privada que "sólo persigue el interés económico, de ahí esa desinformación o amarillismo transmitida con el fin de incrementar las visitas a su página web, lo cual es muy grave".

Con respecto al por qué no se atendió a la información requerida por la empresa, "existen dos motivos fundamentales": por un lado, según indicaron TI dice que era voluntaria la decisión de dar información, "que ya hemos visto que no es así, ya que, en caso contrario, la valoración ha sido inquisidora pese a no tener información".

Por otro lado, "no se entregó la información porque así lo recomendó la Intervención y Tesorería municipal, que son habilitados nacionales nombrados por el Estado y que valoraron que se trata de una empresa privada cuyos fines se desconocen, por lo que no estábamos obligados a entregar esos datos", informaron en un comunicado, al tiempo que resaltaron que "no se ha tratado de una decisión política, sino de los habilitados nacionales. Si se hubiera tratado de un organismo público, sí se hubiera atendido a sus peticiones".

Además, señalaron que para hacer el estudio se basan en un cuestionario en el que puntúan con dos puntos por respuesta contestada y con cero las no contestadas, pero "no la veracidad de éstas". Así, Mula explicó que la página web estaba en revisión cuando solicitaron el estudio, por lo que "si lo hicieran hoy, el resultado sería distinto". También resaltó que "las páginas web no son obligatorias y que existen cientos de ayuntamientos que ni siquiera tienen página web, y no por ello no son transparentes"./

Por su parte, la concejala de Régimen Interior señaló que la empresa TI "no ofrece ninguna garantía de veracidad u objetividad", y apuntó que "a través de la Wikipedia se cuestiona la valoración de sus informes porque se basan en encuestas que miden valoraciones subjetivas".

ATC.

Por cierto que Transparencia Internacional (organización globalizadora contra la corrupción, pero que no denuncia a Monsanto, Rockefeller, y los principales corruptos del mundo, como la ONU, el CFR, Instituto Tavistock, la CT, la Reserva Federal, el flúor, etc, etc), parece haber eliminado de su web española, el informe referente al 2010, año que por cierto aún no ha terminado (estamos a la mitad) ¡Qué listos son!. El que ahora aparece como el último en su web es el de Mijas (PSOE) con cinco puntos por debajo del de Fuengirola.
Y es curioso porque erróneamente habíamos publicado una crítica contra la publicación de una noticia refiriéndonos, precisamente, al del 2009 que fue la única referencia que nos apareció en Google. No obstante más tarde comrprobamos visitando su página, antes mencionada, que existía ya, a mediados de año, el del 2010, para nuestro asombro. Sin embargo éste ha sido eliminado de su web y ahora el último que aparece es el de 2009.
Respecto a las declaraciones del PSOE, no escuché yo entonces el año pasado a nadie del PSOE decirle al alcalde de Mijas que "transparencia 0 es democracia 0" . Por ciero que esta organización está íntimamente ligada al fascismo socialista fabiano del Nuevo Orden Mundial que denunciamos en esta página, donde pronto haremos un informe sobre ella y aparecerá en sus entradas.

No obstante alguna manipulación en el titular que denunciamos por manipulador: El ayuntamiento menos transparente de España, el de Fuengirola.
Aunque ya no podemos afirmar que fuese por parte del medio, un mero repetidor como diría David Icke, o por parte de la propia organizacion. Ya que el hecho de que se hayan analizado 110 ayuntamientos no significa, ni aunque fuesen fiables dichos informes, que se el menos transparente de los varios miles de ayuntamientos de España. Como mucho lo será de esos 110.
En 2009 el Gobierno de Ecuador se quejó de este informe públicamente por la falta de transparencia y fiabilidad del mismo. Y lo más curioso es que su gerente llegó a constestar con algo sorprendente: "Nos hemos ocupado intensivamente de Europa y no de ningún país. Reconocía casi literalmente que los informes referidos a los países sudamericanos, pues, no eran de fiar.

Update July 24

A día de hoy, el informe de 2010, año que va por la mitad, ya ha sido introducido de nuevo en su página española. Llama la atención que entre los patrocinadores de Transparencia Internacional se encuentra la Comunidad de Madrid, presidida Dª Esperanza Aguirre, del PP. Otro de sus patrocinadores es la petrólifera Exxon Mobil de Rockefeller, el principal corrupto del planeta, si entendemos por corrupción lo que dice el diccionario: sobornar, pervertir o viciar. Rockefeller es experto en eso (en corrupción) y no tiene reparos en reconocerlo públicamente incluso en su autobiografía: "Memoirs". Memorias en español. ¿De qué va entonces TI? ¿Combaten la corrupción o son parte de la corrupción al más alto nivel global?

El PSOE de Manilva se desmarca de sus socios y anuncia discrepancias con la alcaldesa

2010-07-16T13:21:00.001+02:00

M. PERIÁÑEZ | MANILVA. Diario Sur

Llevan menos de un año juntos y ya han aparecido los primeros roces y desavenencias Los socialistas manilveños anunciaron ayer discrepancias con sus socios de gobierno de IU. El grupo local anunció que no comparte «ciertas actuaciones» de la alcaldesa Antonia Muñoz. Entre los motivos de desacuerdo, los socialistas señalaron la política de contratación de obras o la relacionada con el personal municipal. Asimismo, indicaron que no están de acuerdo con el criterio establecido en la ordenación de los pagos y que no comparte que se dé prioridad a «ciertos gastos», cuando los trabajadores municipales todavía no han cobrado la paga extraordinaria de verano, según indicaron en un comunicado.

Con todo, los socialistas (que se sumaron al pacto de gobierno en noviembre del año pasado) valoraron la gestión realizada junto con IU, en la que, según dijeron, se han acometido «importantes proyectos» para el municipio. Entre ellos citaron la aprobación de un nuevo presupuesto para este ejercicio.

Salvador Zotano, COncejal de Urbanismo de Manilva y Juan Herrera, ex-gerente de Urbanismo, a declarar por presunta corrupción urbanística

2010-06-27T13:58:00.001+02:00

TRIBUNALES | Este lunes

El edil de Urbanismo de Manilva declara por irregularidades en un complejo turístico

Europa Press | Málaga

sábado 26/06/2010

El concejal de Urbanismo de Manilva (Málaga), Salvador Zotano (PSOE), ha sido citado a declarar como imputado el lunes en relación a una serie de presuntas irregularidades en la construcción del complejo de apartamentos turísticos Manilva Green.

Los hechos se produjeron durante el periodo en el que Zotano era alcalde de la localidad en el anterior mandato, según ha informado a Efe el denunciante, el empresario José Jiménez.

En la denuncia, que fue presentada en el juzgado de Instrucción número 2 de Estepona, el querellante señala que tanto Zotano como el ex gerente de Urbanismo, Juan Herrera, que también ha sido citado a declarar como imputado, podrían haber cometido los presuntos delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio, tráfico de influencias y falsedad documental durante el pasado mandato.

La comparecencia de ambos se realiza tras solicitarlo el Ministerio Público.

Los hechos se remontan a diciembre de 2006, cuando el Ayuntamiento concedió la licencia de primera ocupación "irregularmente al promotor", ya que una parte del complejo invade zona de dominio público y otra parte de las instalaciones "está levantada sobre una superficie de unos 4.000 metros calificada como zona de especial protección de viñedos".

A pesar de las reiteradas denuncias presentadas en el Ayuntamiento, Zotano le concedió la licencia de apertura a los apartamentos, según Jiménez.

"Lo hicieron deprisa y corriendo, a través de la Gerencia de Urbanismo, antes de la celebración de las elecciones municipales de 2007", ha señalado el empresario.

Por su parte, Zotano ha afirmado a Efe que la querella se la interpuso el promotor porque le denegó la licencia de primera ocupación al invadir su obra suelo público, y ha añadido que no se la concederá "hasta que no se restituya el interés público".

Según Zotano, el juez archivó la causa pero la Fiscalía ha pedido que declare "para que no haya vicio en la instrucción", aunque esta querella ha derivado "en un enfrentamiento entre los dos socios de la promoción".

Tanto Zotano como Herrera han presentado un escrito en el juzgado de Instrucción número 2 de Estepona en el que piden "el sobreseimiento de la causa"./

ATC.

Salvador Zotano sustituyó en la alcaldía a Pedro Tirado cuando éste ingresó en prisión por el caso de la Parrala que se convirtió en una pieza separada del caso Ballena Blanca.

La explotación laboral se implanta en la Costa del Sol con empresas de inmigrantes

2010-06-26T19:06:00.001+02:00

Empresas creadas por inmigrantes explotan a trabajadores inmigrantes y españoles en regímenes cercanos a la esclavitud.

ATC.

Según hemos podido comprobar personalmente, acudiendo a varias ofertas de trabajo que resultaron ser de empresas creadas por personas inmigrantes residentes en la Costa del Sol, sobre todo de ciudadanos de Europa del Este y sudamericanos, estas empresas están explotando, por no decir esclavizando, a sus trabajadores.

Aprovechando la necesidad de trabajar para tantos parados como existen en la Costa (sólo en Estepona la cifra se eleva a casi 10.000 desempleados) estos advenedizos "empresarios" publican ofertas de trabajo, sobre todo en la prensa inglesa de la Costa (especialmentve en SurInEnglish y Euroweekly News), ofertando puestos que no se ajustan a lo publicado y, por tanto, fraudulentos o engañosos. Generalmente suelen ser empresas de servicios en general y mantenimiento de jardines que adquieren la concesión por parte de la administración de algunas urbanizaciones de lujo, para lo cual contratan a personal, generalmente inmigrante, por tiempo parcial (cuatro horas diarias) pero que se ven obligados a trabajar durante ocho horas con sólo media hora al día para comer (incluído almuerzo y desayuno en un único descanso). A estos trabajadores, que realizan su labor al aire libre, se les prohíbe fumar y sentarse, aunque sea tras un duro esfuerzo, durante la jornada laboral. Estas jornadas laborales son especialmente duras porque, entre otras cosas, se les obliga a realizar labores peligrosas, sin los medios necesarios, para las que no están preparados y que, hasta la llegada de la crisis, realizaban empresas especializadas con los medios adecuados. Entre estas labores destaca la poda de palmeras o el desmoche y poda de especies arbóreas, especialmente pinar. Así, mientras sus jefes explotan a estos trabajadores, ellos residen en urbanizaciones de lujo situadas en campos de golf de Marbella, Estepona o Benahavís. De esta situación son responsables también los propios administradores de las urbanizaciones así como sus presidentes, normalmente extranjeros. Esta situación es especialmente grave en el municipio de Marbella, donde muchos de estos inmigrantes trabajan, además de sin contrato, con la promesa de que tal día serán contratados después de un período de pruebas en régimen de explotación. En la mayoría de los casos los españoles, los cuales tienen vetados el trabajo en estas empresas, se ven obligados a trabajar en las mismas condiciones si quieren acceder al puesto o, directamente, se les niega, ante la posibilidad de que acaben denunciándoles; mientras ven como trabajadores inmigrantes les quitan el puesto de trabajo ilegalmente sin que nadie, ni sindicatos ni administraciones públicas hagan nada para evitarlo.

Esta situación viene derivada de que, en muchos casos, las urbanizaciones, con la llegada de la crisis y la necesidad de reducir gastos, despiden a sus antiguos trabajadores y acceden a la contratación de estas empresas advenedizas con costos muy inferiores a los establecidos por sus servicios, debido a la explotación a la que someten a sus trabajadores, que además deben realizar labores que no son las propias de su cualificación profesional. Mientras los trabajadores que antes realizaban dichas funciones, generalmente españoles en condiciones dignas, han ido a engrosar las listas de paro.

Así es fácil ver como personas contratadas de jardineros, por su cualificación que han debido avalar por C.V., se ven obligados un día entero a la semana, si no quieren perder el trabajo, a limpiar las calles de la urbanización, como si hubieran sido contratados de barrenderos. Al margen de la propia y lógica limpieza del lugar que los jardineros realizan diariamente, dentro de sus funciones, tras ejecutar los trabajos de jardinería para los que, en teoría, han sido contratados.

Así, contratan a estos trabajadores por media jornada pero con el conocimiento de que habrán de echar jornada completa con sólo media hora para almuerzo o desayuno en un sólo descanso, tras las primeras cuatro horas de la jornada, por el sueldo de 1.000 euros, la mitad en negro, obligándoles a realizar trabajos de poda de palmeras o pinos y limpiezas de calles, incluídas en el sueldo a pesar de que el anuncio de la oferta iba dirigida a jardineros para mantenimiento de jardines; donde se omitían las verdaderas funciones que habrán de realizar, cuando, por ejemplo, las empresas especializadas en podas de palmeras cobran 300 euros por unidad en cada una de las podas que realizan.

De esta forma se ahorran y defraudan miles de euros que les sirven a ellos para enviar ingentes cantidades de dinero a sus países de origen, además de para vivir como verdaderos magnates en la Costa del Sol a base de la explotación laboral de sus empleados. Los directivos de estas empresas, suelen ser personas acostumbradas a vivir en un régimen ex-comunista como Polonia, Rumanía o Rusia; sin descartar también empresas creadas por sudamericanos quienes, acostumbrados a la anarquía y precariedad del mercado laboral en sus países de origen, están importando esos modelos a la España de la UE, ante la pasividad de gobiernos y sindicatos que deberían defender, ante todo en España, los derechos de los españoles.

La explotación del "filipino" en casas de alto standing de la Costa del Sol.

Echando la vista atrás, la explotación laboral no es nueva en la Costa del Sol. Desde mediados de la década de los 80 se han venido formando mafias de contratación de personal, generalmente filipino (así son conocidos genéricamente en la Costa, especialmetne en la zona conocida como "Milla de Oro", desde Puerto Banús hasta el Marbella Club y Puente Romano) en trabajos vetados para personal español, en el ámbito de los servicios domésticos para familias residentes de muy alto poder adquisitivo. Hasta esa fecha, estas labores habían sido también realizadas por personas españolas, sobre todo mujeres, en dignas condiciones de trabajo.

El régimen de trabajo de este colectivo en la Costa es casi de esclavitud, debiendo convivir con las familias donde ofrecen sus servicios, sin régimen laboral alguno establecido, en algunos casos sin contratos, y encargados de todas las tareas de la casa, generalmente enormes chalets, por sueldos de miseria durante las 24 horas del día. Realizando tareas de chófer, lava coches, jardineros, fontaneros, amas de casa, electricistas y "chico o chica para todo". Todo en uno, con el consiguiente ahorro y fraude económico-laboral y, por supuesto, con el consiguiente perjuicio para el mercado de trabajo local de los españoles en nuestro propio país.

El problema ahora es que tal concepto está instalándose, o se ha instalado ya, en casi todos los sectores laborales de esta privilegiada zona costera malagueña.

Los abogados creen que los arrestos en la Costa del Sol son un ´espectáculo´

2010-06-03T12:33:00.001+02:00

Llaman a la sensibilidad, defienden la presunción de inocencia y piden que se proteja la imagen.

PRINCESA SÁNCHEZ. Unas esposas encadenan mucho más que las manos. Sus portadores, tras lucirlas públicamente, suelen mantener después una imagen encadenada a la sospecha. Los abogados malagueños y, muy en especial los de la Costa del Sol, quieren evitar este estigma.
Ayer, en Marbella, criticaron el modo de arrestar practicado en grandes operaciones policiales relativamente recientes. «En los años pasados, hemos asistido a detenciones que se han realizado con una espectacularidad impropia de las obligaciones que imponen nuestras leyes procesales», señaló el decano del colegio de abogados en Málaga, Manuel Camas.
El decano recordó que la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que las detenciones deben ser discretas. Todo lo contrario de lo que ha sucedido en casos como la operación contra el blanqueo de capitales «Ballena Blanca».
«Tenemos que revisar urgentemente nuestra instrucción penal. Está antigua, desfasada, obsoleta», reflexionó. En su opinión todas las instituciones está obligadas a proteger la presunción de inocencia, la honra y la imagen de las personas.

Mayor disimulo

El representante de los abogados malagueños cree que es una sensibilidad compartida por jueces, magistrados, fiscales y fuerzas y cuerpos de seguridad. «Estamos mejorando y recuperando esa sensibilidad», advirtió. Eso sí, no sabe indicar a preguntas de los periodistas, en qué momento y quiénes perdieron esta cualidad.
De cara al futuro, no tiene dudas y cree que todos deben colaborar para que las actuaciones necesarias se hagan con «la mayor discreción y disimulo», añadió.
Camas presidió ayer la renovación de los representantes de la delegación marbellí del Colegio de Abogados. El hasta ahora delegado, Rafael Lima, le pasó el relevo al tesorero, José González Merelo.
El nuevo delegado comparte punto de vista sobre este asunto con Camas y lo expresó en su toma de posesión. Su principal reto: la mejora de la imagen de los abogados del oeste del litoral malagueño.
«¿Por qué un letrado, electricista o fontanero tiene que pasar tres noches en el calabozo para pasar a disposición judicial si se presentó cuando fue requerido sin problemas?», se planteó.
González Merelo sabe que debe centrarse más en quien ordena las cadenas que en quien hace la fotografía de las mismas. Pero no señala con el dedo a ningún estamento.
«El problema no es que un medio de comunicación saque una noticia sino que se entere del sitio donde se produce y llegue el primero, mientras que al Colegio de Abogados no se lo permite estar porque la actuación está bajo secreto de sumario», se quejó.
La discusión tiene muchas ramificaciones y puede llegar a convertirse en interminable. Lo cierto es que los letrados no ocultan su disconformidad con este asunto y plantean la disyuntiva de determinar a qué acusados hay que esposar y a cuáles no.

Dominación marxista en Genalguacil y Jubrique

2010-03-21T14:49:00.002+01:00

Genalguacil, al igual que Jubrique, permaneció en poder republicano desde el inicio de la sublevación hasta la conquista de Estepona el 14 de enero de 1937, cuando los milicianos la abandonan por miedo a quedar copados. En este municipio de Sierra Bermeja, de menos de mil habitantes, se produjeron tres víctimas identificadas y no consta el hallazgo de alguna sin identificar. De ellas, sólo una era natural del pueblo. El hecho de que no conste la muerte de un sacerdote, como sucedió en todos los pueblos de Málaga, es porque las funciones sacerdotales las ejercía el mismo cura párroco que mataron en Jubrique, población distante 6 kilómetros de Genalguacil.

Los actos de violencia comenzaron el día 21 de julio de 1936 con los registros domiciliarios en busca de armas. Continuaron con numerosos saqueos a edificios públicos y privados y detenciones de personas de orden, que sumaron un total de catorce, por parte del Comité de Guerra.

El día 27 del mismo mes se procede a la quema de las imágenes de la iglesia y del archivo de la Parroquia, a manos de los vecinos ya citados.

Las víctimas de los registros y saqueos en Genalguacil fueron:

D. Emiliano Rodríguez Soler, Fº. Piñel Mola, Antonio Romero Ruiz, Fº. Moreno Gil, Salvador Romero Herrera y sus hermanos José y Francisco, Francisco Jurado Gutiérrez, Juan (ilegible) Mateo, Pedro Sánchez Romero y sus hermanos José y Antonia, Antonio Romero Ruiz, Miguel Romero Mateo, Juan Ruiz Ayala, Juan Rubio Santos, José Romero Sánchez y su hermano Francisco, así hasta un total de unos treinta domicilios particulares. El 1 de octubre de 1936, el ya mencionado Gonzalo Rubio Romero incendió el Archivo Municipal.

Las víctimas de la represión marxista en Genalguacil fueron:

D. Francisco González Sánchez. Natural de Genalguacil. 46 años de edad. Casado con Doña Ana Mateos Rodríguez. Deja tres hijas de entre 11 y 4 años. De profesión alguacil del Ayuntamiento. Se ignora su pertenencia a partido político alguno. Fue detenido en su propio domicilio por un vecino llamado Salvador Macias Gutierrez y varios individuos más. Uno de ellos, un tal “Uvita”, que en 1941 se encontraba detenido en Málaga, y otros milicianos. Su detención se produjo el 13 de noviembre de 1936 cuando la víctima pensaba evadir a su familia a la zona nacional. Fue asesinado, el mismo día de su detención, en el cementerio municipal del pueblo. Habiendo permanecido hasta entonces en manos del revolucionario Comité de Guerra local. Fueron citados como testigos de este asesinato los vecinos de Genalguacil Juan Ruiz Macías y Juan Mateos del Río. Entre sus ejecutores se encontraba el jefe miliciano de Benarrabá Antonio Río Jarillo, quien fue condenado a muerte en Málaga. Río Jarillo es el mismo responsable de seis muertos en el término municipal de Casares, entre ellos los tres cadáveres de etnia gitana hallados en el Río Genal. Nadal cita a este vecino entre los fallecidos en el frente, lo que no es cierto según la documentación que aportamos.

Respecto a las dos víctimas que a continuación se exponen no se pudo localizar a ningún familiar testigo de los hechos en los exhortos referidos a este partido judicial. Eran naturales del pueblo de Guaro:

D. Juan Ocón Ruiz. 55 años de edad. Secretario del Juzgado de Guaro. Desapareció el 13 de septiembre de 1936. Su cuerpo fue exhumado apreciándosele heridas de bala. Sus asesinos fueron Salvador Pacheco Herrera, vecino de Genalguacil; Francisco Rodríguez Ruiz, alias “Mateas”; Francisco Ruiz López alias “el Pali” y José Holgado, ambos vecinos e Genalguacil. Al segundo se le siguió sumario en San Roque, el primero se desconoce su paradero y los dos últimos fallecieron en la cárcel de Málaga.

D. Rafael Vidales Ordóñez. 60 años de edad. Industrial. Juez Municipal de Guaro. Desapareció el 13 de septiembre de 1936. Sus asesinos fueron los mismos que la víctima anterior. También las circunstancias fueron idénticas.

Nadal no hace mención a estas dos últimas muertes y cita, asimismo, a tres víctimas pero ocurridas en los frentes. En esta relación de muertes incluye a D. Francisco González Sánchez, aquí citado, pero queda desmentido que su fallecimiento se produjera en el frente por la documentación primaria consultada que reflejamos fielmente en estas descripciones.

Los responsables de estos asesinatos fueron:

Gonzalo Rubio Romero. Figura como coautor del incendio de las imágenes y el archivo de la parroquia ocurrido el 29 de julio de 1936. Figura también como el autor del incendio de los archivos municipales sitos en el Ayuntamiento el 1 de octubre de 1936. Autor de los registros y recogidas de armas a personas de orden ocurridos el 21 de julio de 1936. Miembro del Comité de Guerra que ordenó la detención y encarcelamiento de trece vecinos de Genalguacil. En 1940 se encontraba huido en Francia.

José Holgado Padoz. Natural de Genalguacil. Ejecutado en Málaga. Participó en la muerte de D. Juan Ocón Ruiz. Figura como coautor del incendio de las imágenes y el archivo de la parroquia ocurrido el 29 de julio de 1936. Autor de los registros y recogidas de armas a personas de orden ocurridos el 21 de julio de 1936.

Antonio Jurado Rubio. Acabó en prisión en Puerto de Santa María. Miembro del Comité de Guerra que ordenó la detención y encarcelamiento de trece vecinos de Genalguacil.

Antonio Pacheco Herrera. Autor de los registros y recogidas de armas a personas de orden ocurridos el 21 de julio de 1936. Miembro del Comité de Guerra que ordenó la detención y encarcelamiento de trece vecinos de Genalguacil.

Salvador Pacheco Herrera. Vecino de Genalguacil en paradero desconocido en 1941. Se le acusaba de la muerte de D. Juan Ocón Ruiz. Figura como coautor del incendio de las imágenes y el archivo de la parroquia ocurrido el 29 de julio de 1936. Autor de los registros y recogidas de armas a personas de orden ocurridos el 21 de julio de 1936. Miembro del Comité de Guerra que ordenó la detención y encarcelamiento de trece vecinos de Genalguacil.

Salvador Macías Gutiérrez.

Miguel Calvente Jurado. En 1941 se ignoraba su paradero. Autor de los registros y recogidas de armas a personas de orden ocurridos el 21 de julio de 1936. Miembro del Comité de Guerra que ordenó la detención y encarcelamiento de trece vecinos de Genalguacil.

Juan Sánchez Ruiz alias Juanelo. Preso en 1941. Miembro del Comité de Guerra que ordenó la detención y encarcelamiento de trece vecinos de Genalguacil.

Antonio Jurado Rubio. Preso en 1941 en el penal del Puerto de Santa María. Autor de los registros y recogidas de armas a personas de orden ocurridos el 21 de julio de 1936.

Francisco Rodríguez Ruiz alias Mateas. Natural de San Roque. Ejecutado en un sumario seguido contra él en dicha localidad. Se le acusaba de la participación en la muerte de D. Juan Ocón Ruiz.

Juan Rodríguez López. Fallecido en 1940. Miembro del Comité de Guerra que ordenó la detención y encarcelamiento de trece vecinos de Genalguacil.

Francisco Ruiz López alias “el Pari”. Natural de Genalguacil. Posiblemente fue ejecutado en un sumario seguido contra él en Málaga en 1940. Se le acusaba de la muerte de D. Juan Ocón Ruiz. Fue ejecutado en la cárcel de Málaga. Figura como coautor del incendio de las imágenes y el archivo de la parroquia ocurrido el 29 de julio de 1936. Autor de los registros y recogidas de armas a personas de orden ocurridos el 21 de julio de 1936.

Antonio Río Jarillo. Vecino de Benarrabá, preso en Málaga en 1941 donde parece ser que fue ejecutado. Se le acusaba de la muerte de D. Francisco González Sánchez y de seis asesinatos en el Río Genal.

Un conocido como “Uvita”. Entre otros en paradero desconocido.

JUBRIQUE:

Según la Causa General de Málaga 12 fueron los asesinados durante el dominio rojo en esta localidad del Valle del Genal. Los actos violentos tuvieron lugar durante los primeros días de la sublevación con el incendio de la Iglesia Parroquial y los objetos de culto. A continuación se llevó a cabo el saqueo del Archivo Municipal y de la Recaudación Municipal. Posteriormente se prendió fuego a toda la documentación saqueada y a los enseres. Durante esos días prenden fuego a la casa de D. Miguel Luna Rojas, sita en calle Postigo. Según los documentos obrantes en la Causa General de Málaga estas fueron las víctimas de la dominación marxista en Jubrique:

D. Francisco Serrano Torres. Natural de Jubrique. 40 años de edad. Soltero. De profesión labrador. Afiliado a Acción Popular. Fue detenido por unos individuos desconocidos en su finca de El Higuerón, el día 30 de octubre de 1936, donde fue asesinado el mismo día. Su cuerpo no pudo ser recuperado hasta una vez liberado el pueblo, meses después. Al parecer dos vecinos del pueblo fueron testigos de este asesinato: Salvador Pacheco Jiménez y Manuel Pacheco Rojas.

D. Salvador Jiménez Izquierdo. Natural de Jubrique. 86 años de edad. Casado en segundas nupcias con Ana Andrades Ruiz. Deja ocho hijos; dos de su primer matrimonio y seis del segundo. De profesión labrador. Afiliado a Acción Popular. Fue detenido, el día 16 de noviembre de 1936 en su finca de El Alamo, en este término municipal, por unos desconocidos. Tras su detención fue conducido a Igualeja. Murió en la sierra de Jubrique el 18 de noviembre de 1936. Su cuerpo fue hallado en 1941.

D. Antonio Gil Rojas. Natural de Jubrique. Sacerdote y Párroco de los Santos Arcángeles de Málaga. 55 años de edad. Afiliado a Acción Popular. Desapareció el día 8 de agosto de 1936. Fue asesinado el día 20 de agosto. Su cuerpo fue hallado en un paraje cercano al Puerto del Colmenar, sito en este término municipal, una vez liberado el pueblo por las tropas nacionales.

D. José Romero Lozano. 50 años de edad. Sacerdote. Párroco de Jubrique. En 1941 se desconocía el lugar de nacimiento. No se pudo localizar a ningún familiar. Desapareció el 8 de agosto de 1936.

D. Pedro Márquez García. 40 años de edad. Apareció con fractura de cráneo el día 22 de marzo de 1939. Era propietario. Afiliado a Acción Popular. Se sabe que era natural de Benalauría, aunque no se pudo hallar a ningún familiar. Su cuerpo fue localizado en Cruz primera.

D. Juan Andrades Ruiz. 40 años de edad. Obrero del campo. Natural de Faraján, tampoco se pudo localizar a ningún familiar. Apareció el 21 de marzo de 1939 en Cruz Primera..

D. José Rubio Sánchez. 46 años de edad. De profesión hortelano. Sin filiación política. Localizado en el Camino de la Loma en octubre de 1936.

D. Juan Corbacho Rodríguez. 38 años de edad. Apareció el día 10 de noviembre de 1936. Su cuerpo fue localizado en Cruz Primera.

Doña María Corbacho Rodríguez. 40 años de edad. Aparecida el día 10 de diciembre de 1936. Fue localizada el día 10 de diciembre de 1936 en La Manga.

D. Antonio Guerrero Corbacho. 12 años de edad. Fue localizado el día 10 de diciembre de 1936 en La Manga.

Doña Teresa Rodríguez Harillo. 74 años de edad. Fue localizada el 10 de diciembre de 1936. Sus familiares residían en Alpandeire y no declararon en este partido judicial al no ser testigos de sus muertes. Su cuerpo fue localizado en Cruz Primera.

A los que habría que sumar un miliciano de Gaucín en el Camino Marrana.

Por su parte Nadal, inexplicablemente no recoge ningún asesinado por los rojos en este municipio serrano malagueño.

Los responsables o sospechosos de estos asesinatos fueron:

Francisco Collado Bermejo (huido a Francia); Ambrosio (ilegible) Moreno; Juan Medinilla Jiménez (preso en 1941); Cristóbal Ruiz Moreno (en 1941 se ignoraba su paradero), Antonio Villalta (de Genalguacil) y José Ruiz Medinilla. Estos permanecían en paradero desconocido en 1941.

Además de: Juan Tarres Camacho (preso en 1941), Diego Sánchez Pérez (se ignora su paradero en 1941) y Alejo Vallejo Aguilar (preso en 1941), y un tal Pacheco (natural de Ronda y vecino de Algatocín); entre otros desconocidos y algunos milicianos de Algatocín.

La dominación marxista en Casares y la manipulación de la Historia

2010-03-15T17:09:00.008+01:00

CASARES

“Ayuntamiento de Casares. Partido Judicial de Estepona.

ESTADO NUMERO 3

Durante el dominio rojo de esta Villa (Causa General 099).

Desde el mes de febrero de 1936 las turbas revolucionarias empezaron las mismas a cometer toda serie de actos, tales como que tomaron por asalto el Ayuntº, insultando y amenazando a todos los elementos que componían el mismo; que terminada esta operación se dirigieron a la Ermita nombrada de San Sebastián, y una vez allí después de saqueada, recogieron todos los Santos y objetos de culto y los trasladaron a la Iglesia Mayor, al objeto de convertir dicha Ermita en Centro Obrero, que conseguido esto empezaron a boicotear a todos los elementos que no simpatizaban con sus ideales, tomando el acuerdo de asesinar al Secretario de este Juzgado Municipal D. Juan López Trujillano, presentándose para realizar tan infame operación un sujeto llamado Pedro Mancera Mena (a) Mancera, el cual fracasó en su intento, porque apercibido el Sr. López Trujillano se marchó inmediatamente del pueblo para que no pudieran conseguir su objeto, permaneciendo éste una larga temporada ausente; que respecto a la Ermita en cuestión pasados unos días las fuerzas de la Guardia Civil se incautó de ella y desalojó a los elementos que se habían apoderado de la misma, que dicha Ermita estuvo cerrada hasta el 22 de julio, en cuya fecha fue abierta violentamente por las turbas revolucionarias para convertirla en Cárcel y alojar a los elementos que detenían de derechas; que en este intermedio de tiempo desde el 20 de febrero hasta el 18 de julio, hubo huelgas agrícolas y toda clase de coacciones y atropellos al objeto de intimidar a las personas de orden para ellos hacer lo que les viniere en gana. El 18 de julio por la noche se dirigieron al campo varias comisiones para traerse a todos los obreros que trabajaban en el término a fin de clararse en huelga general, no permitiendo bajo amenazas de muerte a los poseedores de radios que recibieran noticias ningunas relativas al glorioso Alzamiento, estando estos constantemente vigilados y hasta llegar el caso de apoderarse de los teléfonos y Correos, para que las personas de orden estuvieran desorientadas y no pudieran enterarse de noticias algunas favorables al Movimiento Nacional; por la madrugada empezaron a entrar todos los obreros de ideas extremistas del campo, dando gritos de vivas y mueras y exhortando a todos para que se apoderaran de las armas y objetos que estaban en poder de los elementos que no eran de su confianza, que desde este momento empezaron las detenciones de las personas de orden, que no conformes con esto se dirigieron a las Iglesias destruyendo los retablos e imágenes y quemando cuantos objetos de culto encontraban a su paso, apoderándose de aquello de valor para su aprovechamiento, sin pérdida de tiempo pasaron a fincas de este término, incautándose de unas y robando otras, así como se apoderaron de ganados, granos y útiles de labor, quedándose por consecuencia de estos hechos vandálicos el pueblo en una situación lamentable.

Entre los edificios públicos y privados que fueron asaltados, incendiados o saqueados se informa lo siguiente: Que tanto la Iglesia Mayor, Convento, Ermita del Rosario del Campo y Ermita de San Adolfo de los baños de la Hedionda fueron asaltados, saqueados y destrozados todo lo que en ellas había, y en los edificios privados los fueron el Cortijo Cortesín que llevaba en arrendamiento D. Juan Jiménez Vázquez, Bodega de D. Juan Pérez, Clínica del Médico asesinado, D. José Laporte Verdaguez, Comercio de Dª Dolores Molina Pérez, que fueron saqueados en general y otros hechos perpetrados durante el dominio rojo, consistentes en peticiones de dinero, prendas y objetos a familiares de los detenidos y otras varias personas de orden.

Además estuvieron detenidos los vecinos Eladio Sánchez Rodríguez, Juan Mateo Romero, Joaquín Pérez de Vargas y Cristóbal Aguilar Avilés, los cuales fueron puestos en libertad por orden del Comité momentos antes de la liberación de este pueblo.

Casares a 28 de Noviembre de mil novecientos cuarenta

Sello Aytº de Casares. El Alcalde. El Secretario”.

Los hechos de Casares durante la dominación marxista podrían ser calificados, sin temor a exagerar, de un verdadero genocidio con todas las letras. Esta localidad costasoleña permaneció en poder republicano desde el 18 de julio hasta el 3 de octubre de 1936. Durante este corto periodo, en esta localidad se produjo una verdadera “limpieza ideológica” llevada a cabo por las huestes marxistas de la localidad, encabezadas por su propio alcalde.

Como veremos, los sucesos se han tergiversado de tal manera que supone una burla a la memoria histórica de los andaluces; por lo que en aras a la verdad, los datos deben ser analizados en su verdadera perspectiva y objetividad.

El lema que reza a las puertas de este pueblo: “Andalucía por sí para España y la humanidad” se convierte en un sin sentido cuando conocemos los hechos ocurridos en este municipio durante la guerra civil.

Mientras se ensalzan los valores de las discutidas teorías de Blas Infante, su familia fue literalmente masacrada en Casares por aquellos que, 40 años después, asociaron su nombre al de “el padre de la patria andaluza”. Casares fue protagonista de una de las más crueles represiones marxistas de la provincia. Los marxistas se llevaron la vida de 56 personas. Casi el cuádruple de víctimas que las ocurridas en Estepona, con casi el triple de población, donde los asesinados en manos marxistas no superaron el número de 15.

Los principales disturbios comenzaron a partir de las elecciones de febrero de 1936, en las que tras unos comicios más que dudosos se consagró el poder del recientemente constituido Frente Popular bajo los auspicios de Stalin. Casares para esa fecha ya era un verdadero bastión revolucionario con su alcalde, José Trujillano Caravante, a la cabeza.

El día 20 de febrero, tras las elecciones, comienzan los actos violentos en el pueblo; se lleva a cabo el asalto al Ayuntamiento con insultos y amenazas contra los concejales y personas allí presentes. A continuación las hordas de exaltados se dirigen a la Ermita de San Sebastián y proceden al saqueo de la misma. Retiran todos los Santos y objetos de culto y los trasladan a la Iglesia Mayor; convirtiendo la Ermita en un “centro obrero”.

Una vez conseguido, inician una campaña de intimidación contra las personas de orden que no comulgan con su ideología. Después acuerdan el asesinato del Secretario del Juzgado, señor López Trujillano, quien se ve obligado a huir del pueblo durante una temporada. La persona elegida para su asesinato fue el vecino Pedro Mancera Mena.

Pasados unos días, la Guardia Civil libera la Ermita y desaloja a los individuos que habían instalado allí su “centro de trabajo”. Permanecerá cerrada hasta el 22 de julio de 1936, cuando es abierta violentamente por las turbas para convertirla en calabozos donde encerraban a los detenidos, generalmente afiliados a partidos de derechas, aunque no siempre pues las represalias también se dirigían contra compañeros de partido o sindicato y vecinos susceptibles de ser tachados de “fascistas”.

Entre el 20 de febrero y el 18 de julio de 1936 se producen infinidad de huelgas agrícolas y coacciones contra los que se niegan a llevarlas a cabo. Este último día, por la noche, varias pandillas de marxistas se dirigen a los campos casareños para secuestrar a sus dueños y exigirles que se declaren en huelga general bajo amenazas de muerte.

Asimismo prohíben a los residentes encender las emisoras de radio, para no escuchar las noticias sobre la sublevación, bajo amenaza de morir ejecutados. Durante la madrugada comienzan los registros en los domicilios de personas de orden en busca de armas y objetos de valor.

Comienzan las detenciones y saqueos en domicilios y los incendios de objetos de culto de las iglesias; destruyendo retablos e imágenes. Inmediatamente estallan los asaltos e incautaciones de fincas.

Mientras en el pueblo reina un aspecto triste y lamentable, las turbas incendian el Cortijo Cortesín que estaba arrrendado por el vecino D. Juan Jiménez Vázquez; la Bodega de D. Juan Pérez; la clínica del médico, que después sería asesinado, D. José Laporte Verdaguer; el comercio de Doña Dolores Molina Pérez y otros edificios públicos y privados.

Al tiempo que se detenían a las personas de orden, a los familiares de los detenidos. se les exige dinero, objetos de valor, prendas de vestir etc.

El día de la liberación de Casares se encontraban detenidos los vecinos: Eladio Sánchez Rodríguez, Juan Mateo Romero, Joaquín Pérez de Vargas y Cristóbal Aguilar Avilés. Todos fueron puestos en libertad horas antes de la toma nacionalista que tuvo lugar el 3 de octubre de 1936.

En contra de lo publicado por Nadal, que cita sólo 34 los muertos acaecidos en Casares durante el dominio marxista, o por el casareño Benito Trujillano que los cifra en 36 como veremos, ambos se equivocan.

Las víctimas de la revolución marxista en Casares ascendieron a 56. En todo caso a un mínimo de 54 personas asesinadas durante el periodo marxista, que se prolongó por dos meses y medio, pero además aportamos ciertos datos inéditos de gran interés respecto a Blas Infante Pérez de Vargas “padre de la patria andaluza”. Como veremos su familia sufrió una verdadera masacre en Casares infringida por los republicanos, mientras que la clase política andaluza utiliza su nombre para ensalzarlo como símbolo de la represión franquista.

Relación de víctimas del marxismo en Casares:

D. Francisco Romero García. Natural de Casares. 38 años de edad. Propietario. Casado, sin hijos, con Doña Rosario Valadez Ledesma. Afiliado al Partido Radical. Detenido por un individuo apodado “Mancera” (Pedro Mancera Mena) y otros milicianos en la calle Villa nº 2, el día 21 de julio de 1936. Entre ellos se encontraba José Trujillano Caravante (el alcalde). Estos individuos entran en su domicilio con la escusa de buscar armas. Lo detienen por un período de 43 días y posteriormente es fusilado en El Castor (Estepona). Enterrado en Estepona.

D. Ildefonso Pérez Gavira. Natural de Casares. 28 años de edad. Casado con Doña Juana Parras Romero. Deja tres hijos de entre 6 y tres años. De profesión guarda forestal de Monte del Duque. Afiliado al Partido Radical. Es detenido en la casa del guarda en Monte del Duque por varios individuos entre los que se encontraban un tal Juan, conocido como “el Robao” y un tal Antonio apodado “el Cortesano” (Antonio Gutiérrez Borrego?) en agosto de 1936. Le roban 1.250 pesetas y lo sacan violentamente de la casa. Allí, delante de sus tres hijos le disparan y lo despeñan por un precipicio donde le rematan con saña. Una vez asesinado lo tiran a una charca. El cadáver apareció con la cabeza cortada. Uno de sus asesinos, Antonio “el Cortesano” huyó a Francia, del otro no se sabía su paradero. Enterrado en Estepona, asesinado en Casares.

D. Diego Ledesma Salas. Natural de Casares. 59 años de edad. Casado con Doña Antonia Pérez Romo (hermana de la madre de Blas Infante Pérez de Vargas). Es, por tanto, tío político del “padre de la patria andaluza”. Deja cuatro hijos. De profesión empleado, oficial 1º en el Ayuntamiento. Afiliado al Partido Radical. Le detiene, entre otros, un individuo apodado “el Tarre”, el día 24 de julio de 1936, en la calle Carreras. Fue maltratado moral y físicamente y trasladado a Marbella, donde fue ejecutado en el paraje conocido como El Pozuelo. Enterrado en Estepona.

D. Heliodoro Ledesma Salas. Natural de Casares. 48 años de edad. Casado, sin hijos, con Ana Gavira Sánchez.

De profesión empleado municipal. Secretario local del Partido Radical. El día 21 de julio de 1936, es detenido en su domicilio de calle Carrera nº 4, por un casareño conocido como “el Moricho” de nombre Miguel Mena Ocaña, que en 1941 estaba detenido en Pamplona y varios milicianos más. Se cree que le mataron en la cárcel donde estuvo detenido entre insultos y vejaciones. Su cuerpo fue hallado en el término municipal de Marbella en El Pozuelo. Entre los sospechosos de su muerte estaban el propio alcalde José Trujillano Caravante (huido a Francia), Juan Valadez Mena “el Pabuceno” (refugiado en la sierra) y un cabo de carabineros conocido como “el Bendito”. Enterrado en Estepona.

D. Antonio Moreno Macias. Natural de Algatocín (Málaga). 56 años de edad. Casado con Doña María Gavira Valadez. Deja seis hijos de entre 23 y 10 años. De profesión labrador. Afiliado al Partido Radical. El 21 de julio de 1936 le detienen en el Cortijo San Fernando de Casares un tal Miguel Gutiérrez Bravo, que seguía residiendo en el pueblo en 1941, y otros milicianos de la localidad. Trasladado a Marbella es fusilado en el paraje conocido como El Pozuelo. Enterrado en Estepona.

D. Emilio Gil Infante. Natural de Casares. 42 años de edad. Casado, sin hijos, con Doña María Molina Pérez. De profesión abogado. Jefe local del Partido Radical. Es detenido por unos desconocidos en la Fábrica de Harina de San Pablo, sita en este término municipal, el 18 de julio de 1936. Fue ejecutado en Marbella en el mismo paraje de El Pozuelo. Enterrado en Estepona.

D. Diego Jiménez Ramos. Natural de Benarrabá (Málaga). 34 años de edad. Casado, sin hijos, con Doña Isabel Ruiz Ahumada. De profesión labrador. No afiliado a partido político alguno. Le detienen en el Cortijo El Garvito, Casares, el 19 de julio de 1936, Francisco Bernal y otros que habían ya fallecido cuando se inicia la Causa General de Málaga. Fue golpeado y maltratado y posteriormente trasladado a Estepona, donde fue fusilado en algún paraje de dicho término municipal. Enterrado en Estepona.

D. Diego García Galiano. Natural de Casares. 66 años de edad. Casado, sin hijos, con Francisca Ledesma López. De profesión albañil y guardia civil retirado, actuando como Juez Municipal. Afiliado al Partido Radical. Fue detenido por un grupo de milicianos encabezados por Diego Blanco (Trujillano?) en el Molino la Albarrada de Casares el 19 de julio de 1936. Lo encierran durante mes y medio en la cárcel donde enfermó. Lo llevan a limpiar la Iglesia y acuerdan su asesinato. Lo ejecutan en el término municipal de Marbella. En julio de 1937 sus restos fueron hallados y trasladados al cementerio de esta localidad. Entre los sospechosos figuraba el propio alcalde José Trujillano Caravante que huyó a Francia. Enterrado en Estepona.

D. José Ramos Sánchez. Natural de Casares. 70 años de edad. Casado, y con una hija de diez años, con Doña Antonia Ramos Gutiérrez. De profesión labrador. Afiliado al Partido Radical. Es detenido en una finca de su propiedad, en el paraje casareño de Sierra Crestellina, por un tal Trujillo y “el Castel” Sánchez y otros, el día 19 de julio de 1936. Le registran en busca de armas y se lo llevan detenido. Le dicen a la esposa que pronto volvería. Durante el tiempo que estuvo detenido, en varias ocasiones, entraron en su domicilio para registrarlo. Su cuerpo fue hallado en un paraje del término municipal de Marbella. Enterrado en Estepona.

D. José Guerrero Pérez. Natural de Casares. 55 años de edad. Casado, sin hijos, con Doña Heliodora López Pineda. De profesión industrial. Afiliado al Partido Radical. Es detenido en su propio domicilio de calle Carreras el día 19 de julio de 1936, con la excusa de un registro por armas. Es conducido a la cárcel a las once y media de la mañana. Su mujer, que estaba llena de terror encerrada en su domicilio, no sabe el día exacto de su fusilamiento. Los autores de su detención fueron Felixiano Delgado y “el Castel” acompañados de varios desconocidos. Su cuerpo fue hallado en El Castor, término municipal de Estepona, el 2 de septiembre de 1936. Enterrado en Estepona.

D. Valerio Andrades Fernández. Natural de Casares. 66 años de edad. Casado, con una hija de 32 años, con Doña Isabel Romo Infantes. Propietario. Afiliado al Partido Radical. Es detenido en su propio domicilio, sito en calle Carreras nº 1, por un tal Felix apodado “el Bayo” el 19 de julio de 1936. Registran la casa en busca de armas y le llevan detenido a la cárcel. Allí le obligan a decir dónde esconde los cartuchos. Vuelve a su casa un tal “Mencera” en busca de los mismos. Su cuerpo fue hallado, ejecutado, en el término municipal de Marbella. De sus asesinos Félix “el Bayo” fue fusilado, el resto logró huir a Francia. Enterrado en Estepona.

D. Manuel Rodríguez Mateos. Natural de Genalguacil. 50 años de edad. Viudo de Doña María Urdas Calvente. Dejó huérfanos a cuatro hijos de entre 27 y 23 años. De profesión labrador. No se le conoce filiación política alguna. Residente en Casares en calle Camacha. Se desconoce quién lo detuvo. Apareció muerto en una finca de su propiedad sita en Peñas Blancas, Sierra Bermeja, en el término municipal de Estepona, el día 11 de octubre de 1936. En el pueblo se rumoreó que los asesinos fueron sus propios sobrinos: José y Antonio Rodríguez Alvarez (este último huido a Francia); acompañados de José López Moya, natural de Almería (Detenido en Málaga en 1940) y de otros cuyos nombres se ignoran. Los asesinos durmieron en el domicilio de un tal José, alias “el Octubre”, vecino de Genalguacil.

Del resto se desconoce su paradero. Enterrado en Estepona.

D. Juan López Trujillano. Natural de Casares. 62 años de edad. Viudo, sin hijos, de Doña María Ocaña Gavira. De profesión Secretario del Juzgado Municipal. Afiliado al Partido Radical y amenazado de muerte desde febrero del 36.

El 19 de Julio de 1936 le detienen, en su casa sita en la calle del Barrio Bajo nº 9 a las nueve de la mañana, Emilio Gil Mena; Félix “el Bayo”; Francisco alias “el Vinagre”, y otros. Uno de ellos pudo ser Antonio Gutiérrez Borrego, Presidente del Comité Central de Defensa de la República de Casares creado el 18 de julio.

Le sacan de su domicilio y lo trasladan violentamente a varias cárceles a manos de un tal

Acracio Mancera Mena. Su cuerpo fue hallado muerto en el paraje marbellí de El Pozuelo. Uno de sus asesinos, Emilio Gil Mena, fue detenido en Málaga; el tal Mancera huyó a Francia y el resto murieron pero no fueron fusilados. Enterrado en Estepona.

D. Juan Mateo Ocaña. Natural de Casares. 60 años de edad. Casado con Doña Natividad Romero Rojas. Deja dos hijos de 27 y 20 años. De profesión zapatero. Afiliado al Partido Radical. El 23 o 21 de julio de 1936, Manuel Gavira Román y otros, le sacan de su domicilio sito en calle La Fuente nº 59. Su cuerpo fue hallado muerto en el paraje de Marbella conocido como Las Chapas el 2 de septiembre de 1936.

Una vez asesinado, dos individuos llamados José Ruiz Valadez y Bartolo Ahumada Mena, visitaron el domicilio de la viuda exigiendo dinero bajo la amenaza de asesinar a toda la familia si se negaban. Enterrado en Estepona.

D. Jacinto Mateo Romero. Natural de Casares. 30 años de edad. Casado con Doña María Jiménez Ramos, quien trasladó su domicilio a Estepona. Deja dos hijos, uno de siete años y una hija de un mes. De profesión zapatero. Afiliado al Partido Radical. Fue alcalde durante la República. El día 21 de julio de 1936, le detienen en su domicilio, sito en calle La Fuente nº 59, Manuel Gavira Román y otros desconocidos. Su cuerpo fue hallado muerto en El Castor de Estepona el día 2 de septiembre de 1936. Enterrado en Estepona.

D. Rodrigo Gil Pérez. Natural de Casares. 58 años de edad. Casado, sin hijos, con Doña Antonia Ocaña Pineda. Industrial. Afiliado al Partido Radical. Una partida capitaneada por Miguel Pineda Ocaña y un tal Marcelino Mena, le detiene en su domicilio de calle La Fuente nº 14, el 19 de julio de 1936. Le encierran en la cárcel donde enferma y no se le atiende médicamente. Su cuerpo fue hallado en el término municipal de Marbella. Enterrado en Estepona.

D. Pedro Romero García. Natural de Casares. 50 años de edad. Casado con Doña Ana Ruiz Romero. Deja un niño de 15 años. De profesión labrador. Afiliado al Partido Radical. Fue alcalde durante la dictadura de Primo de Rivera, con la que colaboró el PSOE. El día 19 de julio de 1936 una partida, compuesta por Ofelio Mena Ortega; Acracio Mena Quirós; Antonio Gutiérrez; Diego Pérez Rodríguez “el Chícharo”, huido y muerto en Francia en 1970, y otros, le sacan de su domicilio sito en calle de La Villa nº 2. Le obligan a barrer las calles del pueblo entre insultos y amenazas. Su cuerpo apareció en el paraje esteponero de El Castor. Enterrado en Estepona.

D. Miguel Gil Quero. Natural de Casares. 57 años de edad. Viudo de Doña María Gavira Parras. Deja huérfana a una hija de 35 años. De profesión zapatero. Afiliado al Partido Radical. El 19 de julio de 1936, unos desconocidos le sacan de su domicilio en calle de La Plaza nº 13. Su cuerpo apareció en el paraje de El Castor en el término municipal de Estepona. Enterrado en Estepona.

D. José Pérez García. Natural de Casares. 54 años de edad. Casado con Doña Carmen Pérez Ocaña. Deja siete hijos de entre 27 y 8 años. De profesión industrial. Fue Alcalde con Acción Popular. El 16 de agosto de 1936, fue detenido, en su finca de La Latera, por una partida compuesta por: Juan Ocaña Fernández, Manuel Macias López, Salvador Gavira y Manuel Lucas “el Gordillo”. A la entrada de los nacionalistas el segundo huyó a la sierra, donde permaneció al menos hasta 1941. El primero fue detenido y se encontraba en la cárcel para esa fecha.

Fue sacado de su domicilio violentamente y trasladado a la cárcel donde permaneció diez y seis días sometido a toda clase de vejaciones. Su verdugo fue Manuel León “el Tarre” y otros cuyos nombres y apellidos se desconocen. En 1941 una tal Francisca, vecina de María “la Moña” de la calle del Monte, recibía correspondencia de este individuo. El cuerpo de José Pérez García fue hallado en el término municipal de Marbella. Enterrado en Estepona.

D. José Valadez Marín. Natural de Casares. 62 años de edad. Casado, con una hija de 21 años, con Doña Rosalía Pérez Postigo. Industrial. Sin filiación política. Detenido el día 21 de julio de 1936 en su domicilio, sito en calle del Barrio nº 25, por Acracio Mancera Mena y otros individuos desconocidos. Violentamente le conducen a la cárcel de donde saldrá el mismo día de su asesinato, el 2 de septiembre de 1936. Su ejecución se produjo en El Castor (Estepona), donde posteriormente sería hallado su cuerpo. También participó en su detención Andrés Rojas Vargas. Enterrado en Estepona.

D. Antonio Rojas Calderón. Natural de Casares. 52 años de edad. Casado con Doña María López Trujillano (hermana del asesinado Juan López Trujillano). Deja siete hijos de entre 27 y 10 años. Propietario. Afiliado al Partido Radical. Fue detenido el día 16 de agosto de 1936 en su finca Arroyo de la Vieja, en Casares. Sus captores fueron Juan Ocaña, Manuel León Uceda, José Tirado, Salvador Gavira, Francisco “el Vinagre” y Manuel Macias López. Su cuerpo fue hallado en el paraje esteponero de El Castor. Juan Ocaña llegó a enorgullecerse entre su familia, el mismo día de su asesinato, de haber sido él quien ordenara su detención para que lo fusilaran. Enterrado en Estepona.

D. José Laporte Verdaguer. Natural de Barcelona. 43 años de edad. Casado con Doña Antonia Gil Infante, en segundas nupcias, de cuyo matrimonio deja tres hijas de entre 15 y 13 años. De profesión médico. Sin filiación política alguna. Fue detenido, el 21 de julio de 1936 a las seis de la mañana en la Fábrica de Harina San Gil, por un numeroso número de personas. Entre ellas estaban el propio alcalde José Trujillano Caravante, Juan Gutiérrez López y Juan Valadez Mena “el Pabuceno”. Registraron su casa sin respetar a la mujer que aún dormía. Le sacaron del domicilio y le obligaron a barrer las calles y la Iglesia que era el lugar de residencia de los refugiados y cuadra para el ganado. Su cuerpo fue encontrado, nueve meses después, enterrado en la playa a dos kilómetros de Marbella, en El Pozuelo. Según testigos del pueblo, Pabuceno iba en la camioneta que lo trasladó al lugar de ejecución. En 1941 éste permanecía huido en la sierra.

En el pueblo se rumoreó que detrás de este asesinato estaba también José Trujillano Caravante, el Alcalde, quien había huido a Francia. Enterrado en Estepona.

D. José Rojas Carrasco. Natural de Casares. 46 años de edad. Casado con Doña Dominga López Pineda. Deja cinco hijos de entre 11 y 5 años. De profesión representante. Sin filiación política. Fue detenido en su domicilio sito en calle Molinos nº 5, el 19 de julio de 1936 por Germinal Mateos, quien sería herido y detenido en la sierra en 1941, encontrándose en la carcel. Según informes de Falange aportado por varios vecinos, en su detención participó Juan Quirós Doncel así lo afirmó también su hijo Andrés Rojas López; sin embargo en el mismo se indica que no hay “persona alguna que corrobore este hecho”. El cuerpo de José Rojas fue hallado en el término municipal de Marbella. Enterrado en Estepona.

D. Ignacio Pérez de Vargas Quirós. Natural de Casares. 40 años de edad. Casado con Doña Dominga Pineda Quirós, quien fijó su residencia en Algeciras. Deja un hijo de cuatro años. De profesión labrador. Su padre, Don Manuel Pérez de Vargas Romo, era hermano de Doña Ginesa Pérez de Vargas Romo, madre del “padre del andalucismo” Blas Infante Pérez de Vargas y, por tanto, primo hermano de éste. Sin filiación política. Fue detenido en el Cortijo de Capeli el 18 de agosto de 1936. Actuó como testigo de su muerte Victoria Pérez de Romo, tía carnal de Blas Infante y del vecino que nos ocupa. Su cuerpo fue hallado en el término municipal de Estepona el 2 de septiembre de 1936. Sus restos descansan en el cementerio de esta ciudad. Enterrado en Estepona.

D. Ignacio Pérez y Pérez de Vargas. Natural de Casares. 49 años de edad. Casado con Doña Gloria Horiuela Sevilla. Deja una hija de veinticinco años y un hijo de 18 años (asesinado en 1936). De profesión abogado. Fue detenido el 18 de julio de 1936. Su padre, Don Juan Pérez de Vargas Romo, era hermano de Doña Ginesa Pérez de Vargas Romo, a la sazón madre del “padre del andalucismo” Blas Infante Pérez de Vargas. Por tanto el líder andalucista es sobrino de este asesinado por los marxistas casareños. Como testigo de su asesinato, curiosamente actuó la hermana de la madre de Blas Infante: Victoria Pérez de Vargas Romo, tía carnal del asesinado y del propio Blas Infante Pérez de Vargas.

Sin filiación política. Fue sacado de una casa de Manilva y su cuerpo fue hallado en el término municipal de Estepona el 2 de septiembre de 1936. Enterrado en Estepona.

D. Juan Pérez de Vargas Oriuela. Natural de Granada. 18 años de edad. Soltero. Estudiante. Primo del andalucista Blas Infante Pérez de Vargas. Hijo del también asesinado Ignacio Pérez y Pérez de Vargas.

Sin filiación política. El día 18 de julio de 1936 fue detenido en el cortijo casareño de La Bodega. En 1941 aún se desconocían los autores. Su cuerpo apareció en el término municipal de Estepona el 2 de septiembre de 1936. Enterrado en Estepona.

D. Manuel Pérez de Vargas Romo. Natural de Casares. 70 años de edad. Viudo de Doña Sebastiana Quirós López y hermano de la madre de Blas Infante. Su hijo, Ignacio, de 40 es el que aparece arriba consignado. Deja dos hijos de 32 y 30 años. De profesión agricultor. Hermano de la madre del líder andalucista Blas Infante Pérez de Vargas y por tanto su tío carnal.

Fue alcalde por un partido de derechas. Es detenido el 21 de julio de 1936 en su casa de calle Molinos. En 1941 se desconocen los autores. Su cuerpo fue hallado en el término municipal de Estepona el 2 de septiembre de 1936. Enterrado en Estepona.

D. José Jiménez Ramos. Natural de Casares. 26 años de edad. Soltero. De profesión empleado. Sin filiación política. Fue detenido, el 22 de septiembre de 1936 en su domicilio de calle Juan Cerón nº 7, por los vecinos Ofelio Mena Quirós y José Ruiz Valadez, entre otros. Después de su paso por la cárcel fue asesinado. Su cuerpo fue hallado en el término municipal de Marbella, en El Pozuelo. Enterrado en Estepona.

D. Pedro Jiménez Ramos. Natural de Casares. 21 años de edad. Soltero. De profesión empleado. Sin filiación política. Fue detenido, el día 21 de julio de 1936 en su domicilio de calle Juan Cerón nº 7, por los vecinos Afelio Mena Ortega, José Blanco Trujillano y José Ruiz Valadez, entre otros. Ingresado en la cárcel es torturado y asesinado. Su cuerpo apareció en El Pozuelo (Marbella). Enterrado en Estepona.

D. José Jiménez Pineda. Padre de los dos anteriores. Natural de Casares. 66 años de edad. Casado con Doña Elvira Ramos Gavira, quien fijó su residencia en Estepona. Deja cuatro hijas. De profesión cartero. Sin filiación política. Fue detenido, el día 21 de julio de 1936 en su domicilio de calle Juan Cerón nº 7, por los vecinos Ofelio Mena Quirós y José Ruiz Valadez, entre otros. Cuando le detienen se encontraba enfermo. Es sacado violentamente de su domicilio bajo la escusa de un registro por armas. Es ingresado en la cárcel donde es torturado y posteriormente asesinado. Su cuerpo fue hallado a tres kilómetros de Marbella. Enterrado en Estepona.

D. Juan Aguilar Urda. 50 años de edad. Natural de Genalguacil. Industrial. Domiciliado en Casares en calle Fuente nº 12. Casado con Doña Catalina Avilés Gálvez. Deja cuatro hijos. Uno de ellos, Cristóbal Aguilar Avilés, permaneció en la cárcel hasta la llegada de los nacionalistas. Otros dos hijos José y Juan de 13 y 10 años respectivamente fueron testigos de su detención. Desaparecido y hallado el 2 de septiembre de 1936 en El Castor, Estepona. Al parecer sobrevivió a su ejecución en un primer momento, pero un vecino de Casares al conocer que había quedado con vida, le dio el tiro de gracia. Enterrado en Estepona.

D. Francisco Salas Pérez. Natural de Casares. De 44 años de edad. Casado con Doña Ana Gil Infante. Dejó una hija menor de edad. Vivía en la calle Plaza de Casares. Había sido alcalde durante la República. En los legajos del AHME (Archivo Histórico Municipal de Estepona) no consta información sobre su descendencia al pasarse del oficio nº 77 al 82. De profesión Industrial. Fue alcalde por elección popular en la primera legislatura de la II República. Sin filiación política. Sobre cómo ocurrió su detención, al pie del legajo del acta número 77, se indica que el 20 de julio de 1936 un vecino llamado Germinal Mateo Berenguer anunció, a voz pública, que se procediese a la detención de un vecino de nombre José, sin embargo la página siguiente no consta que debía de ser el legajo del acta nº 78. Por lo que desconocemos a quien se pretendía detener cuando se habla de D. José. Posiblemente D. Francisco Salas Pérez trató de oponerse a tal detención, por lo que él mismo fue detenido. Fue asesinado el 2 de septiembre de 1936. Su cuerpo fue hallado en El Castor, Estepona. Participó en su detención Juan Mena García. Enterrado en Estepona.

D. Agustín Martín González. Natural de Manilva. 57 años de edad. De profesión labrador. De filiación de derechas. Desaparecido el 2 de septiembre de 1936. Residente en el Cortijo Pacheco de Casares. Fue encontrado el día 23 de septiembre de 1936, acribillado a balazos en El Castor de Estepona. Uno de los autores de su asesinato fue Domingo Rojas Ruiz, quien se incautó de su finca “El Pacheco”. Participó en su detención José Pineda Ocaña y Leocadio Sánchez Jiménez. Enterrado en Estepona.

D. Cristóbal Jiménez Jiménez. 37 años de edad. Era natural de Igualeja. Residía en Cortijo Cortesín de Casares. Labrador. Filiación política de derechas. Desaparecido el 2 de septiembre de 1936. Fue hallado en El Pozuelo, Marbella. Enterrado en Estepona.

D. Juan Jiménez Jiménez. 34 años de edad. Labrador. Natural de Igualeja. Domiciliado en Cortijo Cortesín de Casares. Casado con María Luisa Aragón Pérez. Deja una hija. Filiación política de derechas. Desaparecido y muerto el 2 de septiembre de 1936. Enterrado en Estepona.

D. José Jiménez Jiménez. 26 años de edad. Natural de Estepona. Domiciliado en Cortijo Cortesín de Casares. Labrador. Filiación política de derechas. Desaparecido el 2 de septiembre de 1936. Fue hallado en el Castor de Estepona. Enterrado en Estepona.

D. Salvador Jiménez Jiménez. 24 años edad. Natural de Estepona. Domiciliado en Cortijo Cortesín de Casares. Labrador. Filiación política de derechas. Desaparecido el 2 de septiembre de 1936. Hallado en El Castor, Estepona. Enterrado en Estepona.

Un hermano de estos cuatro últimos asesinados, Antonio Jiménez Jiménez, fue objeto también de saña y persecución. Logró escapar de las hordas marxistas de Estepona refugiándose en Igualeja. Tenía 22 años y era estudiante. Había nacido en Estepona, donde le sorprendió el Alzamiento, pero residía en Algeciras. Tras la muerte de sus hermanos, en diciembre de 1936, se enroló en las fuerzas nacionales ubicadas en Ronda; el 22 de este mes y año se alistó en una escuadra de Falange con sede en La Línea de la Concepción, participando en la liberación de Estepona y en la toma de la capital por las tropas de Franco. Una vez liberada la capital volvió a Estepona donde tuvo una gran relevancia en la creación del SEU y en la organización de la Falange local.

D. Gregorio Rodríguez Sánchez. 65 años de edad. Labrador. Viudo de Doña Rosa Díaz Espinosa. Deja huérfanos a tres hijos. Filiación política de derechas. Desaparecido y muerto el 2 de septiembre de 1936 en El Pozuelo, Marbella. Fue encarcelado tras quedar en libertad su hijo Antonio Rodríguez Díaz el 10 de agosto de 1936, quien había permanecido en la cárcel desde el día 19 de julio de ese año. Enterrado en Estepona.

D. Julián Fernández Cano. Se desconoce su edad. De profesión Alguacil. De filiación izquierdista. Fue asesinado en agosto de 1936, su cadáver fue encontrado en el Río Genal. Se cree que no era de la comarca. Aunque un informe de la Guardia Civil del Puesto de Casares, con fecha 11 de enero de 1942, informaba a los instructores de la Causa General que un vecino de dicha localidad llamado Manuel Quero Gil, con domicilio en Calle Carrera, podía ser un testigo “de un modo cierto” al que le constase el autor o autores de su asesinato.

De estas treinta y nueve víctimas inocentes, 36 casareños fueron enterrados en Estepona en un panteón común presidido por una inscripción en recuerdo a la memoria de estos mártires de la revolución en Casares. Esta placa fue retirada por Antonio Murcia a su llegada a la alcaldía en 1979 por el Partido Comunista.

El resto de los ejecutados, identificados, durante la dominación marxistas de Casares son:

Ramos Hitos, además incluye entre los asesinados en Casares, a su cura párroco D. Antonio Vallejo del Valle y al guardia civil D. Elalio Pérez Pérez.

Según un informe de F.E., de 1939, otro fallecido fue el vecino natural de Estepona y residente en Casares D. Antonio Rodríguez Díaz. En su detención intervino el casareño Antonio Cáceres Galiano.

A estas muertes identificadas, que hacen un total de 42, hay que sumar las de Miguel Bermejo, su esposa y cuatro hijos de corta edad en el paraje de Sierra Utrera, cuyos autores se desconocen. por lo cual las muertes identificadas ascienden hasta el momento a 48 víctimas. A 28 de noviembre de 1940 no constaban sus inscripciones en el Registro Civil de Casares ni se conocían los autores de este crimen.

Como vemos 9 familiares de Blas Infante fueron asesinados y uno permaneció preso hasta la caída del pueblo. De los cuatro hermanos Jiménez Jiménez, sus padres, residentes en Algeciras aunque naturales de Estepona, no pudieron declarar al no haber sido testigos de los asesinatos. Pero sus inscripciones se efectuaron. Respecto al resto de estas víctimas suponemos que no pudieron encontrarse allegados testigos de su detención y muerte. Aunque de todas ellas, en concreto, se llegaron también a identificar a sus autores. De ellos, algunos lograron huir, como el alcalde José Trujillano Caravante, principal instigador del pueblo y responsable del alto número de crímenes en una localidad de unos 5.000 habitantes. Otros fueron ajusticiados por Consejos de Guerra y el resto sancionados por los Tribunales de Justicia.

Algunos hoy quieren presentarlo como paradigma de la “lucha por la libertad” y se lamentan de su olvido. Como veremos más abajo.

Tragedia del Río Genal.

Pero además los documentos estudiados revelan que al menos un total de otras ocho víctimas fueron asesinadas por vecinos de Casares, o la comarca, en el Río Genal en un episodio que se conoció como “la tragedia del Río Genal”. Estas son: por un lado tres miembros de etnia gitana hallados en este río en el término municipal de Casares muertos a manos del casareño José Gil García: Doña Antonia Heredia Molino, Doña Catalina y D. Antonio Santiago Campos. Así como otras tres en el mismo lugar que las anteriores. Según afirmaciones del citado José Gil éstos fueron asesinados al no obedecer su orden de “Alto”. Otros dos hermanos de la primera víctima fueron heridos en el tiroteo que se entabló.

Además de dos asesinados más cuyos nombres, apellidos, edad y filiación aún se desconocían en 1941, según documentos oficiales consultados. Estos dos últimos crímenes se cometieron por unos extremistas desconocidos a las puertas de la cárcel, sita en calle Carreras. Lo que nos da una cifra de 56 las víctimas de la represión marxista en Casares en sólo dos meses y medio de dominación. Si bien estos dos últimos casos pudieron tratarse de D. Antonio Vallejo del Valle y del guardia civil D. Elalio Pérez Pérez, contabilizados por Ramos Hitos aunque no lo podemos confirmar. En cuyo caso la cifra ascendería a 54.

Todas ellas fueron ejecutadas por extremistas casareños, y por los miembros de las patrullas de los comités republicanos.

Resulta, pues, que los asesinatos cometidos en el término de Casares ascienden a 19, el resto hasta 56, o sea 37 cuerpos fueron hallados fuera del término de Casares y 36 de ellos enterrados en Estepona, contradiciendo lo que hasta ahora se había publicado por parte de Antonio Nadal y Benito Trujillano, entre otros, afirmando que ninguna de las muertes de casareños habían tenido lugar en el pueblo, al tiempo que cifraban el total de las mismas en 34 o 36 respectivamente.

Muertos en el término municipal de Casares, 19:

1 en Monte del Duque. Ildefonso Pérez Gavira, enterrado en Estepona junto a 35 de los 37 casareños que murieron en Estepona y Marbella.

6 en Sierra de la Utrera. Una familia entera. Marido, Miguel Bermejo, mujer y cuatro hijos.

2 en las puertas de la cárcel (sin identificar). Aunque puedan tratarse de los anteriormente mencionados según Ramós Hitos

1 en el Río Genal. D. Julián Fernández Cano.

2 el cura párroco D. Antonio Vallejo del Valle y el guardia civil D. Elalio Pérez Pérez.

6 Río Genal Familia de etnia gitana de la Línea y tres más no identificados.

1 En Casares. D. Antonio Rodríguez Díaz Natural de Estepona.

De los 37 restantes hasta el total de 56, 18 fueron asesinados en el término municipal de Estepona y 19 en el de Marbella. 36 de se encuentran enterrados en Estepona en un panteón en su memoria frente a la entrada principal del cementerio viejo. Sus familiares no quisieron enterrarlos en el pueblo donde vivían quienes los habían ejecutado y la mayoría de estas familias abandonaron Casares. Algunos de sus familiares volvieron pasados algunos años a su pueblo natal.

De los dos asesinados en la cárcel, aún en 1941 se desconocían sus identidades. Pero el lugar donde fueron asesinados, en pleno pueblo, nos indica que las autoridades locales (Comité de Guerra o Comité Central de Defensa de la República, órgano de depuración ideológica) estaban informadas; por eso los incluimos entre los crímenes cometidos contra sus propios paisanos en Casares, aunque éstos fuesen foráneos.

Alguno de los 7 asesinados en el término de Casares (Río Genal) se asocia también al miliciano Antonio Río Jarillo, de Benarrabá, quien en 1941 estaba preso en Málaga por éstos y otros asesinatos. Lo que no quiere decir que el Comité de Guerra casareño no estuviese informado. Éstos asesinados en Casares, seguramente sí fueron enterrados en Casares, aunque no podemos asegurarlo pues en el caso de la familia gitana parece que eran naturales de La Línea de la Concepción y tomaron residencia en Algeciras.

Por tanto, según los documentos citados en los que nos basamos, contrastados además con variada bibliografía relacionada, se puede establecer que la cifra de muertos documentados durante la dominación marxista en Casares se eleva a 56, de los que 19 fueron cometidos en su propio término municipal en contra de lo que hasta ahora se había publicado. Estas víctimas, al contrario que las del periodo nacionalista, no disponen de ningún monumento en Casares en recuerdo de su memoria. De hecho, del panteón donde 36 de ellas son recordadas en Estepona, fue retirada la placa que honraba su memoria por el alcalde comunista de Estepona Antonio Murcia, en 1979.

Responsables de la represión marxista. Justicia nacionalista.

Estas cifras difieren significativamente de las aportadas por el investigador local Benito Trujillano que enumera el total de las muertes de la dominación marxista en la localidad en 36, frente a las 44 producidas por el bando nacional. Además, al contrario de como también afirma Trujillano, no todos fueron cometidas fuera del término municipal casareño, 19 de ellos tuvieron lugar en la localidad y en su término municipal. Da la impresión de tratarse de un intento de manipulación de la Historia; haciendo parecer ante el lector incauto que en Casares no hubo represión marxista y que fueron otros venidos de fuera los autores de los crímenes.

Algunos de los responsables y sospechosos de estos asesinatos los citamos en la relación de descripciones de los crímenes consignados en Casares; en otros casos, curiosamente, los informes de Falange no constan entre los legajos a pesar de hacer referencia a ellos.

No incluye esta relación a los responsables de saqueos o registros domiciliarios de los Comité de Abastos, limitándonos exclusivamente a quienes estuvieron relacionados con las detenciones o asesinatos. Los líderes del genocidio casareño fueron:

Teodora Mena Ortega “la Baya”. Afiliada a la FAI. Actuó de miliciana en el Comité de Casares. Huyó del pueblo y volvió, al parecer, en 1940.

Diego Pérez Rodríguez “el Chícharo”. Cuñado de José Trujillano Caravante (alcalde de Casares al inicio de la sublevación). Días antes de la toma de Casares huyó hasta Barcelona donde se hizo carabinero de sanidad.

Huido a Francia el 31 de enero de 1939. Autor de detenciones y responsable directo o indirecto de varios asesinatos contra sus convecinos, concretamente existe documentación que prueba su participación en, al menos, uno de ellos: el de D. Pedro Romero García.

“El Chícharo” aparece homenajeado por Benito Trujillano en su “estudio histórico” sobre Casares. Murió en Francia el 9 de junio de 1970 a la edad de 66 años.

Manuel Rojas Mena. Fue detenido en Gaucín. Implicado en varios registros y detenciones.

Pedro Mancera Mena “el Mancera”. Natural de Casares. Huido a Francia. En 1940 se le imputaba la detención y muerte del cartero D. José Jiménez Pineda.

Acracio Mancera Mena. Huido a Francia.

En varios de sus asesinatos iba acompañado de “El Pabuceno”. Trujillano Caravante a pesar de las acusaciones que pesan sobre él y de las que nunca rindió cuentas, figura como homenajeado y luchador por la democracia y las libertades en una reciente biografía del casareño y descendiente: Benito Trujillano.

Aparece también como luchador por los valores “democráticos” en la página de internet, todoslosnombres.org, encargada de la recuperación de la memoria histórica republicana, o sea de la mitad de la memoria histórica española. En ningún lado de dicha web aparece el número de asesinatos que cometió contra sus propios vecinos. Murió en Francia a la edad de 59 años en 1962.

Antonio Gutiérrez Borrego. Presidente del Comité de Salud Pública y del Comité Central de Defensa de la República de Casares. Se incautó de la Clínica del médico asesinado D. José Laporte Verdaguer y participó en la detención del asesinado D. Juan López Trujillano. En 1940 permanecía huido, pero como si de una broma de la Historia se tratara; este sujeto sobrevivió y estuvo en el entierro de José Trujillano Caravante, donde le dedicó unas palabras recogidas en un libro y de las cuales se hace eco Benito Trujillano en sus escritos sobre la memoria histórica casareña

“En su entierro civil tomo la palabra Antonio Gutiérrez Borrego:

"¡Compatriotas y amigos! Agradecido a todos los que habéis tenido el gesto solidario de

acompañarnos. Nos queda el consuelo que José Trujillano Carabante, socialista español,

casareño y antifascista no sólo está presente en nuestros pensamientos, sigue estando a

nuestro servicio, porque sus principios de lucha de los trabajadores son insustituibles y serán

siempre de actualidad, mientras exista la sociedad capitalista. ¡Nunca te olvidaremos! Hasta

siempre compañero de ideas y lucha". (Los olvidados, Antonio Gutirrez Borrego, Casares

1977).”

todoslosnombresJosé Trujillano Carabante.pdf

José Borrego Moreno. Cenetista. Participó en la detención de los asesinados Manuel Pérez Romo (tío hermano del “padre de la patria andaluza” Blas Infante Pérez), Jacinto Mateo Romero y Pedro Romero García. Huyó tras la liberación de Casares y detenido en 1940.

José Carrasco Salas. Cenetista. Fue uno de los autores de la destrucción de la torre de la Iglesia de San Sebastián y uno de los principales agitadores marxistas según denunció la hija de uno de los asesinados, María Rojas López. Participó en la saca de los presos la noche que fueron asesinados. Huyó del pueblo en 1936 y detenido en 1940.

Antonio Gutiérrez Delgado. De tratarse de “El Cortesano” estaría detrás del cruel asesinato del guarda jurado D. Ildefonso Pérez Gavira en Monte el Duque. Estuvo durante un tiempo refugiado en Arroyo La Jordana.

Pedro Ríos Pérez. Miembro del Comité de Sanidad, que detuvo al médico asesinado José Laporte Verdaguer, apoderándose de su clínica. Fue detenido por los nacionalistas en Lérida. Un informe de 1940 daba cuenta de un expediente seguido contra él. Solía actuar con Antonio Guerrero Borrego, presidente del Comité Central.

Miguel Gutiérrez Bravo. En 1941 seguía viviendo en Casares, según una testigo, y curiosamente no se encuentra entre los fusilados por los franquistas en este pueblo, según la relación que más abajo exponemos.

José Rodríguez Alvarez.Natural de Genalguacil. Sospechoso de matar a su propio tío D. Manuel Rodríguez Mateo.

Antonio Rodríguez Alvarez. Hermano del anterior e igualmente sospechoso del asesinato de su propio tío D. Manuel Rodríguez Mateo. De Genalguacil. Huido a Francia.

José López Montoya. De Almería. Detenido en Málaga en 1940.

Emilio Gil Mena. Detenido en Málaga.

Manuel Gavira Román.

Bartolo Ahumada Mena.

Benito Ahumada Fernández. Autor directo de la detención del asesinado Agustín Martín González. Huyó de Casares tras la liberación por las tropas de Franco, volvió tras la toma nacionalista de Málaga y huyó a la sierra donde permaneció tres años hasta que en 1940 fue detenido por la Guardia Civil. Su hermano Manuel figura entre los fusilados por Franco en Casares el 6 de mayo de 1937.

Miguel Pineda Ocaña.

Acracio Mena Quirós. Hermano de Catalina Mena Quirós, fusilada en Arroyo Marín.

Juan Ocaña Fernández. 45 años de edad en 1939. Natural y vecino de Casares con domicilio en Barrio Bajo. Fue escopetero e intervino en las detenciones de los vecinos posteriormente asesinados por orden del Comité Central: Antonio Rojas Calderón y José Pérez García.Huyó del pueblo antes de la ocupación nacionalista en octubre de 1936 y volvió tras la “liberación total”.

Detenido al volver a Casares. Según dijo tras su detención tuvo que afiliarse a la Sociedad obrera de Defensa del Trabajo de Casares para que le dejaran trabajar.

Juan Quirós Doncel. Este hombre fue acusado por el hijo del asesinado José Rojas Carrasco de ser uno de los que detuvieron a su padre: Antonio Rojas Calderón.

José Pineda Ocaña. Huyó de Casares con la toma nacionalista y volvió en 1939. Participó en la detención de Agustín Martín González que posteriormente sería asesinado. Fue detenido en Gaucín, según un informe de ese mismo año.

Manuel López Ortega. Anarquista. Participó en la detención de varios vecinos, según un informe de 1940.

Manuel Macías López.

Manuel Lucas “el Gordillo”.

Manuel León “el Tarre”. Posiblemente se trate de Manuel León Uceda citado también entre los responsables de la revolución en Casares. Si bien existen otras referencias a “el Tarre”. Huido. En 1941 una vecina llamada Francisca recibía correspondencia de él.

José Tirado.

Salvador Gavira. Así es citado por los testigos de la Causa General, pero desconocemos si se trata de Gavira Mena cuyo nombre aparece entre los fusilados por Franco el día 6 de Mayo de 1937, o Gavira Román que, en ese caso, sería hermano de Manuel Gavira Román, uno de los cabecillas de la revolución en Casares, autor de la muerte de los vecinos D. Juan Mateo Ocaña y D. Jacinto Mateo Romero, entre otros.

Marcelino Mena.

Francisco Bernal Ramírez. Natural de Casares. Se le acusaba de la detención y muerte de D. Antonio Rojas Calderón. En 1940 permanecía en paradero desconocido.

Francisco Mateo Bernal. Ugetista. Tesorero del Comité de Casares. Fue nombrado delegado en el Partido de Rio Genal, donde ordenaba a los milicianos incautarse del ganado existente en la zona. Montó su sede en la Venta de los Nogales. Incautó reses al vecino de Casares José Moreno Gavira. Huyó del pueblo con la toma nacionalista. En 1940 un informe de Falange daba cuenta de él respondiendo a la petición de un Juzgado de Estepona.

Juan Gutiérrez López.

Germinal Mateo Berenguer. Detenido en la sierra en 1941. Procesado en la Causa General por varios asesinatos contra sus convecinos. Se le imputó la detención y muerte del zapatero D. Jacinto Mateo Romero quien fuera alcalde de Casares con un gobierno de derechas.

Juan Valadez Mena “el Pabuceno”. Natural de Casares. En 1940 permanecía huido. Formó una partida de bandoleros compuesta, entre otros por, un tal “Lezno”, Manolo “el Rubio” y Remigio “el Asturiano”. Merodeó por la sierra después de la toma de Casares y fue visto en una ocasión por Ana Gutiérrez Delgado, esposa del fusilado Juan Mena Valadez “alias el Raspa”, en el Cortijo La Alcabaleta de este término municipal, según Benito Trujillano. Se le acusaba de la detención y muerte de D. Juan Mateo Ocaña. En su “estudio sobre la memoria histórica casareña”, Benito Trujillano omite los actos en los que participó durante la dominación marxista y lo califica de “anarquista y guerrillero de Casares”.

Ana Gutiérrez Delgado Casares, 1893-1974

Autor: Benito Trujillano Mena. Investigación Memoria Histórica Casareña. (PDF) p.3

Manuel Valadez Mena. Hermano de “El Pabuceno”. Huido en principio el 3 de octubre, regresó a Casares tras “la liberación total”. Fue detenido en Gaucín, según un informe de 1939. Destacado anarquista del pueblo participó o fue testigo de muchos de los asesinatos de la dominación marxista en Casares. Especialmente fue testigo o coautor de los asesinatos de los 36 primeros asesinatos; pues la noche que los sacaron de la cárcel fue él quien se encargó de abrir la prisión y sacar a los detenidos. Desde su vuelta y hasta su detención “observó buena conducta”.

Miguel Mena Ocaña “el Moricho”. En 1941 detenido en Pamplona.

Ofelio Mena Quirós.

José Ruiz Valadez. Cenetista. Participó en la detención de al menos tres personas que después fueron asesinadas: D. José Jiménez Pineda y sus hijos D. José y D. Pedro Jiménez. Huyó el 3 de octubre de 1936 (toma nacionalista) y en 1940 parece que volvió a tenor de un expediente que se abre contra él.

Blas Infante López. Concejal de I.R Izquierda Republicana en 1936 y maestro de profesión. Detenido. Procesado en la Causa General. Al volver a Casares en 1940 fue acusado por varias de las viudas de ser responsable de todos los actos horrendos que se cometieron en Casares. Se le acusa de haber sido asesor del Comité casareño y de no haber hecho nada para evitar los crímenes que se cometieron. Además de robo de varias cantidades de dinero a vecinos del municipio. En 1940 se le imputaba la muerte de D. José Rojas Carrasco.

Fº Floria Ledesma. Natural de Casares. Se le imputa la detención y muerte de D. José Guerrero Pérez. En 1940 permanecía huido.

Fº Mena Ortega “el Bayo”. Huido. Posiblemente detenido en S. Roque. Existen legajos, que hacen referencia a informes sobre su persona en el AHME de Falange a instancias de un juez de San Roque pero, curiosamente, éstos no aparecen, al menos entre la documentación que hemos analizado. Se le imputaba la detención y muerte de D. Miguel Gil Quero.

Juan Mena García.

Afelio Mena Ortega “El Bayo”. Agitador anarquista. Uno de los individuos más peligrosos de la represión casareña. Huido de Casares, posteriormente fue detenido en La Línea de la Concepción, a mediados de julio del 39, finalizada la guerra. Participó en los destrozos de la iglesia y en la destrucción de sus imágenes que fueron despeñadas en una conocida peña casareña; así como en casi todos los registros y detenciones de los primeros días del Alzamiento. Era jefe de una patrulla formada por varios vecinos más de Casares. Organizó un entierro al estilo comunista. Fue el organizador y alentador con saña de las muertes o de las detenciones de los 36 primeros detenidos en la cárcel y que fueron posteriormente asesinados por patrullas de la FAI a las que animó para que los ejecutaran. Decía en el pueblo que habían ido de viaje. Con martillo y cincel se dedicó a quitar de las fachadas el Sagrado Corazón que había en las puertas de las casas de las familias religiosas. Se le imputaba la detención y asesinato de D. Emilio Gil Infante.

Cristóbal Parra Cerón. Natural de Casares. Se le acuasaba de la detención y muerte de D. Manuel Pérez de Vargas Romo (familiar directo del líder andalucista Blas Infante Pérez). En 1940 permanecía huido.

Cristóbal Tocón Ruíz. Tomó parte en la detención de vecinos que luego fueron asesinados según un informe de 1940.

Andrés Pérez Gil. Natural de Casares. En 1940 se encontraba detenido. Se le acusaba de la detención y muerte de D. Ignacio Pérez de Vargas Quirós (familiar directo del líder andalucista Blas Infante Pérez).

Andrés Rojas Vargas.

José Pérez Jiménez. Natural de Casares. En 1940 permanecía detenido. Se le acusaba de la detención y muerte de D. Francisco Salas Pérez, quien fuera alcalde al proclamarse la República.

Manuel Castaño López. Natural de Casares. En 1940 permanecía huido. Se le acusaba de la detención y muerte del guardia civil retirado D. Diego García Galiano.

José Cáceres Galiano. Natural de Casares. En 1940 había sido sancionado. Fue miembro del Comité Central de Casares, donde se fraguaron los 36 primeros asesinatos de personas de orden. Huyó a la llegada de las tropas nacionalistas y fue detenido en Gaucín en 1939. Había participado en la detención y muerte de D. José Pérez García, quien había sido alcalde durante el primer gobierno de derechas de la República.

Diego Floria López. Detenido en Málaga en 1939. Mató a tres vecinos. Participó en la destrucción de las imágenes de la Iglesia y en los registros y detenciones de sus convecinos. En 1940 se le imputaba la muerte de D. José Ramos Sánchez.

Agustín Valadez Romero. Participó junto con el anterior en la muerte de esos tres vecinos.

José Gil García, alias “Tejerina o Vinagre”. Huido de Casares con la toma nacionalista y detenido en Gaucín en agosto de 1939. Autor, junto a otros, de las muertes de la familia de etnia gitana ocurridas en el Río Genal. Parece que acabar con miembros de este etnia era su obsesión. Un hermano de éstos asesinados pudo huir tras refugiarse en casa de Diego Moreno Mena. En el momento de su detención existía una denuncia, del hermano de una de las fallecidas, contra él en los juzgados de La Línea. Se le acusaba también en 1940 de la detención y muerte de D. José Jiménez Ramos.

De ese mismo año, de 1939, existe otro informe de Falange referido a un tal José Gil García, apodado “El Vinagre”, en el que curiosamente se le califica de persona que observó buena conducta, no teniendo ninguna acusación por parte de los vecinos de Casares.

José Blanco Trujillano. Natural de Casares. En 1940 permanecía huido. Se le acusaba de la muerte del que fuera alcalde durante la dictadura de Primo de Rivera D. Pedro Jiménez Ramos.

Francisco Gil “el Vinagre?”. Muerto.

Diego Blanco Trujillano. Fusilado el 17 de febrero de 1937. Autor o co-responsable junto a José Trujillano Caravante de la muerte de D. Diego García Galiano.

Antonio Rojas Ruiz.

Antonio Ruiz Mateo. Volvió a Casares después de “la liberación total”.

José Ortega Gil.

Francisco Ordoñez León. Miembro del Comité Central. Participó en el saqueo del comercio de la Sta. Dolores Molina Pérez. Huyó pero volvió tras la liberación de Málaga, siendo detenido.

Bartolomé García Rodríguez. Cosiderado elemento muy peligroso, participó en la detención de varios vecinos de Casares que luego fueron asesinados, entre ellos la del médico D. José Laporta Verdaguer. En 1939 estaba siendo encausado en Gaucín.

Joaquín Ruíz Díaz. Uno de los más exaltados revolucionarios de Casares. Participó en el saqueo de San Martín del Tesorillo y en el ataque a San Roque que permanecía en poder nacionalista. En 1939 estaba siendo encausado en Gaucín.

Francisco Tocón González. Cenetista. Huyó de Casares con la toma del pueblo el día 3 de octubre. En 1940 figura un informe sobre él. Posiblemente volvió por esa fecha. Parece que dos de sus hermanos fueron fusilados por las tropas franquistas. Participó en la detención del que luego sería asesinado D. Ignacio Pérez de Vargas (familiar directo de Blas Infante Pérez de Vargas).

Antonio Río Jarillo. Cabecilla miliciano de Benarrabá. Coautor de la masacre del Río Genal.

Antonio Cáceres Galiano. Uno de los once que intervinieron en la detención y muerte de D. Antonio Rodríguez Díaz. Tras huir de Casares con la toma nacionalista estuvo en Estepona como refugiado y residió en una finca del Arroyo el Velerín, propiedad de D. Antonio Partal Mateo, trabajando haciendo carbón y sin levantar sospechas sobre sus actividades políticas en Casares. Con la liberación de Estepona el 14 de enero del 37 huyó del pueblo, regresando después tras la “liberación total”, según consta en informes de Falange para la Causa General.

Leocadio Sánchez Jiménez, alias “Jabonero”. Participó en la detención del asesinado D. Agustín Martín González en el Cortijo Pacheco en presencia de sus hijos y del porquero Manuel Gil García, alias el “Vinagre” (hermano del extremista José Gil García). Huyó del pueblo tras la toma nacionalista y volvió tras la conquista de Málaga por las tropas de Franco en 1937, llevando desde entonces una “buena conducta”, según un informe de Falange. Fue detenido en Gaucín en 1939.

Manuel Martínez Pérez. Escopetero. Hizo guardia la noche que sacaron a los presos de la cárcel para asesinarlos, e intimidó a sus familiares para que no salieran de sus casas mientras eran sacados del pueblo. Fue detenido en Gaucín en 1939.

Juan Holgado Ocaña. Isabel Ruíz Ahumada, viuda de uno de los asesinados, lo acusó en 1940 de participar en la detención de su esposo antes de ser asesinado.

Diego Doncel Quirós, alias “Rosita chico”. 27 años de edad. Natural y vecino de Casares. Con domicilio en calle Arrabal. Afiliado a la C.N.T. Prestó servicios con armas y se cree que participó en todos los sucesos ocurridos en esta población durante la dominación marxista. Que se sepa intervino al menos en el registro de la casa de Ana Sánchez Gavira incautándose de la escopeta con la que haría sus servicios. Huyó al ser liberada Casares. Regresó tras la “liberación total”.

El “Sánchez”.

“El Castel”.

“El Trujillo”. Puede tratarse del conocido como “Trujillo” miembro integrante de la partida de Pedro López, alcalde anarquista de Montejaque.

Juan “el Robao”.

Feliciano Delgado.

Félix “el Bayo”. Muerto.

“El Bendito”. Cabo de Carabineros. No lo podemos afirmar pero pudiera tratarse de Luis Bendito Domínguez, sobre el cual un juzgado, creemos que de Málaga, solicitó información a la Falange esteponera en julio de 1936, respondiendo ésta que se desconocía totalmente en el pueblo a este individuo.

Antonio “el Cortesano”. Desconocemos si puede tratarse de Antonio Gutiérrez Delgado, cuñado de Juan Mena Valadez “alias el Raspa”, fusilado el 17 de febrero del 37 en Casares.

Ejecutados tras la toma de Casares por los nacionalistas.

Esta relación de 78 extremistas, anarquistas y agitadores marxistas que extendieron el caos en el municipio de Casares, son los responsables directos o indirectos de los 56 asesinatos cometidos en el pueblo. La relación está confeccionada de los documentos y declaraciones de los testigos en la Causa General de Málaga, no menciona a todos los cómplices que participaron en dichos crímenes, pues los familiares de sus víctimas desconocían sus nombres y apellidos. No obstante un mínimo de 15 cabecillas artífices de la sublevación huyeron de España dejando su tierra, el municipio de Casares, teñida de sangre inocente. De hecho muchos de los fusilados por Franco en 1937 darían la vida por aquellos que huyeron. Tal es el caso, entre otros, de un hermano del ex-alcalde José Trujillano Carabante, llamado Francisco.

Casi todos eran afiliados a la C.N.T y la F.A.I., hubo otros muchos afiliados a partidos de izquierdas que no incluimos en esta relación pues, al parecer, según informes de F. E para la Causa General su conducta no revistió gravedad contra sus convecinos, a pesar de que muchos de ellos hicieron servicios de armas.

En cada detención y posterior ejecución estaban presentes cinco o más individuos miembros del Comité Republicano local. En algunos casos asistían grupos diez o veinte cuyas identidades, en la mayoría de los casos, se desconocían en el pueblo; prueba evidente de que se trataba de miembros de patrullas de la FAI o CNT venidos principalmente de Málaga.

En Casares, en 1936, había 200 afiliados a la CNT; otros tantos a la UGT, etc. Es decir, cerca de 1000 personas estaban afiliados a partidos de izquierdas. De los que, al menos 300 se hicieron con el poder durante la dominación marxista encabezada por su propio alcalde.

Si como afirma Benito Trujillano, en Casares la cifra total de fusilados ascendió a 44 y ninguno de ellos durante la posguerra (exceptuando los encarcelados por la Causa General en espera de proceso, oportunidad que no tuvo ninguno de los casareños asesinados por los marxistas), se puede concluir pues que, tras la toma del pueblo en octubre de 1936, no se produjo en Casares ninguna represión contra los casi mil afiliados de izquierdas y sus familias, sino que se aplicó la Justicia de guerra sólo en aquellos que habían cometido crímenes en el pueblo contra la población civil y/o contra los que, de alguna u otra forma, fueron cómplices por negarse a dar información sobre los autores. Y aún así las ejecuciones marxistas superaron en doce personas a las de los nacionalistas.

Como era de esperar la “Justicia nacionalista” no tardó en aplicarse y tal vez muchos de los ajusticiados (44 hombres y mujeres) no fueron los responsables directos pues casi todos los cabecillas se habían cubierto bien las espaldas huyendo a “la mínima de cambio”. Así pues, seguramente, muchos pagaron con su vida los crímenes cometidos por sus familiares.

Cuando llegan las tropas nacionalistas a Casares, la revolución tenía al pueblo sumido en la miseria y su estado era lamentable. Sólo cuatro o cinco familias permanecían en todo el término municipal no sólo en el pueblo.

Numerosas familias catalogadas de derechas se vieron obligadas a huir al estallar la represión marxista. Con la llegada de los nacionalistas a principios de octubre de 1936, se invierten los términos y ahora son las familias izquierdistas las que huyen. Se inicia por parte de Queipo de Llano la depuración de los crímenes cometidos en esos dos meses y medio transcurridos.

Analicemos, pues, quiénes fueron los 44 ejecutados por las tropas franquistas en Casares. Actualmente dos monumentos rememoran sus nombres; uno en Arroyo Marín y el otro en Cerro de la Horca, donde se encuentra enterrado asimismo el único fusilado en el Puerto de la Cruz:

(Anexo.-15)

34 Fusilados en Arrroyo Marín el día 6 de Mayo de 1937:

Manuel Ahumada Fernández, 33 años. Hermano de Benito Ahumada Fernández autor de la detención del asesinado Agustín Martín González.

Encarnación Blanco Borrego, 57 años.

Juan Carrasco López, 41 años.

Isabel Carrasco Rojas, 31 años.

María Antonia Fernández Marín, 63 años.

Andrés Galiano Morales, 28 años.

Aurelio Galiano Ramos, 35 años.

Salvador Gavira Mena, 41 años.

Domingo Gil Peller, 50 años.

Juan León Valadez, 44 años.

Francisco López García, 32 años.

Fernando López Marín, 45 años.

Cristóbal Martínez Ocaña, 49 años.

Isabel Mateos Ruiz, 34 años.

Catalina Mena Quirós, 70 años. Hermana de Acracio Mena Quirós, autor de varios asesinatos durante el periodo marxista.

María Mena Quirós, 66 años. Hermana de Acracio Mena Quirós, autor de varios asesinatos durante el periodo marxista.

Francisco Mena Valadez, 42 años. Miembro de los Comités Republicanos de “Salud Pública” encargados de la limpieza ideológica.

Domingo Muñiz Sánchez, 30 años.

José Muñiz Sánchez, 35 años.

Carmen Borrego Andana, 36 años.

Antonia Ocaña Valadez, 50 años.

Salvador Ortega Pérez, 54 años.

Bartolomé Pérez Sánchez, 43 años.

Lucrecia Pozo Gil, 18 años.

Josefa Pineda Tocón, 41 años.

Ana Prieto Mena, 50 años.

Juan Quirós Delgado, 31 años.

Manuel Quirós Valadez, 35 años.

Diego Rojas Blanco, 42 años.

Ana Romo Domínguez, 43 años.

Catalina Sánchez Romero, 45 años.

Manuel Tocón González, 46 años.

Universo Tocón González, 34 años.

José Valadez Valdivia, 52 años.

(Anexo.-16)

9 Fusilados el 17 de febrero de 1937 en Cerro de la Horca:

Francisco Trujillano Caravante, 26 años. Hermano del Alcalde José Trujillano Caravante quien vivió en Francia hasta su muerte.

Diego Blanco Trujillano, 45 años. Autor o responsable de la muerte de D. Diego García Galiano. Era hermano de José Blanco Trujillano quien había huido. El alcalde José Trujillano Caravante también aparece como responsable de esa muerte.

Juan Delgado León, 39 años.

Pedro León Mena, 28 años.

Braselino Mena Trujillano, 27 años.

Juan Mena Valadez “alias el Raspa”, 48 años. Miembro de los Comités Republicanos encargados de la limpieza ideológica. En febrero de 1937, según B. Trujillano no había usado el fusil, aunque hizo guardias armado a la entrada del pueblo. Regresa a Casares el 16 de febrero de 1937. Fue fusilado un día después. Su cuñado, Antonio Gutiérrez Delgado, destacado militante izquierdista, estuvo refugiado en una gruta entre las fincas de Matute y Arroyo de la Jordana.

Autor: Benito Trujillano Mena. Investigación Memoria Histórica Casareña. Ana Gutiérrez. Casares (PDF). P. 2

Andrés Ortiz Jiménez, 44 años.

José Parra Contreras, 52 años.

Bernabé Rendón Delgado, 39 años.

1 Fusilado en Puerto de la Cruz (enterrado en Cerro de la Horca):

Diego Ruiz Ocaña, 55 años. El 24 de diciembre de 1936.

Los homenajeados de B. Trujillano:

El “Estudio sobre la memoria histórica de Casares” del investigador local Benito Trujillano aporta información complementaria sobre alguno de los cabecillas de estos sucesos casareños, de los cuales se pierde la pista en la documentación primaria que hemos analizado. Según se desprende de su obra, sería descendiente de uno de ellos, del alcalde José Trujillano Caravante, quien huiría y haría su vida hasta su muerte en Francia. En este estudio del autor casareño no se mencionan los crímenes cometidos por aquellos a los que homenajea, pero aporta datos sobre sus vidas que habrían quedado en el olvido de no ser por su trabajo.

Diego Pérez Rodríguez, “el Chícharo”

Tanto Diego Pérez Rodríguez, como el propio alcalde José Trujillano Caravante, entre otros; desde el exilio se permitieron, muchos años después, escribir “sus hazañas”.

En sus biográficos escritos conmemoartivos, B. Trujillano menciona a Diego Pérez Rodríguez, “el Chícharo”, citado al principio de la relación, fallecido en Francia el 9 de junio de 1970, a la edad de 66 años.

Diego Pérez Rodríguez, fue un agitador anarquista casareño huido a Francia y casado con Ana Trujillano Caravante, hermana del alcalde marxista de Casares responsable directo, presuntamente, de, al menos de forma testifical, varios de los crímenes cometidos en el pueblo. Desde su exilio en Francia años más tarde “el Chícharo” escribiría:

“Un día antes de la caída de Málaga 8 de Febrero del 37 salimos por la carretera en dirección de Almería, que tristes recuerdos, cuantas criaturas, cuantas vidas, ¿porqué?.” (Sic)

-¡No!, no estoy de acuerdo, ni puedo compartir algunas cosas que pasaron; no sirvió de nada tirar los Santos por la Plana; detener y entregar aquellos paisanos de derechas a aquellas malas gentes de Málaga, nadie podía pensar el fin trágico que aquello tendría.- (Sic)

http://www.memorialibertaria.org/spip.php?article776

“Francia me ha dado lo que mi patria me ha negado. Reconocimiento con la Cruz del Combatiente, dignidad, y libertad para pensar, y vivir, como yo quería.

Desde este suelo de Cordes sur Ciel, Departamento del Tarn, Francia, donde reposan mis restos desde el 9 de Junio de 1970, enterrado con honores militares y acompañado por numerosos amigos y compañeros de lucha.

Quiero despedirme con la humildad de las gentes de mi clase jornalera, pero reafirmándome en mi compromiso con la libertad y la igualdad de todos los hombres y que siempre seguiré siendo, mientras mi memoria persista:

UN SOLDADO DE LA REPUBLICA.”

Benito Trujillano Mena (Investigación Memoria Histórica Casareña)

www.todoslosnombres.org

http://www.memorialibertaria.org/

http://www.todoslosnombres.org/php/generica.php?enlace=listadocompleto

José Trujillano Caravante, alcalde de Casares

Benito Trujillano ensalza, en otro de sus escritos biográficos “conmemorativos” sobre el alcalde marxista de Casares, José Trujillano Caravante, la figura de éste en boca de Antonio Gutiérrez Borrego, otro de los presuntos instigadores de los sucesos casareños. Así lo recoge en su breve escrito biográfico:

“Decepcionado, dolido, olvidado y lejos de su tierra, moría este gran luchador por la libertad, debido a un cáncer en 1962. En su entierro civil tomo la palabra Antonio Gutiérrez Borrego:

"¡Compatriotas y amigos! Agradecido a todos los que habéis tenido el gesto solidario de acompañarnos. Nos queda el consuelo que José Trujillano Carabante, socialista español, casareño y antifascista no sólo está presente en nuestros pensamientos, sigue estando a nuestro servicio, porque sus principios de lucha de los trabajadores son insustituibles y serán siempre de actualidad, mientras exista la sociedad capitalista. ¡Nunca te olvidaremos! Hasta siempre compañero de ideas y lucha". (Los olvidados, Antonio Gutirrez Borrego, Casares 1977)”.

todoslosnombresJosé Trujillano Carabante.pdf

Asi ensalza la figura del alcalde socialista de Casares, Benito Trujijllano Mena:

“Una tarde de Julio del 2006, en un café de Cordes Sur Ciel, Pierre Pérez, próximo a losochenta años, me hablaba de su fidelidad a los nobles ideales de nuestros antepasados, delrespeto a los valores éticos de la II República Española. La integridad, dignidad y la honradez de la familia Trujillano Carabante, tanto de España como de Francia.”

Separata del libro inédito "De Casares a Cordes un viaje sin retorno”.

José Trujillano Caravante, según documentos oficiales de la época consultados, o Carabante según aparece en el escrito de Trujillano luchó, más que por la libertad genéricamente hablando, por su propia libertad.

Murió a los 59 años, de cáncer, sin volver a España.

Así lo rememora B. Trujillano en boca de Diego Pérez Rodríguez “el Chícharo”:

“El Ayuntamiento tenía un Alcalde de Izquierdas, para más señas, era mi cuñado José Trujillano Carabante, socialista de Largo Caballero, luchador y honrado, el obrero estaba representado en todos los sitios.” (Sic)

http://www.memorialibertaria.org/spip.php?article776

Por otro lado Antonio Gutiérrez Borrego, quien suscribe el párrafo anterior a este último en 1977, por lo visto volvió a Casares a la muerte de Franco, gracias a la Ley de Amnistía que se dictó, habiendo huido y residido hasta entonces en Francia.

Blas Infante López

Benito Trujillano escribe, respecto a la figura del alcalde marxista de Casares:

“Ganó la Alcaldía en 1936 con el Frente Popular, gracias a la conjunción socialista-republicana de Casares, acompañado por Blas Infante López, maestro representante de Izquierda Republicana. Durante los seis meses de alcaldía el sabotaje al Ayuntamiento fue continuo por parte de los empleados municipales nombrados durante el bienio anterior y los poderes caciquiles. La Patronal Agraria hacía un incumplimiento reiterado de los acuerdos de las bases del Trabajo. La UGT y la CNT de Casares reproducen un enfrentamiento generalizado y como transfondo una huelga agraria indefinida.”

El maestro Blas Infante López de Izquierda Republicana fue otro de los autores o instigadores de algunos de los fusilamientos a vecinos de Casares durante el periodo marxista, según consta en los documentos analizados. En 1940 permanecía detenido en espera de proceso.

Tergiversación de la prensa local.

El día 15 de enero de 2005, tuvo lugar un pleno en el Ayuntamiento de Casares que recogió el Diario Sur de Málaga en estos términos de manipulación perversa de la Historia:

“Estepona. Aquellos hijos perdidos en la guerra... Diario Sur - 16 de enero de 2005

Casares celebró ayer un pleno especial para dar un reconocimiento moral a sus 44 vecinos fusilados en 1937 y que aún permanecen enterrados en fosas comunes ubicadas en la localidad

M. ISABEL SOLANA / YEDALAMO / CASARES

Los vecinos de Casares han dado un paso adelante para recuperar aquella parte de su Historia que existe, pero de la que apenas hay documentos escritos y que, en su mayoría, permanece en la memoria de aquellos que vivieron en primera persona el enfrentamiento de los españoles en la Guerra Civil. Por ello, ayer se celebró un pleno municipal en Casares con un único punto en el orden del día: reconocer las injusticias que se cometieron con la población casareña en el año 1937. Éste era el objeto de una sesión celebrada ante los familiares de las 44 personas fusiladas en aquel año y cuyos cuerpos permanecen en dos fosas comunes ubicadas en la localidad. Todos los partidos políticos representados en el Ayuntamiento (Izquierda Unida, Unión por Casares y Partido Andalucista) aprobaron por unanimidad el único punto del orden del día de la sesión cuyo fin es «la dignificación y el reconocimiento moral de todas las personas que sufrieron la represión de la dictadura franquista», según reza en la moción aprobada.

Investigación

El emotivo acto comenzó con unas palabras de Benito Trujillano, un casareño, nieto de uno de los fusilados en la localidad en 1937. Este ciudadano ha llevado a cabo una investigación, que aún continúa, con la que ha arrojado luz a los hechos ocurridos en Casares durante la Guerra Civil, ha ubicado las fosas comunes del municipio (en Cerro de la Horca y en Arroyo Marín), y mantiene una búsqueda del paradero de otros casareños que huyeron de la guerra y que fueron fusilados en otras poblaciones. «Hoy quiero ser la voz de aquellos que no la tuvieron. Esta es una deuda histórica del pueblo de Casares con aquellos sus hijos que fueron asesinados durante la Guerra Civil», manifestó Trujillano. Este ciudadano se refirió especialmente aquellos casareños, 13 mujeres y 31 hombres, que después de que en Casares finalizara la lucha armada y la guerra se desplazaron a otros lugares, fueron fusilados y sus cuerpos enterrados en fosas comunes.

Monumentos

El alcalde del municipio, Juan Sánchez, apuntó, ante los familiares de los caídos, que Casares «tiene la obligación moral de reconocer esa injusticia que se cometió y dignificar la muerte de esas personas». Así, el pleno municipal aprobó por unanimidad «hacer un reconocimiento ético, político y social a todas aquellas personas que lucharon contra el franquismo y que fueron víctimas de la represión de una u otra manera». También se dio luz verde a la colocación de dos monumentos en las dos fosas comunes que hay en el municipio en el que recen los nombres de todos los que allí yacen enterrados. En la moción aprobada, también se recoge la intención municipal de apoyar todos los estudios historiográficos sobre la recuperación de la memoria histórica casareña y todas las iniciativas de las familias de los afectados «evitando en todo caso, que sirva para reavivar viejas heridas o remover el rescoldo de la confrontación civil», explicó el alcalde.

Este acuerdo plenario se remitirá a todos los ayuntamientos donde hay constancia de presencia de casareños en fosas comunes dentro de su término municipal «para que dignifiquen su sufrimiento», concluye la moción.

Los datos

Investigación: Benito Trujillano, vecino de Casares y nieto de uno de los fusilados en la Guerra Civil, ha hecho una investigación en la que se esclarecen los hechos que sucedieron en la localidad durante la guerra.

Fusilados: En Casares murieron fusiladas 44 personas en 1937, 13 mujeres y 21 hombres.

Fosas comunes: Tras la investigación se ha descubierto que los cuerpos permanecen enterrado en tres fosas comunes ubicadas en el Cerro de la Horca, en el paraje Arroyo Marín y en el Puerto de la Cruz.

El inicio fue una lucha entre patronos y campesinos

M. I. S. / Y./CASARES

Benito Trujillano, vecino de Casares e inspector de Sanidad de profesión, nada tiene que ver con los que se dedican al estudio de la Historia, pero un buen día, por amor a su pueblo y a su familia, se embarcó en la aventura de descubrir aquella parte de la Historia de Casares que ocurrió durante la Guerra Civil y que no reza escrita en ninguna parte. En memoria de su abuelo, fusilado por el Bando Nacional, y de aquellos otros hijos de Casares que murieron por un disparo, inició su investigación que le ha llevado a hablar con protagonistas de aquella época y de incesantes búsquedas entre los archivos.”

«Revancha»

En sus conclusiones, Trujillano ha descubierto que el conflicto que llevó a la persecución y la muerte a tantos casareños tuvo su origen en una lucha de clases local, entre la burguesía agraria, y los campesinos, que recibían jornales de seis pesetas mientras que un kilo de carne costaba siete. «Al comenzar la guerra, en Casares se detiene a 36 personas del Bando Nacional y se ordena llevarlos a Málaga. Por los desórdenes de la República, estos 36 casareños fueron matados en el camino. Después, la revancha se cebó con el pueblo de Casares», explicó.

Sus estudios le han llevado a seguir la pista a muchos casareños, a los que fusilaron en el pueblo y a los que huyeron y mataron en otras poblaciones, como le ocurrió a su vecino más ilustre, Blas Infante, padre del Idealismo Andaluz, y fusilado en Sevilla en agosto de 1936. Trujillano quiso recordar también la huida que se produjo en el pueblo durante la Guerra Civil, una despoblación de la que Casares nunca se ha recuperado. En 1930, en la localidad casareña vivían 5.400 personas. Ahora, no llegan a los 4.000.”/

No fue una guerra entre ejércitos la que se libró en los pueblos. En pueblos como Casares la ideología se confunde con la libertad y ocupa el lugar de los principios.

Muchos de los asesinados en Casares tenían incluso los mismos apellidos y lazos familiares que sus propios verdugos. Por eso, para que no quedara al descubierto la evidencia llamaban a patrullas de la FAI de otros pueblos con el objeto de que se encargaran de la ejecución de sus propios familiares o incluso amigos hasta un día antes; aunque fuesen ellos quienes las ordenaban o indicaban a quién había que matar y dónde vivía.

Aún así no es extraño comprobar que, en muchos casos, las víctimas tenían los mismos apellidos que sus ejecutores o cómplices, como son los casos de los apellidos Mena, Trujillano y Valadez, entre otros, en el caso casareño. Vemos Trujillos asesinados y Trujillos asesinos; Menas asesinados y Menas asesinos; Valadezes asesinados y Valadezes asesinos. Y en algunos casos Trujillos mataban a Trujillos y Menas matando a Menas.

Genocidio marxista en Casares

2010-03-15T17:04:00.001+01:00

Los hechos de Casares durante la dominación marxista podrían ser calificados, sin exagerar, de un verdadero genocidio con todas las letras. Esta localidad costasoleña permaneció en poder republicano desde el 18 de julio hasta el 3 de octubre de 1936. Durante este corto periodo, en esta localidad se produjo una verdadera “limpieza ideológica” llevada a cabo por las huestes marxistas de la localidad, encabezadas por su propio alcalde. Como veremos, los sucesos se han tergiversado de tal manera que supone una burla a la memoria histórica de los andaluces; por lo que en aras a la verdad, los datos deben ser analizados en su verdadera perspectiva y objetividad.

Comienzan las detenciones y saqueos en domicilios y los incendios de objetos de culto de las iglesias; destruyendo retablos e imágenes. Inmediatamente estallan los asaltos e incautaciones de fincas.

Al tiempo que se detenían a las personas de orden se les exige dinero, objetos de valor, prendas de vestir etc., a los familiares de los detenidos.

El día de la liberación de Casares se encontraban detenidos los vecinos: Eladio Sánchez Rodríguez, Juan Mateo Romero, Joaquín Pérez de Vargas y Cristóbal Aguilar Avilés. Todos fueron puestos en libertad horas antes de la toma nacionalista que tuvo lugar el 3 de octubre de 1936.

En contra de lo publicado por Nadal, que cita sólo 34 los muertos acaecidos en Casares durante el dominio marxista, o por Benito Trujillano que los cifra en 36 como veremos, ambos se equivocan.

Las víctimas de la revolución marxista en Casares ascendieron a 56 personas asesinadas durante el periodo marxista, que se prolongó por dos meses y medio, pero además aportamos ciertos datos inéditos de gran interés respecto a Blas Infante Pérez de Vargas “padre de la patria andaluza”. Como veremos su familia sufrió una verdadera masacre en Casares infringida por los republicanos, mientras que la clase política andaluza utiliza su nombre para ensalzarlo como símbolo de la represión franquista. He aquí la relación de víctimas del marxismo con sus correspondientes filiaciones políticas según la documentación oficial:

D. Heliodoro Ledesma Salas. Natural de Casares. 48 años de edad. Casado, sin hijos, con Ana Gavira Sánchez.

D. Diego García Galiano. Natural de Casares. 66 años de edad. Casado, sin hijos, con Francisca Ledesma López. De profesión albañil y guardia civil retirado, actuando como Juez Municipal. Afiliado al Partido Radical. Fue detenido por un grupo de milicianos encabezados por Diego Blanco (Trujillano?) en el Molino la Albarrada de Casares el 19 de julio de 1936. Lo encierran durante mes y medio en la cárcel donde enfermó. Lo llevan a limpiar la Iglesia y acuerdan su asesinato. Lo ejecutan en el término municipal de Marbella. En julio de 1937 sus restos fueron hallados y trasladados al cementerio de esta localidad. Entre los sospechosos figuraba el propio alcalde José Trujjillano Caravante que huyó a Francia. Enterrado en Estepona.

D. Manuel Rodríguez Mateos. Natural de Genalguacil. 50 años de edad. Viudo de Doña María Urdas Calvente. Dejó huérfanos a cuatro hijos de entre 27 y 23 años. De profesión labrador. No se le conoce filiación política alguna. Residente en Casares en calle Camacha. Se desconoce quién lo detuvo. Apareció muerto en una finca de su propiedad sita en Peña Blanca, Sierra Bermeja, en el término municipal de Estepona, el día 11 de octubre de 1936. En el pueblo se rumoreó que los asesinos fueron sus propios sobrinos: José y Antonio Rodríguez Alvarez (este último huido a Francia); acompañados de José López Moya, natural de Almería (Detenido en Málaga en 1940) y de otros cuyos nombres se ignoran. Los asesinos durmieron en el domicilio de un tal José, alias “el Octubre”, vecino de Genalguacil.

Del resto se desconoce su paradero. Enterrado en Estepona.

Le sacan de su domicilio y lo trasladan violentamente a varias cárceles a manos de un tal

En el pueblo se rumoreó que detrás de este asesinato estaba también José Trujillano Caravante, el Alcalde, quien había huido a Francia. Enterrado en Estepona.

Sin filiación política. Fue sacado de una casa de Manilva y su cuerpo fue hallado en el término municipal de Estepona el 2 de septiembre de 1936. Enterrado en Estepona.

D. Manuel Pérez de Vargas Romo. Natural de Casares. 70 años de edad. Viudo de Doña Sebastiana Quirós López. Su hijo, Ignacio, de 40 es el que aparece arriba consignado. Deja dos hijos de 32 y 30 años. De profesión agricultor. Hermano de la madre del líder andalucista Blas Infante Pérez de Vargas y por tanto su tío carnal.

D. Francisco Salas Pérez. Natural de Casares. De 44 años de edad. Casado con Doña Ana Gil Infante. Dejó una hija menor de edad. Vivía en la calle Plaza de Casares. Había sido alcalde durante la República. En los legajos del AHME (Archivo Histórico Municipal de Estepona) no consta información sobre su descendencia al pasarse del oficio nº 77 al 82. De profesión Industrial. Fue alcalde por elección popular en la primera legislatura de la II República. Sin filiación política. Sobre cómo ocurrió su detención, al pie del legajo del acta número 77, se indica que el 20 de julio de 1936 un vecino llamado Germinal Mateo Berenguer anunció, a voz pública, que se procediese a la detención de un vecino de nombre José, sin embargo la página siguiente no consta que debía de ser el legajo del acta nº 78. Por lo que desconocemos a quien se pretendía detener cuando se habla de D. José. Posiblemente D. Francisco Salas Pérez trató de oponerse, por lo que él mismo fue detenido. Fue asesinado el 2 de septiembre de 1936. Su cuerpo fue hallado en El Castor, Estepona. Participó en su detención Juan Mena García. Enterrado en Estepona.

D. Gregorio Rodríguez Sánchez. 65 años de edad. Labrador. Viudo de Doña Rosa Díaz Espinosa. Deja huérfanos a tres hijos. Filiación política de derechas. Desaparecido y muerto el 2 de septiembre de 1936 en El Pozuelo, Marbella. Enterrado en Estepona. Fue encarcelado tras quedar en libertad su hijo Antonio Rodríguez Díaz el 10 de agosto de 1936, quien había permanecido en la cárcel desde el día 19 de julio de ese año.

El resto de los ejecutados, identificados, durante la dominación marxistas de Casares son:

Ramos Hitos, además incluye entre los asesinados en Casares, a su cura párroco D. Antonio Vallejo del Valle y al guardia civil D. Elalio Pérez Pérez.

Algunos hoy quieren presentarlo como paradigma de la “lucha por la libertad” y se lamentan de su olvido. Como veremos más abajo.

Tragedia del Río Genal.

Pero además los documentos estudiados revelan que al menos un total de otras ocho víctimas fueron asesinadas por vecinos de Casares o la comarca en el Río Genal en un episodio que se conoció como la tragedia del Río Genal. Estas son: por un lado tres miembros de etnia gitana hallados en este río en el término municipal de Casares muertos a manos del casareño José Gil García: Doña Antonia Heredia Molino, Doña Catalina y D. Antonio Santiago Campos. Así como otras tres en el mismo lugar que las anteriores. Según afirmaciones del citado José Gil éstos fueron asesinados al no obedecer su orden de “Alto”. Otros dos hermanos de la primera víctima fueron heridos en el tiroteo del que fueron objeto.

Además de dos asesinados más cuyos nombres, apellidos, edad y filiación aún se desconocían en 1941, según documentos oficiales consultados. Estos dos últimos crímenes se cometieron por unos extremistas desconocidos a las puertas de la cárcel, sita en calle Carreras. Lo que nos da una cifra de 56 las víctimas de la represión marxista en Casares en sólo dos meses y medio.

Todas ellas fueron ejecutadas por vecinos agitadores de Casares, y por los comités republicanos. Por lo tanto, la suma de asesinatos en Casares, ejecutados por vecinos de la localidad y/o acompañados de faistas alcanzan el número de 56.

Y resulta, pues, que los asesinatos cometidos en el término de Casares ascienden a 19, el resto, hasta 56, fueron hallados fuera del término de Casares y enterrados en Estepona, contradiciendo lo que hasta ahora se había publicado por parte de Antonio Nadal y Benito Trujillano, entre otros, afirmando que ninguna de las muertes de casareños habían tenido lugar en el pueblo, al tiempo que cifraban el total de las mismas en 34 o 36 respectivamente.

Muertos en el término municipal de Casares, 19:

1 en Monte del Duque. (Ildefonso Pérez Gavira, enterrado en Estepona junto a los 35 que murieron en Estepona y Marbella).

6 en Sierra de la Utrera. (Una familia entera. Marido, Miguel Bermejo, mujer y cuatro hijos)

2 en las puertas de la cárcel (sin identificar).

1 en el Río Genal. D. (D. Julián Fernández Cano).

2 el cura párroco D. Antonio Vallejo del Valle y el guardia civil D. Elalio Pérez Pérez.

6 Río Genal (familia de etnia gitana de la Línea y tres más no identificados).

1 D. Antonio Rodríguez Díaz. (En Casares. Natural de Estepona).

De los 37 restantes hasta el total de 56, 19 fueron asesinados en el término municipal de Estepona y 18 en el de Marbella. Todos están enterrados en Estepona. Su familiares no quisieron enterrarlos en el pueblo donde vivían quienes los habían ejecutado; y abandonaron Casares. Algunos de sus familiares volvieron después de años a su pueblo natal.

Alguno de los 7 asesinados en el término de Casares (Río Genal) se asocia también al miliciano Antonio Río Jarillo, de Benarrabá, quien en 1941 estaba preso en Málaga por éstos y otros asesinatos. Lo que no quiere decir que el Comité de Guerra casareño no estuviese informado. Éstos asesinados en Casares, seguramente sí fueron enterrados en Casares, aunque no podemos asegurarlo pues en el caso de los gitanos parece que eran naturales de La Línea de la Concepción.

Por tanto, según los documentos citados en los que nos basamos, contrastados además con variada bibliografía relacionada, se puede establecer que la cifra de muertos documentados durante la dominación marxista en Casares se eleva a 56, de los que 19 fueron cometidos en su propio término municipal en contra de lo que hasta ahora se había publicado. Estas víctimas, al contrario que las víctimas del periodo nacionalista, no disponen de ningún monumento en Casares en recuerdo de su memoria. Es más, del panteón donde 36 de ellas eran recordadas, fue retirada la placa que honraba su memoria por el alcalde comunista de Estepona Antonio Murcia en 1979.

Justicia nacionalista.

Algunos de los responsables y sospechosos de estos asesinatos los citamos en la relación de descripciones de los crímenes consignados y cometidos en Casares, en otros casos, curiosamente, los informes de Falange no constan entre los legajos a pesar de hacer referencia a ellos. No incluye esta relación a los responsables de saqueos o registros domiciliarios de los Comité de Abastos, limitándonos exclusivamente a quienes estuvieron relacionados con las detenciones o asesinatos. Fueron:

Teodora Mena Ortega “la Baya”. Afiliada a la FAI. Actuó de miliciana en el Comité de Casares. Huyó del pueblo y volvió, al parecer, en 1940.

Diego Pérez Rodríguez “el Chícharo”. Cuñado de José Trujillano Caravante (alcalde de Casares). Huyó hasta Barcelona donde se hizo carabinero de sanidad. Huido a Francia el 31 de enero de 1939. Autor de detenciones y responsable directo o indirecto de varios asesinatos contra sus convecinos, concretamente existe documentación de su participación en, al menos, uno de ellos: el de D. Pedro Romero García. Homenajeado por Benito Trujillano. Murió en Francia el 9 de junio de 1970 a la edad de 66 años.

Manuel Rojas Mena. Fue detenido en Gaucín. Implicado en varios registros y detenciones.

Pedro Mancera Mena “el Mancera”. Natural de Casares. Huido a Francia. En 1940 se le imputaba la detención y muerte del cartero D. José Jiménez Pineda.

Acracio Mancera Mena. Huido a Francia.

José Trujillano Caravante. (Alcalde socialista de Casares). Organizador de las patrullas de Casares. Los testigos de la Causa General le acusan de un mínimo de cuatro asesinatos. Ingresó en el Cuerpo de Carabineros en Diciembre de 1936, tras huir de Casares. Huido a Francia. Según testigos de la Causa General participó en, al menos, cuatro asesinatos de casareños según testigos presenciales en declaraciones en la Causa General: los de D. Francisco Romero García, D. Heliodoro Ledesma Salas, D. José Laporte Verdaguer y D. Diego García Galiano. En varios de sus asesinatos iba acompañado de “El Pabuceno”. Figura como homenajeado y luchador por la democracia y las libertades en una reciente biografía por el casareño y descendiente Benito Trujillano. Aparece también como luchador por los valores “democráticos” en la página de internet, todoslosnombres.org, encargada de la recuperación de la memoria histórica republicana, o sea de la mitad de la memoria histórica. En ningún lado de dicha web aparece el número de asesinatos que cometió contra sus propios vecinos. Murió en Francia a la edad de 59 años en 1962.

José Borrego Moreno. Cenetista. Participó en la detención de los asesinados Manuel Pérez Romo (tío hermano de Blas Infante Pérez), Jacinto Mateo Romero y Pedro Romero García. Huyó tras la liberación de Casares y detenido en 1940.

José Rodríguez Alvarez.Natural de Genalguacil. Sospechoso de matar a su propio tío D. Manuel Rodríguez Mateo.

Antonio Rodríguez Alvarez. Hermano del anterior e igualmente sospechoso del asesinato de su propio tío D. Manuel Rodríguez Mateo. De Genalguacil. Huido a Francia.

José López Montoya. De Almería. Detenido en Málaga en 1940.

Emilio Gil Mena. Detenido en Málaga.

Manuel Gavira Román.

Bartolo Ahumada Mena.

Miguel Pineda Ocaña.

Acracio Mena Quirós. Hermano de Catalina Mena Quirós, fusilada en Arroyo Marín.

Detenido al volver a Casares. Según dijo tras su detención tuvo que afiliarse a la Sociedad obrera de Defensa del Trabajo de Casares para que le dejaran trabajar.

Juan Quirós Doncel. Este hombre fue acusado por el hijo del asesinado José Rojas Carrasco de ser uno de los que detuvieron a su padre: Antonio Rojas Calderón.

Manuel López Ortega. Anarquista. Participó en la detención de varios vecinos, según un informe de 1940.

Manuel Macías López.

Manuel Lucas “el Gordillo”.

José Tirado.

Salvador Gavira. Así es citado por los testigos de la Causa General pero desconocemos si se trata de Gavira Mena, cuyo nombre aparece entre los fusilados por Franco, o Gavira Román que, en ese caso, sería hermano de Manuel Gavira Román, uno de los cabecillas de la revolución en Casares, autor de la muerte de los vecinos D. Juan Mateo Ocaña y D. Jacinto Mateo Romero, entre otros.

Marcelino Mena.

Francisco Bernal Ramírez. Natural de Casares. Se le acusaba de la detención y muerte de D. Antonio Rojas Calderón. En 1940 permanecía en paradero desconocido.

Francisco Mateo Bernal. Ugetista. Tesorero del Comité de Casares. Fue nombrado delegado en el Partido de Rio Genal, donde ordenaba a los milicianos incautarse del ganado existente en dicho partido. Montó su sede en la Venta de los Nogales. Incautó reses al vecino de Casares José Moreno Gavira. Huyó del pueblo con la toma nacionalista. En 1940 un informe de Falange daba cuenta de él respondiendo a la petición de un Juzgado de Estepona.

Juan Gutiérrez López.

Juan Valadez Mena “el Pabuceno”. Natural de Casares. En 1940 permanecía huido. Formó una partida de bandoleros. Merodeó por la sierra después de la toma de Casares y fue visto en una ocasión en el Cortijo La Alcabaleta de este término municipal. Se le acusaba de la detención y muerte de D. Juan Mateo Ocaña.

Manuel Valadez Mena. Hermano de “El Pabuceno”. Huido en principio el 3 de octubre, regresó a Casares tras “la liberación total”. Fue detenido en Gaucín, según un informe de 1939. Destacado anarquista del pueblo participó o fue testigo de muchos de los asesinatos de la dominación marxista en Casares. Especialmente fue testigo o coautor de los asesinatos de los 36 primeros asesinatos pues la noche que los sacaron de la cárcel fue él quien se encargó de abrir la prisión y sacar a los detenidos. Desde su vuelta y hasta su detención “observó buena conducta”.

Miguel Mena Ocaña “el Moricho”. En 1941 detenido en Pamplona.

Ofelio Mena Quirós.

Blas Infante López. Concejal de I.R Izquierda Republicana en 1936. Detenido. Procesado en la Causa General. Al volver a Casares en 1940 fue acusado por varias de las viudas de víctimas de los marxistas de ser responsable de todos los actos horrendos que se cometieron en Casares. Se le acusa de haber sido asesor del Comité casareño y de no haber hecho nada para evitar los crímenes que se cometieron. Además de robo de varias cantidades de dinero a vecinos del municipio. En 1940 se le imputaba la muerte de D. José Rojas Carrasco.

Fº Floria Ledesma. Natural de Casares. Se le imputa la detención y muerte de D. José Guerrero Pérez. En 1940 permanecía huido.

Fº Mena Ortega “el Bayo”. Huido. Posiblemente detenido en S. Roque. Existen legajos que hemos encontrado, que hacen referencia a informes sobre su persona en el AHME (Estepona) de Falange a instancias de un juez de San Roque pero, curiosamente, éstos no aparecen, al menos entre la documentación que hemos analizado. Se le imputaba la detención y muerte de D. Miguel Gil Quero.

Juan Mena García.

Cristóbal Tocón Ruíz. Tomó parte en la detención de vecinos que luego fueron asesinados según un informe de 1940.

Andrés Rojas Vargas.

José Pérez Jiménez. Natural de Casares. En 1940 permanecía detenido. Se le acusaba de la detención y muerte de D. Francisco Salas Pérez, quien fuera alcalde al proclamarse la República.

Manuel Castaño López. Natural de Casares. En 1940 permanecía huido. Se le acusaba de la detención y muerte del guardia civil retirado D. Diego García Galiano.

Agustín Valadez Romero. Participó junto con el anterior en la muerte de esos tres vecinos.

José Blanco Trujillano. Natural de Casares. En 1940 permanecía huido. Se le acusaba de la muerte del que fuera alcalde durante la dictadura de Primo de Rivera D. Pedro Jiménez Ramos.

Francisco Gil “el Vinagre?”. Muerto.

Diego Blanco Trujillano. Fusilado el 17 de febrero de 1937. Autor o co-responsable junto a José Trujillano Caravante de la muerte de D. Diego García Galiano.

Antonio Rojas Ruiz.

Antonio Ruiz Mateo. Volvió a Casares después de “la liberación total”.

José Ortega Gil.

Francisco Ordoñez León. Miembro del Comité Central. Participó en el saqueo del comercio de la Sta. Dolores Molina Pérez. Huyó pero volvió tras la liberación de Málaga, siendo detenido.

Antonio Río Jarillo. Cabecilla miliciano de Benarrabá. Coautor de la masacre del Río Genal.

Juan Holgado Ocaña. Isabel Ruíz Ahumada, viuda de uno de los asesinados, lo acusó en 1940 de participar en la detención de su esposo antes de ser asesinado.

El “Sánchez”.

“El Castel”.

“El Trujillo”. Puede tratarse del conocido como “Trujillo” miembro integrante de la partida de Pedro López, alcalde de Montejaque.

Juan “el Robao”.

Feliciano Delgado.

Félix “el Bayo”. Muerto.

“El Bendito”. Cabo de Carabineros. No lo podemos afirmar pero pudiera tratarse de Luis Bendito Domínguez, sobre el cual un juzgado, creemos que de Málaga, solicitó información a la Falange esteponera en julio de 1936, respondiendo ésta que se desconocía totalmente en el pueblo a este individuo.

Antonio “el Cortesano”.

Esta relación de 78 extremistas, anarquistas y agitadores marxistas de Casares, responsables directos o indirectos de los 56 asesinatos cometidos en el pueblo, que hemos extraído de los documentos y declaraciones de los testigos en la Causa General de Málaga, no menciona a todos los cómplices que participaron en dichos crímenes, pues los familiares de sus víctimas desconocían los nombres y apellidos de éstos. No obstante un mínimo de 15 cabecillas artífices de la sublevación huyeron de España dejando su tierra, el municipio de Casares, teñida de sangre inocente. De hecho muchos de los fusilados en 1937 darían la vida por aquellos que huyeron.

Casi todos eran afiliados a la C.N.T y la F.A.I., no obstante hubo otros muchos afiliados a partidos de izquierdas que no incluimos en esta relación pues, al parecer, su conducta no fue delictiva contra sus convecinos, a pesar de que muchos de ellos hicieron servicios de armas.

En cada detención y posterior ejecución estaban presentes cinco o más individuos miembros de Comité Republicano del pueblo. En algunos casos diez o veinte, cuyas identidades, en la mayoría de los casos, se desconocía. En otros casos eran desconocidos en el pueblo al tratarse de patrullas de la FAI o CNT de otros pueblos, aunque principalmente de Málaga.

En Casares en 1936 había 200 afiliados a la CNT; otros tantos a la UGT, etc. Es decir, cerca de 1000 personas estaban afiliados a partidos de izquierdas. De los que, al menos 300 se hicieron con el poder, encabezados por su propio alcalde.

Si como afirma Benito Trujillano, en Casares la cifra total de fusilados ascendió a 44 y ninguno de ellos durante la posguerra (exceptuando los encarcelados por la Causa General en espera de proceso, oportunidad que no tuvo ninguno de los casareños asesinados por los marxistas), se puede concluir pues que, tras la toma del pueblo en octubre de 1936, no se produjo en Casares ninguna represión contra los casi mil afiliados de izquierdas y sus familias, sino que se aplicó la Justicia de guerra sólo contra aquellos que habían cometido crímenes en el pueblo contra la población civil y contra los que, de alguna u otra forma, fueron cómplices por negarse a dar información sobre los inculpados. Y aún así las ejecuciones marxistas superaron en doce personas a las ejecuciones de los nacionalistas.

Ejecutados tras la toma de Casares por los nacionalistas.

Cuando llegan las tropas nacionalistas a Casares, la revolución tenía al pueblo sumido en la miseria y su estado era lamentable. Numerosas familias catalogadas de derechas se vieron obligadas a huir del pueblo al estallar la represión marxista. Con la llegada de los nacionalistas a principios de octubre de 1936, se invierten los términos y ahora son las familias izquierdistas las que huyen. Se inicia la depuración de los crímenes cometidos en esos dos meses y medio transcurridos.

Analicemos, pues, quienes fueron los 44 ejecutados por las tropas franquistas en Casares. Actualmente dos monumentos rememoran sus nombres, en Arroyo Marín y Cerro de la Horca, donde se encuentra enterrado asimismo el único fusilado en el Puerto de la Cruz:

(Anexo.-15) Fusilados en Arrroyo Marín el día 6 de Mayo de 1937, 34:

Manuel Ahumada Fernández, 33 años. (Hermano de Benito Ahumada Fernández autor de la detención del asesinado Agustín Martín González)

Encarnación Blanco Borrego, 57 años.

Juan Carrasco López, 41 años.

Isabel Carrasco Rojas, 31 años.

María Antonia Fernández Marín, 63 años.

Andrés Galiano Morales, 28 años.

Aurelio Galiano Ramos, 35 años.

Salvador Gavira Mena, 41 años.

Domingo Gil Peller, 50 años.

Juan León Valadez, 44 años.

Francisco López García, 32 años.

Fernando López Marín, 45 años.

Cristóbal Martínez Ocaña, 49 años.

Isabel Mateos Ruiz, 34 años.

Catalina Mena Quirós, 70 años. (Hermana de Acracio Mena Quirós, autor de varios asesinatos durante el periodo marxista).

María Mena Quirós, 66 años. (Hermana de Acracio Mena Quirós, autor de varios asesinatos durante el periodo marxista).

Francisco Mena Valadez, 42 años. (Miembro de los Comités Republicanos encargados de la limpieza ideológica).

Domingo Muñiz Sánchez, 30 años.

José Muñiz Sánchez, 35 años.

Carmen Borrego Andana, 36 años.

Antonia Ocaña Valadez, 50 años.

Salvador Ortega Pérez, 54 años.

Bartolomé Pérez Sánchez, 43 años.

Lucrecia Pozo Gil, 18 años.

Josefa Pineda Tocón, 41 años.

Ana Prieto Mena, 50 años.

Juan Quirós Delgado, 31 años.

Manuel Quirós Valadez, 35 años.

Diego Rojas Blanco, 42 años.

Ana Romo Domínguez, 43 años.

Catalina Sánchez Romero, 45 años.

Manuel Tocón González, 46 años.

Universo Tocón González, 34 años.

José Valadez Valdivia, 52 años.

(Anexo.-16) Fusilados el 17 de febrero de 1937 en Cerro de la Horca, 9:

Diego Blanco Trujillano, 45 años. (Autor o responsable de la muerte de D. Diego García Galiano. Era hermano de José Blanco Trujillano quien había huido. El alcalde José Trujillano Caravante también aparece como responsable de esa muerte.).

Juan Delgado León, 39 años.

Pedro León Mena, 28 años.

Braselino Mena Trujillano, 27 años.

Juan Mena Valadez “alias el Raspa”, 48 años. (Miembro de los Comités Republicanos encargados de la limpieza ideológica. En febrero de 1937, según B. Trujillano “no había usado el fusil”, aunque hizo guardias armado a la entrada del pueblo. Regresa a Casares donde es fusilado).

Andrés Ortiz Jiménez, 44 años.

José Parra Contreras, 52 años.

Bernabé Rendón Delgado, 39 años.

Francisco Trujillano Caravante, 26 años. (Hermano del Alcalde José Trujillano Caravante quien vivió en Francia hasta su muerte).

Fusilado en Puerto de la Cruz, 1: (enterrado en Cerro de la Horca)

Diego Ruiz Ocaña, 55 años ( El 24 de diciembre de 1936).

Los principales responsables huyeron y contra ellos no se aplicó la Justicia. Tales son los casos de Diego Pérez Rodríguez y el propio alcalde José Trujillano Caravante, entre otros; quienes desde el exilio se permitieron, muchos años después, decidirse a escribir “sus hazañas”, omitiendo la otra mitad de la historia. Sin embargo muchos de sus familiares dejaron su vida con la represión franquista. Algunos, los menos de éstos ejecutados, tuvieron que ver con algún asesinato, otros seguramente eran igual de inocentes de aquellos fusilados meses antes por los exaltados marxistas.

Lo que debería hacernos reflexionar sobre la necesidad de olvidar las rencillas entre españoles, emanadas de una lectura sesgada de la Historia y conociéndola exentas de ideología, sirva de vehículo para nuestro entendimiento y libertad de las generaciones futuras.

Según informes consultados, algunos de los huidos de Casares que pudieron tener cierta relación con los revolucionarios casareños o con algunas de sus acciones que no citamos en la relación de responsables de asesinatos, al volver al pueblo se afiliaron a Falange. Tal fue el caso de Rodrigo Quiñones Ocaña, quien sería denunciado tres meses después de afiliarse F.E., y detenido. No obstante logró huir de la cárcel la misma noche y permaneció huido en el campo durante dos años hasta que se entregó a la Guardia Civil. En 1939 los informes de investigación del partido del régimen, llevados a cabo tras la causa que se le abrió, le exculpaban.

Todos los nombres de la dominación marxista en el PJ de Estepona

2010-03-15T16:30:00.005+01:00

Crímenes identificados en el Partido Judicial de Estepona y sucesos durante la dominación marxista.

Que la “lucha de clases” no fue más que un eufemismo recurrente, para esconder las verdaderas causas que provocaron la guerra civil, queda de manifiesto en el estudio pormenorizado de los hechos ocurridos en los pueblos de este partido judicial. Lo que realmente se quiso solapar era una lucha de ideologías, a raíz del intento de imposición de una sobre otra, nacida tras la II República. Esta afirmación queda de manifiesto cuando comprobamos que la derecha de estos pueblos la componían trabajadores, obreros, jornaleros, agricultores, pescadores y algún que otro profesional liberal. Asimismo también nos encontramos en la izquierda profesionales liberales, además de una clase dirigente que buscaba su puesto profesional como líder sindicalista local. En estos últimos recae el mayor grado de responsabilidad sobre los crímenes que se cometieron y fueron sus verdaderos instigadores.

Los pueblos de Casares, Jubrique, Genalguacil, Manilva y Pujerra, estaban englobados en el Partido Judicial de Estepona. Por lo que nos ha sido relativamente fácil hacernos con los expedientes obrantes, sobre la Causa General de Málaga, cuyos documentos se hallan en el Archivo Municipal de Estepona (en adelante AHME), si bien algunos legajos están incompletos o han desaparecido. Los muertos que aquí consignamos son los que se cometieron en estos pueblos durante el periodo de dominación marxista, no los ocurridos en acciones de guerra en los frentes.

En esta localidad, según se puso de manifiesto en las declaraciones de los familares citados como testigos en la Causa General de Málaga, fueron asesinadas e identificadas, durante los seis meses que permaneció en poder del Frente Popular, un total de 15 personas residentes y 18 de Casares. Donde se cebó especialmente la revolución marxista-anarquista instigada por las propias autoridades locales.

En este último pueblo, a pesar de que sólo permaneció en poder republicano menos de tres meses, y cuyo número de muertes, según la bibliografía consultada, fue de 36 (otros la cifran en 34), fueron asesinadas en realidad 56 personas: 19 de ellas encontradas en el término municipal de Estepona, otras 19 en Casares (seis cometidas por elementos foráneos) y 18 en Marbella; así como 8 personas sin identificar: tres de ellas de etnia gitana, encontradas en el Río Genal en el término de Casares junto a otras tres en el mismo lugar y dos a las puertas de la cárcel en calle Carreras. Lo que suman un total de 56 las víctimas asesinadas por casareños, ocho de los cuales eran foráneos.

La represión marxista en Casares había comenzado, mucho antes de la guerra, y se incrementó tras las elecciones de febrero de 1936, instigada por el propio alcalde, quien huyó a Francia después de colaborar en casi todos los asesinatos cometidos en su pueblo, al menos en una gran parte de ellos.

En esta localidad serrana y costasoleña la represión se materializó en una verdadera campaña de genocidio contra afiliados al Partido Radical, especialmente, y contra otros alcaldes de Gobiernos anteriores.

Menor atención merecen Genalguacil, donde fueron ejecutados 3 personas (sólo una era del pueblo) y Jubrique con 12 ejecutados de los cuales sólo tres eran vecinos, el resto fue trasladado allí para su ejecución. Uno de ellos era vecino de Gaucín que en 1941 aún no estaba identificado.

Manilva será el segundo municipio menos afectado, por la revolución anarquista que se vivió en todos estos pueblos, sólo se contabilizó una víctima, de forma oficial, aunque Ramos Hitos incluye otras dos, y no ocurrieron muchos hechos que destaquen por su violencia, después de Pujerra al cual no incluiremos en este sumario al no constar ningún suceso destacable ocurrido en este pueblo de la serranía durante el dominio rojo.

Los nombres, actividad y filiación de las víctimas de revolución marxista en la comarca de Estepona son las que a continuación se exponen, según consta en la Causa General de Málaga.

En el AHME hemos encontrado las declaraciones de familiares de asesinados por los marxistas, así como las diligencias judiciales de cada uno de estos asesinatos que son los que siguen.

Todos los nombres de la dominación marxista en el PJ de Estepona

2010-03-15T16:30:00.004+01:00

Crímenes identificados en el Partido Judicial de Estepona y sucesos durante la dominación marxista.

Los nombres, actividad y filiación de las víctimas de revolución marxista en la comarca de Estepona son las que a continuación se exponen, según consta en la Causa General de Málaga.

En el AHME hemos encontrado las declaraciones de familiares de asesinados por los marxistas, así como las diligencias judiciales de cada uno de estos asesinatos que son los que siguen...

ATC Journal

CSI-CSIF urge el informe para fijar la plantilla mínima de bomberos

2008-10-16T12:04:00.002+02:00

Estepona
Esperan que no sea una operación dilatoria para evitar las movilizaciones que tienen previstas.

Sur Digital

El sindicato mayoritario de funcionarios CSI-CSIF sigue esperando a que se les facilite el informe técnico prometido por el edil de Seguridad, Sergio López, sobre las necesidades de personal del servicio de prevención y extinción de incendios y salvamento de Estepona. Así, desde el sindicato expresaron que esperan que este retraso no se esté utilizando como una estrategia para interrumpir las movilizaciones y protestas previstas por los bomberos.

La central sindical recordó los riesgos que por parte de la Corporación se están asumiendo al consentir que las guardias del parque de Bomberos se realicen con tres funcionarios operativos para actuar en la calle. CSI-CSIF señaló además que esta situación compromete gravemente el patrimonio y la integridad de las personas que puedan verse afectadas por las inundaciones o los incendios.

Limpieza

Asimismo, lamentó que no se haya cumplido el compromiso de limpiar la parcela contigua al parque de Bomberos para evitar la presencia de ratas y cucarachas en el recinto.

El sindicato reclamó además información sobre las negociaciones del Consistorio para integrarse en el consorcio de bomberos de la Diputación de Málaga. «Este oscurantismo y esta falta de diálogo no son el mejor método para alcanzar acuerdos», manifestaron desde el sindicato.//

En Diariosol.com inciden también en que:

"Desde el sindicato han informado de los riesgos que por parte de la Corporación se están asumiendo al consentir que las guardias se vengan realizando con sólo tres funcionarios operativos para actuar en la calle, y señalan que esta situación compromete gravemente el patrimonio y la integridad de las personas que puedan verse afectadas por cualquier tipo de incidente. Además, advierten que en caso de producirse alguna desgracia serán los responsables políticos los que deberán dar explicaciones y asumir responsabilidades.

Igualmente lamentan que el anuncio hecho por parte del Alcalde relativo a la limpieza de la parcela contigua al parque de bomberos, y que es la causante de la epidemia de ratas y cucarachas, se haya quedado en una declaración de intenciones incumplida.

Desde el CSI CSIF hablan de oscurantismo y falta de diálogo por parte del Ayuntamiento, y piden que las soluciones lleguen antes de la próxima reunión que mantendrá el Consistorio con los responsables del Consorcio...

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Vecinos de Manilva y Casares irán al Distrito Sanitario en Mijas para pedir más personal médico en los ambulatorios

2008-10-15T21:14:00.001+02:00

Manilva
Los sanitarios alaban la propuesta ciudadana

Por tercera semana consecutiva el sector médico de Manilva ha vuelto a secundar un nuevo paro de diez minutos a media mañana para mostrar su disconformidad con la política de contrataciones del Servicio Andaluz de Salud. Critican el recorte contractual que han sufrido dos médicos de la comarca, uno de ellos del consultorio de Manilva, y el otro de Casares. Alegan que el pacto sindical que se firmó hace tres años entre los profesionales médicos y la Administración se ha incumplido sistemáticamente, lo que se traduce en una mayor carga de trabajo.

Pero el sector médico no se encuentra solo en esta guerra. De hecho el próximo viernes vecinos tanto de Manilva como de Casares fletarán un autobús para dirigirse al Distrito Sanitario de la Costa del Sol, situado en Mijas, para realizar su protesta formal ante la reducción de la jornada laboral del médico que hasta ahora trabajaba en el consultorio de Manilva. Los vecinos consideran una falta de responsabilidad el hecho de sufrir un recorte de la cobertura sanitaria.

Una iniciativa ciudadana que ha sido bien vista desde el centro de Salud de Sabinillas: "En los últimos veinte años, y concretamente en los últimos ocho que son los que llevo ejerciendo de médico en Manilva, nunca he visto una movilización ciudadana a favor de una mejora en la sanidad. En alguna ocasión se han recogido firmas, pero jamás se han llegado a manifestar como lo harán el próximo viernes", explica Ramón Carballada, uno de los médicos del centro de salud de Sabinillas...

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La empresa concesionaria del servicio de gestión del depósito municipal vuelve a reclamar el pago de la deuda

2008-10-15T21:05:00.003+02:00

Estepona
Los trabajadores temen que el Ayuntamiento, al pasar a gestionar directamente el servicio, demore aún más los pagos

La empresa encargada del servicio de gestión, explotación y vigilancia del depósito municipal de vehículos, Rimasa 2003, ha presentado un escrito por registro de entrada en el Ayuntamiento en respuesta a la notificación que recibía el pasado 9 de octubre por parte del Consistorio en la que se le daba aviso de que el próximo 21 de octubre deberá hacer entrega del citado servicio al Ayuntamiento. En el citado escrito presentado por la empresa se han incluido una serie de alegaciones y reclamaciones que insta al Ayuntamiento a que sean tenidas en cuenta en el momento de recuperar el servicio del depósito municipal, principalmente, referidas a la deuda que arrastra esta empresa desde que, de forma verbal, se le comunicó por parte del Consistorio que continuara con sus servicios a pesar de que la concesión había caducado a principios de año.

Así, la emrpesa critica el que nadie quiera dar una respuesta al respecto, ni el alcalde, ni el concejal de Hacienda, ni el concejal de Seguridad Ciudadana, a pesar de haber solicitado cita con ellos en reiteradas ocasiones. "Lo único que pretendemos es que nos paguen los gastos del personal que ha estado allí trabajando, nada más, durante los nueve meses que llevamos casi", explicaba el propietario de la empresa, Jaime Rico. "La situación ahora mismo es que el alcalde hace declaraciones a los medios diciendo que ya está todo solucionado", continuaba, "pero lo cierto es que a nosotros no nos quiere recibir nadie, no nos paga nadie y la situación pasa ya de extrema a lo máximo que puede ser".

Según explica la empresa, desde que en enero de este año asumiera en precario la gestión del depósito, no ha percibido por sus servicios ninguna contraprestación económica, alcanzando el saldo pendiente de cobro los 73.319 euros, sin contar con el presente mes de octubre.

Así, ante la falta de información sobre qué sucederá con esta deuda, la empresa se plantea qué persigue el Consistorio. "Yo pienso que es una forma de hacerse con el depósito y de que nos tengamos que ir a un contencioso, que es lo que van buscando", indicaba Rico, quien teme que esto alargue la situación seis o siete años y que no cobren hasta entonces.

Situación insostenible

Mientras, la situación de los trabajadores de Rimasa 2003 se torna insostenible. Ellos mismos acudían al Consistorio para presentar el escrito y relataban hasta qué punto tienen la soga al cuello después de casi tres meses sin cobrar su sueldo. "Ya me ha llamado el banco desde Madrid, y me ha dicho que tengo hasta el día 23, máximo, para pagar los dos recibos de la hipoteca que tengo atrasados", explicaba uno de los empleados; "si no, no lo hacen judicialmente, sino de forma directa: me voy a la calle con dos niños y con mi mujer". "Yo sé que mi jefe me tiene que pagar a mí, pero a mi jefe le tienen que pagar para poder pagarnos a nosotros"...//

ATC

Por su parte la mujer de Valadez hacía público hoy, con declaraciones a gritos (que ni Queipo de LLano) de su esposo, el alcalde golpista de Estepona, en la SER, según las cuales el Ayuntamiento, o sea él mismo, pagará lo que debe a la empresa y rescinde el contrato con la misma. Previo informe de los técnicos, claro.

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Chaves conocía desde el 2000 lo que ocurría en Estepona

2008-10-15T18:51:00.007+02:00

Publicado en lunes, julio 14, 2008

La Cámara de Cuentas de Andalucía denunció en el año 2000 "el entramado de operaciones mercantiles"

ATC

Uno de los grandes proyectos de Gil y Gil en Marbella, fue el Gran Centro Costa-Marbella (no les suena a Gran Centro Comercial y de Ocio de la Lobilla). Pues bien, a su inauguración, mientras otros nos desgañitábamos criticando la política gilista, acudió y dirigió unas palabras de apoyo a “proyectos como éstos”, amén de hacerse la foto con Gil y Gil y alabar su gestión, el veterano ex-jugador del Atletic, Gaspar Zarrías, pero no en calidad personal, no. En calidad de Consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía. A todo esto, García Marcos, por aquella época, luchando sin el apoyo de su partido sola contra el GIL, cinco años antes de la moción de censura de la Operción Malaya. Aquella situación, a los pocos que criticabamos al GIL, nos resultaba chocante, incomprensible.//

Manolo Chaves, presidente de la Junta de Andalucía, y Gaspar Zarrias, su sombra, el todopoderoso, lo sabían. Al menos así se desprende de la documentación a la que ha tenido acceso extraconfidencial.com según la cual, ya en octubre de 2000, un organismo público, la Cámara de Cuentas de Andalucía, denunciaba un entramado de operaciones mercantiles llevado a cabo por representantes del Ayuntamiento de Estepona. Gobernaba José María Aznar, del Partido Popular. La Junta de Andalucía, como en los últimos cinco lustros, la encabezaba el mencionado Chaves. La Fiscalía, pese al demoledor informe del que informaremos en próximas ediciones, oídos sordos…

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Los socialistas, agarrados al "clavo ardiendo" de la corrupción, impiden el debate parlamentario sobre la disolución del Ayuntamiento de Estepona.

2008-10-15T18:10:00.002+02:00

Publicado en jueves, julio 10, 2008

UN PASO MÁS PARA EVITAR LAS ELECCIONES LIBRES

El PSOE votó en contra de la proposición del PP para instar al Gobierno a tramitar la disolución del Ayuntamiento de Estepona, durante el pleno celebrado el miércoles en el Parlamento andaluz. Los socialistas ni siquiera contemplan convocar elecciones libres y democráticas ante la gravedad de la situación, porque temen que el PP gane por mayoría absoluta, al igual que ocurrió en Marbella.

L D (Pedro de Tena) El miércoles en el Parlamento andaluz, el PP pidió en la Diputación Permanente que se debatiera en un pleno extraordinario una proposición no de ley que aprobase instar al gobierno de la Nación a tramitar el expediente de disolución del Ayuntamiento de Estepona, minado, como ya se sabe, por la corrupción.

El PSOE votó en contra e Izquierda Unida se abstuvo. Es un paso más en las maniobras del PSOE para favorecer que sea elegido un nuevo alcalde socialista en dicha localidad. que aprovechó la reunión para acusar de corrupción al PP a pesar de que es el alcalde y los concejales socialistas los que están imputados en Estepona.

Hace unos días el PSOE había impedido asimismo que Manuel Chaves compareciera en una sesión extraordinaria del Parlamento para analizar la situación de crisis económica y crecimiento del desempleo en Andalucía.

Como es habitual, el PSOE usó en su propio beneficio las normas parlamentarias. Tanto PP como IU mostraron a la presidenta de la Cámara, Fuensanta Coves, su malestar por no poder contar con un segundo turno para replicar las tesis de los socialistas para desestimar la celebración de este debate. Coves lo justificó en el reglamento.

Centrados en el caso de Estepona, el portavoz socialista, Manuel Gracia, señaló las diferencias que existen entre los casos de corrupción de Marbella y esta ciudad, y señaló que la Ley de Régimen Local, que regula la disolución, no recoge los supuestos que se dan en este municipio.

El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, justificó la disolución por el número de concejales imputados en el caso “Astapa” y acusó al PSOE de no querer adoptar esta iniciativa por tener un «pacto oculto» con estos ediles, algo que fue considerado insidioso por el PSOE.

Gracia dijo reconocer una contradicción en la que incurre, en su opinión, el presidente del PP-A, Javier Arenas, que se negó a disolver el Ayuntamiento de Marbella cuando era ministro de Administraciones Públicas para después reclamarla y acusar a la Junta de no controlar el urbanismo de la ciudad. Arenas reclamó a Coves intervenir por “alusiones personales”, a lo que accedió la presidenta tras un tira y afloja verbal, lo que motivó que también pidiera la palabra el coordinador de IUCA, Diego Valderas.

El líder del PP-A reconoció que estuvo de acuerdo con la Junta en no disolver en Marbella porque los informes de su ministerio coincidían con los de esta administración. Lo que no fue óbice para que Arenas afirmara que “nunca he alabado los controles urbanísticos de la Junta”, mientras acusó al PSOE de “alargar” la situación en Marbella para, a través de una gestora, tratar de ganar las elecciones.

Gracia declinó intervenir porque “tienen muy poca vergüenza” en referencia al PP, mientras que Arenas lo conminó a retirar el “insulto”. La situación provocó que Coves la calificara de “escándalo impropio”.

Al final, el portavoz socialista retiró sus palabras.

Hay que recordar que, ante la investigación policial y judicial que ha descubierto parte de la tostá en la que el PSOE está metido hasta el tuétano, como pasaba en Marbella, la obsesión del aparato socialista es ahora no perder el control institucional del Ayuntamiento para tener, al menos, un elemento de poder bajo su mando. Para ello, el PSOE está recurriendo a todo, incluso prometer no se sabe qué a los concejales expulsados para conservar su voto. La pregunta es por qué el PSOE, en lugar de promover la disolución del Ayuntamiento y la convocatoria de elecciones libres, se aferra a este tenebroso y oscuro proceso del que no podrá salir bien parado en ningún caso.

Decía ayer El Mundo que la actitud del PSOE se resume en que sus ediles y cargos locales están tratando de alcanzar un acuerdo verbal con los que hasta hace semanas eran sus compañeros de partido, y hoy imputados, para consensuar un nuevo alcalde socialista, que sustituirá al encarcelado Antonio Barrientos el próximo 15 de julio, fecha de celebración del pleno. Un pleno que va a suponer, ya estamos seguros, un escándalo político con pocos precedentes…

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Bustinduy impide la investigación parlamentaria de Estepona

2008-10-15T17:55:00.002+02:00

martes, julio 22, 2008 at 23:59

La ex líder del PSOE de Málaga impide la investigación parlamentaria de Estepona. Todo un esperpento que una diputada que, según los delatores de Astapa, conocía los hechos sea en quien recaiga la decisión de investigar.

¿ORDEN DE CHAVES?

Esperanza Oña, portavoz parlamentaria del PP en el Parlamento andaluz, ha denunciado que la ex secretaria general del PSOE de Málaga, Marisa Bustinduy, amiga y amparadora del ex alcalde socialista Antonio Barrientos, imputado en el caso Estepona, utiliza su cargo de miembro de la Mesa del Parlamento andaluz para impedir sistemáticamente cualquier iniciativa dirigida a que se investigue el caso de corrupción detectado en Estepona. No se sabe si Marisa Bustinduy hace tal cosa por iniciativa propia y al margen del PSOE o si, por el contrario, actúa según las órdenes emanadas del propio Manuel Chaves...

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La Policía no descarta interrogar a altos cargos del PSOE sobre la trama de Estepona. Una hija de Bono para concejal

2008-10-15T17:34:00.001+02:00

Publicado en sábado, julio 5, 2008

J.M.CAMACHO. MÁLAGA

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, cuyo partido celebra este fin de semana su congreso federal, tiene serios motivos para estar preocupado por la situación de Estepona. Los investigadores del caso «Astapa», que están revisando los expedientes aludidos en las grabaciones, no descartan interrogar a nuevos concejales y altos cargos del PSOE sobre la financiación irregular de la trama de Estepona, según señalaron a ABC fuentes de toda solvencia.

Las fuentes consultadas coinciden en que el escándalo de Estepona va a deparar aún mas sorpresas. La semana que viene puede ser clave para concluir esta primera fase de la trama de corrupción urbanística e institucional, ya que la juez que investiga el caso tomará declaraciones a políticos, técnicos y empresarios de la zona. Al parecer, algunos de los detenidos han colaborado con la Policía y el juez y han aportado datos claves.

La Policía tuvo conocimiento, a través de varias denuncias, en concreto de dos concejales socialistas en el Ayuntamiento esteponero, de que la dirección provincial, que preside Marisa Bustinduy, fue informada antes de las pasadas elecciones de las irregularidades destapadas ahora por el Juzgado.

Bustinduy, quien siempre ha sido muy fiel al presidente de la Diputación, Salvador Pendón, y al presidente andaluz, Manuel Chaves, ha intentado, sin éxito, tapar la crisis de Estepona, junto a miembros de su Ejecutiva y otros cargos orgánicos e institucionales del partido. Además, según militantes del PSOE, la dirección malagueña no es la primera vez que mira hacia otro lado y hace oídos sordos a denuncias sobre irregularidades urbanísticas en otros municipios de la provincia.

Este sentido, recordaron que el secretario de Organización, Francisco Fernández España, los militantes y ex concejales de Nerja Miguel Galvez y María Valera y el gerente del Patronato de la Cueva de Nerja, Angel Ramírez, se han visto salpicados por irregularidades urbanísticas. «A los que denunciamos la corruptela nos amenazan con abrirnos expedientes o expulsarnos del partido», apuntaron algunos militantes socialistas, quienes pidieron permanecer en el anonimato.

Las mismas fuentes solicitaron a Zapatero que «depure responsabilidades políticas y no admita ningún comportamiento irregular en el partido, cuyo lema desde hace mas de cien años es la honradez». También denunciaron que el PSOE de Málaga está siendo sectario con algunos medios de comunicación que están destapando el escándalo y poniendo en aprietos a miembros de la Ejecutiva Provincial.

Según la juez, detrás de este caso existe una financiación irregular de partidos, cuyo alcance ahora es difícil de prever. No obstante, se sabe que la juez ha bloqueado numerosas cuentas a los implicados en la red de Estepona, que oculta una fortuna de centenares de millones en mas de medio centenar de empresas.

Socialistas preocupados

Algunos militantes exigieron al secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, y al presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, que afronten la crisis de Málaga «de manera inmediata». «Estamos muy preocupados por las consecuencias que puede tener la operación policial de Estepona», subrayaron…

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La dirección del PSOE conocía las supuestas irregularidades del ex-alcalde

2008-10-15T17:23:00.002+02:00

Publicado en 19.06.2008

Dos ediles socialistas en Estepona presentaron a la plana mayor de la Ejecutiva documentación sobre presuntas anomalías en la gestión municipal · En los encuentros estuvo presente Marisa Bustinduy.

Diario MálagaHoy

Algunas de las presuntas irregularidades que podrían haber justificado la intervención policial y judicial en el municipio de Estepona, en el marco de la operación Astapa, que implican al alcalde del municipio, el socialista Antonio Barrientos, eran conocidas por la Ejecutiva provincial del PSOE. Así lo certificaron a este periódico fuentes de la dirección provincial de esta formación, que informaron de la celebración de varios encuentros durante el pasado mandato en los que dos de los concejales de este partido en el Consistorio presentaron ante Bustinduy y otros miembros de la Ejecutiva diversa documentación en la que se ponía de relieve las supuestas anomalías cometidas por el regidor. Ante estos hechos, la reacción fue nula.

Las fuentes consultadas explicaron que los dos ediles que dieron el paso adelante para poner en conocimiento de los responsables de la organización todo lo que estaba ocurriendo en el equipo de gobierno fueron David Valadez, entonces portavoz socialista, y Cristina Alarcón. Ambos acudieron a esos encuentros con numerosos datos relativos a la firma de convenios urbanísticos, personal, contratos de las empresas municipales y la presunta contratación irregular de obras, entre otros asuntos.

¿Qué medidas adoptó la cúpula directiva del PSOE? Ninguna. Las fuentes consultadas fueron claras en este sentido: "La respuesta fue de mutismo". "Lo que se dijo, más o menos, es que no cabía la posibilidad de levantar la liebre porque las expectativas eran muy buenas en Estepona. Esa ha sido la posición de la Ejecutiva durante estos cuatro años", sentenciaron. Y todo ello en la víspera de unos comicios en los que los socialistas lograron once ediles y se mantuvieron al frente de la Alcaldía.

Toda la documentación antes mencionada fue expuesta tanto por Valadez como por Alarcón ante la plana mayor del PSOE malagueño, con Bustinduy al frente. Ella, según apuntaron las fuentes, estuvo acompañada en alguna de estas citas por el presidente de la formación, Juan Paniagua; el secretario de Organización, Francisco Fernández España, y el máximo responsable de Política Municipal, Luis Reina, entre otros. Incluso, se da la circunstancia de que en una de estas reuniones también participaron el alcalde y varios de los ediles ahora detenidos, así como numerosos miembros de la dirección local.

Este periódico trató de conocer la opinión de Bustinduy respecto a esta información, aunque no fue posible. No obstante, en algunas conversaciones privadas mantenidas por la secretaria general del PSOE y relacionadas con la labor de Barrientos, ésta habría aludido a la inexistencia de pruebas que permitiesen actuar en su contra. Una afirmación que, a tenor por los datos conocidos ahora, queda invalidada.

A pesar de las numerosas polémicas urbanísticas en las que ha estado implicado el regidor socialista, quien en numerosas ocasiones se ha enfrentado a la Junta de Andalucía, la dirección provincial siempre ha salido en su defensa. La propia Bustinduy calificó de "magnífica" su gestión en noviembre de 2006 y llegó a manifestar: "Lo que ocurre es que cualquier movimiento en materia de urbanismo, fundamentalmente en Estepona, provoca mucha expectación". Nunca más ajustado a la realidad tras lo sucedido el pasado lunes.

Tampoco fue posible contactar con Fernández España. Por el contrario, quien sí dio su punto de vista acerca de esta información fue el presidente de los socialistas malagueños, Juan Paniagua, quien negó haber tenido conocimiento de las denuncias presentadas por los dos ediles de Estepona y de que se presentasen los documentos antes mencionados en alguna reunión a la que él hubiese asistido. "Pero el criterio es que si alguien ve algo anómalo de algún compañero, pruebas en lo alto de la mesa y al juzgado", dijo. Paniagua sí admitió la celebración de encuentros a nivel interno con el fin de aclarar la situación que se vivía en el partido de Estepona, debido al enfrentamiento abierto entre Barrientos y Valadez...

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Comisión por omisión. El conocimiento de estos hechos por altos cargos socialistas, les podría convertir en cómplices de comisión por omisión

2008-10-15T17:17:00.003+02:00

Publicado en jueves, julio 3, 2008

DOCTRINA DEL TRIBUNAL SUPREMO EN TORNO A LOS DELITOS DE COMISIÓN POR OMISIÓN.

Artículo 10.
Son delitos o faltas las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la Ley.
Artículo 11.
Los delitos o faltas que consistan en la producción de un resultado sólo se entenderán cometidos por omisión cuando la no evitación del mismo, al infringir un especial deber jurídico del autor, equivalga, según el sentido del texto de la Ley, a su causación. A tal efecto se equiparará la omisión a la acción:

Cuando exista una específica obligación legal o contractual de actuar.
Cuando el omitente haya creado una ocasión de riesgo para el bien jurídicamente protegido mediante una acción u omisión precedente.”

ATC

Los indicios del juez Torres, primer instructor de la Operación Malaya, apuntando, como mínimo, responsabilidad civil a la Junta de Andalucía, al ostentar todas las competencias en Urbanismo y negándole la posibilidad de personarse en el caso como perjudicado, hubiesen estado avalados en pruebas si, por aquel entonces, la Policía hubiese dispuesto de grabaciones y declaraciones de los confidentes, que se filtraron, durante los primeros días de la operación Astapa, asegurando y dejando de manifiesto que altos cargos de la Ejecutiva Regional del PSOE de Sevilla, estaban al tanto de las denuncias de estos denunciantes sobre la presunta corrupción en el Ayuntamiento. Al igual que, como ella misma ha reconocido, Marisa Bustinduy, alto cargo provincial del PSOE, también tuvo conocimientos de las denuncias pero le restó importancia a las mismas al no ver delito en ellas. Recordemos que este cargo socialista siempre avaló públicamente la gestión de Barrientos.
El Código Penal del año 95, incorpora por primera vez de una forma nítida el delito de comisión por omisión, en sus artículos: 10 y 11. Hasta entonces muchas de estas imputaciones habían desembocado en problemas en relación al principio de legalidad. Pero desde ese año, existen muchas sentencias del Supremo sobre estos delitos, basados en el nuevo código, si bien casi ninguna, al menos en el vínculo posterior que hemos adjuntado, están referidas al ámbito público.
En el caso que nos ocupa, en el cual se habla de la comisión de varios delitos por parte de los imputados, 4 ó 5 en la mayoría de los casos; la omisión, a la espera de hacerse público todo el sumario y el desarrollo por fechas de los delitos que se imputan así como el grado de participación de los mismos, podría suponer la complicidad de quienes pudieron tener conocimiento y no tomaron las medidas para evitarlo. Aunque esta complicidad sería rebajada en caso de que el resultado del delito ya se hubiera cometido antes de tener ellos conocimiento.
Mientras esperamos todos esos datos que seguramente aparecerán en semanas sucesivas, para resumir podemos decir que, efectivamente, el hecho de conocer la posible perpetración de un delito no nos hace cómplices. Para ser cómplices por omisión el sujeto debe tener la potestad, por su cargo, etc; de haber podido evitarlo o de poder haber puesto los medios para que no se consumara el delito.

Por tanto si la Policía estuviere ahora investigando delitos cometidos tras haber tenido conocimiento de las irregularidades altos cargos del PSOE, podríamos hablar de la lógica aplicación de estos artículos del Código Penal. Suponemos, pues, que al no existir ningún alto cargo provincial o regional citado a declarar, en principio, la Policía habría descartado su complicidad. En fin, estaremos a la espera de acontecimientos…

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Galeote acusa a David Valadez de presuntas irregularidades en la gestión de Personal

2008-10-14T11:04:00.002+02:00

El edil del PP asegura que el mantuvo a trabajadores sin contrato ni alta en Seguridad Social en Bienestar Social

El concejal del Partido Popular, Ricardo Galeote, hizo unas duras declaraciones en el trascurso del programa "El Debate", que se emite en Estival Televisión, aludiendo a presuntas irregularidades cometidas por el actual alcalde, David Valadez, durante su gestión como concejal delegado de Personal y Bienestar Social.

Galeote denunció que una sentencia del TSJA, referida a un recurso presentado por la Subdelegación del Gobierno relativa a las productividades que percibían algunos trabajadores del Ayuntamiento de Estepona, llegó al Ayuntamiento en el año 2004, fue notificada a Valadez y ésta permaneció "enterrada" suponiendo unas pérdidas para el Ayuntamiento de Estepona de 1,8 millones de euros.

Pero Ricardo Galeote llevaba más documentación y habló de contrataciones, incluso de personas que habían estado trabajando en el Ayuntamiento, en la delegación de Bienestar Social en el tiempo que Valadez era concejal delegado, sin contrato y sin estar dados de alta en Seguridad Social.

Mientras que Galeote aseguraba que pondrá toda la documentación en manos de la asesoría jurídica del PP por si hubiese indicios de delito, el alcalde declinaba hacer ningún tipo de comentario al respecto...//

ATC

En otro orden de cosas hoy comienzan las declaraciones ante la jueza de las 17 personas delatadas por Valadez un mes después de la toma judicial de la alcaldía de Estepona con el nombramiento del delator de Astapa como alcalde.

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El Ayuntamiento de Casares y su media memoria histórica

2008-10-12T20:45:00.009+02:00

ATC
En un pleno presidido por el alcalde casareño Juan Sánchez de IU, que antes era cargo a dedo en una dependencia de Diputación por sus pactos con el PSOE, se rindió homenaje, en un acto de "reconcialiación", el 15 de Enero de 2005 a través de "un pleno especial para dar un reconocimiento moral a sus 44 vecinos fusilados en 1937 y que aún permanecen enterrados en fosas comunes ubicadas en la localidad"; según recogía la prensa, suponemos que reflejando fielmente el objeto de tal acto.

Como era natural depués se pronunciarían las palabras cargadas de ira, en el fondo, de siempre:
Así, según se hizo eco la prensa del régimen: " el pleno municipal aprobó por unanimidad «hacer un reconocimiento ético, político y social a todas aquellas personas que lucharon contra el franquismo y que fueron víctimas de la represión de una u otra manera». También se dio luz verde a la colocación de dos monumentos en las dos fosas comunes que hay en el municipio en el que recen los nombres de todos los que allí yacen enterrados. En la moción aprobada, también se recoge la intención municipal de apoyar todos los estudios historiográficos sobre la recuperación de la memoria histórica casareña y todas las iniciativas de las familias de los afectados «evitando en todo caso, que sirva para reavivar viejas heridas o remover el rescoldo de la confrontación civil», explicó el alcalde."

Se hacía eco así el Ayuntamiento y mostraba su apoyo al estudio llevado a cabo por un particular, Benito Trujillano, Inspector de Sanidad de la Junta sobre los inicios del conflicto en Casares porque su abuelo había sido ejecutado por los nacionalistas, se supone en los inicios de la Guerra Civil. En su estudio destaca que: "En Casares murieron fusiladas 44 personas en 1937, 13 mujeres y 21 hombres." Pero en el homenaje se ignora la cifra de 36 casareños que, antes de la conquista de la localidad por las tropas nacionalistas, a mediados de octubre de 1936, los republicanos los ejecutaron y repartieron por la carretera de camino hacia Málaga y que menciona, pero a modo de anécdota no como hecho doloso y el mismo pleno lo ignora intencionadamente, el autor de dicho estudio. Sólo la propia redactora de la noticia hacía una pequeña reseña de pasada, al final de la misma, a dicho dato irrelevante. Ahora eso sí se trataba de un pleno para la "reconciliación". Pero ¿qué reconciliación...?

Por supuesto nada se dijo en el acto de los santos e iglesias quemados y despeñados muy cerca, precisamente, de donde están las fosas con esos 44 fusilados, así como de la persecución de los curas, durante los cinco años que duró la II República y cuyos acontecimientos también ocurrieron en Casares. Tampoco dice, por supuesto, que el abandono de la República a la provincia de Málaga y el bolcheviquismo del Frente Popular anarco-comunista que gobernaba en la provincia, propiciaron gran parte de los sucesos ocurridos en toda la provincia malagueña. Valga un dato en este sentido: desde el 6 de Agosto del 36 se iniciaron los combates en Guadiaro cuyo objetivo, por parte de los nacionalistas, era el de cercar a la provincia. Casares, Estepona y Manilva formaban parte de un sector del frente malagueño que pronto, en octubre del 36 -ya conquistadas Casares y Manilva, se extendió como un abanico desde el oeste hasta el este de la provincia por el norte de la misma. Mientras tanto, la República no declaró el estado de guerra en todo el territorio malagueño hasta el 11 de enero de 1937.

Pero es que además, si nos atenemos a los datos recabados por el autor de dicha investigación veremos, pués, que los 36 asesinados por los republicanos, lo fueron durante los tres meses que transcurrieron desde el inicio del conflicto (18 de Julio, 1936) hasta la propia toma de la localidad (principios de Octubre, 1936). Sin embargo, en proporción, los asesinados por el golpe militar en el pueblo durante la guerra y la represión fue de 44, o sea ocho más, pero mucho menor que las que provocaron los "rojos", casi la misma cifra sólo en tres meses, proporcionalmente hablando...

Continuará

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